Tlaxcala, Tlax.- Pese a la ausencia de seguimiento con la ciudadanía en las mesas de diálogo para avanzar en la ejecución del proyecto «Ciudad de la Juventud», el Gobierno del Estado publicó el pasado 23 de noviembre un boletín en el que asegura la sustentabilidad y claridad de esta obra.
Tras revisar declaraciones, documentos y anuncios oficiales, encontramos datos engañosos y afirmaciones que contradicen la realidad del proyecto. Aquí te presentamos un recorrido verificable por las inconsistencias, omisiones y falsedades que han sostenido las instituciones frente a la ciudadanía desde que se presentó el proyecto.
1. FALSO
“Desde el inicio del proyecto se estableció una mesa de trabajo abierta con colectivos, especialistas y vecinos, misma que se mantiene activa.”
Las acciones comenzaron el 20 de octubre sin previo aviso. Ese día, las personas que asistieron al parque no pudieron ingresar y se les informó que permanecería cerrado sin fecha de reapertura. Algunos integrantes del grupo de baile terapia señalaron que funcionarios del ITJ les propusieron una supuesta mesa de diálogo para informarles sobre las acciones que se estaban ejecutando, pero esa mesa nunca se realizó.
La última mesa de diálogo que se realizó con la ciudadanía fue el 10 de noviembre, en ella, se estableció que la próxima reunión sería el martes 18 de noviembre. Los funcionarios acordaron establecer una hora, la cual sería informada por ellos a través de los canales oficiales de comunicación; dicha mesa se haría siempre y cuando las distintas secretarías enviaran los documentos del proyecto que los ciudadanos exigieron, entre ellas la MIA, mismos que no fueron entregados.
2. FALSO
“(…) el proyecto mantiene total transparencia.”
Desde el anuncio del proyecto, ciudadanos se han movilizado para exigir transparencia ante las dependencias correspondientes. Aunque en la mesa de diálogo del 10 de noviembre se acordó entregar documentos como el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el proyecto ejecutivo y los renders de los planos, hasta ahora esos archivos no han sido transparentados.
3. ENGAÑOSO
“Continúa abierto un espacio de participación ciudadana mediante un cuestionario que permitirá recabar opiniones para realizar ajustes que fortalezcan la obra.”
El Gobierno estatal no ha difundido esta encuesta de manera oficial en canales oficiales-públicos. El 5 de noviembre, el vocero de Gobernación, Antonio Martínez, mencionó durante el Diálogo Circular la existencia de un cuestionario abierto a la ciudadanía sobre el proyecto. Sin embargo, ninguna secretaría ha difundido la encuesta en sus redes oficiales. Dicha encuesta se encuentra con la siguiente dirección https://parquedelajuventudtlx.com/ y no hay información de cuánto tiempo estará abierta, ni cuantas respuestas recibirá.
4. FALSO
“El proyecto fue diseñado con criterios de sustentabilidad, integrará jardines de lluvia, reforestación con especies nativas y un sistema de captación de agua pluvial mediante un estanque biológico.”
En el primer boletín donde se informó el cierre del Parque de la Juventud, el ITJ aseguró que el proyecto buscaba convertir el espacio en un lugar moderno e incluyente para las y los jóvenes tlaxcaltecas. En ese documento no se mencionó ningún enfoque ecológico ni de sustentabilidad.
5. FALSO
“La transformación del Parque de la Juventud en la Ciudad de la Juventud es una apuesta por un espacio público seguro, moderno, ecológico e incluyente, que responda a las necesidades presentes y futuras de la juventud tlaxcalteca.”
El proyecto no responde a criterios de inclusión. En la mesa de diálogo del 10 de noviembre, el funcionario Vicente Mazmorra Herrera informó que el Gobierno estatal tiene proyectado otro parque, denominado “Parque de la Inclusión”, dirigido exclusivamente a personas con discapacidad.
El boletín también actualizó que la intervención contempla una inversión de 61.8 millones de pesos para habilitar espacios recreativos, culturales y deportivos. Inicialmente, la obra tendría una inversión de 122 millones de pesos, divididos en dos etapas.
Finalmente, el documento reitera que las dependencias involucradas —el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), la Secretaría de Infraestructura (SI) y la Secretaría de Medio Ambiente (SMA)— han informado sobre los avances del proyecto. No obstante, no reconocen el trabajo ciudadano que ha presionado para que la obra incorpore perspectivas ambiental, histórica e incluyente.
Este 26 de noviembre, el movimiento Salvemos el Parque de la Juventud ofreció una rueda de prensa para informar a la ciudadanía sobre los avances y actividades que han realizado en pro del parque; además exigieron la salida del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) al señalar la incapacidad de atender las necesidades de la ciudadanía tras el proyecto «Ciudad de la Juventud», por lo que considerarán una propuesta de algún centro de investigación o alguna institución a nivel federal para este parque.
Consulta la cronología del proyecto de la «Ciudad de la Juventud» aquí.
TLAXCALA, Tlax., En el Paro Nacional carretero, los campesinos tlaxcaltecas llamaron al gobierno federal a nacionalizar Minsa para terminar con la precarización del campo, mejorar los precios de garantía del maíz y evitar la diferencia que existe entre la compra a 3 o 4 pesos el kilo de este grano a los agricultores y la venta de la tortilla a 20 pesos o más, donde la ganancia mayor es para los industriales pese a que el trabajo fuerte se encuentra en el agro mexicano.
Este tema ya ha sido evidenciado en fechas pasadas por el ex presidente del Consejo Estatal del Sistema Producto Amaranto, Perfecto Barrales Domínguez en manifestaciones frente al Palacio Legislativo en Tlaxcala, para llamar a los diputados a reaccionar contra las afectaciones al campo en la entidad y encontrar respuestas que beneficien a la ciudadanía, sin embargo, no han existido resultados al respecto.
Este líder campesino, ha señalado que la solución a este problema de los bajos precios de garantía al maíz encontrarían respuesta cuando el gobierno federal decida nacionalizar Minsa, que es la empresa de harina de maíz nixtamalizado y tortillas de maíz empacadas que controla el mercado nacional y extranjero.
Incluso, ha evidenciado que el problema de la caída del precio del maíz tiene su origen en la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y que en la renegociación del T-MEC en el año 2026 debería considerarse sacar los granos básicos como el maíz, frijol y trigo de este acuerdo comercial para ofrecer más garantía a los campesinos y al sistema alimentario en México.
Sin embargo, pese a esta petición la respuesta del gobierno federal no se ha dado y no solamente porque ignore a los campesinos y la situación del agro mexicano, sino porque la precarización del campo beneficia y conviene a los industriales, pero más aún a la dueña de Minsa, que es Altagracia Gómez Sierra, quien se desempeña actualmente como asesora directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y recibió contrato de 346 mdp del gobierno federal, en tanto, siendo coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, presentó el 27 de noviembre de 2024 el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, así como los empresarios y CEO’s que apoyan en las inversiones privadas de este gobierno.
Minsa y el control del maíz en México
El maíz es uno de los alimentos más importantes del país, pero la producción se ve afectada por los precios de comercialización y otros factores como la tecnología y la industrialización.
Para conocer un poco sobre la historia de Minsa, hay que retroceder a los años previos del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la privatización de las empresas mexicanas realizada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortarí, donde el gobierno federal malvarato las empresas estatales para ponerlas en manos de industriales y empresarios allegados a este presidente.
Minsa es una empresa mexicana que nació como Miconsa (Maín Industrializado Conasupo) que fue creada por el gobierno federal en 1952 y que tras la venta de los activos en 1993 a Alfonso Gómez Omea dueño original y padre de Altagracia Gómez Sierra actual dueña de esta empresa y asesora de Sheinbaum, se convirtió en la empresa Minsa, una de las principales productoras de maíz nixtamalizado en el mundo.
En 1952 fue construida la primera planta en el Estado de México (Edomex), posteriormente y tras su crecimiento se expandió en infraestructura con otras plantas en Arriaga, Chiapas; Jaltipan de Morelos, Veracruz y posteriormente en Guadalajara, Jalisco y después en Arispe, Coahuila, mientras que en octubre de 1993 fue privatizada y en 1994 los dueños adquieero una planta en Iowa Estados Unidos y otra planta en Texas para internacionalizar esta empresa y el mercado, lo que llevó a que en el año 2020 Minsa fuera relanzada en Estados Unidos.
En la actualidad Minsa influye en los precios que se pagan a los productores en la compra de maíz, lo que representa una concentración de poder y que representa un conflicto de interés grave para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Campesinos tlaxcaltecas reclaman precios justos de garantía para el maíz
Por ello, el llamado de Perfecto Barrales en en recuperar el control de Minsa por el Estado y con ello, garantizar los precios del maíz en México, además de justicia para los campesinos, toda vez que los productores han perdido poder de negociación mientras que las empresas como Minsa se enriquecen a la sombra del Estado.
Tras el paro nacional y sus antecedentes en las últimas tres semanas en las mesas de diálogo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y su titular federal Julio Berdegue Sacristán, los productores campesinos han reclamado que es una burla que se compre y pague a ellos, 3 o 4 pesos el kilogramo del maíz cuando la tortilla la venden a 20 y 30 pesos, además de referir que con un kilo de maíz que se compra al campo mexicano en la industrialización la producción arroja un kilo y medio de tortillas.
“Uno anda enfermo, todo madreado y andar trabajando, mientras ustedes apoyan a empresarios que ganan miles de millones, ¿Por qué subieron la tortilla a 25 o 30 pesos cuando pagan el maíz a 4 pesos, y con un kilo de maíz se hace un kilo 600 gramos de tortilla?, ¿A quién están protegiendo chingada madre, tengamos vergüenza compañeros es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros, dónde están los empresarios?», reclamó uno de los campesinos en las mesas de diálogo con los funcionarios de gobierno.
Ante los bloqueos carreteros, el secretario de Agricultura, ha reclamado que bloquear las vías federales constituye un delito y que algunas manifestaciones prodrían tener motivaciones políticas, sobre esta acusación la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) respondió en un comunicado que la protesta no responde a intereses políticos y que los conductores en su trabajo diario se exponen a un riesgo constante de robos, extorsiones y secuestros.
“Queremos precisar algo: nosotros no protestamos pacíficamente por intereses políticos ni por molestar a la gente. Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”, dice el comunicado.
Por su parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum minimiza sus reclamos, en lugar de atender los problemas estructurales del país y del campo, como los precios de garantía, el acceso al agua y falta de mecanismos que permitan a los productores condiciones más justas y competitividad.
“No somos criminales, Secretaria, somos la evidencia viva de la crisis que ustedes han ignorado. El bloqueo de hoy es un grito de auxilio de cada sector harto de la violencia, la inseguridad y la sordera oficial”, reclamó en sus redes sociales.
Este mismo planteamiento ha sido evidenciado en Tlaxcala en sus demandas a los diputados locales por Perfecto Barrales, al señalar.
“Los que no siembran se llevan la ganancia, y los que alimentan al país apenas sobreviven”, reclamó.
El feminicidio de Esmeralda N. fue cerrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala pese a múltiples inconsistencias; familiares exigen que el caso sea reabierto
Tlaxcala, Tlax.- El pasado 11 de octubre, medios de comunicación de nota roja publicaron un posible caso pasional y suicidio en Tetlatlahuca; en donde se encontraron los cuerpos de dos jóvenes, Esmeralda N. y Aldo N. en la habitación 301 en el hotel Cacaxtla, ubicado en la carretera 90730, V. Carranza 5, 90733 Tetlatlahuca, Tlaxcala. A pesar de la múltiples inconsistencias sobre cómo se dieron los hechos, el caso fue cerrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE). Familiares y amigos exigen justicia y transparencia en el caso.
Esmeralda N. dedicaba sus mañanas a estudiar contabilidad en la Universidad de Derecho de Zacatelco y por las tardes, trabajaba en una taquería. Ella y sus dos hermanos vivían en el segundo piso de una casa, y en la planta baja se encontraba la taquería donde trabajaba. Vivirían en ese lugar hasta diciembre, posteriormente se cambiarían a la casa que construían sus padres.
La madre de Esmeralda y ella mantenían contacto mutuo, hasta el fin de semana del 10 al 12 de octubre, que perdieron comunicación. Fue a través de las noticias que volvió a saber de ella. Amigos y familiares de Esmeralda N. y Aldo N. (la otra victima del caso), comenzaron a movilizarse y dar con su paradero con terceros. Al llegar al hotel Cacaxtla que referían los medios de comunicación, los familiares de Aldo N. vieron que las placas del vehículo correspondían a las de él.
Este, sería el inicio de distintas irregularidades en los hechos narrados por parte de elementos del Ministerio Público en el feminicidio de Esmeralda N. y el homicidio de Aldo N.
De acuerdo con personas que pidieron el anonimato por seguridad, señalaron que ambas familias afectadas no han tenido el mismo trato por parte del Ministerio Público.
«Le pidieron a la familia de la afectada el reconocimiento del cuerpo y las pruebas de ADN para la coincidencia familiar, pero al poco tiempo les dijeron que llamaran a una funeraria… ni siquiera habían hecho las pruebas».
De acuerdo con medios de comunicación locales, ambos cuerpos presentaban golpes, Esmeralda en el rostro y Aldo de arma blanca en el cuerpo.
Para sus los familiares, conocidos y amigos de los afectados, estos datos son ilógicos, pues cuestionaron que la fuerza física de Esmeralda, no corresponde a los golpes registrados en el cuerpo de Aldo. En el seguimiento de los hechos, a los familiares involucrados se les dijo que Esmeralda y Aldo se atacaron mutuamente, además de agregar que encontraron un arma blanca.
«(…) Dijeron que se habían atacado entre sí, que Esmeralda había atacado a Aldo y que él a ella».
Las denuncias anónimas refieren que se le dio acceso a la carpeta de investigación de la familia de Aldo. A ellos, sí les mostraron fotografías además de mencionar por el mismo Ministerio Público, que hubieron terceras personas las involucradas en el caso. Sin embargo, a la familia de Esmeralda les habían alargado la carpeta de investigación refiriendo la espera de 8 a 15 días, desde el lunes 13 de octubre. Para que finalmente, el pasado 10 de noviembre, el funcionario José Aguilar Cantero les informara que dicha carpeta se había cerrado tras concluir que «ambos se habían matado entre sí».
«A la mamá de Esmeralda le han dicho que fue un caso pasional, pero seamos sinceros, su hija era delgada y de estatura baja, y él mucho más alto… le llegaba apenas en la parte del hombro como para que tuviera la fuerza de hacerle 6 puñaladas».
De acuerdo con la denuncia anónima, el cuerpo de Aldo N. contaba con moretones en las manos (como si hubiera estado amagado) y la boca hacia abajo.
Otra denuncia anónima señala que durante las visitas de las personas declaratorias, una persona llegó a las oficinas del ministerio público a entregar los videos del hotel Cacaxtla. Mismos, que hasta el momento, se han mantenido reservados, sin que las familias de ambos tengan acceso.
Estas acciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, infringen la ley. De acuerdo con el criminólogo, Alonso Longoria el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que los actos de investigación no necesitan autorización de algún juez para realizar la investigación correspondiente en el lugar. Es decir, que el policía puede llegar al lugar de intervención y solicitar la entrega de grabaciones y compartir la información con los familiares.
«En el mejor de los casos la dirección del hotel no pondría resistencia y le diría: <sí, te las puedo entregar si me traes una memoria, cualquier cosa>. Muchas veces los hoteles piensan que se pueden meter en problemas y ellos entregan grabaciones, lo cual es un error. Pero cuando la gente se opone, le dice al policía, no te las puedo entregar a menos que me des un escrito; entonces el policía lo solicita a la gente del Ministerio Público».
Refirió que una vez que una de las partes acceden a ver los videos, estos ya hubieron sido revisados, por lo que todos los afectados tendrían el mismo derecho a verlos. El criminólogo agregó que para tener acceso directo a una carpeta de investigación,se requiere que seas un familiar directo de la victima, es decir, madre, padre o hijo.
Además, durante el fin de semana del 10 al 12 de octubre, familiares y amigos de las victimas señalaron que ambos se portaron «raros»; refiriendo algunos mensajes escritos como por parte de Esmeralda N. en donde señalaba el siguiente texto: «Ya deja de seguirme estúpido, yo amo a Aldo». De acuerdo con familiares, este hecho deja entrever que una tercera persona estuvo involucrada en este hecho pero que la Fiscalía decidió omitir al momento de realizar la investigación.
¿Cómo podemos asegurar que las autoridades que intervienen en estos casos cumplan con los protocolos para la investigación, procuración e impartición de justicia y además, lo hagan con perspectiva de género?
De acuerdo con el criminólogo, Alonso Longoria no hay un plazo definido que establezca la ley para presentar información a los familiares, pero tampoco se les restringe el derecho al acceso a la información. El artículo número 20 de la Constitución, Mexicana así como el artículo 109 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan que las víctimas tienen derecho a recibir información y a consultar en cualquier momento la carpeta de investigación, salvo que el Ministerio Público justifique que habrá reserva de datos por un tiempo para no “entorpecer la investigación”.
Sin embargo, la investigación de un delito puede llevar años, mientras no se judicialice la carpeta de investigación, es decir, mientras no haya alguna persona detenida a la que pueda acusársele del hecho. Sin embargo, el MP está obligado a dar información del caso cada que las personas afectadas lo requieran.
Hasta el momento, la carpeta de investigación FG-AIHOM-S/02/2025 correspondiente al caso de muerte de Esmeralda N. se ha cerrado.
Este caso, se une a las carpetas de investigación que la Fiscalía del Estado señala dar seguimiento. Sin embargo, desde la creación de la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala en agosto de 2021, la FGJE no ha dado continuidad a las medidas para el seguimiento a los feminicidios.
De acuerdo con la directora del Colectivo Mujer & Utopía, Edith Méndez, señaló que una de las medidas de la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala para el seguimiento de los casos por feminicidios, en cuanto a su investigación y sanción adecuada, es la existencia de una base de datos en el estado, independiente a la información que el Secretario de Ejecutivo ofrece, para que se conociera cuántas carpetas de investigación hay por feminicidios en Tlaxcala; hasta la fecha, esta medida no ha sido aplicada.
«Nos ha tocado que solicitan asesoría de cómo proceder, al menos en tres ocasiones nos han mencionado que la carpeta de investigación no avanzó por feminicidio, sino que se reclasificó o que simplemente se detuvo».
Refirió que el último caso del que tiene conocimiento, sucedió el pasado 04 de noviembre, en donde la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por desaparición y no por feminicidio, a pesar de que Fernando N. confesara haber asesinado a Marian N. y encubrir el hecho como un secuestro.
Que, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la persona cometa el delito de desaparición forzada tendrá de cuarenta a sesenta años en prisión.
La directora del colectivo, señaló que la reclasificación de tipo de incidencia, corresponde a la narrativa de que «Tlaxcala es el estado más seguro del país» que se quiere mantener.
Hasta el momento, de acuerdo con la base de datos del Colectivo Mujer & Utopía, se han registrado 15 casos de feminicidios en Tlaxcala de lo que va de 2025, por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad ha reportado 6 casos durante el mismo periodo.
TLAXCALA, Tlax., Campesinos y transportistas de Tlaxcala se sumaron al Paro Nacional y cierre de carreteras en autopistas de al menos 25 estados de la República como protesta contra la reforma a la Ley de Agua propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, exigen al gobierno federal precios justos y de garantía para granos básicos, como el maíz, y sacar estos productos del T-MEC, reconocer la agricultura como actividad prioritaria y estratégica, así como mayor presupuesto al campo tlaxcalteca. Por su parte, los trabajadores del volante piden seguridad, mejores condiciones laborales, y un alto a las extorsiones y a la persecución del crimen organizado, toda vez que son presa de constantes asaltos en las carreteras de la entidad.
Los campesinos han denunciado la caída en los precios agrícolas, el aumento de costos operativos y la falta de apoyos federales. De ahí que han presionado al gobierno federal a través de cierres carreteros como el realizado a finales de octubre y principios de noviembre de este año. Asimismo, han advertido que, de no haber solución, podría existir desabasto de mercancías en los próximos días.
Ante esto, campesinos y transportistas tlaxcaltecas también se sumaron a las protestas, denunciando que viven precarización, inseguridad y una disminución en el valor de su producción.
Aquí te compartimos qué es lo que está pasando y las demandas de estos bloqueos en la entidad.
1. ¿Quiénes movilizan el Paro Nacional?
Se trata de miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).
Este bloqueo afecta por lo menos 25 ciudades del país y autopistas y accesos al Valle de México, además de casetas y aduanas.
Los estados más afectados en este Paro Nacional, según las autoridades, son: Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.
2. Nueva Ley de aguas y sus afectaciones en el campo tlaxcalteca
En estos cierres iniciados desde el mes de octubre, los campesinos tlaxcaltecas mantuvieron bloqueadas las carreteras México–Los Reyes Zacatepec a la altura de Nanacamilpa y Sanctorum, además de la autopista Arco Norte en el tramo Calpulalpan, así como la vía férrea de Muñoz de Domingo Arenas, a la altura de la comunidad de Cuamantzingo.
Demandaron precios de garantía justos para sus cosechas, así como subsidios para el diésel y fertilizantes, por lo que el secretario federal de la SADER, Berdegué Sacristán, se comprometió a negociar con ellos en Tlaxcala y no en la CDMX.
Previo a esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso de la Unión la propuesta de la nueva Ley General de Aguas (LGA) promovida por Morena, lo que generó mayor tensión para el gobierno federal ante el rechazo de sectores campesinos, quienes consideran que la iniciativa pone en riesgo el patrimonio de miles de familias rurales, al ser impulsada sin diálogo y bajo un proceso de exclusión, advirtió el diputado federal priista Alberto Ambriz Delgadillo.
Posteriormente, el 18 de noviembre, la Cámara de Diputados estableció un parlamento abierto para discutir la nueva Ley General de Agua, donde campesinos, productores, ejidatarios y representantes empresariales acusaron al gobierno federal de impulsar una reforma que eliminaría la transmisión de concesiones, centralizaría las decisiones en la Conagua y pondría en riesgo la producción de alimentos.
Los agricultores advirtieron que esta propuesta implica un riesgo grave para la propiedad y operación de terrenos agrícolas, debido a que las concesiones de agua dejarían de ser transmisibles en caso de fallecimiento del titular. La iniciativa establece que, al morir el concesionario, el derecho de agua se cancela automáticamente, por lo que los herederos ya no pueden operar ese derecho.
Lo cambios que trae esta iniciativa
La propuesta de Claudia Sheinbaum elimina la compraventa de concesiones entre privados.
Las prórrogas deberán pasar por la Conagua.
Se crea un Registro Nacional del Agua para dar certeza jurídica.
Limita el pago de la cuota de garantía a un máximo de cinco años.
Prohíbe transferir concesiones cuando exista cambio de uso de suelo.
Tipifica como delitos hídricos la explotación ilegal de cauces y la corrupción en concesiones; es decir, cualquier nuevo pozo no aprobado sería perseguido por la Federación con penas específicas.
3. Garantía de mejor precio de compra en su producción
El pliego petitorio de los campesinos al gobierno de Sheinbaum es fijar precios de garantía para los granos básicos como el maíz, frijol y trigo, para que estos cubran los costos reales de producción y aseguren una utilidad razonable, demandan un precio de venta de 7 mil 200 pesos por tonelada, además solicitan que el Estado fortalezca la agricultura nacional, lo que implica sacar los granos básicos del esquema comercial impuesto por el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos y de la bolsa de Chicago, así como la creación de una Banca de Desarrollo para el campo desaparecida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, además de una política que regule las importaciones de los granos.
Por tanto, los campesinos piden el reconocimiento del gobierno federal de la agricultura como un asunto de interés nacional y la suspensión temporal de la discusión de la Ley de Aguas Nacionales.
4. Transportistas exigen seguridad real ante el incremento de robos en carreteras y fallas en la vigilancia
Por su lado, los transportistas tlaxcaltecas que participaron en el Paro Nacional exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo mayor seguridad en las carreteras federales, así como la mejora de sus condiciones laborales, luego de años marcados por asaltos, agresiones, robos y secuestros, además de pagos injustos por el traslado de mercancías.
Los operadores señalaron que necesitaban garantías de libre tránsito en autopistas y vías de comunicación, particularmente en tramos considerados de alto riesgo como el Arco Norte, su conexión hacia Amozoc, y la carretera Calpulalpan–Texcoco. También demandaron protocolos efectivos de vigilancia y una red de comunicación funcional, debido a que existen zonas donde no hay cobertura telefónica y áreas donde grupos delictivos operaban con inhibidores de señal.
El comisionado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, confirmó que la mayor concentración de delitos contra transportistas se registraba en el Arco Norte, además de que la inseguridad en la vía Calpulalpan–Texcoco dificultaba el trabajo policial. Explicó que los delincuentes utilizaban inhibidores para convertir a Sanctorum en una zona de vacío de señal, lo que facilitaba los robos en el tramo Sanctorum–San Martín Texmelucan y otras partes de la pista hacia Puebla–Amozoc.
Los transportistas también pidieron una persecución real al crimen organizado, así como mejores condiciones laborales y protección frente a extorsiones, al considerar que las autoridades no contenían adecuadamente a los grupos delincuenciales que operaban en la región.
Las cifras en materia de seguridad respaldaron sus reclamos. Para 2025, Tlaxcala se posicionó entre las entidades con mayor incidencia de robo al transporte de carga, principalmente en la Autopista Arco Norte. El Reporte Q1 2025 de México Evalúa colocó al estado dentro del Top 10 nacional, parte del 84% de los robos concentrados en el centro y sureste del país. La empresa internacional Overhaul también ubicó a Tlaxcala en el noveno lugar nacional, con el 4% de los robos registrados durante el primer trimestre del año.
Datos del Observatorio Ciudadano del IGAVIM señalaron que, para el tercer trimestre de 2025, el estado retrocedió cinco posiciones en el ranking nacional de robo al transporte de carga, al pasar del quinto al décimo lugar, con una tasa de 0.28 robos por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional de 1.10.
5. En Tlaxcala cerraron cuatro puntos carreteros
En Tlaxcala, transportistas y campesinos realizaron el cierre de cuatro puntos viales, afectando la circulación en la México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa (Madero), Calpulalpan y Zacacalco, así como en Cuapiaxtla, la Tlaxco–Apizaco y la Tejocotal–Tlaxco. También fue bloqueado el Arco Norte, en la caseta de Sanctorum y en el kilómetro 79.
Durante las protestas, los manifestantes exigieron mayor seguridad ante asaltos, extorsiones y ataques a operadores, así como solución a trámites pendientes como placas, licencias y revisiones médicas. Los campesinos reclamaron además precios de garantía para el maíz, frijol y trigo, el retiro de estos productos del T-MEC y atención a los títulos de aprovechamiento de agua.
Transportistas de la ANTAC denunciaron robos a mano armada en la México–Veracruz, principalmente en Calpulalpan y Zacacalco, zonas consideradas de mayor riesgo en los límites entre Tlaxcala y el Estado de México.
Aunque los cierres fueron por tiempo indefinido, los manifestantes permitieron el paso a servicios de emergencia, manteniendo bloqueado únicamente a transportistas particulares y automovilistas. El transporte público suspendió temporalmente rutas hacia Hidalgo, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, afectando la movilidad en diversas regiones del estado.
La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) informó la suspensión de clases en Calpulalpan, así como afectaciones al programa de transporte gratuito Primero el Magisterio, dejando sin operar las rutas 13, 18, 19, 21 y 24.
Antecedentes y denuncias de persecución
Entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, campesinos ya habían bloqueado la México–Veracruz y el Arco Norte para exigir subsidios al diésel y fertilizantes. Aunque el secretario federal de Agricultura, Julio Verdegué, se comprometió a instalar una mesa de negociación, días después varios participantes fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR).
El Comisariado Ejidal de San Lorenzo Cuapiaxtla, Efrén López Hernández, denunció una represión del gobierno federal mediante supuestas denuncias penales contra quienes participaron en los cierres carreteros.
Tlaxcala, Tlax.- Cada 25N de noviembre recordamos que la violencia contra las mujeres adopta múltiples formas: física, sexual, económica, emocional, entre otras. Pero hay una que permanece casi siempre fuera del debate público, aunque atraviesa la vida diaria de millones de mujeres: la violencia estructural del cuidado no remunerado. Y cuando hablamos de las mujeres que cuidan a niñas y niños con discapacidad, esta violencia se vuelve más compleja, más silenciosa y normalizada.
En México, cuidar sigue siendo un mandato de género. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados ENASIC (2022) muestra que 75.1 % de quienes cuidan dentro del hogar son mujeres. Este dato ya es contundente por sí mismo, pero se vuelve alarmante cuando hablamos de la población con discapacidad: ahí, el 80.3 % de las cuidadoras también son mujeres. No es casualidad, es resultado de la división sexual del trabajo que asigna a las mujeres la responsabilidad de sostener la vida cotidiana del país, es el resultado de cuando el patriarcado y el capitalismo se dan la mano.
El trabajo no remunerado de cuidados, incluyendo el cuidado de personas con discapacidad, tiene un valor económico que se requiere analizar. Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado (CSTNRHM) del INEGI (2023), este trabajo aporta cerca de 26.3 % del PIB nacional. Es decir, la economía mexicana funciona gracias a las horas de trabajo que no se pagan, pero sin las cuales el sistema colapsaría (Araiza, 2024).
Pero los números no alcanzan a reflejar la dimensión emocional, física y social de esa labor. ENASIC (2022) revela un dato demoledor: muchas cuidadoras duermen poco, padecen de depresión y de un estado emocional “inestable”, pues las demandas de cuidado no se detienen, a lo cual dedican 38.9 horas semanales a los cuidados. Tampoco descansan, no tienen derecho a incapacidad, ni un salario, ni prestaciones, ni jubilación. Y cuando se les pregunta por qué no pueden acceder a un empleo remunerado, la respuesta suele repetirse: “nadie puede sustituirme” (Martínez y Muñoz, 2020).
Esa frase, tan común como dolorosa, es también un recordatorio de que vivimos en un país sin un sistema de cuidados robusto, donde el Estado se deslinda y la familia, entendida casi siempre como “la mujer de la casa”, absorbe todo lo que las instituciones no quieren o no pueden asumir. No es casualidad: es una forma de violencia estructural sostenida por el capitalismo y el patriarcado (Fedirici, 2012).
Cuando hay discapacidad, la desigualdad se multiplica
La discapacidad no es un atributo individual, sino la interacción entre un cuerpo y un entorno que no está diseñado para él. Sin accesibilidad, sin apoyos, sin políticas, las barreras se vuelven más difíciles de superar. Y, por lo tanto, para las cuidadoras se espera un escenario solitario y sin cuidados para ellas.
ENASIC (2022) reporta que solo el 3.3 % de las infancias con discapacidad asiste a centros especializados de cuidado. Dicho de otro modo: el 96.7 % del cuidado lo realiza la familia, casi siempre las mujeres. Aunque existen programas de apoyo, su cobertura es mínima frente a la magnitud de la demanda.
Investigaciones en estudios feministas y de discapacidad han puesto sobre la mesa que el cuidado intensivo genera agotamiento emocional, aislamiento social, pérdida de autonomía económica y, en muchos casos, feminización de la pobreza (Cortés, 2019: Lapierre-Acevedo, et al., 2025; Jaramillo et al., 2021; Leyva-López et al., 2022; Martínez y Muñoz, 2020). No se trata solo de tiempo y energía; se trata de vidas enteras reconfiguradas alrededor de un rol que, aunque profundamente amoroso, también está atravesado por desigualdades históricas.
Tlaxcala: la realidad cercana
En Tlaxcala, esta situación también es urgente. Datos recientes indican que más de 54 mil personas tienen alguna discapacidad en la entidad, y que aproximadamente el 7.1 % de la población de 5 años y más vive con alguna limitación (INEGI, 2022) y si a esto se le añade un análisis estadístico considerando la imbricación entre la raza y clase, el tema se vuelve aún más profundo.
La pobreza no solo incrementa la vulnerabilidad; hace casi imposible costear terapias, traslados, acompañamientos especializados o dispositivos de apoyo. Así, el peso recae otra vez en las mujeres: madres, abuelas, hermanas, tías, mujeres que sostienen vidas enteras desde la precariedad.
Y aunque en Tlaxcala existen servicios públicos importantes, su capacidad es limitada. La ausencia de opciones reales obliga a las mujeres a reorganizar su vida laboral, social y emocional en función del cuidado. Sin apoyos económicos suficientes, sin licencias especiales, sin descanso para ellas.
Basta con observar los programas de “apoyos” que ofrecen instituciones gubernamentales como autónomas ¿existe algún programa de sostenimiento emocional, económico y comunitario para las mujeres cuidadoras? La respuesta es clara y contundente, no.
La violencia que hay que nombrar
En un contexto así, hablar de violencia no es exagerado. Violencia es que el Estado asuma que las mujeres cuidarán “naturalmente”. Violencia es que el trabajo que sostiene la vida sea gratuito e invisible. Violencia es que las cuidadoras renuncien a sus proyectos para sostener los de otros y otras.
Este 25N, además de alzar la voz contra las violencias más visibles, necesitamos nombrar esta otra violencia que ocurre dentro y fuera de casa, una violencia silenciosa, cotidiana y profundamente estructural.
Hacia una agenda de justicia en los cuidados
Es más que obvio, que México necesita un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de la imbricación entre el sexo, clase y raza, comunitario y feminista:
Que reconozca el trabajo de las cuidadoras
Que reparta las responsabilidades entre Estado, mercado, comunidad y familias
Que garantice apoyos económicos, licencias y servicios accesibles
Que ponga al centro la vida digna tanto de quienes reciben cuidados como de quienes los brindan
Porque cuidar no debería ser sinónimo de sacrificio, pobreza o agotamiento. Pero para que deje de ser una forma de violencia, necesitamos cambiar las estructuras que hoy lo mantienen en desigualdad. Es por eso, que, desde Malinalli Espacio Común, la discapacidad y la infancia no se puede ver como un hecho aislado de los cuidados, nuestra convicción política es reconocer que para el crecimiento sano, digno y libre de nuestras infancias se requiere de una red de cuidados y acompañamientos para las cuidadoras. Si eres cuidadora de infancia con y sin discapacidad, te queremos hacer saber que tienes un espacio que busca acompañarte. La construcción de un sistema de cuidados comienza también desde lo común y desde una perspectiva feminista.
Cortés, C. (2019). Dos aproximaciones al cuerpo y el territorio como escenarios de lo político y del mantener la vida. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 15(1), 34–53 https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae15-1.dapc
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Aunque el secretario de Gobierno Luis Antonio Ramírez presumió que la audiencia de la Reforma Electoral escucharía todas las voces para fortalecer la democracia, no hubo representación de integrantes de algunos grupos vulnerados.
Tlaxcala, Tlax.- El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo la Audiencia Pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en Tlaxcala capital. El encuentro fue promovido como un ejercicio público de escucha y recepción de propuestas que serán consideradas en la construcción de la próxima Reforma Electoral, sin embargo, la delegación en Tlaxcala del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad señaló que no hubo seguimiento para representar al grupo vulnerado de Personas con Discapacidad en dicha audiencia.
Durante su intervención en el evento, la consejera Jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy Ramos, detalló que “en cuatro meses y mediante las consultas realizadas en la mayor parte del país de manera presencial y en el extranjero, a través de audiencias virtuales, se han escuchado las propuestas de estudiantes, mujeres, pueblos indígenas, empresarios y ciudadanos, mismas que serán tomadas en cuenta por la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez para elaborar la iniciativa final que será presentada ante el Congreso de la Unión en enero de 2026”.
Sin embargo, el vocero en Tlaxcala del Movimiento, Aldo Castillo, cuestionó la falta de inclusión en el foro, pese a tratarse de un ejercicio que, dijo, debía escuchar a distintos grupos ciudadanos. Relató que, previo al evento, el Movimiento de Personas con Discapacidad Tlaxcala fue contactado para participar, pero después de proporcionar su número para coordinar su intervención, ya no recibieron respuesta, aún cuando el Movimiento intentó dar seguimiento.
Afirmó que, para el Movimiento, era fundamental que al menos uno de sus integrantes participara en el foro como representación al tratarse de un evento de escucha ciudadana y de derechos humanos.
“(…) Una reforma de esta envergadura requiere que su corazón sea de perspectiva de derechos humanos y discapacidad”, expresó.
Entre los participantes del evento estuvieron dirigentes partidistas, políticos, magistrados, consejeros electorales, integrantes de la sociedad civil y ciudadanos. El acto fue encabezado por el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, además de la consejera Jurídica Ernestina Godoy Ramos, integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Colectivos de personas vulneradas han manifestado preocupación por el modelo actual del INE que se busca reformar, el cual —afirman— busca reducir la representación política de pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y población LGBT+. En ese sentido, Antonio Escobar, activista y director del Programa de VIH y Derechos Humanos del Colectivo LGBTTTI+ Tlaxcala, señaló que aunque las consultas y propuestas ciudadanas han sido escuchadas, no implica que se verán reflejadas en la reforma.
Desde 2022, el Congreso de la Unión tiene la obligación de legislar para garantizar acciones afirmativas por ley, pero hasta hoy no ha cumplido. Por ello, distintos grupos y organizaciones de la comunidad LGBTQI+ han presentado incidentes de incumplimiento de sentencia, con el fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establezca un plazo límite al Congreso para avanzar en una legislación que garantice una representación justa, incluyente y equitativa.
Tlaxcala, Tlax.— Este 22 de noviembre a las 12:00 horas Lety V inaugurará la exposición Ojo de Agua en Munive Arte Contemporáneo. Esta propuesta pone en diálogo identidad, territorio y afectividad desde una mirada situada en Tabasco. Con la curaduría de Miguel Méndez se presentará una serie de fotografías, retratos y la proyección de un video inédito que marca un punto de inflexión dentro de un proceso creativo e investigativo desarrollado durante más de un año.
Lety V, artista tabasqueña.
Fotografía de moda en la construcción de una identidad tabasqueña
Originaria del sur de Tabasco, Lety V se describe como una artista visual que ha trabajado la fotografía como un medio de investigación. Desde la fenomenología ha reconstruido experiencias que se manifiestan en retratos de la vida cotidiana. Para ella, todo lo que atraviesa su día a día encuentra una forma en la imagen.
Su principal fuente de inspiración son las experiencias cotidianas y la manera en que las personas se relacionan con su propio contexto. Dentro de sus líneas de investigación, la afectividad funciona como un eje que genera vínculos entre sujetos, cuerpos y los lugares que habitamos.
Fotografías de una realidad tabasqueña.
Para ella, la fotografía de moda se convierte en una base híbrida, una técnica que le permite resignificar símbolos cotidianos y abrir nuevos horizontes dentro de su investigación.
En esta misma línea, la vestimenta y la indumentaria se vuelven un puente entre identidad y realidad. Su proyecto ofrece una mirada a la vida de la población tabasqueña y, en cada fotografía, visibiliza el vestir de los trabajadores petroleros, una actividad que ha marcado profundamente la identidad obrera. Esta afinidad adquiere un papel central dentro de la presentación.
Para la artista, Tabasco aparece como una especie de cápsula del tiempo debido a su geografía insular y a los cambios abruptos que trajo la explotación petrolera. El imaginario colectivo, el desarrollo de una industria moderna y la memoria de los años ochenta atraviesan su obra y se sedimentan como capas de un río.
Ojo de agua: significados y nuevas líneas
En este contexto, Ojo de Agua no solo remite al yacimiento natural que brota de la tierra. También juega con una idea que entrelaza identidad, naturaleza y arte. Cada imagen reconstruye fragmentos de la memoria colectiva.
«se llama Ojo de Agua porque cuando estás en un cuerpo de agua, una laguna, un lago, no sabes exactamente de dónde viene el agua. Sabes que hay un ojo de agua porque se puede sentir», manifiesta.
Ese imaginario avanza como un sedimento río tras río y deja rastros que permiten leer la vida cotidiana. Su mirada, reconoce, está profundamente marcada por el espacio en el que creció. Tabasco representa una tensión constante entre los espacios rurales y la bonanza petrolera.
Para ella, los años ochenta forman un punto de inflexión visible en el arte y en la poesía. En este camino destaca a Carlos Pellicer, poeta tabasqueño, quien retrató la exuberancia del territorio, enalteció la figura del jaguar y creó un mito que aún permea en la identidad tabasqueña.
Un paisaje que converge
Este mismo desarrollo industrial ha dejado huellas visibles del deterioro ambiental. Para la artista, crecer en un ambiente húmedo, caluroso y verde forma parte de su identidad visual, aunque ahora ese verde está siendo talado y dañado por la explotación petrolera. El edén del que tanto se habla es hoy un paisaje que cambia y que ya le corresponde de otra manera.
Desde esta reflexión surge la pregunta sobre qué elementos pueden rescatarse de los ríos contaminados y cuáles permanecen en el imaginario colectivo para ser resignificados. Considera que no es necesario recurrir a símbolos tradicionales como una planta de cacao en barro si una imagen puede expresar de forma más directa el paisaje inmediato.
Retrato de una flor de oro.
¿Qué sigue para Lety V después de esta exposición?
Para Lety V es importante continuar trabajando después de esta exposición, en especial en una pieza tituladaSoñé con el Edén, presente en esta muestra, que representa una nueva etapa en su producción. También busca acercarse al performance y al foto performance, donde recrea a una embajadora de Tabasco para explorar el peso simbólico de la flor de oro y el imaginario que se construye alrededor de esta figura.
A través de este performance analiza los discursos que rodean a la flor de oro, las disidencias y grupos sociales que quedan fuera del canon hegemónico y la manera en que esta performatividad folclórica persiste y la atraviesa. Su objetivo es cuestionar qué elementos convergen en la personalidad y la identidad, y cómo el aparato ideológico del Estado celebra a la mujer morena mientras al mismo tiempo media, transforma y regula los cuerpos de las mujeres que representa.
No te puedes perder esta obra que estará expuesta hasta el 16 de enero en Munive Arte Contemporáneo, una experiencia que seguramente te hará mirar de otra manera la forma en que habitamos y nos vinculamos con el territorio que nos rodea.
Regidores de Tlaxcala usan discrecionalmente casi 2 mdp en apoyos; detectan beneficiarios falsos, firmas alteradas y montos inflados en la lista oficial, todo esto con conocimiento del edil, Alfonso Sánchez García.
TLAXCALA, Tlax., La publicación de la lista de apoyos económicos del Ayuntamiento de Tlaxcala destapó presuntas irregularidades en el manejo de casi 2 millones de pesos asignados a los regidores para ayudas ciudadanas. Beneficiarios inexistentes, firmas aparentemente falsificadas, apoyos que nunca llegaron y montos alterados exhibieron un uso discrecional de recursos públicos que, en teoría, deberían dirigirse a personas con necesidades económicas reales.
Aunque en la partida presupuestal anual de cada municipio no existe un apartado para asistencia social por parte de los regidores, esta práctica se ha mantenido durante distintas administraciones sin un fundamento jurídico claro. Así lo señaló la politóloga y exregidora de Tlaxcala (2021-2024), Mirza Amaral, quien recordó que durante su gestión revisó la normatividad vigente sin encontrar respaldo legal para estos apoyos.
“No está establecida en la ley. En la ley municipal nunca va a haber —ni en el reglamento— un apartado que diga que los regidores pudieran contar con un apoyo para gestión social.”
Amaral explicó que, si bien la Constitución reconoce que los servidores públicos deben contar con una partida presupuestal para el desarrollo de sus funciones, no especifica a los regidores dentro de esas atribuciones. Añadió que la Ley Municipal y el reglamento interno del Ayuntamiento de Tlaxcala tampoco contienen disposiciones que avalen la entrega de recursos para gestión social.
Pese a ello, en el Ayuntamiento de Tlaxcala, los regidores cuentan con una partida anual cercana a los 2 millones de pesos que ejercen bajo criterios propios. Los registros publicados a través de este ente gubernamental a través del documento Ayuntamiento de Tlaxcala – Montos Pagados por Ayudas y Subsidios Periodo: Primer Trimestre 2025 (enero – marzo) evidencian que los siete regidores de la capital disponen de entre 20 y 30 mil pesos mensuales cada uno para este tipo de apoyos, lo que suma entre 140 y 150 mil pesos al mes y casi 2 millones de pesos al año.
Se trata de recursos destinados a atender a ciudadanos con dificultades económicas, pero cuya aplicación quedó bajo sospecha tras la publicación de esa lista. En los documentos difundidos aparecieron nombres y rúbricas que no corresponden a nadie, apoyos que no se otorgaron y casos en los que las cantidades reportadas no coinciden con lo que realmente recibieron los supuestos beneficiarios.
Esta publicación provocó que varias personas incluidas en la lista descubrieran que sus nombres habían sido utilizados para justificar el gasto de recursos públicos sin haber recibido ningún apoyo. Otros, que sí fueron beneficiarios, advirtieron que la cantidad reportada oficialmente no coincidía con el monto real que se les entregó.
Uno de los casos expuestos corresponde a la sexta regidora del Ayuntamiento de Tlaxcala, Lizbeth Carcaño Torres, del Partido Alianza Ciudadana (PAC). De acuerdo con testimonios, personal de su oficina recluta a ciudadanos ofreciéndoles un supuesto apoyo económico que, al final, resulta engañoso.
Un testimonio anónimo —de una persona que apareció en la lista sin haber recibido el beneficio— relató que se aprovechan de la necesidad y la confianza de la gente: les entregan apenas 200 pesos, pero los registran como si hubieran recibido 2 mil. Según esta versión, el inflado de montos se justifica internamente con el argumento de cubrir gastos de gasolina para actividades oficiales, bajo la premisa de que el gobierno municipal encabezado por Alfonso Sánchez García se niega a otorgar recursos para combustible.
Los entes públicos están obligados a la transparencia gubernamental
Por Ley, todos los Ayuntamientos antes que termine el año fiscal tienen que empezar a subir en su portal de internet la información de transparencia en cuanto a apoyos, gastos y recursos utilizados, mismos que forman parte de la Cuenta Pública anual.
Así lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental que refiere que toda la información generada por los entes públicos incluidos los Ayuntamientos deben sistematizar y difundir esta información de los recursos ejercidos de manera trimestral en sus respectivas páginas electrónicas de internet, esto será a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda.
De la misma forma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, designa a los Ayuntamientos como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información en su posesión, esto incluye información financiera detallada sobre el ejercicio de los recursos públicos.
La información que deben de publicar incluye entre otras cosas, el estado que guardan los fondos públicos, las variaciones de los recursos disponibles y el uso de recursos por destino y tipo de gasto.
Con todo esto, el Ayuntamiento capitalino en cumplimiento a esta disposición publicó el informe del Primer Trimestre del año fiscal 2025, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, en esta publicación apareció un listado de nombres de supuestos beneficiarios de apoyos económicos por parte de los regidores y con ello, evidenció que en esta lista no todos los beneficiarios son reales, sino que existen nombres de personas que nunca gestionaron un apoyo y por ende, que de igual forma nunca recibieron dinero y sin embargo, los regidores integraron expedientes de recursos entregados sin que lo hicieran realmente.
En este análisis de la lista de beneficiarios, también se descubrió que existen personas que sí recibieron estos recursos pero que en la publicación aparecen con una cantidad diferente y muy por encima de lo realmente entregado.
Los casos que salieron a la luz, tras evidenciar lista de apoyos
“Un día estaba buscando mi nombre en internet a través de Google y ya buscando mi nombre aparece que soy beneficiario de un apoyo por parte del Ayuntamiento de Tlaxcala, pero yo nunca he solicitado ningún apoyo y menos al municipio”, dijo Ramiro N. al descubrir que utilizaron su nombre para justificar recursos públicos.
Empero agregó, “entro al archivo que es la página del municipio, la página oficial del municipio de Tlaxcala y me arroja un documento en PDF, una lista de todos los beneficiarios, del primer trimestre de este año fiscal”.
Al leer este documento, descubrió que según información oficial del Ayuntamiento de Tlaxcala y de acuerdo a la base de datos entregada por los regidores de este municipio, Ramiro N., fue beneficiario de 2 mil pesos como apoyo económico, sin embargo, esto no fue así, él nunca solicitó un apoyo y por ende tampoco lo recibió, lo que significa que utilizaron sus datos personales, para justificar un recurso empleado. Esto, derivó en una denuncia pública para evidenciar las irregularidades que se comenten en este Ayuntamiento capitalino.
“Están falsificando los expedientes, yo me atrevería a decir que se están robando el dinero los regidores, ninguno ha salido a decir, ninguna administración ha salido a decir que cuentan con “x” número de dinero para apoyo y la gente no lo sabe, esto se presta, que ellos para no perder este recurso falsifiquen y consigan las INE´s para quedarse con el dinero, no hay otra forma, eso es lo que están haciendo”, acotó.
Ante esta situación denunció públicamente, que los regidores utilizaron su nombre para justificar el uso de recursos públicos que no entregaron.
“Primero falsificaron mi firma, hicieron usurpación de documentos y el Ayuntamiento o área correspondiente está armando los expedientes sin toda la información que tienen que llevar, porque obviamente nunca ingresaron la evidencia fotográfica porque nunca recibí el apoyo”.
La lista y los supuestos montos otorgados
En la lista publicada por el Ayuntamiento de Tlaxcala, titulada “Montos Pagados por Ayudas y Subsidios. Periodo: Primer Trimestre 2025 (enero–marzo)”, se reportan 143 beneficiarios con apoyos que van desde 978 pesos, mil pesos y hasta 2 mil pesos. Sin embargo, también aparecen montos significativamente más altos, que alcanzan 25 mil pesos, 39 mil 283.99 pesos e incluso 231 mil 030 pesos.
En la siguiente lista se muestra esta información, donde se pueden apreciar los nombres, la clasificación y conceptos de apoyos, así como la CURP de los supuestos beneficiarios y las cantidades detalladas.
Todas estas cantidades referidas con el concepto 4.4.1.1 Ayudas sociales a personas y determinadas como un subsidio económico que ofrecen los regidores capitalinos a los ciudadanos del municipio de Tlaxcala.
Sala de regidores del Ayuntamiento de Tlaxcala.
El modus operandi de los regidores
Sobre estos apoyos no siempre son gestionados por los beneficiarios ante la oficina de los regidores, de acuerdo a una de las personas afectadas, esta reveló que los auxiliares o personal de apoyo de los regidores son quienes contactan a ciudadanos de la capital para tramitarles ayudas económicas por parte del Ayuntamiento, con la consigna de que c dos o tres personas más serán beneficiarios de un apoyo económico, inclusive les mandan el “machote” para que ellos lo transcriban y manden la solicitud, cómo tiene que ser el oficio y a quién tiene que ser dirigida.
Este es el formato o «machote» que entrega el personal que colabora con los regidores, para que las personas soliciten los apoyos económicos.
Esto significa, que los regidores buscan a ciudadanos para comprobar y justificar el uso de la partida que tienen asignada mensualmente de 30 mil pesos, que no es un presupuesto directo sino que surge a partir de posibles acuerdos discrecionales con el presidente municipal, en este caso, Alfonso Sánchez García. Por lo que para justificar este gasto, los beneficiarios tienen que ser personas que residan en el municipio de Tlaxcala, de ahí que cada mes tienen que conseguir más o menos 30 beneficiarios.
Sobre este modus operandi de los regidores, salió el caso de Odet Carrillo Gracia, a ella la contactaron para ser beneficiaria de un apoyo económico con el compromiso de llevar a tres personas más para gestionarles una ayuda, a Odet como al resto de personas, se les entregó un formato o “machote” de oficio para la solicitud del apoyo.
“Nos dijo que más o menos así lo pusiéramos, que solicitáramos un apoyo por “x” situación, por ejemplo medicinas o apoyo para un enfermo, en caso de que tuviéramos algún negocio pusiéramos que era para apoyo de material, alguna cosa así, entre una amiga y yo, ella le puso que era para medicamentos de su mamá y yo para material de pestañas, tomé un curso y que era para apoyarme para el sentido de materiales”.
Asimismo, de acuerdo al personal que los contactó les fue comentado que necesitaban el apoyo de ella y de otras personas más, para justificar el supuesto gasto de consumo de gasolina, porque según argumentaron, el municipio les estaba negando el suministro de combustible y por tanto, buscaban la forma para solventar estos recursos.
“Lo que nos había comentado esta persona que nos contactó, que ellos solicitaban el apoyo para gasolina, pero que el municipio se los negaba y que les decían que no había presupuesto y que ellos para su propio trabajo, ocupaban la gas, que era para poder recuperar un poco de ese gasto y que por eso era que nosotros teníamos como que validar esto para que ellos les pudieran solventar su gasolina”.
Además, reiteró «pero nosotros no solicitamos nada directamente al Ayuntamiento, ellos estaban buscando las personas para justificar estos gastos».
Para su sorpresa en la lista apareció como beneficiaria de 2 mil pesos, cuando en la realidad solo le entregaron 200 pesos como supuesto apoyo de la regiduría.
«Pero hay unas personas conocidas dicen que ni siquiera hicieron ese oficio, que no recibieron nada, son amistades que ni siquiera se prestarían a eso pero las incluyeron ahí, porque tenían sus datos, tenía sus INE´s, eso está súper mal porque ellos ni siquiera tenían el conocimiento, al menos nosotras, la persona con la que yo fui, es mi amiga, pues sí fuimos, pero las otras personas ni siquiera tenían conocimiento y aparecieron en la lista”, agregó.
Eso lleva a analizar que no es el único caso aislado y que existen más personas que son contactadas, les dan una mínima cantidad de apoyo y al final salen en la lista oficial con un monto diferente de dinero, lo que podría significar que se están robando este recurso y justificando con expedientes falsos o “truqueados”.
“Otra forma de justificar cómo quedarse con el dinero, porque para hacer la solicitud solamente tienen que ser personas que tengan residencia aquí en Tlaxcala, no pueden ingresar de otro municipio, les cuesta estar consiguiendo tantas INE´s al mes porque son de 2 mil pesos, tiene que conseguir entre 20 o 30 beneficiarios al mes”, expuso Ramiro N.
Añadió también que «Los regidores ingresan facturas por todo, van a Walmart y se gastan 97 pesos y hasta eso lo ingresan, aunado a que ellos tienen apoyo para gasolina y vales de gasolina, me imagino que también temas de comida ingresan”.
Además, existen testimonios de personas que aparecieron en la lista de beneficiarios pese a no haber recibido ningún apoyo económico. Relatan que solicitaron condonación empresarial o ayuda para algún servicio y que, para realizar dichos trámites, el municipio les pidió su INE y CURP. Esa información habría sido utilizada para registrarlas en el padrón, aún cuando nunca recibieron un monto.
Los casos y los montos existentes
Cabe destacar, que en esta lista de apoyos aparece el nombre de Lauro Sánchez Sánchez con la siguiente CURP SASL751209HTLNNR08, este nombre de no ser un homónimo, refiere al director de área de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), mismo que se desempeño como Juez Municipal de Tlaxcala, auditor en el Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala (OFS) y subdirector de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Según la lista de los regidores, Lauro Sánchez Sánchez, recibió la cantidad de 25 mil pesos como apoyo económico.
En esta lista también destacan como beneficiarios Rosa Meneses Texis con la CURP METR770908MTLNXS06 y un monto de apoyo por 39 mil 283 pesos con 99 centavos.
Además de Andrés Amador Sanchez con RF AASA8508292V1 y un apoyo económico de 231 mil 030 pesos, siendo esta la cifra con mayor cantidad otorgada en este primer trimestre de 2025.
Esto significa, que el área administrativa del Ayuntamiento de Tlaxcala, está integrando y/o recibiendo estos expedientes para justificar el dinero que se les entrega a los regidores para gestiones sin que la documentación o la entrega sea real, situación que además no se está comprobando correctamente y que sin embargo, es integrada a la cuenta pública, misma que es o tiene que ser revisada en su estructura general por los diputados del Congreso local y por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en su carácter de auditor y que de manera aleatoria revisan los expedientes de las cuentas públicas o estados financieros de los entes públicos, el uso de este dinero y en qué se lo gastan, incluido los apoyos otorgados.
Esto representa, que los órganos correspondientes desde el Ayuntamiento, pasando por el Congreso de Tlaxcala y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en este orden tendrían que revisar que se haya gastado el dinero, recibir las carpetas bien integradas por rubro de gasto y finalmente dar el Visto Bueno (Vo. Bo.) para que se aprueben estas cuentas públicas.
Falsifican expedientes para justificar el uso de dinero público
Con lo narrado y tras el análisis de esos casos se detalla que los regidores falsifican expedientes para comprobar el uso de dinero público, por lo que integran expedientes con documentos que reúnen de manera ilegal, es decir, utilizan documentos de ciudadanos que no les entregan a ellos y que consiguen de manera clandestina, en el término más simple y general de corrupción de la función pública.
Los documentos que integran estos expedientes: Solicitud de apoyo económico; Evidencia fotográfica (de la entrega del apoyo); Credencial del INE y un Oficio de agradecimiento.
La ex-regidora de la administración anterior, Mirza Amaral Sánchez, explicó las solicitudes que llegaban a la oficina de los regidores tenían que tramitarse con el alcalde y la tesorería, y de ahí las indicaciones de cómo se asignaría el apoyo y su distribución.
«Cuando me llegaban solicitudes económicas, yo tenía que enviarlas al presidente y a Tesorería; ellos decidían cuánto asignar. Nunca me dijeron ‘tienes tanto y tú distribuyes’. Yo enviaba el oficio con las peticiones —pasajes, estudios médicos, lo que fuera— y ellos respondían: ‘Te vamos a dar para esto, esto y esto’, y con eso se hacía la compra o la acción correspondiente.»
Sin embargo, en la actual administración salió a la luz como se distribuyen los recursos de las regidurías hacia los pobladores, lo que dijo evidenció una trama de corrupción.
El dinero de gestión es aprobado y del conocimiento del alcalde, Alfonso Sánchez García
En cuanto al recurso utilizado por los regidores, Mirza Amaral explicó que al tratarse de recursos públicos y fiscalizables, el alcalde Alfonso Sánchez García sabe de este dinero y tiene el conocimiento, además que tuvo que haber un acuerdo con los regidores para saber de qué partida o de dónde se está quitando dinero público para destinárselo a ellos.
“Si revisan el presupuesto de egresos y los numerales, no existe ninguna partida que diga ‘ayuda social a regidores’. El presidente municipal debe saberlo, pero entonces surge la pregunta: ¿de dónde están sacando ese dinero?, ¿qué partida están usando o modificando? Podrían estar quitando recursos al mantenimiento de unidades, gasolina, papelería, parquímetros, recolección de basura, pago de agua, pozos de agua potable o incluso al bacheo de calles para poder entregárselos a los regidores.”
Al final, explicó que el problema no solo radica en de dónde obtiene el presidente municipal el dinero que entrega a los regidores, sino también en cómo la Tesorería comprueba esos gastos del erario bajo el argumento de “ayudas sociales”. Señaló que los expedientes se integran con documentos que los regidores no reciben y que provienen de otras gestiones internas del Ayuntamiento, lo que —advirtió— evidencia un esquema de corrupción dentro del cuerpo de regidores y de la administración encabezada por Alfonso Sánchez García.
Los delitos en los que incurren los regidores.
Los delitos en los que incurren estos regidores en el caso de estar creando expedientes falsos para justificar la entrega de recursos a la ciudadanía y que no se cumple.
Estos delitos son; falsificación de firma, usurpación de identidad, peculado, mal uso de los recursos públicos y una falta administrativa grave.
El empleo formal en Tlaxcala tuvo una disminución de 2 trabajadores al corte de octubre de 2025 contrarrestando la cifra del año pasado.
Tlaxcala, Tlax.- Durante el Diálogo Circular del 20 de noviembre, el titular de la Secretaría de Trabajo y Competitividad de Tlaxcala, José Noé Altamirano Islas, afirmó que al corte de octubre de 2025 existen 12,974 empleos formales en la entidad. Por lo que la tasa de informalidad alcanza el 72.17%, lo que significa que únicamente el 27.83% de los empleos cuentan con seguridad social e ingresos fijos. Agregó que actualmente se tienen registrados 117,957 trabajadores ante el IMSS.
«En estos últimos meses hemos ido recuperando la generación de empleos formales. Seguiremos ahí trabajando con las empresas». – Titular del STyC
Sin embargo, cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que al 31 de octubre de 2024 había 117,959 trabajadores asegurados, es decir, dos puestos más que los reportados este año en la misma fecha, lo que significa que no ha incrementado el empleo en Tlaxcala durante un año completo, sino que se mantiene estático y con la pérdida de plazas laborales. Esto, a pesar de la política laboral, inversión y acciones del gobierno de Lorena Cuéllar.
El titular también destacó el supuesto incremento del empleo formal, atribuyéndolo a las medidas e inversiones impulsadas por la gobernadora Lorena Cuéllar. No obstante, no especificó el tipo de puestos generados, pese a que la economía informal continúa siendo predominante en Tlaxcala, y que representa principalmente actividades del sector comercial, como la venta de productos de todo tipo hasta actividades de limpieza y servicios que representan el autoempleo.
Un rastreo en las redes sociales del STyC muestra que algunos de los empleos ofertados corresponden a guardia de seguridad, obrero general, montacarguistas y vendedores, entre otros.
Por otra parte, datos del IMSS señalan que el comportamiento económico por empleo se distribuye de la siguiente manera:
Sector Económico
Septiembre 2025
Octubre
2025
Variación
Comercio
21,432
22,135
703
Industrias de la Construcción
6,233
6,607
374
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza
1,055
1,148
93
Servicios Sociales y Comunales
12,903
12,995
92
Transportes y Comunicaciones
3,510
3,552
42
Industrias Extractivas
191
190
-1
Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable
629
597
-32
Servicios para Empresas, Personas y el Hogar
14,444
14,384
-60
Industrias de la Transformación
56,700
56,349
-351
Total
117,097
117,957
860
Fuente: Cubo de Información Estadística IMSS
Empleo formal en Tlaxcala: ¿En qué condiciones trabajan los tlaxcaltecas?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI en Tlaxcala, correspondiente al segundo trimestre de 2025, el 42.3% de la población ocupada enfrenta condiciones laborales críticas. Esto implica sueldos por debajo del salario mínimo, jornadas insuficientes para cubrir una canasta básica o trabajos extenuantes con remuneraciones bajas.
En total, más de 295 mil tlaxcaltecas de los 703 mil que integran la población ocupada trabajan en condiciones adversas que afectan su calidad de vida y desarrollo económico.
Del total de personas ocupadas, que representan el 57.7% de la Población Económicamente Activa (PEA), se observa una dinámica laboral con condiciones poco favorables.
Durante el mismo periodo, Tlaxcala registró una tasa de desempleo del 2.3%, por debajo del promedio nacional de 2.7%, lo que equivale a 16,406 personas sin empleo.
En tanto, la tasa de informalidad se ubicó en 72.2%, mientras que la subocupación alcanzó el 12.4%, lo que representa una ligera variación respecto al primer trimestre del año.
Finalmente, en el segundo trimestre de 2025, de la población ocupada el 19.4 % de las personas trabajó de 15 a 34 horas semanales y 28.6 % más de 48 horas. Sin embargo, el mayor porcentaje de las y los ocupados (40.9 %) trabajó de 35 a 48 horas a la semana.
Por su parte, el titular de la Sedeco, Javier Marroquín Calderón indicó que en 2025, Tlaxcala captó 81 inversiones que rebasan los 29 mil millones de pesos.
El OCPA buscará establecer un antecedente formal que garantice actuación inmediata y protocolos claros para evitar que hechos como el uso de ponis para cargar adolescentes vuelvan a ocurrir en futuras ediciones de la Feria de Tlaxcala.
Tlaxcala, Tlax.- El Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), informó que el pasado viernes 14 de noviembre entregó un escrito oficial al Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, responsable de la Feria de Tlaxcala, con el objetivo de establecer un antecedente institucional que permita fortalecer las medidas de prevención, supervisión y actuación inmediata en futuras ediciones de la Feria.
Este documento propone que el Patronato cuente con lineamientos claros y protocolos específicos ante cualquier reporte de maltrato animal, especialmente ante situaciones que generen preocupación social.
El OCPA señala fundamental bases que garanticen una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes ante hechos que ya hayan ocurrido con anterioridad, a fin de evitar la continuidad del maltrato y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.
