Tlaxcala, Tlax.- El despido de la arqueóloga Yajaira Gómez, responsable de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl, generó cuestionamientos entre activistas, organizaciones comunitarias y especialistas, quienes consideran que su salida implicó la pérdida de una de las principales gestoras de proyectos de vinculación social, gestión cultural y conservación del patrimonio arqueológico en el sur de Tlaxcala.
En este contexto, Escenario Tlaxcala dio seguimiento al caso y recopiló testimonios que no solo destacan las contribuciones de la investigadora en comunidades del sur de la entidad, sino que también exponen problemáticas más amplias relacionadas con la gestión del patrimonio cultural, casos de violencia institucional y el nombramiento de perfiles ajenos a disciplinas especializadas en arqueología, antropología e historia dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), delegación Tlaxcala.
Por un lado, integrantes del Colectivo Cultural Camaxtli señalaron que la arqueóloga Yajaira Gómez mantuvo una estrecha colaboración con organizaciones comunitarias, brindando asesorías, acompañamiento técnico y espacios para el desarrollo de actividades orientadas a la conservación y difusión del patrimonio cultural.
A esta denuncia se suma el relato de una profesionista que describió prácticas de violencia institucional y epistémica dentro de los procesos de evaluación y selección del Centro INAH Tlaxcala, refiriendo que, durante un examen de oposición realizado en 2024 para una plaza de investigación, fuera cuestionada con preguntas de carácter personal ajenas a la evaluación de sus capacidades académicas y técnicas.
Los entrevistados también expresaron preocupación por el perfil del actual titular del Centro INAH Tlaxcala, Vicente de la Rosa Herrera. Señalaron que su formación académica no corresponde a disciplinas vinculadas con la investigación y conservación del patrimonio arqueológico o antropológico, por lo que consideran indispensable que estos cargos sean ocupados por perfiles especializados en arqueología, antropología, etnología e historia.
Las denuncias recopiladas apuntan a un debate más amplio sobre la protección del patrimonio cultural, las condiciones laborales dentro de las instituciones encargadas de su resguardo y el papel de la especialización académica en la toma de decisiones institucionales.
El trabajo de la arqueóloga Yajaira Gómez al frente de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl es reconocido por colectivos y activistas como una gestión que priorizó la vinculación comunitaria, la innovación técnica y la defensa del patrimonio cultural, pese a las limitaciones institucionales que enfrentó durante su cargo.
En entrevista, Ana Gabriela Rojas, integrante del Colectivo Cultural Camaxtli, señaló que uno de los principales aportes de la arqueóloga fue transformar la relación entre la institución y la sociedad, impulsando una estrategia de acercamiento con habitantes, colectivos y productores locales de municipios como Nativitas, Zacatelco o Papalotla, fortaleciendo la participación comunitaria en torno al patrimonio arqueológico.
De acuerdo con la entrevistada, su trabajo se reflejó en las labores de restauración en la zona arqueológica y en la construcción de redes de colaboración con diversos actores sociales, lo que permitió una participación más activa de la comunidad en la protección y apropiación de estos espacios. Además, destacó la implementación de proyectos orientados a la inclusión de sectores históricamente excluidos, como personas sordas y con discapacidad visual.
Por su parte, Gustavo Juárez, también integrante del Colectivo Cultural Camaxtli, sostuvo que Yajaira Gómez dejó una huella marcada por la sensibilidad hacia la comunidad y un enfoque humanista que trascendía sus funciones técnicas, afirmando que promovió la apropiación del sitio por parte de los habitantes de la región.
El activista subrayó que la comunidad fue la que originalmente descubrió las pinturas de Cacaxtla y, por ello, debía tener un papel protagónico en el resguardo del sitio. Añadió que durante su gestión se priorizó el cuidado y resguardo de las tradicionales locales, como la festividad del 3 de mayo, cuando pobladores colocan una cruz en lo alto del basamento piramidal de Xochitécatl.
Asimismo, señaló que durante su gestión el sitio mantuvo estándares de curaduría en los museos de sitio, así como condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento, acompañadas de una labor constante de investigación.
Casos de violencia institucional dentro del INAH Tlaxcala
Como ejemplo del ambiente que prevalece dentro de la institución, Ana Gabriela Rojas compartió que, las mujeres que ocupan cargos de responsabilidad suelen enfrentar cuestionamientos sobre su capacidad profesional. En ese sentido, mencionó expresiones como «Seguro ya llegaste ahí porque te metiste con quién sabe quién» así como diversos señalamientos dirigidos hacia la arqueóloga Yajaira Gómez, los cuales identificó como manifestaciones de violencia de género.
De acuerdo con la integrante del Colectivo Cultural Camaxtli, la postura feminista asumida por Yajaira Gómez como investigadora y funcionaria también fue utilizada para desacreditar su trabajo dentro de la institución. Como ejemplo, refirió expresiones como «Claro, como es feminista te está ayudando», las cuales eran utilizadas para descalificar sus decisiones y cuestionar la validez de sus argumentos técnicos. Rojas sostuvo que esta perspectiva fue empleada por algunos trabajadores y actores vinculados al INAH para invalidar su autoridad profesional, minimizar sus aportaciones y desestimar criterios sustentados en su experiencia y trayectoria académica.
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Asimismo, afirmó que esta dinámica también se reflejó en la relación entre el INAH y el Colectivo Cultural Camaxtli, tras la denuncia de la siembra de árboles en basamentos prehispánicos del municipio de Papalotla. De acuerdo con su testimonio, la arqueóloga Yajaira Gómez respaldó técnicamente las observaciones del colectivo; sin embargo, la respuesta institucional habría buscado desestimar el procedimiento al negar la existencia de irregularidades.
La entrevistada también describió un contexto de precarización laboral durante la gestión de Gómez, al señalar que la arqueóloga operó con recursos limitados, falta de personal y equipo, mientras que alertas técnicas sobre posibles afectaciones al patrimonio no fueron atendidas por autoridades del Centro INAH Tlaxcala.
En este contexto, sostuvo que la salida de Yajaira Gómez no puede entenderse únicamente como una decisión administrativa, sino como parte de un proceso de violencia laboral y de género bajo la dirección del Centro INAH Tlaxcala, Vicente de la Rosa.
Por otra parte, una investigadora que solicitó anonimato relató experiencias que, desde su perspectiva, evidencian violencia institucional dentro del Centro INAH Tlaxcala durante concursos para plazas de investigación.
De acuerdo con su testimonio, en 2024 participó en un examen de oposición ante un jurado integrado por tres hombres, donde recibió cuestionamientos que consideró despectivos y ajenos a la evaluación académica y que referían a su persona como a trabajo de investigación:
“de esas mujeres que les gustaba llevarle la contraria a los profesores” aseguró.
Indicó que, pese a la argumentación de su proyecto, fue cuestionada por la ausencia de ciertos autores que el jurado consideró como «importantes» dentro de la investigación, lo que consideró como violencia epistémica. Asimismo, denunció recibir preguntas de carácter personal, entre ellas, recibió afirmaciones como:
“Yo les estaba contando que en mi trabajo de campo había danzado en una de las comunidades del estado de Tlaxcala y recuerdo que otro de los jurados me preguntó si había alcanzado el éxtasis bailando”, afirmó.
Cuestionamientos a la gestión y condiciones laborales dentro del INAH
Integrantes del Colectivo Cultural Camaxtli señalaron que la gestión de Vicente de la Rosa al frente del Centro INAH Tlaxcala se ha caracterizado por deficiencias técnicas y administrativas asociadas a la falta de formación en áreas como antropología y arqueología.
De acuerdo con los entrevistados, las críticas derivan de su formación como abogado y de la percepción de que no cuenta con la preparación especializada necesaria para dirigir una institución de investigación, lo que limita la comprensión de aspectos técnicos del patrimonio cultural.
“Esclavitud administrativa” y precarización laboral
Mientras tanto, el arqueólogo Fernando Cortés afirmó que existe una problemática estructural en el INAH a nivel nacional, la cual definió como una “esclavitud administrativa”, derivada de esquemas de contratación mediante terceros que evitan relaciones laborales directas.
Cortés explicó que este modelo ha generado precarización laboral, retrasos en pagos, acoso, sobrecarga de trabajo y falta de garantías laborales, lo que calificó como un “verdadero desastre nacional”.
Añadió que en distintos estados se han designado directivos sin formación especializada en disciplinas afines a la antropología, arqueología, historia o etnología, mencionando entre ellos Tabasco, Puebla, Hidalgo y Quintana Roo.
Por su parte, Gustavo Juárez señaló que los recortes al sector cultural han generado condiciones laborales precarias para trabajadores, artistas y talleristas, además de incidentes derivados del deterioro de la infraestructura en espacios culturales.
Asimismo, indicó que la falta de recursos humanos y económicos ha obligado al personal a asumir funciones fuera de sus responsabilidades. Como ejemplo, mencionó que en el Museo de Sitio de Xochitecatl algunos trabajadores han tenido que realizar tareas vinculadas con la investigación arqueológica para cubrir la falta de personal especializado.
Los testimonios coinciden en describir un escenario marcado por limitaciones presupuestales, déficit de personal y cuestionamientos sobre los perfiles designados para dirigir algunas representaciones estatales del instituto.
