Tlaxcala, Tlax.— De cara a los próximos procesos electorales, los actos de promoción previos comienzan a intensificarse en distintos puntos de la entidad tlaxcalteca. De acuerdo con un testimonio, funcionarios públicos han sido enviados a las comunidades con el objetivo de posicionar la imagen de servidores públicos, entre ellos, Alfonso Sánchez García, a la par de solicitar credenciales de elector para afiliar a ciudadanos al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Estas acciones se inscriben en una estrategia de promoción personalizada que no es exclusiva de la entidad, asimismo, representan un desafío legal y ético sobre el actuar de las autoridades que buscan contender por un cargo de elección popular para 2027.
No obstante, el artículo 7 y 11 de Ley General en Materia de Delito Electoral y el artículo 134 de Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos consideran estos actos como un posible desafío legal y ético, ya que podrían constituir el uso de personal subordinado para fines de promoción individual, prácticas que han sido calificadas como injustas y equiparables al uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios.
Trabajadores de la FGJE salen a las comunidades para promocionar la imagen de Alfonso Sánchez García
Según los señalamientos, trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala han salido de sus espacios laborales para distribuir material informativo que hace alusión al presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García. A estas acciones se suman actividades como la difusión de contenido relacionado con el edil en redes sociales, así como la colocación de imágenes en perfiles personales con las iniciales “AS”.
De acuerdo con el testimonio, los trabajadores de la Fiscalía habrían sido obligados a colocar dicha imagen en sus cuentas personales y, posteriormente, enviar capturas de pantalla como evidencia del cumplimiento.
Mientras tanto, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece, en su artículo 7, relativo a los delitos en materia electoral, sanciones que van de 50 a 100 días de multa, así como penas de prisión de seis meses a tres años, para quienes “recojan en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos”.
Asimismo, contempla sanciones para quienes soliciten el voto a cambio de pagos, promesas de dinero u ofertas laborales.
En paralelo, el artículo 11 de la misma legislación prevé castigos para los casos en que se obligue o amenace a trabajadores con el fin de que participen en actos proselitistas de precampaña o campaña, o para influir en su decisión de votar o no por determinado candidato.
Este medio de comunicación ha dado seguimiento al Escenario Electoral rumbo a 2027, en el cual se ha documentado que diversas figuras políticas han comenzado a incorporar su imagen —entre ellos Alfonso Sánchez García o Miguel Ángel Covarrubias Cervantes— y presencia en redes sociales como parte de su agenda pública.
En este contexto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros objetivos, el control en el uso de recursos públicos y la garantía de equidad en los actos de promoción previos a los procesos electorales.
Dicho artículo señala que toda propaganda “bajo cualquier modalidad de comunicación social”, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Asimismo, prohíbe la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen “promoción personalizada” de cualquier servidor público.
No obstante, bajo la política pública denominada “Más territorio, menos escritorio”, Alfonso Sánchez García ha comenzado a tejer una base clientelar a partir de acciones que, asegura, buscan acercar su figura como edil capitalino a la población de Tlaxcala.
De manera paralela, en las últimas semanas diversos medios de comunicación han difundido en redes sociales una serie de encuestas que, según se afirma, colocan a Sánchez García como puntero y favorito para gobernar el estado.
Sin embargo, en el entorno digital se ha señalado que dichos ejercicios habrían sido elaborados por integrantes y funcionarios del gobierno municipal. Pese a ello, los medios los han presentado como resultados concluyentes, sin transparentar una metodología clara y con aparentes inconsistencias en la recolección de datos.
A la par, el consejero Hermenegildo Neria Carreño, compartió para Escenario que la Ley General establece diversas multas bajo un régimen de penalidades graduales que varían según la gravedad de la conducta y en casos graves y reiterados, puede proceder la cancelación del registro o la anulación de constancias de mayoría.
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