Hay hostigamiento fiscal en Tlaxcala a activistas, periodistas y defensores de Derechos Humanos

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Tlaxcala, Tlax. El hostigamiento fiscal no está tipificado como delito, sin embargo, es una actividad que afecta constantemente tanto a personas físicas como morales. Por ello, consultamos a la abogada fiscal para aclarar dudas al respecto y saber a dónde acudir en estos casos.

La formación inicial de Julieta Sánchez Rojas fue en la Licenciatura en Contaduría Pública, y posteriormente una Maestría en Administración Tributaria; así como la Licenciatura en Derecho y la Licenciatura en Psicología.

Hostigamiento fiscal

El hostigamiento fiscal no está contemplado en las leyes de México ni de Tlaxcala porque no se considera como un delito. Aunque esta acción vulnere los derechos humanos y afecte la salud de quien lo vive.

Se trata de una acción por parte de las autoridades fiscales con la finalidad de molestar, acosar y perseguir a los contribuyentes para que a través del miedo, cumplan con sus ‘obligaciones fiscales’.

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Las autoridades fiscales son el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Así como la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tan sólo a nivel federal.

A nivel estado son el Gobernador (a), Secretario de Planeación y Finanzas, Director de Ingresos y Fiscalización, el Director Jurídico, los jefes de las oficinas recaudadoras. De igual forma, cada municipio tiene autoridades fiscales como el Presidente y Tesorero (a) municipal.

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Así, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 1, establece que son fiscales aquellas autoridades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del SAT de cada estado.

Estas están coordinadas con los ingresos federales y conforme a cada ley local se les otorga la facultad para administrar, determinar y cobrar los ingresos. Puedes consultar el Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, aquí.

Hablamos con tres personas que relatan cómo se vive el hostigamiento fiscal. Una activista, otra defensora de los derechos humanos y un periodista. De la segunda, se omitirá su nombre por petición suya y por su seguridad.

Primer testimonio

En diciembre de 2021, uno de nuestros testigos, la activista, recibió un requerimiento de la Secretaría de Finanzas de Tlaxcala, con una multa que ascendía a más de 30 mil pesos. Ah, pero eso sí, con un descuento del 20% si se pagaba pronto. Siendo aún alrededor de 25 mil pesos a pagar de contado.

La sorpresa y la preocupación fueron las emociones que invadieron de inmediato a nuestro testigo, pues la multa afectaba su economía familiar, siendo la cabeza de uno de los 102 mil 899 hogares tlaxcaltecas.

Dicha multa surgió por una distracción administrativa de la contadora de nuestra testigo, por no presentar en tiempo la declaración de impuestos de octubre 2021 ante el SAT. Una declaración en ceros.

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Fue al acudir a la PRODECON en Puebla que le explicaron sus derechos como contribuyente, como solicitar un porcentaje de condonación mayor al de pronto pago y al pago en parcialidades.

Se elaboró un documento que al recibirlo en la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, comentaron que lo aceptaron por provenir de una dependencia federal. Porque para variar, esta administración no hace ninguna condonación y no permite el pago en parcialidades.

¿Cuál fue la resolución? Nuestro testigo se vio en la necesidad de pedir dinero prestado mientras postergó la atención de la salud. Sin olvidar que la injusticia es clara en la multa de una autoridad que olvida la facultad discrecional bajo el principio pro persona, que señala que se debe aplicar el sentido más benéfico.

Quien vivió esto es Coral Ávila Casco, activista por los derechos de las mujeres y columnista desde hace 14 años en La Jornada de Oriente.

Sin embargo, hay muchos otros factores que influyen en su situación, como el hecho de que la institución no realizara un estudio socioeconómico, o permitirle el pago en parcialidades para no afectar su economía familiar.

Y aunque calificó que el secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa y el director Gilberto Hernández Jiménez, son «impecables» e «implacables» para imponer multas, «sería coherente que leyeran y aplicaran el artículo 1 constitucional, el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 2.17.5 y 2.17.6; 2.16.5, 2.16.6, 2.16.8 y 2.16.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021.»

Segundo testimonio

Este segundo caso de hostigamiento fiscal fue a través de un requerimiento, con un descuento a media luz del 20%. Enterándose así por terceros que no debió aceptarlo, siendo la multa alrededor de 15 mil pesos.

«Pareciera que a la autoridad no sólo le interesa que te pongas al corriente con las declaraciones sino que además la multa que va implícita, es el objetivo».

Cuando no se da cumplimiento en un periodo determinado, se establece la multa pero con una notificación previa. No fue así, en el caso de esta testigo, el notificador le ‘sugirió’ acudir a las instalaciones para hablar con el director de forma directa.

Lo anterior con la posibilidad de llegar a un convenio. Fue así que la representante legal va a las instalaciones y solicita una cita, pero no le dan acceso, y se vence el supuesto término para pagar la multa con su descuento. Fue así que se solicitó una condonación o un pago en parcialidades.

El SAT solicita una declaración anual de ISR, así como una declaración mensual parcial del mismo. Y aunque nuestro testigo admite no haber realizado la declaración parcial de marzo, logró ponerse al corriente, solicitando de nuevo una revisión.

Situación complicada porque al ser parte de una organización sin fines de lucro, no se tendrían ingresos para solventar la multa. El escrito tarda en recibirse, por segunda vez. Se genera otra cita, hasta tener la oportunidad de hablar con el director.

Su representante legal habla con el directivo, quien afirma no hay posibilidad de condonar las multas, y de no ser pagadas se generarían intereses. Pero se aceptó pagar en parcialidades, pese a que en el momento se solicitó efectivo, sin un convenio de por medio por el dinero entregado y por los pagos o fechas a realizarse de forma parcial.

«Sí es un acto de molestia el hecho de que te impongan una sanción así de inmediata».

Una multa inmediata, sin un procedimiento claro que explique la presión de pagar. Al igual que tener la ‘obligación’ de hablar con el director antes de presentar cualquier escrito, o la urgencia de dar el dinero en efectivo.

No es congruente que una multa llegue así porque sí, y que no haya una forma de condonarla aún después de cumplir (aunque sea de forma extemporánea) con las obligaciones fiscales.

Tercer testimonio

Un citatorio muy similar al primer caso llegó al domicilio de nuestro segundo testigo, el periodista, mismo que no contó con una notificación previa de regularización. Tal cual lo establece la ley. El monto era de 25 mil pesos; sin embargo, al acudir a las oficinas correspondientes, la multa ascendía a 75 mil pesos.

¿Por qué? La justificación fue la acumulación de multas no dadas con anterioridad. Por lo tanto, tan solo de un mismo ejercicio fiscal (agosto 2020), pagó 3 multas.

La primera vez que lo multaron cumplió con el pago, pero no con el impuesto, pues en ese año le dijeron que ellos «se encargaban del impuesto», mintiéndole para que meses después pudieran volver a multarle. En 2021 incurrió en otra multa y de nuevo no se pagó el impuesto, lo que derivó en un monto exhorbitante.

Entonces, de 5 multas acumuladas sólo se le había notificado de una. Y con el objetivo de solucionar el asunto, acudió a solicitar apoyo al área de Comunicación Social intentando buscar respaldo en el entendido de que el medio que dirige es independiente. Le manifestaron que ya conocían la realidad del medio y que, en efecto, no cuenta con convenios oficiales.

Paréntesis para decir que si llegados a este punto aún no sabes de quién se trata, pues sí, se trata de nosotres, Escenario Tlaxcala. Y el testigo es Aldo Castillo, director de ese medio de comunicación.

Regresando a la historia, para ese momento no existía entonces la oficina de Protección a Periodistas y Activistas, que en caso de hostigamiento fiscal tendría que respaldar a las plataformas informativas. Y como el hubiera no existe, queda la duda de si lo habrían apoyado o no.

De cualquier forma, la línea es delgada entre una dependencia y otra, porque tal oficina pertenece a Gobierno del Estado, a la administración que estaba emitiendo la multa.

De la charla mantenida, se propuso ver la posibilidad de apoyar.

Ya en la Dirección de Planeación y Finanzas del Estado, salieron multas de tener que pagar poco más de 25 mil pesos, la multa ascendió a más de 75 mil. Esto luego de que le hicieran esperar más de 3 horas buscaron en su expediente y mostraran documentación «supuestamente acumulada», aunque nunca salió de un fólder.

Gracioso, ¿no? Pero no gracioso de risa, gracioso de raro. La presión comenzó a suscitarse entre poder acceder a un descuento, o perder esa posibilidad y tener que hacer el pago completo.

Medio paso en falso

El error fue firmar documentos con fechas previas. Pero el miedo infundido lo rebasó.

«Si no aprovechas el descuento para que pagues 41, no sabemos si vamos a poder respetar ese descuento y vas a tener que pagar los 75».

El día de pagar llegó, pero no pudo. Pidió entonces prórroga para revisar el caso, y se dio a la tarea de contactar a abogados fiscales.

La respuesta de los dos abogados ante este hostigamiento fiscal, entre ellos con la licenciada Sánchez Rojas fue que el lapso en el que podía objetar ya había terminado, tardando al final más de un mes en defenderse por no encontrarse semanas antes en Tlaxcala.

Así fue como pagó 41 mil pesos, ya con el «descuento» otorgado. Y la dependencia se justificó diciendo, «no tenemos la obligación de avisarte, de acuerdo al convenio que tenemos con gobierno federal». Otra mentira.

Las «multas» no llegan ni pertenecen a la federación

Al final se trata de un negocio, pues el gobierno del estado tiene la facultad de multar de acuerdo con un parámetro. Pero encajaron el diente, pues por impuesto están cobrando 15 mil pesos.

Con la administración anterior las multas oscilaban ente 2 400 y 5 000 pesos, aumentando en esta ocasión un 1000 %. El negocio está en que el Gobierno del Estado se queda con un porcentaje del pago de las multas, entre un 10 y 20 por ciento.

Un porcentaje que se queda en el estado y no se dirige a la federación. Pese a que el Gobierno Estado tiene sus propios mecanismos para gestionar recurso y sus propios impuestos como las tenencias, placas, etc.

Aquí puedes encontrar información a cerca de los trámites fiscales y pago de impuestos por lo que el Estado de Tlaxcala ya genera ingresos.

¿Su recomendación ante el hostigamiento fiscal? No recibir notificaciones porque el no hacerlo te permite ponerte al corriente y la multa no procede. Y en primera instancia debe llegar un aviso y no la multa directamente.

Impacto psicológico y emocional

Es importante resaltar el impacto psicológico que puede tener el hostigamiento fiscal en una persona. La salud mental está infravalorada y aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no se brindan las herramientas necesarias en los espacios laborales.

Es decir, cada dependencia, empresa, organismo, institución, etcétera, deberían tener una parte de atención psicológica.

Una de las funciones más importantes es formular denuncias por cometer delitos fiscales, los cuales están equiparados como un delito de delincuencia organizada.

Pero no sólo el miedo impacta a quien sufre hostigamiento fiscal, sino también el pánico, la ansiedad, el estrés, entre otros.

La abogada Julieta Sánchez Rojas, comentó que en alguna ocasión a una persona se le olvidó realizar declaraciones en ceros y le notificaron que tenía una multa por no cumplir con esa obligación en tiempo y forma.

Empero, los mexicanos de acuerdo con el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estamos «obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes». ¿Esto se cumple? No.

¿A dónde acudir?

Una de las tácticas del SAT son las notificaciones masivas para los contribuyentes a través de su correo electrónico, llamada telefónica o notificaciones personales. Para Julieta Sánchez es importante que la institución tenga un análisis real de sus contribuyentes y notificar a quienes se requiera.

Pero no todo está perdido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha brindado recomendaciones con respecto a las llamadas, correos o acciones de hostigamiento fiscal.

Esta institución tiene una autonomía técnica y funcional, con una estructura propia orgánica. Así como garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal.

La PRODECON puede orientar, asesorar, representar y defender legalmente a quienes se encuentren en un caso de hostigamiento fiscal. Conoce su sitio oficial.

De igual forma, existe la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, que tiene como objeto regular los derechos y garantías básicas de los beneficiarios con sus relaciones con las autoridades fiscales.


También puedes leer: Tiene inconsistencias iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Tlaxcala: Artículo 19

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