El Gobierno de Jalisco, entre 2019 y 2023, invirtió 126 millones 730 mil 945 pesos para adquirir distintos tipos de software que le dan la capacidad para vigilar y monitorear las actividades físicas y digitales de las y los jaliscienses.
Desde la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie
Por: Aitana Rodríguez, Mariana Recamier, Dalia Souza y Darwin Franco / Zona Docs
Su adquisición fue justificada para temas de seguridad y búsqueda de personas desaparecidas; sin embargo, activistas, periodistas y familias buscadoras sospechan que también han sido desplegadas para rastrear sus labores de defensa.
Esta investigación revela cómo el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, a través de 19 contratos, se ha convertido en una administración de vigilancia que pone en riesgo el derecho a defender derechos y la libertad de expresión.
La promesa de no utilizar ningún software espía se desvaneció en el momento en que el gobierno de Enrique Alfaro hizo de los software Geomatrix y UFED, sus tecnologías de vigilancia y espionaje favoritas, pues éstas le han otorgado, por ejemplo, la posibilidad de extraer toda la información que una persona genera y recibe en su celular, así como su geolocalización en tiempo real.
Tal ha sido el uso de estas tecnologías que personas que, en Jalisco, dedican su vida a defender derechos, buscar personas desaparecidas e informar sobre malas prácticas gubernamentales sospechan que han sido víctimas de esta vigilancia, pues información que se encontraba en sus teléfonos celulares y que nunca compartieron con nadie, llegó de manera inexplicable a oídos de diversos funcionarios públicos.
A la fecha, como develaron los periodistas René Valencia y Karla Cejudo en una investigación paralela a ésta, software como UFED —tecnología de extracción y recopilación de datos de dispositivos móviles— fue empleada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a petición de la Fiscalía de Jalisco, en 3 mil 586 ocasiones sin que en su implementación existieran órdenes judiciales de por medio.
La historia del uso de tecnologías de vigilancia en Jalisco, lamentablemente, no es nueva. En 2021, la Contraloría del Estado confirmó que durante la administración de Aristóteles Sandoval (2012-2018) con una erogación de 263 millones de pesos se adquirió el software Galileo RCS a la empresa Neolinx de México S.A. de C.V., intermediaria en el país de la empresa italiana, Hacking Team (creadora de la tecnología).
Cuando esta adquisición fue denunciada, la administración de Alfaro prometió tres cosas: 1) Prohibir a la Fiscalía de Jalisco el uso de esta tecnología, 2) Investigar para qué se usó, y castigar a quienes hayan incurrido en prácticas de espionaje, y 3) no volver a comprar este tipo de tecnologías, ya que durante su mandato: “no se espiaría, ni vigilaría a nadie”.
A la fecha, se desconoce si la Fiscalía dejó de usar Galileo RCS —software que infecta teléfonos celulares para monitorear y registrar todo lo que hace una persona en el dispositivo—, tampoco se conocen los resultados de la investigación para castigar labores de espionaje, lo único cierto es que resultó falsa la promesa de “no espiar, ni vigilar”, pues entre 2019 y 2023, el gobierno de Enrique Alfaro ha invertido 126 millones 730 mil 945 pesos para adquirir distintos tipos de software que le dan la capacidad para vigilar y monitorear, en tiempo real, tanto actividades físicas como digitales de las y los jaliscienses, de acuerdo con datos de 19 contratos públicos identificados para esta investigación en portales de compras del estado, datos públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia y solicitudes de información a dependencias gubernamentales.
Software como Geomatrix o UFED fueron adquiridos durante este periodo, incluso, con la misma empresa involucrada en la compra y uso ilegal de Galileo RCS, Neolinx de México S.A. de C.V., la cual suministra a la Fiscalía de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Secretaria General de Gobierno, muchas de estas tecnologías provenientes de Israel, país pionero en el desarrollo de software espía.
A través de estas tecnologías, adquiridas para mejorar la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas —tal y como se justifica en algunos de los contratos revisados—, el gobierno de Enrique Alfaro puede desplegar un sofisticado esquema de vigilancia que va desde la extracción de información de teléfonos celulares y/o computadoras, la localización en tiempo real de dispositivos hasta el seguimiento en calle de personas, esto a través del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, mejor conocido como “Escudo Urbano C5”, infraestructura de videovigilancia en las que se prueban tecnologías de reconocimiento facial.
Esta investigación expone y explica cómo es que el gobierno de Enrique Alfaro, ha adquirido estas tecnologías de espionaje y vigilancia, y cómo su uso, a decir de personas defensoras, familias buscadoras y periodistas, más que garantizar seguridad se ha utilizado para inhibir la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Toda una administración de vigilancia
Recibir mensajes sospechosos, tener llamadas que se interrumpen sin razón aparente y darse cuenta de que se filtraba información privada de sus teléfonos celulares son sólo algunas de las irregularidades que comenzaron a detectar personas defensoras de derechos humanos y familias buscadoras luego de que en la Fiscalía de Jalisco y en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses comenzaron a pedirles que dejaran sus teléfonos celulares en sus oficinas o recepciones, esto mientras sostenían reuniones para darles “avances” sobre sus casos. La justificación era evitar la filtración de información delicada.
Sin embargo, ahora sospechan que ese fue el primer momento en que notaron comportamientos anormales en sus dispositivos, pero como lo que apremia para ellas y ellos, es la búsqueda de personas desaparecidas o conseguir justicia, ya no prestaron más atención.
Organizaciones, como la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D), señalan que la mayoría de las veces las personas no son capaces de detectar que han sido infiltradas o conectadas a alguna tecnología de espionaje y vigilancia. Por ello, sugieren no sólo prestar atención a funcionamientos inusuales en sus dispositivos sino registrar si éstos son continuos porque de ser así, la única opción es acudir a un especialista en seguridad digital, tal y como lo hicieron integrantes del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco cuando detectaron comportamientos extraños en sus celulares particulares y móvil grupal. Estos problemas, según sospechan, ocurren con mayor frecuencia después de acudir a alguna dependencia pública.
La Fiscalía de Jalisco, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco se beneficiaron mediante la compra de software de espionaje y vigilancia con capacidades de geolocalización, rastreo, extracción, recopilación, decodificación, análisis y visualización de datos, entre otras, de acuerdo con datos de 19 contratos públicos obtenidos en portales de compras del estado, datos públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia y solicitudes de información a dependencias gubernamentales.
Las dependencias hicieron las compras durante la administración del gobernador Enrique Alfaro, desde 2019 hasta 2023, e iniciaron las gestiones para hacer más transacciones del mismo tipo en 2024. La cantidad total de estos gastos es igual a lo que invierte el estado en un año para las acciones de prevención y combate de incendios forestales, o lo que destinó en cinco años para la atención a personas en situación de discapacidad.
La Fiscalía de Jalisco es la dependencia más constante en las adquisiciones de software de vigilancia: de 2019 a 2022, cada año, compró Geomatrix a la empresa Neolinx de México S.A. de C.V. Este software sirve para geolocalizar, monitorear, rastrear y generar mapas cronológicos de una persona mediante su dispositivo móvil. El equipo de esta investigación identificó seis contratos con esta compañía que beneficiaron a la dependencia y equivalen a un total de 84 millones 736 mil 371 pesos.
En estos contratos pueden identificarse procesos de compra irregulares, en los que destacan empresas que no coinciden con sus domicilios fiscales o cuyo objeto social no responde con el tipo de servicios y productos que oferta. En otros casos, estas empresas son constantemente favorecidas por la administración estatal para la adquisición de estos software y de otros recursos para la seguridad.
El representante legal de Neolinx de México y quien firma los contratos es Bernabe Césareo Lira Uribe. El objeto social de la empresa incluye la importación y desarrollo de todo tipo de software y hardware, así como la comercialización de equipamiento de seguridad y equipo destinado para la actividad gráfica y de impresión, según información del Sistema Integral de Gestión Registral (Siger); es decir, se puede adquirir con ellos tanto programas de vigilancia como material para imprimir.
Aunque no se encontraron contratos con Neolinx de México en 2023 y 2024, la Fiscalía de Jalisco compró la licencia del mismo software (Geomatrix) a RAMIR, S.A. DE C.V. por 7 millones 355 mil 560 pesos el año pasado.El representante legal de la empresa es el licenciado en negocios internacionales Fausto Azael Gutiérrez Garibay. El objeto social, según Siger, es tan amplio y diverso que incluye desde la fabricación de componentes para la industria médica hasta servicios de jardinería y fumigación.
También ofrece servicios de custodia, seguridad privada y compra venta de productos de seguridad, “la compra y venta de equipo de servicio de monitoreo y vigilancia, así como la prestación del servicio de monitoreo y vigilancia”. Cuando el equipo de esta investigación asistió a su dirección fiscal, en su cochera estaba estacionada una patrulla de policía auxiliar.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es otra de las dependencias que más invirtió en adquirir software de espionaje en 2019 y 2022. Mediante cuatro contratos con las empresas Nuga Sys S.A. de C.V. y uno a Gama Sistemas, S.A. de C.V. compró por un total de 29 millones 764 mil 30 pesos licencias de uso de diferentes software, entre ellos UFED 4PC, programa que permite acceder a los celulares para extraer, clonar y recopilar la información.
La Fiscalía de Jalisco también adquirió este programa en 2020, pero lo hizo a través de la empresa XEROLOGIX, S.A. DE C.V., cuyo representante legal es Ramón Frangie Malacón, empresario que comparte apellido con el actual presidente electo de Zapopan, Juan José Frangie, pero que más allá del nexo familiar ha sido múltiples veces favorecido con contratos con municipios gobernados por Movimiento Ciudadano (MC) como: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga.
A estos gobiernos de MC, indistintamente les ha vendido equipo fotográfico, audiovisual y de cómputo, chalecos antibalas, equipos de rastreo vehicular vía GPS, software de vigilancia y equipo de reconocimiento facial, esto último no a través de XEROLOGIX, sino de VIUK S.A. de C.V., empresa a la que también representa Frangie Malacón, y a la que el Gobierno de Guadalajara entregó, en 2022, un millón 182 mil 040 pesos.
2023, el año en el que aumentaron los contratos
En 2023, las entidades gubernamentales de Jalisco adquirieron más licencias de software con las capacidades de geolocalización, rastreo, recuperación, procesamiento, análisis y visualización de la información.
La Fiscalía del Estado no sólo compró de nuevo Geomatrix a RAMIR, S.A. DE C.V. ese año, sino que, además, con la misma empresa realizó un contrato que especifica que ésta deberá entregar la licencia de software especializada Intellectus, la cual permite: “presentar la información de la ubicación del suscriptor en tiempo real, en una vista de mapa, la cual podrá ser utilizada para apoyar las agencias operativas de diversas operaciones de ubicar y rastrear equipos telefónicos relacionados con los actos de investigación”.
Ese mismo año, la dependencia fue favorecida por un contrato con la empresa E TRANSFORMATION S. DE R.L. DE C.V. que menciona que las licencias adquiridas deberán cumplir con esta especificación, entre otras:
“software (sin decir nombre) de administración de análisis forense digital diseñado para ayudar a los investigadores de aplicación de la ley y proveedores de servicios a obtener información sobre los datos de evidencia recopilados de varias fuentes, incluidas bases de datos en la nube, computadoras y teléfonos inteligentes. La plataforma permitirá a los administradores acceder al historial de navegación, imágenes, historial de chat y archivos eliminados en dispositivos móviles Android e IOS”.
Además, se identificaron contratos firmados en el 2023 para beneficiar a la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, de los que no se encontraron documentos del mismo tipo al menos en los cuatro años anteriores.
La primera adquirió a la empresa MIRACLE BUSINESS NETWORK, S.A. DE C.V. la licencia de gestión y administración de circuito cerrado de televisión marca Intelligent Security Systems y un programa tipo sistema de administración de video con “posibilidad de integrar analíticas de video avanzadas, reconocimiento facial e integración con control de acceso, control de asistencia y registro de visitantes”.
En el caso de la Secretaría de Seguridad, ese año fue beneficiada por dos contratos con RAMIR, S.A. DE C.V. para la adquisición de software. Los dos documentos están testados, es decir, se tachó con negro el apartado donde se describen los programas por considerarse ID información reservada, pero es la misma a la que se le compró Geomatrix e Intellectus.
En el 2024, no se identificaron adquisiciones de programas de este tipo, pero el gobierno de Jalisco publicó en su portal de compras un fallo que demuestra que inició el proceso de adquisición para renovar la licencia de Universal Forensic Extraction Device (UFED), en su modalidad clásica, que interviene teléfonos celulares para extraer sus datos, y en la versión 4PC, que da acceso y recopila datos de computadoras de escritorio o portátiles.
Para ser un gobierno que dice no realizar labores de espionaje y vigilancia, la administración de Enrique Alfaro ha demostrado hasta ahora no cumplir con lo prometido.
Esto, a decir de la abogada y defensora de los derechos humanos Denisse Montiel, de CEPAD, hace evidente que: “Jalisco es uno de los principales estados que más ha invertido dinero en software dedicado al espionaje, lo que se ha dado sin ninguna transparencia al respecto. Incluso, en esta administración, se reconoció que una de las instituciones que tenía acceso y control de dicho software era la Fiscalía”, institución que —a través de diversas solicitudes de transparencia— aseguró no utilizar ninguno de estos software.
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