- El Congreso de la Unión podría reducir a un sólo grupo vulnerado la participación ciudadana en las decisiones que se tomen, por lo que la comunidad LGBT+ en Tlaxcala teme posible violación a derechos humanos.
Tlaxcala, Tlax.- Antonio Escobar, señaló que la reforma electoral federal implicaría un retroceso y violación a derechos humanos que no solo se vería reflejado a nivel nacional en tema de las candidaturas, sino también en lo local.
En el tercer párrafo el artículo 1o. de la Constitución Federal precisa que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad».
Por su parte, la organización Justicia Afirmativa Nayarit, dedicada al monitoreo de políticas de representación para grupos históricamente discriminados, alertó sobre los riesgos de regresión en derechos políticos que implicaría la próxima reforma electoral federal que prepara el Congreso de la Unión durante su periodo ordinario en curso.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, Josué Nava coordinador del colectivo, señaló que aunque la iniciativa aún no se ha presentado formalmente, los borradores y consultas públicas impulsadas por el Comité de Reforma Electoral, presidido por Pablo Gómez, sugieren que se retomaría un modelo similar al propuesto en 2023 dentro del llamado Plan B que afectará. Este cambio a nivel federal podría ser un retroceso en cada estado en sus acuerdos. En Tlaxcala, Antonio Escobar, activista y director del Programa de VIH y Derechos Humanos del Colectivo LGBTTTI+ Tlaxcala, señaló que el próximo viernes, se tendrá una reunión con la senadora Celeste Ascencio para organizar un foro sobre la consulta a la reforma electoral a nivel estatal.
Anteriormente la sociedad luchó para tener 5 lugares que representaran a los grupos vulnerados.
«En años anteriores la sociedad civil luchó porque se crearan cinco espacios para tener representación y aún así eso no ha garantizado nuestra debida representación en los congresos tanto locales como nacionales… hoy quieren reducirlo a una persona representante de todos los grupos vulnerados».
Por su parte, Antonio Escobar refirió que se busca el retroceso a la aplicación del Plan B: el cual violaría el principio de progresividad de tener cinco espacios a uno para los grupos vulnerables en las consultas; que el INE mantenga la capacidad y las atribuciones de ser quien ponga las reglas de operación para las elecciones, donde las acciones afirmativas sean consultadas por la sociedad civil de las decisiones; y, que dicha adscripción sea calificada.
«Si esta facultad la pierden los institutos, tanto el nacional como los locales de elecciones, nos preocupa porque no sabríamos bajo qué criterio se podrían tomar estas decisiones para el tema de acciones afirmativas».
Señaló que la adscripción calificada requiere los siguientes puntos:
- que la persona tiene que ser una persona visiblemente LGBT,
- que sea una persona que tenga trabajo comprobable, por lo menos los últimos años en pro de la diversidad sexual, y,
- que las organizaciones reconozcamos su trabajo.
«Ya hemos visto casos donde alguna persona se auto adscribe por un grupo poblacional vulnerable y la comunidad no lo reconoce porque dice, «No es de la población». Pero como no hay reglas claras dentro de los institutos, no se puede cuestionar su auto adscripción, y eso le conviene a los partidos políticos porque sólo postulan a perfiles que ni siquiera son del grupo vulnerado por el que gana».
Escobar explicó que dicha propuesta establecería un sistema de “acciones afirmativas en bloque”, lo que permitiría a los partidos políticos decidir libremente qué grupos vulnerables postular, sin asignar espacios específicos para cada sector.
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Esto, advirtió, “obligaría a que comunidades indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, de la diversidad sexual o migrantes compitieran entre sí por los mismos lugares, debilitando el principio de representación equilibrada”.
La definición de acciones afirmativas, de acuerdo al Tribunal Electoral en la jurisprudencia son medidas temporales que se aplican en los espacios de representación popular o los cargos públicos para garantizar la participación y representación de los grupos en situación de vulnerabilidad. En materia electoral esto se da a través de espacios específicos para contender y acceder a los cargos de elección popular.
«En este contexto, las acciones afirmativas se refiere a la adopción de protocolos para la atención a la población LGTB+ o población trans o grupos de vulnerabilidad». Josué Nava
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El modelo actual, diseñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y validado por sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, garantiza más de 30 espacios específicos para estos grupos, distribuidos con base en criterios como porcentaje poblacional, autoadscripción calificada y doble vía de participación —por mayoría relativa y representación proporcional—.
La propuesta de 2023, además, agregaba nuevas categorías como jóvenes y adultos mayores, lo que de acuerdo con el colectivo podría distorsionar el objetivo de las acciones afirmativas, que buscan reparar desigualdades históricas y no solo atender sectores poblacionales amplios.
El coordinador de Justicia Afirmativa señaló que los efectos de la reforma serían de alcance nacional, ya que modificarían la estructura de representación en todos los niveles de gobierno y afectarían también a mexicanos residentes en el extranjero, quienes actualmente cuentan con un reconocimiento parcial dentro de las cuotas de representación.
“En lugar de ampliar los derechos, se corre el riesgo de que los partidos políticos utilicen las cuotas como trámite formal, sin garantizar la participación real de las comunidades”, refirió.
El colectivo ha presentado una propuesta ciudadana en la plataforma oficial reformaelectoral.gob.mx bajo el título Acciones Afirmativas para Grupos en situación de vulnerabilidad, con la que busca preservar el modelo actual del INE y evitar que se reduzca la representación política de los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y población LGBT+.
Nava llamó a estos grupos a mantenerse informados y participar activamente en las consultas públicas:
“Estamos frente a un riesgo de regresión monumental en materia de derechos políticos. Es momento de organizarnos y defender los espacios que tanto costó ganar”.
Desde 2022, el Congreso de la Unión tiene la obligación de legislar para garantizar la creación de acciones afirmativas por ley, pero hasta hoy no ha cumplido. Por ello, distintos grupos y organizaciones de la comunidad LGBTQI+, presentaron incidentes de incumplimiento de sentencia para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establezca un plazo límite al Congreso y así se avance en una legislación que garantice una representación justa, incluyente y equitativa.
