Tlaxcala, Tlax. El proceso electoral de 2024 dejó en Tlaxcala una herida abierta y una lección urgente: las acciones afirmativas, diseñadas para resarcir la exclusión histórica de las poblaciones LGBTTTIQA+, fueron utilizadas por los partidos políticos como una ventanilla de trámite para el fraude. De cara al 2027, el reto no es solo llenar cuotas, sino blindar la dignidad de la representación.
Durante el Foro “Acciones afirmativas y autoadscripción de la población LGBTTTIQA+”, organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones este miércoles 21 de enero en el Auditorio Luis Carvajal Espino de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), se dieron cita activistas, funcionarios, integrantes de partidos políticos y poblaciones de la diversidad sexual para reflexionar sobre los retos y posibles pasos a generar garantías en la representación de las acciones afirmativas.
El diagnóstico del fraude: La simulación como estrategia
La Mtra. Gloria Alcocer Olmos, directora de la Revista Voz y Voto y moderadora del encuentro aseguró que la suplantación es una trampa que «debe ser combatida sin dar un solo paso atrás en los derechos ganados».
Esta visión fue secundada por la Consejera del INE, Rita Bell López Vences, quien señaló que los partidos suelen argumentar que «no hay cuadros» para justificar la postulación de personas ajenas a la comunidad, cuando en realidad se trata de una falta de voluntad para financiar y formar liderazgos diversos desde sus estatutos pues cuentan con presupuesto para este fin.
La propuesta técnica: Autoadscripción calificada y coherencia
Para evitar que la identidad de género sea un disfraz electoral, el Consejero del IEPC Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes —primera persona no binaria en ocupar un cargo de este tipo en México—, propone transitar hacia una autoadscripción calificada.
Rodríguez sostiene que, en el ámbito público, el derecho a la privacidad debe ceder ante el interés colectivo. Su propuesta incluye la «Prueba de Coherencia»: que la autoridad electoral pueda auditar la vida pública de los aspirantes y aceptar «pruebas en contrario» si un candidato, registrado bajo una acción afirmativa, realiza una campaña basada en valores cisnormados o contrarios a la agenda de la diversidad.
El arraigo territorial como filtro de legitimidad
Desde la trinchera del activismo y la gestión pública, la Lic. Adil Aranzubía Juárez Angulo, titular de la Oficina de Atención a Personas de la Diversidad de la Secretaria de Cultura de Tlaxcala, aportó una visión necesaria sobre el «clóset territorial».
Adil advierte que en los municipios rurales de Tlaxcala, la visibilidad es un riesgo de vida. Por ello, propone que la autoadscripción se valide mediante el vínculo comunitario: constancias de trabajo previo con colectivos locales y una agenda política mínima.
Para Adil, no basta con «ser»; la representación debe ser un acto de servicio probado a la comunidad que se pretende representar.
El sesgo de la institución: Entre el privilegio y la norma
Un punto crítico durante el Foro surgió al analizar desde dónde se dictan estas reglas. La Consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Ana Karen Monserrat Rojas Cuautle, reconoció que el instituto a menudo actúa bajo «bomberazos» legales ante la falta de una ley firme en el Congreso.
Sin embargo, es imperativo señalar que estas discusiones suelen ocurrir desde una situación de privilegio cisgénero y occidentalizado. Quienes hoy tienen el micrófono —en su mayoría personas cuya identidad coincide con el sexo asignado al nacer y que han transitado por espacios de poder institucional— deben reconocer que sus criterios de «verificación» pueden ser excluyentes para las identidades más precarizadas o disruptivas.
En su crítica advirtió que la burocracia electoral no debe convertirse en un tribunal de «identidades aceptables» que solo premie a quienes encajan en la estética de la respetabilidad.
El error administrativo: Una disculpa pendiente en San Pablo del Monte
El artículo no puede omitir la violencia institucional vivida por José Alfredo y Gustavo, activistas de San Pablo del Monte. Durante la sección de preguntas, denunciaron cómo errores de registro por parte del ITE y sus partidos los etiquetaron erróneamente como «mujeres trans», exponiéndolos al escarnio público.
Durante su intervención, Magistrada del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Claudia Salvador Ángel, habló de los casos que demostraron cómo el sistema actual no solo permite el fraude, sino que también castiga por negligencia a los perfiles legítimos, confundiendo la identidad y vulnerando la integridad psicológica de los participantes.
Hacia una hoja de ruta para 2027
Para que las próximas boletas sean genuinas, las propuestas de los actores clave son:
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Sanciones ejemplares: Como señaló el ciudadano José Manuel, el fraude debe costar no solo la candidatura, sino sanciones administrativas severas al partido.
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Responsabilidad partidista: Carolina Hernández enfatizó que el filtro de autenticidad es obligación del partido, no una carga para el ciudadano.
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Transparencia total y ejercicio ciudadano: El uso del sistema «Conóceles» para que la ciudadanía sea el monitor final de quién es quién en la boleta.
El Laberinto Jurídico: Los vacíos que la ley debe llenar para 2027
El debate en el Foro no solo expuso la falta de ética partidista, sino también un andamiaje legal incompleto que deja a la deriva tanto a las instituciones como a la ciudadanía.
Actualmente, en Tlaxcala, las acciones afirmativas operan bajo «Lineamientos» —acuerdos temporales del ITE— y no bajo una Ley Electoral robusta, lo que genera los siguientes vacíos críticos:
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La temporalidad de la autoadscripción: Uno de los puntos más debatidos fue el registro de último minuto. Como señaló la Magistrada Claudia Salvador Ángel, hoy no existe una regla que impida a una persona cambiar su identidad de género justo antes del registro para cumplir con una cuota. Una ley efectiva debería establecer plazos de «oportunidad» para que la autoadscripción sea coherente con la temporalidad del proceso. Desde las intervenciones de los participantes se proponía que los formatos de afiliación de los partidos ya contaran con un campo donde la persona indique si pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad.
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La ausencia de sanciones por fraude de identidad: Actualmente, si se descubre una simulación, el máximo castigo suele ser la pérdida de la candidatura. Sin embargo, como propuso José Manuel en el foro, la ley debe tipificar el fraude a la acción afirmativa como una falta grave, con sanciones económicas severas a los partidos y la inhabilitación para el simulador, de modo que el costo político y legal supere el beneficio de la trampa.
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Protocolos de Verificación No Invasivos: El vacío legal más complejo es el «cómo» verificar sin discriminar. La legislación de 2027 debe definir qué constituye una «Prueba de Vínculo Comunitario». Siguiendo la visión de Adil Aranzubía, la ley podría estipular catálogos de evidencias (trabajo en ONG, activismo público, pertenencia a colectivos) que el ITE pueda valorar sin caer en juicios morales.
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Manual de Errores Administrativos: El caso de Alfredo y Gustavo desnudó la falta de protocolos de rectificación. La ley debe obligar a los partidos y al Instituto a contar con mecanismos de revisión de datos en tiempo real y, sobre todo, establecer la obligatoriedad de la reparación del daño y la disculpa pública cuando la negligencia institucional vulnere la identidad de un aspirante.
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Financiamiento Etiquetado: Finalmente, un vacío económico mantiene a la diversidad en la periferia. Siguiendo la propuesta de la Consejera Rita Bell López, la ley debe obligar a los partidos a destinar un porcentaje fijo de su presupuesto anual para la formación de cuadros de la comunidad LGBTTTIQA+, de modo que la «falta de perfiles» deje de ser una excusa válida en 2027.
La conclusión de los panelistas es unánime: el Congreso del Estado de Tlaxcala tiene la responsabilidad histórica de llevar estas discusiones al código legal. De lo contrario, las acciones afirmativas seguirán siendo una moneda de cambio en manos de los mismos grupos de poder de siempre.
