Un Informe Basado en Años de Investigación
El informe El Estado de la Vigilancia fue elaborado por un equipo multidisciplinario de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). Este documento es el resultado de años de investigación, litigio y solicitudes de acceso a la información.
Fernando García, director ejecutivo de la R3D, destacó que muchos de los datos obtenidos requirieron juicios de amparo y litigios ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). A pesar de estos obstáculos, el informe documenta patrones de vigilancia ilegal que afectan a periodistas, activistas y a la ciudadanía en general.
Normas y Realidades: Un Abismo Preocupante
El informe, que consta de 150 páginas, examina los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la vigilancia de las comunicaciones y las leyes nacionales que deberían regular estas prácticas.
En teoría, las medidas de vigilancia deben cumplir con principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, en México la realidad es muy diferente. El documento revela que existen diversas formas de vigilancia, como la intervención de comunicaciones privadas, la geolocalización en tiempo real y el acceso a metadatos almacenados por empresas de telecomunicaciones. Aunque la ley exige autorización judicial para muchas de estas prácticas, en la práctica se realizan sin control efectivo, facilitando el abuso y la discrecionalidad por parte de las autoridades.
Un Crecimiento Alarmante en la Vigilancia
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el incremento exponencial en las intervenciones de comunicaciones privadas en los últimos años:
- 2017: 656 intervenciones aprobadas por el Poder Judicial.
- 2023: 10,626 intervenciones aprobadas.
Esto representa un aumento del 540% en seis años. Aun así, la R3D advierte que la vigilancia podría ser aún más extensa de lo que muestran los datos oficiales. Comparaciones entre registros de empresas de telecomunicaciones y respuestas de fiscalías estatales revelan discrepancias alarmantes, sugiriendo la existencia de solicitudes no reportadas y prácticas irregulares.
“La mayoría de las medidas de vigilancia de comunicaciones se llevan a cabo de manera secreta y con mucha opacidad, lo que da pie a arbitrariedades, discrecionalidad y abusos”, comentó Ana Gaitán, experta en derechos digitales.
El Uso de Spyware: Un Riesgo Invisible
El informe también expone cómo el spyware ha evolucionado, mientras que las regulaciones legales han quedado atrás. Estos programas permiten la vigilancia remota de dispositivos sin que los usuarios lo sepan, accediendo a información como llamadas, mensajes, ubicación, fotografías e incluso conversaciones cercanas a través del micrófono del teléfono.
Fernando García explicó que la imagen común de la vigilancia—un agente escuchando llamadas en tiempo real—ha cambiado. Hoy en día, las comunicaciones se graban y pueden ser analizadas automáticamente con inteligencia artificial, lo que facilita su uso masivo.
“La vigilancia no solo implica escuchar llamadas telefónicas, sino también acceder a toda la información que nuestros dispositivos recopilan sobre nosotros: nuestra ubicación, chats, fotografías, calendario y contactos”, advirtió García.
Geolocalización y Control Social
Otro de los hallazgos del informe es el uso continuo de software de espionaje como Pegasus. Aunque se esperaba que estas prácticas cesaran con el gobierno actual, se encontró evidencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigue utilizando este software para vigilar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Además, el informe detalla que las fiscalías accedieron a información de geolocalización sin autorización judicial en al menos 13,890 ocasiones, lo que indica una violación sistemática de derechos. En algunos casos, personas fueron asesinadas días después de ser rastreadas con estas herramientas, evidenciando el peligro de su mal uso.
Corrupción en la Adquisición de Tecnología de Vigilancia
Otro problema grave documentado en el informe es la falta de transparencia en la compra de tecnologías de vigilancia. Según la R3D, muchas adquisiciones se realizan a través de empresas intermediarias sin experiencia en ciberseguridad, mediante adjudicaciones directas y sin supervisión pública.
Se identificaron sobreprecios millonarios en los contratos y la desaparición de registros oficiales. En algunos casos, incluso se ha declarado la inexistencia de contratos previamente expuestos en investigaciones periodísticas.
Hacia un Control Democrático de la Vigilancia
El informe destaca que la vigilancia de las comunicaciones en México no solo afecta a periodistas y activistas, sino a toda la población. García explicó que existe un sistema global basado en el capitalismo de la vigilancia, donde empresas compiten por obtener y vender datos personales.
“La recolección masiva de información personal permite a las empresas subastar nuestra privacidad para mostrar publicidad, pero si estas mismas prácticas fueran realizadas por el Estado, serían claramente ilegales e inconstitucionales”, advirtió García.
Propuestas para Regular la Vigilancia
Además de documentar los abusos, el informe plantea varias recomendaciones para establecer controles democráticos sobre la vigilancia de las comunicaciones:
- Moratoria en la adquisición y uso de tecnologías de espionaje, hasta que existan regulaciones claras y mecanismos de supervisión efectivos.
- Reformas legislativas para regular la intervención de comunicaciones, asegurando que solo se utilice en casos justificados y bajo estrictos controles judiciales.
- Transparencia total en la adquisición de tecnologías de vigilancia, con licitaciones públicas y auditorías independientes.
- Sanciones efectivas para los abusos en la intervención de comunicaciones, castigando penalmente a las autoridades que realicen espionaje ilegal.
- Derecho de notificación a las personas vigiladas, para que puedan defenderse legalmente y exigir justicia en caso de abuso.
Un Problema que Nos Afecta a Todos
Fernando García concluyó que el problema de la vigilancia ilegal es sistémico y afecta a todas las personas, independientemente de su ocupación o afinidad política.
“Si hoy alguien se siente inmune a la vigilancia porque simpatiza con el gobierno en turno, en el futuro podría lamentarlo. Nadie está exento de ser espiado”, advirtió.
El informe El Estado de la Vigilancia es un llamado urgente a establecer controles efectivos sobre el uso de tecnologías de vigilancia. Si bien estas herramientas pueden ser necesarias para la seguridad nacional, su uso sin regulación adecuada representa una amenaza grave para los derechos humanos y la democracia en México.
Por: Zona Docs
