Atlangatepec, Tlaxcala. Desde hace más de 30 años, la comunidad de San Pedro Ecatepec ha convivido con uno de los principales sitios de disposición final de residuos sólidos de Tlaxcala. Sin embargo, para sus habitantes, la historia de su pueblo no comenzó con el basurero a cielo abierto ni con el anuncio del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI). Comenzó mucho antes, cuando el paisaje estaba dominado por parcelas agrícolas, y la laguna formaba parte de la vida cotidiana de las familias.
«Aquí crecimos, aquí vivimos y aquí queremos seguir viviendo», dice Francisco Calderón Sánchez, investigador agropecuario originario de San Pedro Ecatepec, mientras observa el campo que, asegura, ha sostenido durante generaciones la economía de la comunidad.
Con la llegada del Sitio de Disposición Final «Morelos», en 1993, el paisaje de San Pedro Ecatepec dejó de ser el mismo. Con el paso de los años, las montañas de basura, los escurrimientos de lixiviados y los malos olores se convirtieron en parte de la vida cotidiana de la comunidad. Para sus habitantes, el basurero creció sin que existiera una comunicación clara sobre su operación ni sobre las medidas para proteger el territorio. Durante tres décadas observaron entrar diariamente camiones cargados de residuos, mientras las respuestas sobre los impactos ambientales y el manejo del sitio nunca llegaron.
Esa experiencia, acumulada durante más de tres décadas, alimentó la percepción de una deuda ambiental que, consideran, permanece sin atender. Esa historia es la que hoy sostiene la resistencia de San Pedro Ecatepec al PODECIBI.
San Pedro Ecatepec: Un territorio con raíces campesinas
En 1993 comenzó a operar el Sitio de Disposición Final «Morelos», en el municipio de Atlangatepec. Con una superficie de 15 hectáreas, este sitio fue concebido para recibir los residuos sólidos urbanos de 18 municipios de la región norte y de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, así como residuos de manejo especial provenientes de los corredores industriales de Xaloztoc y de la Ciudad Industrial Xicohténcatl I y III. Con el paso de los años, se consolidó como uno de los principales sitios de disposición final del estado.
Pese a ello, San Pedro Ecatepec conserva una vocación agrícola que sus habitantes consideran parte esencial de su identidad. En julio, cuando las lluvias cubren de verde los campos, todavía es posible observar parcelas sembradas con maíces nativos, árboles de sabino y otras especies propias de la región. Para la comunidad, esos cultivos representan mucho más que una actividad económica, son el vínculo con el territorio que heredaron de generaciones anteriores.
«Nuestra identidad como comunidad es campesina», explica la bióloga Itzel Calderón, quien señala que el polígono donde se pretende instalar el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) se encuentra rodeado de tierras ejidales.
«Podemos observar especies endémicas, sobre todo maíces nativos que nosotros hemos tratado de cultivar… la entrada justamente al proyecto está metida en nuestra esencia como comunidad»
Por ello, para los habitantes el debate no se limita únicamente al manejo de los residuos, como ha sido planteado por los gobiernos estatal y federal. También implica la defensa de un territorio que continúa siendo agrícola y del que dependen sus formas de vida, su historia y su relación con el agua y la tierra.
Esa vocación agrícola también se aprecia en los ejidos que rodean la Barranca Grande, ubicada a escasos metros del Basurero Morelos. Ahí, Fabián García, habitante de San Pedro Ecatepec, explica que la comunidad continúa sembrando maíz, frijol, haba, trigo, cebada y hortalizas, pese a convivir desde hace más de tres décadas con el sitio de disposición final.
«Estamos en los ejidos de San Pedro Ecatepec… este cauce llega a la laguna de Atlangatepec, donde muchas personas se dedican a la pesca, la ganadería y la agricultura»
En ese mismo lugar, Francisco Calderón recuerda haber observado cómo, con el paso de los años, los escurrimientos provenientes del sitio de disposición final comenzaron a descender por la Barranca Grande hasta desembocar en la laguna de Atlangatepec, parte de la cuenca del río Zahuapan, que a su vez conecta con el río Atoyac.
Para el investigador agropecuario, ese recorrido del agua explica porqué la preocupación de la comunidad rebasa los límites de San Pedro Ecatepec, pues cualquier afectación ambiental no permanece aislada, sino que se propaga a través de un sistema hidrológico interconectado que alcanza las cuencas de los ríos Zahuapan y Atoyac, una región que desde hace años enfrenta graves problemas de contaminación y que ha sido identificada por las autoridades ambientales y de salud como una zona de atención prioritaria por los riesgos que representa para la población.
Asimismo, una de las preocupaciones que los pobladores han dado a conocer es la cercanía entre los sembradíos y el basurero a cielo abierto; aseguran que, durante más de tres décadas, han denunciado los efectos que atribuyen a la operación del sitio de disposición final, sin obtener una respuesta que atienda a sus señalamientos. Esa ausencia de acciones, afirman, ha alimentado la percepción de un olvido institucional frente a las afectaciones ambientales que, sostienen, han enfrentado por años.
Por ello, cuando el Gobierno de México y el Gobierno de Tlaxcala anunciaron la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en un predio de la ex hacienda de San Pedro Ecatepec, la noticia no fue recibida únicamente como un nuevo proyecto de infraestructura. Para una parte de la comunidad representó la posibilidad de que un territorio que ya convive con la basura volviera a asumir una nueva carga ambiental.
Treinta años de basura y una nueva promesa ambiental: PODECIBI
El 3 de noviembre de 2025, el Gobierno del Estado de Tlaxcala anunció el cierre de los basureros a cielo abierto ubicados en Huamantla y Panotla, una medida presentada como el primer paso para transitar hacia un modelo de economía circular. Dos días después, el 5 de noviembre, durante el Diálogo Circular con medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, informó que los residuos sólidos urbanos generados por los municipios serían redirigidos a los sitios de disposición final de Nanacamilpa y Atlangatepec.
Esta decisión transformó la operación del sistema estatal de manejo de residuos pues desde ese momento, el Sitio de Disposición Final Morelos, comenzó a recibir los desechos provenientes de 55 de los 60 municipios de Tlaxcala, convirtiéndose en uno de los principales destinos de la basura generada en la entidad.
Para los habitantes de San Pedro Ecatepec, el anuncio de esta transición despertó nuevas preocupaciones. Aunque el Gobierno estatal hablaba de un modelo de economía circular para transformar el manejo de los residuos sólidos, la comunidad observaba cómo aumentaban las montañas de basura y la presión sobre un territorio que, desde 1993, convive con uno de los principales sitios de disposición final del estado. Para ellos, la posibilidad de concentrar aún más residuos en la zona significaba profundizar una carga ambiental a su comunidad.
En ese mismo periodo, Pedro Aquino Alvarado adelantó que la estrategia estatal contemplaba la construcción de una nueva planta para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos. Sin embargo, durante varios meses el Gobierno estatal no informó dónde sería instalada, cuál sería su ubicación definitiva ni qué tecnología utilizaría para su operación.
San Pedro Ecatepec el lugar estratégico del Gobierno Federal
Durante varios meses no se conoció dónde sería instalada la nueva planta anunciada por el Gobierno estatal. Fue hasta el 8 de junio de 2026, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que formalizó la creación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en la ex hacienda de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec. La declaratoria estableció que el proyecto se desarrollaría en un predio de 20.00014 hectáreas, propuesto por el Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Para justificar la elección del sitio, la declaratoria señaló que el inmueble cumplía con los criterios establecidos en los Lineamientos para los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar. Entre ellos, destacó el criterio de propiedad, al establecer que el predio pertenece al Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicohténcatl (FCIX), organismo de la administración pública estatal que ratificó la solicitud presentada por el Gobierno de Tlaxcala para desarrollar el proyecto.
Asimismo, el documento publicado por el DOF incorporó el dictamen de sostenibilidad emitido por la Dirección General de Alianzas y Proyectos Estratégicos para la Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el que se concluyó que el predio no se ubica dentro de áreas naturales protegidas federales, estatales o municipales, ni en zonas sujetas a regímenes de conservación, restauración o protección ecológica. En consecuencia, la autoridad determinó que no existían restricciones normativas de carácter ambiental que impidieran el desarrollo del proyecto.
La declaratoria también destacó la ubicación estratégica del predio. De acuerdo con el documento, el sitio cuenta con conectividad carretera y forma parte del área de influencia de municipios como Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas, Tetla de la Solidaridad y Tlaxco, cuya población conjunta supera el mínimo requerido por los lineamientos federales para el establecimiento de un PODECIBI. Para la Federación, esa conectividad representa una ventaja logística para la recepción, aprovechamiento y transformación de los residuos generados en la región.
Finalmente, el Diario Oficial de la Federación incorporó el dictamen del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el cual concluyó que en el área de influencia del proyecto no existen comunidades indígenas o afromexicanas susceptibles de ser afectadas, por lo que no resultaba procedente realizar un proceso de consulta previa, libre e informada.
Sin embargo, el documento no hace referencia al contexto ambiental de San Pedro Ecatepec. La declaratoria no menciona que en ese territorio opera, desde 1993, uno de los principales sitios de disposición final de Tlaxcala, ni las denuncias de la comunidad sobre los impactos acumulados por más de tres décadas de operación del basurero.
Para los habitantes, esa ausencia explica la distancia entre los criterios que sustentaron oficialmente la elección del predio y la experiencia cotidiana de quienes han convivido durante años con la disposición final de residuos.
«¿Por qué aquí? Si hay tantos lugares en Tlaxcala, ¿por qué elegir precisamente un territorio que ya ha soportado la carga ambiental de recibir la basura del estado durante tantos años?»
Es la pregunta que se hace Francisco Calderón. Para él, la discusión no termina con los criterios técnicos que sustentaron la declaratoria del PODECIBI, sino que obliga a preguntarse quién asume los costos ambientales de la transición hacia un nuevo modelo de gestión de residuos. Su respuesta está en San Pedro Ecatepec: en las familias que han construido su vida alrededor de ese territorio, en las niñas y los niños que han crecido junto al sitio de disposición final, en quienes han visto transformarse el paisaje con la llegada del basurero y en una comunidad que, durante más de tres décadas, ha tenido que adaptarse y resistir los cambios provocados por la disposición de los residuos del estado.
La bióloga Itzel Calderón considera que esa pregunta también refleja un problema de justicia ambiental. Para ella, la generación de residuos involucra a toda la población, sin embargo, las consecuencias no se distribuyen de la misma manera.
«Es un problema que aflige a todos, pero no todos estamos pagando las mismas consecuencias»
Para la investigadora, la oposición de San Pedro Ecatepec no surgió con la publicación del decreto federal. Es el resultado de más de tres décadas en las que, sostiene, las denuncias de la comunidad sobre las afectaciones ambientales no encontraron una respuesta institucional de fondo. A ello se sumó, la ausencia de un proceso de información y diálogo previo con los habitantes antes de anunciar el PODECIBI.
«Más que darnos una solución a esta crisis de basura, es una amenaza para nosotros»
Más allá de la consulta indígena a la que hace referencia el DOF, Itzel cuestiona que el proyecto no se socializó con quienes viven en San Pedro Ecatepec y que los habitantes conocieron la decisión cuando ya estaba prácticamente definida.
Comunicación poco asertiva, el problema de los gobiernos federal y estatal
El 17 de mayo de 2026, cerca de 200 habitantes de San Pedro Ecatepec participaron en una asamblea pública convocada para dar a conocer el proyecto del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI). En la reunión estuvieron presentes autoridades municipales, representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Sin embargo, el encuentro, que buscaba explicar el proyecto, terminó evidenciando la distancia entre la narrativa institucional y las inquietudes de la comunidad.
La tensión comenzó cuando Rubén Zarco Novelo, exencargado del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) de Nuevo León, tomó la palabra para hablar sobre la problemática de los residuos. Durante su intervención preguntó a los asistentes: «¿Cuántos de ustedes se habían preguntado a dónde va su basura una vez que pasa el camión?». La reacción ante esta pregunta fue inmediata. Habitantes respondieron que, a diferencia de gran parte de la población, ellos sí sabían a dónde terminaban los residuos porque durante más de treinta años han convivido con el Sitio de Disposición Final Morelos.
En ese momento, la conversación dejó de centrarse en qué es la economía circular para convertirse en un reclamo por la falta de información sobre el proyecto, la ausencia de respuestas a las afectaciones históricas del basurero y el temor de que la comunidad volviera a asumir una nueva carga ambiental.
Mientras la comunidad cuestionaba la falta de información, el Gobierno del Estado sostenía que la elección del sitio respondía a un proceso técnico. En mayo de 2026, en entrevista con Escenario Tlaxcala, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, explicó que la administración estatal presentó tres propuestas de predios para evaluar su viabilidad ambiental, territorial y jurídica: dos ubicadas en Atlangatepec —una rumbo a Tlaxco y otra en la zona de Villa de las Flores, cercana al actual sitio de disposición final— y una más en Terrenate.
«Nosotros habíamos mandado tres predios. Ninguno de los que enviamos fue pasando pruebas. El viable para nosotros fue este y teníamos otro que era ambientalmente viable, pero jurídicamente no, en Terrenate»
Su explicación sería retomada semanas después en el decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación, que formalizó la instalación del PODECIBI en la ex hacienda de San Pedro Ecatepec.
Para el Mtro. Marco Antonio Rodríguez Gómez, integrante del equipo nacional de investigación e incidencia de Basura Cero México, lo ocurrido en aquella asamblea refleja un problema que rebasa el caso de San Pedro Ecatepec. Desde su perspectiva, el conflicto no puede entenderse únicamente como un rechazo comunitario, sino como parte de un patrón que se ha repetido en distintas regiones del país cuando proyectos públicos se presentan una vez que la decisión prácticamente está tomada.
«Los proyectos públicos no llegan a territorios vacíos; llegan a territorios con historia, con experiencias previas y con una memoria social sobre la manera en que se han tomado decisiones anteriormente»
Bajo esa línea, Rodríguez Gómez sostiene que el diálogo «no debe comenzar cuando una solución ya está definida. Debe comenzar con la construcción de un diagnóstico del problema», pues mientras no exista información suficiente sobre la tecnología, los procesos, los residuos que recibirá la planta y sus posibles impactos, la comunidad difícilmente podrá dialogar en condiciones de igualdad.
El investigador considera que el caso de San Pedro Ecatepec deja una lección sobre la forma en que se construyen las políticas públicas en materia de residuos. Asegura que el debate no gira en torno a un rechazo a la economía circular como concepto, sino a la manera en que se tomó la decisión.
Por ello, plantea que el Gobierno aún debe responder preguntas fundamentales: cuál fue el diagnóstico que justificó el proyecto, por qué se descartaron otras alternativas, qué criterios llevaron a elegir San Pedro Ecatepec y cómo funcionará realmente el PODECIBI. Solo con esa información, afirma, será posible construir un diálogo que genere confianza entre las instituciones y una comunidad que, desde hace más de tres décadas, convive con las consecuencias del manejo de los residuos del estado.
Sin embargo, la comunicación entre las autoridades y la comunidad ha sido fallida. Por un lado, representantes del Gobierno, entre ellos, Antonio Martínez Velázquez, vocero de la administración actual de Tlaxcala, han atribuido parte del conflicto a la desinformación de los habitantes sobre el PODECIBI y los objetivos del proyecto de manejo de residuos. Por su lado, los pobladores sostienen que, si persisten las dudas, es porque la información proporcionada por las autoridades municipales, estatales y federales ha sido insuficiente, fragmentada y poco clara. Aseguran que no existe certeza sobre los alcances del proyecto ni sobre los impactos que podría generar en su territorio.
El 20 de junio, durante una mesa de diálogo entre autoridades estatales y federales con habitantes de San Pedro Ecatepec, los pobladores cuestionaron la falta de información y de consulta sobre el proyecto.
«No estamos desinformados, aquí ya vinieron a presentarnos un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza; nadie nos ha consultado»
Aunque las autoridades reiteraron que el proyecto aún no estaba definido y que faltaban estudios técnicos, los habitantes insistieron en que las decisiones avanzaban sin que la comunidad hubiera recibido información clara y suficiente sobre el PODECIBI.
Rodríguez Gómez advierte que los procesos de participación no pueden reducirse a informar a la población sobre una decisión previamente tomada. Desde su perspectiva, la consulta debe permitir que las comunidades conozcan el problema que se pretende resolver, las distintas alternativas evaluadas y los criterios utilizados para seleccionar una opción. De lo contrario, explica, el diálogo pierde legitimidad y se convierte en un ejercicio para socializar una decisión ya definida, en lugar de construir soluciones de manera conjunta con quienes habitan el territorio.
Para los habitantes de San Pedro Ecatepec, las decisiones del Gobierno federal y del Gobierno del Estado han resultado contradictorias debido a que mientras el titular de medio ambiente insiste en que el proyecto aún no está definido, el decreto que formaliza el PODECIBI ya ha sido publicado, e incluso, durante un recorrido realizado por Escenario Tlaxcala, vecinos mostraron trabajos de medición y delimitación realizados por el gobierno, en los terrenos donde se proyecta su instalación.
Esa falta de comunicación, alcanzó su punto más alto el pasado 24 de junio, cuando personal ingresó a la comunidad para realizar estudios técnicos relacionados con el proyecto. Los habitantes impidieron el acceso al considerar que esas labores confirmaban el avance de una decisión tomada sin su consentimiento. En respuesta, el Gobierno del Estado desplegó un operativo policial que derivó en confrontaciones con pobladores que mantenían su rechazo al PODECIBI por los posibles impactos ambientales y por la falta de transparencia y participación en el proceso de toma de decisiones.
Desde entonces, pobladores de San Pedro Ecatepec han denunciado vivir en un clima de hostigamiento e incertidumbre y han rechazado de manera reiterada las versiones oficiales que los responsabilizan de haber iniciado la violencia durante los hechos del 24 de junio. En un pronunciamiento público, la Asamblea de Pobladores y el Pueblo Organizado de San Pedro Ecatepec sostuvo:
«Rechazamos categóricamente las versiones oficiales que señalan a nuestro pueblo como el iniciador de la violencia. Exigimos el cese inmediato al hostigamiento y el respeto absoluto a la voluntad soberana de nuestra comunidad»
Durante una conferencia de prensa, también denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza pública durante el operativo y acusaron que, lejos de atender sus demandas de información y diálogo, las autoridades han buscado desacreditar la protesta social. Por lo que han responsabilizado a los gobiernos federal, estatal y municipal de cualquier acto de violencia, persecución o represalia contra quienes participan en la defensa del territorio.
¿Puede San Pedro Ecatepec soportar otra carga ambiental?
«Ahí están los lixiviados; esos escurrimientos llegan hasta nuestros campos de cultivo. De este otro lado puede ver que la basura ya no cabe. Mire cómo se están cayendo las bardas del relleno por la presión de los residuos y por las lluvias. Cada vez entra más basura y ya es imposible contenerla. Usted misma lo está viendo». Dice don Fabián mientras recorremos los alrededores del relleno sanitario de Atlangatepec.
«No queremos que la basura tlaxcala siga llegando aquí. Queremos que los municipios se hagan cargo de su basura. ¿Por qué nosotros? Ya son 30 años. Es una situación insostenible, huele feo, da mala imagen, nos hace daño vivir con la basura»
La imagen de un basurero a cielo abierto que está a punto de colapsar ante las lluvias, resume uno de los principales temores de la comunidad. Para la gente de San Pedro Ecatepec, antes de discutir si el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) representa una oportunidad para la región, vuelven al mismo punto: el territorio donde se pretende instalar ya ha convivido durante más de tres décadas con la basura.
En este punto, quienes realizábamos el recorrido nos preguntamos: ¿qué debe evaluarse cuando un nuevo proyecto para el manejo de residuos pretende instalarse en un territorio que durante años ha soportado la disposición final de basura?
Para responderla, consultamos a la Dra. Nancy Merary Jiménez Martínez, especialista en Estudios Urbanos y Ambientales por El Colegio de México. Ella explica que desde la geografía crítica, un territorio que durante décadas ha recibido residuos ya constituye un pasivo ambiental, por lo que antes de impulsar cualquier nueva infraestructura resulta indispensable conocer las condiciones acumuladas por esa actividad.
«Antes de agregar un nuevo proyecto debería hacerse una evaluación de esos pasivos ambientales acumulados»
Ese diagnóstico, explica, debe comenzar por el propio basurero a cielo abierto. De acuerdo con Jiménez Martínez, es necesario conocer el nivel de contaminación del suelo y de los mantos acuíferos, identificar la presencia de lixiviados, medir las emisiones de metano derivadas de la descomposición de los residuos, evaluar la calidad del aire y determinar la estabilidad física del sitio. También considera indispensable realizar estudios epidemiológicos que permitan conocer si existe una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, algunos tipos de cáncer, la presencia de vectores y la calidad del agua destinada al consumo humano. Sin esa información, sostiene, resulta imposible conocer la verdadera condición ambiental del territorio.
Pero la evaluación no termina ahí. Jiménez Martínez menciona que también debe analizarse la capacidad de carga territorial, es decir, si un espacio que durante décadas ha recibido residuos todavía puede soportar nuevas actividades industriales sin incrementar los impactos ambientales.
«El propio polo no es únicamente para atender la disposición final y el aprovechamiento de residuos, sino que está vinculado a actividades industriales. Entonces conviene preguntarnos si en este lugar todavía podemos hacernos cargo de una industria pesada o de una diversificación industrial»
Sin embargo, esa información sigue sin estar disponible. En diciembre de 2025, durante una entrevista con Escenario Tlaxcala, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, reconoció que el gobierno estatal aún no contaba con estudios sobre las condiciones ambientales de los tiraderos a cielo abierto que serían intervenidos como parte del proyecto. Argumentó que esos diagnósticos no correspondían a la etapa de cierre de los sitios de disposición final.
A casi medio año de aquellas declaraciones, esos estudios continúan sin hacerse públicos, por lo que aún se desconoce el estado ambiental del relleno sanitario de San Pedro Ecatepec y, en consecuencia, tampoco existen elementos suficientes para valorar cómo operará el PODECIBI sobre un territorio que durante más de tres décadas ha recibido residuos.
Para Jiménez Martínez, un proyecto de esta naturaleza implica poner a disposición de la población los estudios hidrogeológicos, la Manifestación de Impacto Ambiental, los análisis de emisiones, el consumo previsto de agua y energía, las tecnologías que se instalarán, las medidas para controlar olores y lixiviados, así como los mecanismos de monitoreo ambiental y de participación ciudadana. Solo con esa información, considera, la población puede valorar objetivamente los riesgos y beneficios del proyecto.
Asimismo reiteró que un proyecto así transforma el territorio y modifica la forma en que se distribuyen tanto los beneficios como los riesgos ambientales.
«La pregunta central no es únicamente qué tecnología instalarán, sino por qué en este territorio, quién se beneficia, quién asume los riesgos, cómo cambia el metabolismo territorial y la justicia ambiental»
Por ello considera indispensable incorporar una perspectiva social que permita analizar quién ha cargado históricamente con los costos ambientales y quién obtendrá los beneficios económicos del proyecto.
En ese contexto, explica, también debe discutirse qué es realmente un PODECIBI porque aunque suele asociarse únicamente con el reciclaje, estos polos forman parte de la estrategia federal para impulsar la economía circular mediante la instalación de infraestructura industrial, tecnológica y de investigación.
El debate sobre el PODECIBI sigue abierto. Mientras las autoridades sostienen que el proyecto aún requiere estudios y definiciones, la comunidad insiste en que primero deben conocerse las condiciones ambientales del territorio, transparentarse la información y responder por qué, una vez más, San Pedro Ecatepec fue elegido para recibir un nuevo proyecto relacionado con el manejo de residuos.
Por ahora, la respuesta continúa pendiente. Y mientras no llegue, en San Pedro Ecatepec permanece una convicción compartida por quienes han vivido durante más de treinta años junto al relleno sanitario: aquí ya no cabe una carga ambiental más, no queremos ser el basurero de Tlaxcala.
El proyecto de San Pedro Ecatepec no es un caso aislado. Forma parte de la estrategia del Gobierno de México para desarrollar Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en 14 estados del país, entre ellos Tlaxcala, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Sin embargo, Tlaxcala tampoco está sola en la resistencia. Comunidades de Puebla e Hidalgo también han expresado su rechazo a proyectos similares, al considerar que las decisiones se han tomado sin información suficiente y sin procesos de participación adecuados.
Aunque el decreto que formalizó el PODECIBI en Tlaxcala fue publicado el 8 de junio de 2026, el 15 de junio, durante una mesa de diálogo con habitantes de San Pedro Ecatepec, el secretario de Medio Ambiente de Tlaxcala, Pedro Aquino Alvarado, reconoció que aún era necesario realizar estudios para conocer las condiciones del suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y los posibles impactos ambientales del proyecto.
Al cierre de este reportaje, esos estudios no se han realizado. Mientras el proyecto continúa avanzando, los habitantes de San Pedro Ecatepec sostienen que su oposición no es a la economía circular como modelo, sino a la ausencia de información, de consulta y de un diálogo efectivo que les permita conocer y valorar las consecuencias ambientales que el PODECIBI podría tener sobre un territorio que, desde hace más de tres décadas, convive con la disposición final de residuos.
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