- Daniel Molina padece depresión y ansiedad severa, y ha intentado suicidarse tras pasar diez años en prisión. Su condena se sustenta únicamente en una declaración obtenida bajo coacción.
Apizaco, Tlax. El pasado 14 de enero, amigos y familiares de Daniel Molina Díaz realizaron una marcha tras 10 años de ser privado de la libertad por el presunto delito de secuestro agravado. En el mismo caso también fueron señalados Daleth Germán Zaínos Juárez, primo del afectado, y un menor de edad identificado como Brayams N.
De acuerdo con Marisol Díaz, madre de Daniel Molina, su hijo ha sido víctima de una actuación injusta del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, al haber sido sentenciado a 80 años de prisión con pruebas presuntamente implantadas por la PGJE. El caso, registrado bajo la carpeta de investigación 71/2016, estuvo a cargo de la entonces jueza Ernestina Carro Roldán, quien actualmente es fiscal general del Estado.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, Marisol Díaz relató que el 26 de febrero de 2016 la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entonces encabezada por la procuradora Alicia Fragoso Sánchez, detuvo a su hijo y a Daleth Zaínos a través del Grupo Especializado Antisecuestros de la Policía de Investigación.
La detención se realizó durante una presunta llamada de extorsión en la que se exigía una recompensa económica por el secuestro de la víctima mortal, un menor de 13 años identificado como J.M.S.M.. Desde entonces, Daniel ha estado preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Loma en Tlaxcala capital, donde ingresó a los 20 años.
«El día que agarraron al menor, mi hijo fue a hacer el trámite de su cartilla militar. Hay pruebas de que él nunca participó en ese secuestro, pero lo declararon culpable”. – Madre de Daniel
La madre señala que Daniel no conoce a la víctima del secuestro; no obstante, refirió que mantenía una amistad con Daleth Germán Zaínos Juárez, primo del afectado. Este último no cuenta aún con una sentencia, pese a que han transcurrido más de diez años desde los hechos, situación que, al tratarse de un familiar de la víctima, ha provocado mayores dilaciones en su proceso. Por su parte, el tercer involucrado, Brayams N., salió del Centro de Internamiento para Adolescentes tras haber cumplido con una sentencia de tres años.
Obligado a declarase culpable
De acuerdo con la madre de Daniel, elementos de la PGJE obligaron a su hijo a declarar bajo amenazas y torturas, que afirmara ser uno de los responsables del secuestro agravado. Siendo, la única prueba con la que cuenta la PGJE para haberlo sentenciado y desahogar las pruebas que la familia ofreció. Marisol Díaz, señala que Daniel se encontraba realizando sus trámites para su cartilla militar cuando el secuestro del 25 de febrero se realizó.
Ante la declaración de haber sido torturado por personal de la misma PGJE, fue sometido a un Protocolo de Estambul para verificar la señalación. El oficio, fue turnado por peritos periciales de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde señalaron que no se encontró acreditado que Daniel Molina había sido torturado al momento de su detención.
Sin embargo, el Protocolo de Estambul realizado por personal adscrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala realizada en octubre del 2024, señaló que Daniel Molina fue torturado durante su detención, resultando ansiedad severa, depresión y tendencia a constricción de la personalidad, por lo que se recomendó atención psicológica. De conformidad con el oficio relativo al Protocolo de Estambul emitido por el Juzgado del Sistema Tradicional, se determinó la asignación de una sesión semanal durante un periodo de nueve meses, lo que equivale a un total de 37 sesiones. El costo por sesión es de $1,603 pesos, dando un monto total de $59,311 pesos para la atención psicológica de Daniel.
Al oficio se agregó la recomendación de no realizarle más exámenes con la finalidad de evitar su revictimización y reverbere los hechos acontecidos por su privación de su libertad en el CERESO, maltratos, humillaciones, golpes y ofensas sufridas por los gentes. De acuerdo con Marisol Díaz, se le ha brindado una atención psicológica escueta, en donde la persona encargada se presenta esporádicamente. Además, mencionó que no ve mejoría en la salud emocional de su hijo.
De acuerdo con el abogado litigante Antonio Aquiahuatl, el Protocolo de Estambul es la herramienta reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por organismos internacionales en materia de derechos humanos para determinar si una confesión fue obtenida mediante tortura.
Explicó que, además de este mecanismo, las personas que se encuentran en espera de una sentencia pueden recibir acompañamiento psicológico a través de especialistas como criminólogos, victimólogos y psicólogos, quienes brindan atención tanto a personas procesadas como a aquellas que ya han sido sentenciadas.
En el ámbito interno de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), las personas privadas de la libertad pueden solicitar apoyo psicológico; sin embargo, también es obligación de las autoridades penitenciarias aplicar evaluaciones psicológicas de manera periódica.
Aquiahuatl agregó que, tras la reforma constitucional de 2008, se estableció la figura de los jueces de control de garantías, quienes pueden intervenir en favor de las personas internas o procesadas. Asimismo, para quienes ya han sido sentenciados, existe la figura del juez de ejecución, responsable de dictar las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos. Agregó que, en estos espacios, las personas privadas de la libertad con frecuencia presentan cuadros de depresión, al grado de que esta condición suele considerarse común dentro del entorno penitenciario.
El 25 de octubre de 2021, tras seis años de detención, Daniel recibió su primera sentencia, en la que fue declarado culpable del delito de secuestro agravado con 80 años de prisión. Ante esta ello, la familia interpuso un recurso de apelación; sin embargo, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva.
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Tras la reforma al Poder Judicial, el caso de Daniel se retrasa
El caso de Daniel fue realizado por el Juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en la Administración de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, que al haber sido cambiado tras la reforma al Poder Judicial, el nuevo juzgado Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz, señaló en una audiencia a los familiares de Daniel, no estar preparado para dar continuidad hasta que leyera el caso, por lo que deberán esperar a ser llamados, para retomar el proceso.
La madre de Daniel solicita que el caso de su hijo sea escuchado y resuelto a la brevedad, al confiar en que no existen pruebas que acrediten su culpabilidad, ya que la única en su contra fue obtenida mediante una declaración forzada, presuntamente bajo tortura. Además, señala sentirse vulnerable tras alzar la voz por la búsqueda de justicia.
