Escenario Tlaxcala

Este país tiene el mayor número de presos por habitante en América del Sur, y una organización de familiares trabaja por sus derechos. Se calcula que unos 30.000 niños y niñas tienen a sus padres o madres privados de libertad.

Por Natalia Uval y Marina Santin

Es lunes y en el Espacio Colabora, en el centro de Montevideo, un grupo de mujeres y representantes de organizaciones sociales se reúnen para conversar sobre el impacto de tener familiares en la cárcel para los niños y niñas. Familias Presentes realiza estos plenarios mes a mes.

Están las mujeres que han liderado la conformación de la organización y también hay quienes llegan por primera vez. Una de ellas, vestida con ropa de trabajo ―son las seis de la tarde― y acompañada de una niña, dice que tiene a su hijo recluido en el Penal de Libertad. La emoción le impide seguir hablando.

No se sabe exactamente cuántos niños y niñas tienen a sus padres o madres privados de libertad en Uruguay, el país con más encarcelados por habitante de América del Sur y el décimo del mundo. Serán 30.000, estima alguien en el plenario. El Estado no dispone de esos datos y, por lo tanto, no existen políticas específicas para esa población, rehén de una situación que impacta en sus vidas y en su desarrollo. “El sistema penitenciario no reconoce el entorno afectado por la situación”, alertan. A veces los niños y niñas tienen vergüenza de decir que visitan a su padre o madre en la cárcel, y entonces mienten: “Voy a ver a mi papá al trabajo”, dicen, por ejemplo. Los adultos también lo hacen.

“No toda la familia reacciona de la misma forma. Para una parte de la familia es como si no existiera el tema”, contó a la diaria Carmen [nombre ficticio], una de las mujeres que se acercó al colectivo. Su hijo está privado de libertad, y si bien ella lo visita con regularidad, señala que sus dos hijos mayores “estuvieron seis meses sin ir a ver al hermano, sin preguntar cómo estaba”. “El único que me preguntaba era mi nieto, pobrecito, que me esperaba encontrar sola y me decía: ‘Abuela, no está en una jaula, ¿no?’”.

Lucía [nombre ficticio], otra de las familiares consultadas, plantea el desafío que implica “poder hablar y decir que tengo un familiar privado de libertad” y, a la vez, lo importante que es hacerlo para “visibilizar, porque a cualquiera le puede pasar, y hay que romper con el estigma”. “Yo tengo la alegría de que mis compañeros todos los domingos me preguntan ‘¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo estaba? ¿Qué está haciendo?’. Eso te reconforta, porque entonces vos sentís que no lo enterraron, que no está muerto”, agrega Carmen.

Marisa forma parte del colectivo Memoria en Libertad, integrado por niñas, niños y adolescentes que sufrieron las acciones del terrorismo de Estado en el siglo pasado. Ese día, en el plenario dice que hoy se siguen vulnerando los derechos de las infancias, que tienen que faltar a la escuela para asistir a las visitas, que no cuentan con preparación psicológica, que sufren estigmatización social.

Luisina trabaja en un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) que atiende a niños y niñas de entre tres meses y cuatro años que viven con sus madres privadas de libertad. Dice que no tienen recursos para atender toda la demanda, que hay niños y niñas aguardando ingreso. Que a veces la única salida que tienen esos niños son las consultas médicas y el CAPI. Un día hicieron una actividad de integración con los niños en La Floresta, en el departamento de Canelones, y sólo autorizaron a una madre a acompañarlos. A veces sancionan a la madre y la trasladan, y su hijo o hija debe interrumpir su proceso educativo.

En Familias Presentes hay un grupo que está trabajando específicamente en el impacto de la cárcel en los niños, niñas y adolescentes que tienen familiares privados de libertad. “Nos preocupan los niños en relación a la cárcel, tanto los que van como los que no van a visitar, porque, en realidad, hay muchas familias que toman la decisión por los niños de que no vayan, o los niños, cuando llega determinado momento, toman la opción de no visitar”, explicó en entrevista con la diaria Gabriela Rodríguez, una de las fundadoras de la asociación. A modo de ejemplo, apuntó que presentarán un proyecto al Instituto Nacional de Rehabilitación para “aliviar el tiempo de espera con alguna actividad recreativa o artística”.

Familias invisibles

En el plenario recuerdan que existen los Principios de Bogotá, que establecen derechos para los familiares de las personas privadas de libertad, y afirman que hay que tratar de eliminar esa visión de que los únicos afectados por la situación de privación de libertad son quienes están recluidos. Uruguay alcanzó, según cifras de 2023, la tasa de prisionización más alta de su historia: unos 400 privados de libertad por cada 100.000 habitantes (en el entorno de los 15.000 presos en todo el país). Esto implica que si hay entre cuatro y cinco familiares afectados por cada preso ―como estiman en el colectivo―, hay unos 70.000 uruguayos afectados directamente por la cárcel.

Pero Familias Presentes no nació de la preocupación de los familiares por su propia situación, sino para trabajar por los derechos de los privados de libertad. Fue con el correr del tiempo, al empezar a conversar entre ellos y conocer más experiencias, que se dieron cuenta de que el derecho de las personas presas “también están vulnerados”, recuerda Rodríguez. “Porque al principio decís ‘no me importa, yo me visto como sea, si quieren que me pare de mano me paro de mano, así puedo entrar, pero después pasan los años y uno se va dando cuenta de cómo eso va afectando y lo vas desnaturalizando’”, explica.

La diaria entrevistó a Rodríguez, Daniela Durán, Carolina Doglio y Martha Billares, integrantes de la organización. Consultadas sobre si en algún momento, desde que una persona es enviada a prisión, se les informa a los familiares sobre los derechos que tienen en su tránsito por el sistema penitenciario, las entrevistadas coincidieron en que no. “Para los familiares no hay nada, y eso es parte de lo que nosotros vamos aprendiendo”, sostuvo Durán. Por eso, Familias Presentes trabaja, entre otros puntos, en el acceso a información para los familiares de las personas privadas de libertad.

“Desde la organización entendemos que el sistema contempla a la persona privada de libertad y hace un abordaje individual. La familia, o el entorno en donde repercute también el sistema penitenciario ―porque nosotros también lo transitamos―, queda a un lado”, afirmó Doglio. Este desconocimiento, cuentan desde Familias Presentes, muchas veces se traduce en abusos o violencia institucional: “La institución te trata como si vos también fueras un delincuente”, aseguró Durán.

La paradoja que marcan desde el colectivo es que las familias son las que se encargan de cubrir los vacíos que deja el Estado. Cuya responsabilidad es “acompañar, pensar el egreso y sostener económicamente y emocionalmente a la persona”, explicó Doglio. La tarea de cubrir las necesidades básicas de la población en prisión recae, principalmente, sobre las mujeres, porque las que hacen las colas generalmente son mujeres, dicen, algo que se ve reflejado en la integración de la asociación, que es mayoritariamente femenina. “Eso agrava la situación de las mujeres que están privadas de libertad, porque, de pronto, tienen a la mamá, pero la mamá se tiene que hacer cargo de los hijos”, acotó Durán.

Sin embargo, tener un familiar en la cárcel no sólo incide en la economía de quien le lleva el paquete de comida o los productos de limpieza: hay que hacerse tiempo para visitar, lo que implica tener tiempo libre o flexibilidad laboral para adecuarse a los horarios de las visitas, y la preparación debida para ir, porque no se entra en cualquier condición. “Tenés que tener, como decimos todos, el ‘uniforme’”, explicó Martha. En general ―porque cada establecimiento tiene sus reglas― los colores prohibidos son el negro, el azul, el verde, el estampado camuflado, el blanco, el gris oscuro, el beige. “Tiene que ser pantalón largo, no puede ser bermuda, no puede ser pollera, no puede ser pantalón roto ni plataformas”, agregó Daniela.

“En el [ex] Comcar (una de las cárceles con peores condiciones de Uruguay) no se puede usar capucha ni gorro en invierno ni sombrero para el sol en verano. Las recomendaciones del Ministerio de Salud para los familiares de privados de libertad no corren”, apuntó Gabriela. Doglio agregó que las normas de vestimenta están atravesadas por la violencia de género: “Tenés que pensar qué es lo que te vas a poner para ir y también tenés que dejar de ser vos, porque si me pongo esta calza”, ejemplificó, “capaz que voy a provocar a alguien”. Y ante la necesidad, surge una respuesta del mercado: “En todas las cárceles hay gente que alquila ropa para que puedas entrar”.

Después de entrar está la revisión, y donde no hay escáner ―o los funcionarios entienden que no alcanza― hay que pasar a “la pieza”, apuntó Doglio, en referencia a una sala en la que el visitante se debe desvestir y se lo somete a una revisión más exhaustiva. “Tenés que descalzarte, sacarte la ropa, mostrar tus orificios, agacharte, toser”, explicó. Los elementos descartables, como pañales de bebés y de adultos o los protectores femeninos se desechan: “Hay que llevar un pañal de repuesto porque ese va para la basura y es a costo de la familia”, remarcó Rodríguez.

Con todo, Doglio apuntó que la frustración más grande es la de las familias que quieren pero no pueden acompañar materialmente a sus familiares privados de libertad: “Las cárceles están llenas de gurises que son, la mayoría, jóvenes y pobres, y eso también tiene mucho que ver, porque a veces las familias quieren acompañar, pero no pueden, capaz que no tienen recursos, que no tienen herramientas, que no tienen para mandar un paquete todas las semanas y para mandarle las cosas básicas”, lamentó.

Las cosas tampoco son fáciles a nivel emocional. “No hay nadie que te explique, que te diga ‘mire, va a pasar tal cosa, van a pasar dos semanas, lo van a evaluar y él va a estar en tal lugar’, o sea, vos vas averiguando medio que a los ponchazos”, señaló Doglio, y describió esa sensación como la “angustia de no saber dónde está la persona que querés, que, con suerte, te comunicaste una vez o le pudiste ir a alcanzar algo, y la incertidumbre. La incertidumbre te genera angustia y dolor”.

“Ahí vienen las madrecitas”

Familias Presentes se empezó a conformar en agosto de 2022. Rodríguez señaló que el “empujón” para su creación lo dio Graciela Barrera, hoy senadora por la coalición de izquierda Frente Amplio pero por entonces presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia. “Ese impulso lo dio a partir de haber vivido como víctima. Desde ese lugar ella siempre comprendió muy bien, con mucha grandeza humana, que no hay dos veredas, que las personas estamos todas dentro de la sociedad y, por distintas circunstancias, nos tocan distintos roles”, reflexionó Rodríguez, que también mencionó como “otro gran impulsor” al exdirector de la Dirección Nacional del Liberado Jaime Saavedra.

Rodríguez sostuvo que lo que movilizó a las fundadoras fue que “desde la primera vez que nos paramos en una cola y desde la primera vez que tuvimos que decir ‘a dónde vamos a averiguar esto’” notaron que faltaba “una pata”, que eran “las familias organizadas, porque nadie más que nosotros va a estar interesado en que las familias tengan un trato digno, tengan la información que tengan que tener y en evitar abusos”. Asimismo, consideró que la idea “llegó en el momento en el cual nosotros, como familias, también estábamos en condiciones de asumir el trascender la situación individual para poder trabajar por lo colectivo”.

Rodríguez entiende que la situación carcelaria, marcada por el hacinamiento, la violencia y la precariedad, es más visible ahora que “hasta hace dos, tres o cuatro años”, algo que favorece el reconocimiento que ha tenido Familias Presentes en los años que lleva trabajando. “Hoy por hoy es como una preocupación más cotidiana, y no decimos que sea obra de Familias Presentes, pero también por algo somos reconocidos y se busca nuestra voz para para conocer lo que pensamos, lo que sentimos; evidentemente porque era una voz que no existía, que no era visible”, apuntó.

Si bien confesó que “es difícil”, Rodríguez tiene la esperanza de que “como sociedad algún día terminemos de comprender” que el camino no es “gastar en cárceles, sino que si hacemos las cosas de otra manera, vamos a estar invirtiendo” en rehabilitación, y que eso se debe acompañar de más medidas alternativas a la prisión. “Nuestra sociedad durante muchos años ha pedido como solución a la seguridad más cárceles, más penas y más largas, y el sistema político, en parte, ha respondido, lamentablemente, con una inflación punitiva atroz que hoy creo que nadie puede sostener que haya sido la solución a algo”, subrayó.

Rodríguez resaltó que Familias Presentes va a tener un lugar en la mesa interinstitucional e interpartidaria que convocaron la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario Penitenciario “para la transformación del sistema carcelario”, y entiende que esto es “la consagración de que lo que hemos venido haciendo y la forma en que hemos venido trabajando genera el respeto necesario”.

Por su parte, Billares indicó que en el marco del año electoral la organización se planteó un “acercamiento a todos los partidos políticos y, seguramente, hacer alguna actividad en la que tengan que exponer públicamente su postura frente a ciertas cuestiones” vinculadas al sistema penitenciario. Asimismo, Familias Presentes trabaja en una guía de recursos para familiares de personas privadas de libertad, con el fin de “asesorar a la gente, a dónde puede llegar, cómo tiene que llegar, con la ropa, cuando uno precisa un traslado para dónde se tiene que dirigir” y otras dudas frecuentes.

Del otro lado

Por otra parte, Rodríguez señaló que “para los privados de libertad” es importante “saber que hay gente fuera que les importa” lo que pasa del otro lado de las rejas. “Lo vivimos con Martha: llegamos a la cárcel de Canelones y, cuando empezamos a pasar [por las celdas escucharon], ‘che, che, ojo, ahí vienen las madrecitas’”, ejemplificó Durán. Las demás integrantes coincidieron en que perciben el agradecimiento de los privados de libertad. “Agradecen en todo momento que alguien se importe por ellos”, afirmó Durán.

En diálogo con la diaria, un privado de libertad que se encuentra cumpliendo pena en la Unidad 4 de Santiago Vázquez contó que conoció Familias Presentes a dos semanas de haber llegado: “Les expliqué mi situación, ellos me escucharon y me vinieron a ver, me trajeron cosas que precisaba, de higiene, alimentos, y se pusieron a mi disposición. Me explicaron bien de lo que se trataba [la organización], fueron como un apoyo familiar”, aseguró. Dijo que lo ayudaron a conseguir “un lugar en los estudios”, algo que describe como “muy difícil en el sistema carcelario”, porque “es muy lento y trancado”.

“También es muy difícil la asistencia médica; por lo visto, acá si no estás grave no es una emergencia, y también me ayudaron en eso. Siempre están apoyándome y preguntándome cómo me fue, cómo me siento, me han dado un apoyo de una familia unida y lo han hecho con muchos de este establecimiento”, afirmó. “Al menos ya no siento que estoy solo”.

Esta historia fue publicada originalmente en la diaria (Uruguay) y es republicada dentro del programa de la Red de Periodismo Humano, apoyado por el ICFJ, International Center for Journalists.

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• Don Luis Augusto Reyes, de 82 años, falleció tras un asalto en su hogar en Tlaxcala donde fue dejado atado de pies y manos, lo que indignó a sus familiares debido a la falta de atención médica oportuna.

Tlaxcala, Tlax. Luis Augusto Reyes, de 82 años, falleció luego de un mes de luchar por su vida tras sufrir un violento asalto en su hogar. El atraco ocurrió el pasado 1 de mayo en la comunidad de Belén Atzitzimititlán, municipio de Apetatitlán.

Sujetos desconocidos irrumpieron en su casa, robándole las escrituras de dos terrenos y varios bienes, dejando al anciano atado de pies y manos. La gravedad de sus lesiones lo llevó a una dolorosa cirugía en la que tuvieron que amputarle las manos.

El señor Luis Augusto Reyes fue encontrado dos días después del asalto, severamente herido, en el piso de su domicilio ubicado en la carretera Tlaxcala-Apizaco.

Sus manos y pies estaban morados y las lesiones sufridas resultaron en un daño irreparable en el torrente sanguíneo.

A pesar de los esfuerzos médicos en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Adolfo López Mateos de la Ciudad de México, donde pasó 20 días luchando por su vida, no logró sobrevivir y 20 de mayo se confirmó su fallecimiento.

Don Luis fue despedido entre música de viento de una orquesta de la que era miembro. Las autoridades continúan investigando el caso en busca de los responsables de este crimen.

Familiares de Don Luis Augusto Reyes denuncian negligencia y falta de atención en Tlaxcala

La familia de Luis Augusto Reyes denunció que ni la Policía Estatal ni la Fiscalía del Estado tuvieron conocimiento del caso hasta que ellos lo denunciaron en medios de comunicación.

Según sus familiares, cuando Don Luis Augusto ingresó al Hospital General de Tlaxcala, no recibió atención médica hasta que presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Fue entonces cuando fue trasladado al Hospital General del ISSSTE Adolfo López Mateos, en la Ciudad de México.

Finalmente, en el hospital capitalino, los médicos hicieron todo lo posible por salvar la vida del hombre de la tercera edad, quien finalmente requirió una cirugía para amputar sus manos. A pesar de los esfuerzos médicos, Don Luis Augusto falleció días después.

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