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Cartel inmobiliario operó en Tlaxcala con obra defectuosa de 162 mdp

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Fuente: Milenio

Tlaxcala, Tlax.  Ayer el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presentó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) una denuncia formal contra integrantes del Cartel Inmobiliario. Grupo que operó en las administraciones pasadas no solo en Ciudad de México. Tuvo presencia en varias entidades, incluido Tlaxcala.

Los delitos que se han estado investigando por este grupo de empresarios son varios. Entre otras cosas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y ejecución de obras en mala calidad. Siendo por esta última por lo que se encontró una conexión con operaciones en Tlaxcala.

¿Qué es el Cartel Inmobiliario?

De acuerdo con la UIF, los carteles inmobiliario son empresas que sirven a gobiernos municipales y estatales dedicados a la construcción y renta de inmuebles. También se señalan a estos empresarios como grupo de negociadores que involucran gobiernos y políticos a sacar provecho de obra pública.

Esta última actividad de sacar provecho, consiste  en el derroche de recursos públicos con obra pública. Es decir, presentar gastos exagerados para obras que se podrían realizar con menos recurso. A esto se suma que los materiales principalmente de construcción son de las peores calidades, tal es el caso de lo ocurrido en Tlaxcala.

Cartel inmobiliario en Tlaxcala

En los casos que la UIF ha identificado, Tlaxcala cuenta con una obra identificada desde el 2011. Esta se trata del edificio de la Unidad de Servicios Educativos (USET). Edificio que fue inaugurado durante el periodo de Héctor Ortiz Ortiz.

La primera anomalía detectada fueron los gastos excesivos en la edificación de la obra. Según estimaciones, el metro cuadrado de una casa construida para Infonavit cotiza el metro cuadrado en 3 mil pesos. El de una casa con acabados de alta calidad se cotiza entre 5 y 6 mil pesos. Mientras que la obra de USET se gastaron 11 mil pesos por metro cuadrado.

Bajo estos costos fue que la obra se terminó con un gasto de más de 160 mdp, muy por encima de lo que se tenía previsto en un principio que era de 120 mdp.

La construcción corrió a cargo de la empresa  JARMA Ingeniería Integral S.A de C.V. Dicha empresa se encargó de elaborar un Informe de la revisión del proyecto estructural, fabricación de estructura y proceso de construcción.

Esta empresa fue contratada según la licitación como una empresa de 25 años de experiencia y certificada por empresas como Cemex. Sin embargo, años después también fue reconocida como una de las posibles empresas con nexos en el cartel inmobiliario.

Mundo de actividades ilícitas del Cartel Inmobiliario

De acuerdo con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se invirtieron 36 millones de dólares en todo el País. Cantidad que representó un 12% mayor que en el sexenio de Felipe Calderón, sexenio en el que también se tienen antecedentes del cartel.

Con este recurso se construyeron un total de 584 inmuebles. La mayor parte en Ciudad de México, Jalisco y Estado de México con 374 edificaciones. Siendo en estos estados donde más actividades ilícitas se encontraron.

El resto de entidades donde se encontraron irregularidades en las edificaciones fueron en los Estado de Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Algunas de estas obras fueron perjudicadas durante los temblores de septiembre del 2017. Otras desde tiempos atrás ya se habían identificado.

Los principales corporativos en estas construcciones se encunentran GICSA, JARMA, Gigante grupo inmobiliario, Grupo Danhos, Frisa, HIR, Inmuebles Carso, Grupo Posadas, Quiero Casa, Marhnos, Thor Urbana y Walton St Capital, que han detonado la industria de la construcción durante los últimos seis años en todo el país.

De los políticos involucrado actualmente la UIF no ha emitido responsables como tal. Sin embargo, existen nombres como el del ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Mientras que de los gobernadores y servidores públicos solo se les tiene considerados como posibles culpables de faltas administrativas de permisibilidad.


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