“Director de PROPAET es detenido por presunto abuso sexual contra menor”, ese fue el encabezado de una nota periodística local el pasado 12 de junio. A simple vista puede pasar como un caso más de abuso sexual que atenderá la Fiscalía del Estado. Pero, tan solo en el primer semestre del 2025 encontramos que, dentro del gobierno estatal en curso, se han presentado otros casos similares en los que se encuentran como responsables algunos funcionarios públicos.
Recordemos que el pasado 18 de enero, el gobierno municipal de Apizaco dio a conocer la destitución de Israel Méndez Tlapalamatl de su cargo como Director de Protección Civil, ya que, desde inicios del año, Méndez enfrenta graves acusaciones de violencia física, psicológica y económica ejercida en contra de su esposa.
Posteriormente el 8 de mayo Cutberto Chávez, líder del SNTE, como parte del festejo del Día de la Madre Trabajadora contrató al payaso Chuponcito, un personaje vinculado a un proceso judicial por acoso sexual en 2023, además, se ha señalado que sus shows están llenos de mensajes misóginos y sexistas.
Luego, el 13 de marzo, el entonces Primer Regidor del municipio de Tlaxcala Alejandro Alonso Herrera fue denunciado por su pareja por el delito de violencia familiar. Pero esa no fue la primera denuncia, se sabe que, desde el 2022 Herrera, ya contaba con un antecedente de denuncia por la misma situación. El Regidor pidió licencia por tiempo indefinido.
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¿Qué tienen en común estos casos y por qué representan una problemática? Cada uno de estos acontecimientos, son claros ejemplo de violencia de género en Tlaxcala, en donde los acusados son funcionarios públicos, quienes representan a la ciudadanía y se supone velan por el bienestar de la comunidad (independientemente de sus funciones y cargos).
Violencia de género en Tlaxcala
De acuerdo a la antropóloga y activista Rita Segato la masculinidad tiene una estructura corporativa, la cual está conformada por la lealtad y se refiere a que un hombre es leal a otro hombre; claro ejemplo son los casos arriba mencionados, simplemente porque las acciones no fueron más allá de otorgar licencias por tiempo indefinido, de destituirlos del cargo sin la certeza de que ya no ocupará ningún puesto más en la función pública, pues ello permite seguir fomentando la misoginia.
Aunado a ello, la problemática se vuelve más compleja porque se ha llegado a la privatización de lo doméstico, en palabras de Segato, eso ha ocasionado grandes daños a las niñas, niños y mujeres en la historia.
Esa complejidad se ve reflejada en el caso de la detención del Director de Inspección y Vigilancia en la PROPAET, y que el mismo 12 de junio la PROPAET emitió una nota informativa en la cual categóricamente se deslindó de cualquier vínculo entre los presuntos hechos señalados y el ejercicio de funciones institucionales, separando la función pública de la vida familiar, lo cual no debe ser así, porque para ser funcionario un requisito debe ser el no ejercicio de la violencia hacia las mujeres en cualquier ámbito.
La realidad estatal es que la violencia hacia las mujeres se recrudece con esas formas de encubrimiento y deslindamiento de funcionarios públicos, porque al final el Estado termina traicionando a las victimas de estos casos, porque son procesos burocráticos, porque no hay suficientes pruebas para proceder y porque la problemática para quienes tienen en sus manos la posibilidad de garantizar justicia y reparación del daño, se convierten en cómplices de los delitos, porque para ellos es un asunto de carácter normal.
Por ello urge repensar las estrategias para hacer frente a una problemática tan cruel como la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones, porque en un mundo globalizado las estructuras de la violencia se afinan.
Reyna Soledad Santiago Castillo
Centro Fray Julián Derechos Humanos y desarrollo Local A.C.
