Tlaxcala, Tlax.- En el marco de nuestra reunión mensual de abril con integrantes de nuestro Consejo Editorial de Lecturas y Lectores “El Círculo”, conversamos en torno a ¿Qué implica que las y los candidatos que tienen un puesto público aspiren a un siguiente cargo de elección popular?
El análisis puesto sobre la mesa evidenció respuestas críticas hacia las y los aspirantes a gobernar Tlaxcala que, estando en funciones, utilizan estos espacios como catapulta por un cargo de elección popular para el próximo año.
La conversación destacó cómo estas prácticas vulneran la ética pública, la equidad en la contienda y constituyen una puesta en escena que desdibuja la transparencia, usando la fuerza de trabajo municipal y estatal para realizar actos de proselitismo durante su jornada laboral.
Actos de promoción previo o cinismo estético
Uno de los puntos más críticos y que fueron señalados con mayor regularidad corresponde al uso de infraestructura pública para fines de promoción personal, denunciando la presencia de personal del ayuntamiento realizando labores proselitistas (como la colocación de lonas) durante horarios laborales.
Voces como el perito Gustavo Alonso Longoria denuncian el uso “descarado” de recursos municipales para pintar siluetas y bardas de figuras políticas con cargos en turno. Durante su intervención, aseguró que estas acciones vulneran la equidad de la contienda al aprovechar su posición actual como catapulta para 2027.
Mientras tanto, la activista Eréndira Jiménez afirmó que estos actos corresponden a un problema que va más allá del derecho a aspirar constituyendo una forma “grosera, grotesca y cínica” en la que se utilizan los cargos públicos para lograr fines personales.
Además, cuestionó el origen financiero de la pinta de bardas considerándola opaca —y citando como ejemplo el caso de Alfonso Sánchez—, ya que ese recurso no proviene de “los bolsillos de los candidatos”, sino de presupuestos estatales o municipales.
Acciones sensacionalistas que están alejadas del territorio de quienes aspiran por un cargo de elección popular
Los miembros del Consejo Editorial argumentaron que la búsqueda de nuevos cargos provocaría una rendición de cuentas trunca, afectando principalmente a sectores como la infraestructura y el sector económico, debido a la interrupción de presupuestos y metas institucionales. Señalaron que esto derivaría en un nulo seguimiento de los objetivos proyectados por las figuras políticas, al enfocar sus carreras en intereses personales al momento de solicitar licencia para competir por otro puesto.
Sostuvieron que los aspirantes a cargos públicos han ignorado “el territorio” por años y que, ante las futuras candidaturas, salen a realizar “acciones sensacionalistas” como bacheos, pintar banquetas o asistir a eventos sociales — o bailar “Caballo Dorado” para redes sociales— para formar parte de una fotografía electoral, las cuales ignoran las necesidades reales de la entidad.
Ante este panorama, Antonio Escobar, activista por los derechos de la población LGBT+, planteó que cualquier aspirante a un cargo público de elección popular debería renunciar a su cargo actual con al menos un año de anticipación, a fin de garantizar que no se utilicen recursos económicos o humanos en actos de promoción previos.
Uso de fuerza de trabajo para realizar actos de proselitismo
Norma Mendieta, de Cafami AC y Eunice Morales, especialista en protección de datos personales, denunciaron que estas acciones vulneran los derechos laborales de los trabajares pues no solo permiten el desvío de recursos económicos, sino también humanos, denunciando la existencia de trabajadores amedrentados bajo la consigna de despido tras negarse a participar en brigadas de colocación de propaganda dentro y fuera de su horario laboral.
Además, señalaron que estos hechos se encuentran ligados con el control de la estructura operativa del gobierno como medio que ha otorgado mayor capacidad operativa, misma que es poco ética y desproporcionada frente a ciudadanos que aspiran a cargos sin contar con el poder del aparato estatal detrás.
De cara a las elecciones de 2027, persiste una frágil calidad moral
En conjunto, los integrantes del Consejo lamentaron la falta de calidad moral por parte de los partidos políticos al imponer figuras que buscan mantenerse en el poder sin una agenda clara, lejos de ofrecer mejoras en materia de seguridad o atención a poblaciones vulnerables.
“La mejor campaña que puede hacerse —estando en su derecho de aspirar a otro encargo— es trabajar en la responsabilidad que tienen, pero la ética pública es necesaria”. afirmó Eréndira Jiménez.
Los integrantes de “El Círculo” advierten que, pese a que la ley permite estas acciones, en el ámbito público existe una tensión ética que evidencia a las y los funcionarios que utilizan la asignación de recursos públicos para fines personales.
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