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Expansión urbana provoca crisis de áreas verdes en Tlaxcala; la capital por debajo del estándar internacional

Adrian Meléndez
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Expansión urbana provoca crisis de áreas verdes en Tlaxcala; la capital por debajo del estándar internacional

Tlaxcala, Tlax.- Las áreas verdes en Tlaxcala, particularmente en la zona urbana Tlaxcala-Apizaco —que concentra 19 municipios, incluida la capital del estado—, colocan a la región como una de las metrópolis con peor evaluación a nivel nacional en el Índice de Arbolado Urbano 2024, al registrar resultados poco favorables en al menos tres de sus indicadores.

Según datos consultados en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC), la capital cuenta con una sola área natural protegida, el Parque Nacional Xicohténcatl —el cual abarca el Centro Histórico de Tlaxcala y zonas ubicadas en los municipios de Tlaxcala (con un total de 7.06 %) y Totolac (20.77 %)— incluyendo el Parque de la Juventud y la comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán.

En contraste, para 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecieron un estándar mínimo de 9 m² por habitante en zonas urbanas. Sin embargo, espacios como la Ciudad de México han registrado un déficit de 5.3 m² para ese mismo año, situación que se ha agravado en nuestro propio contexto, donde apenas alcanzan 0.67 m² por habitante para 2020.

Esta situación ha representado un deterioro en la calidad y el bienestar de vida de los tlaxcaltecas, especialmente ante la sobreexplotación y escasez de agua, así como la inestabilidad urbana que ha derivado en la saturación de los sistemas de drenaje e inundaciones que se han experimentado en los últimos años. A ello se suman afectaciones en la calidad del aire y el incremento de las temperaturas en el municipio.

Al mismo tiempo, el informe presentado por Reforestamos A.C. señaló que la entidad —a la par de Morelos, Campeche y Tamaulipas— carece de una normatividad sólida en materia de cuidado y protección del arbolado urbano, al contar únicamente con la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala vigente durante 2021, lo que evidencia una baja eficacia en la protección de las áreas verdes en los espacios urbanos.

Mientras tanto, la ciudad de Tlaxcala continúa en crecimiento, al registrar 99,896 habitantes a nivel municipal. A su vez, tres comunidades concentran gran parte de la población siendo Ocotlán, con 24,342 habitantes; Acuitlapilco, con 17,197; y la capital, con 13,555 habitantes a partir del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020 y evidenciando un crecimiento de la mancha urbana en estos espacios bajo un mapeo en Google Earth.

Entre cemento y el olvido: La perdida de áreas verdes en Tlaxcala

Desde la segunda mitad del siglo XX, el INEGI ha identificado un crecimiento sostenido de la población en el municipio de Tlaxcala, que pasó de 21,808 habitantes en 1970 a 73,230 para el año 2000. Esto representa un aumento de 51,422 habitantes durante 30 años,  esto es equivalente a un incremento del 235.79 % respecto a la población inicial.

Durante las siguientes dos décadas, la capital alcanzó un total de 99,896 habitantes. De acuerdo con el Sistema Urbano Nacional 2020 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), gran parte de la población se concentró en tres comunidades, Ocotlán, que representó el 24.36 % del total; Acuitlapilco, con el 17.21 %; y Tlaxcala de Xicohténcatl, con el 13.56 % y en conjunto, estas tres poblaciones suman el 55.13 % de la población total del municipio capitalino.

A partir del incremento de la población en estos tres puntos, también se ha registrado un aumento en la construcción y la pérdida de áreas verdes. Al comparar imágenes satelitales de los periodos 2011 y 2024, se identificó una expansión de la mancha urbana, principalmente por la construcción de zonas habitacionales.

Un primer ejemplo se observa en Ocotlán, específicamente en las localidades de Tlacomulco y Loma Bonita, donde es posible identificar un incremento de áreas habitacionales, así como una visible desaparición de árboles sobre las vialidades y en la perdida de áreas de cultivo a lo largo de 13 años.

El segundo caso se observa en la comunidad de Santa María Acuitlapilco, donde se observó una transformación del espacio ambiental y comunitario con el incremento de hogares en barrios como Cazatotla, Xitototla y Grande, a la par de una pérdida de áreas verdes y de cultivo que son base fundamental de las actividades agrícolas de la comunidad, durante el periodo de 2011 a 2024.

El tercer caso se ubica en la capital tlaxcalteca. En zonas como El Mirador (cerca del área natural protegida y detrás de Plaza Vértice) y en avenidas como Diego Muñoz Camargo o 20 de Noviembre, en las cuales es evidente el crecimiento urbano y la pérdida de arbolado en las vialidades. En otras, como la avenida Benito Juárez e Independencia, persisten árboles en condiciones deterioradas, lo que refleja un entorno con menor cobertura arbórea.

Pese a este panorama, el Índice de Arbolado Urbano 2024 señaló una aparente contradicción, mientras que la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco figura entre las ciudades medianas con mayor inversión en áreas verdes a nivel nacional existe poca presencia de arboles sobre esta área.

De acuerdo con el informe, se destina un promedio de 37.44 pesos por metro cuadrado, con una cobertura de mantenimiento y equipamiento que alcanza al 86.45 % de la población. El contraste entre la inversión reportada y las condiciones visibles en el territorio abre cuestionamientos sobre la efectividad y el destino de los recursos destinados al arbolado urbano.

áreas verdes en Tlaxcala
Foto: Presencia de escasos arboles y áreas verdes en Tlaxcala, capital.

¿Cuántos arboles y áreas verdes hay por habitante en el municipio de Tlaxcala?

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que se requieren al menos 9 m² de áreas verdes por habitante en zonas urbanas para garantizar el bienestar humano, investigaciones recientes como el Índice de Arbolado Urbano 2024 de Reforestamos A.C. han estimado un promedio de áreas verdes urbanas per cápita cercano a 2.79 m² por habitante (2020).

En ese mismo contexto, el estudio señaló que la metrópoli Tlaxcala-Apizaco obtuvo un promedio de 0.67 m² por habitante, una cifra muy por debajo de la recomendación de la OMS. Al comparar este valor con el estándar ideal, se observó un déficit cercano al 92.56 % —es decir, apenas se cubre el 7.44 % del espacio requerido—, lo que dista considerablemente de las condiciones necesarias para un entorno saludable.

En términos de densidad de áreas verdes y arbolado urbano en vialidades, el informe colocó a la zona urbana Tlaxcala-Apizaco como una de las tres peores a nivel nacional en su categoría, al registrar una densidad de áreas verdes de apenas 0.13 % y un 15.81 % de cobertura de arbolado en vialidades.

Si bien no existe un conteo exacto de árboles por habitante, la capital —integrante de la zona metropolitana estatal— presenta una baja cobertura arbórea, lo que indica que la densidad de arbolado por persona es limitada.

Esta condición representa un riesgo para la salud de la población y ya ha tenido efectos visibles en fechas recientes, como las inundaciones registradas el 4 de abril de 2026, así como las ocurridas el 15 de julio de 2025, que dejaron estragos en al menos 15 municipios, y el 23 de agosto del mismo año, cuando una lluvia provocó afectaciones materiales en diversas vialidades del primer cuadro del Centro Histórico.

En cuanto a materia de normatividad la entidad recibió una calificación de 7.61 sobre 100, colocándola como una de las 3 entidades con una normatividad sobre arbolado urbano más bajas del país. Si bien, cuenta con una legislación aplicable —que es la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, misma que fue evaluada durante 2021 y cuya última reforma data de 2023—, esta se encontró carente en la mayoría de los aspectos técnicos, de fomento y de sanción evaluados en el Índice de Arbolado Urbano 2024.

Al mismo tiempo, el último informe del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), correspondiente al Informe Nacional de Calidad del Aire 2021, señaló que, a pesar de que la capital cuenta con una estación de monitoreo atmosférico que opera bajo normas oficiales —aunque con fallas constantes y paros tras la migración de sistemas de datos—, se registró un incumplimiento de la norma al detectar 0.074 ppm de ozono (O₃), cuando el límite permitido es de 0.070 ppm.

Estos contaminantes —asociados principalmente al tráfico urbano— pueden ingresar por las vías respiratorias y causar problemas graves de salud. Asimismo, el informe advierte que no fue posible establecer tendencias sólidas para la entidad debido a la escasez y discontinuidad en la operación y obtención de la información.

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Millonaria inversión, bajo impacto: fallan plantas de tratamiento de aguas residuales en el rescate del Zahuapan

Valeria Arroyo
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Millonaria inversión, bajo impacto: fallan plantas de tratamiento de aguas residuales en el rescate del Zahuapan

Tlaxcala, Tlax.-Desde 1981 y hasta el primer trimestre de 2026, en Tlaxcala se han construido 130 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) como parte de la estrategia para sanear el Río Zahuapan. Sin embargo, actualmente solo 30 de estas instalaciones se encuentran en operación. Colectivos y organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés (CFJG) han señalado que aun con inversión millonaria, esta infraestructura resulta insuficiente para lograr un saneamiento efectivo del afluente, pues persisten contaminantes de origen industrial que continúan afectando tanto el ecosistema como la salud de la población.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tlaxcala se posiciona como la cuarta entidad del país con mayor número de plantas de tratamiento de aguas residuales. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tlaxcala (CEAS) dio a conocer a través de una solicitud de información con terminación 26000010, que en la entidad hay 130 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) sin embargo, únicamente 30 se encuentran en operación, lo que representa apenas el 23% del total. 

Durante la administración de Lorena Cuéllar, se han invertido $59,071,721,94 para la rehabilitación de las PTAR en Tlaxcala. Sin embargo, la calidad del agua del Río Zahuapan continúa presentando indicadores críticos como la Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes Fecales y Toxicidad Aguda.

Por su lado, el Centro Fray Julián Garcés, ha externado que este tipo de infraestructura no está diseñada para tratar los desechos tóxicos presentes en el afluente que devienen de las industrias, lo que limita su impacto en la recuperación ambiental del río. 

En esa línea, el CFJG señaló que al corte de mayo de 2025, se identificaron más de 120 contaminantes en el río, de los cuales únicamente 22 están regulados por la normativa mexicana. A ello se suma que la cuenca del Río Atoyac concentra cerca de 10,100 empresas en Tlaxcala, con focos críticos de contaminación en los corredores de Panzacola, Xicoténcatl I, II y III, así como en la zona de Apizaco-Xalostoc.

Ante este panorama, te presentamos tres razones por las que las PTAR no representan una solución efectiva para la atención integral del río Zahuapan.

Te recomendamos leer: 45 años y más de $8 mil millones al Río Zahuapan, pero ningún gobierno se atreve a frenar descargas de industriales

1. A pesar de la inversión millonaria, las plantas de tratamiento de aguas residuales sólo funcionan un máximo de 50 años

Asimismo, el CEAS informó mediante una solicitud con terminación 26000007 y 26000006, que el promedio de vida útil de las PTAR en Tlaxcala a partir de su inauguración es de 25 a 30 años aproximadamente. 

Además, su promedio de vida útil a partir de ser rehabilitada es de 10 a 15 años adicionales. Y, con un adecuado mantenimiento en equipos electromecánicos (bombas, sopladores, aireadores y tableros) podría tener 5 años adicionales. Es decir, una PTAR puede tener una vida máxima de 50 años. 

Asimismo, la capacidad que tienen para sanear el litros de agua dependerá de la PTAR. A partir de una solicitud con folio 26000009, el CEAS señaló que el total de litros de agua mensualmente que atienden las PTAR ubicadas en Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tepeyanco, Tlaxcala, Tetla de Solidaridad, Huamantla, Tlaxco, Panotla, Tepetitla de Lardizábal, Nativitas, Tepetitla de Lardizábal y Yauhquemehcan es de un total de 14,112,704,000. 

NOTA** Realizamos una solicitud de información a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala (CEAS) para conocer la cantidad de litros de agua que trata mensualmente cada una de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en operación. Sin embargo, la dependencia únicamente proporcionó datos de las plantas ubicadas en los municipios previamente mencionados.

Esto significa que el volumen total reportado corresponde únicamente a 15 PTAR. El CEAS no entregó información sobre el caudal tratado por las plantas ubicadas en Tetlatlahuca, Tepeyanco, Tocatlán, Tzompantepec, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, San Juan Huactzinco, Benito Juárez, Calpulalpan, El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata y Españita.

En cuanto a la inversión para la rehabilitación que han tenido las PTAR existentes de 2022 a 2025 ha sido de $59,071,721.94, y las 30 PTAR que actualmente están en funcionamiento son las siguientes: 

PTAR TOTALES POR MUNICIPIO NÚMERO PTAR ACTUALMENTE
EN FUNCIÓN POR MUNICIPIO		 NÚMERO
Apetatitlán de Antonio Carvajal 2 Apetatlitán de Antonio Carvajal 2
Benito Juárez 2 Benito Juárez 2
Calpulalpan 3 Calpulalpan 1
El Carmen Tequexquitla 3 El Carmen Tequexquitla 1
Emiliano Zapata 3 Emiliano Zapata 2
Españita 10 Españita 1
Huamantla 10 Huamantla 1
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 4 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 2
Nativitas 2 Nativitas 1
Panotla 2 Panotla 1
San Juan Huactzinco 1 San Juan Huactzinco 1
Sanctórum de Lázaro Cárdenas 3 Sanctórum de Lázaro Cárdenas 2
Tepetitla de Lardizábal 2 Tepetitla de Lardizábal 2
Tepeyanco 1 Tepeyanco 1
Tetla de la Solidaridad 5 Tetla de solidaridad 1
Tetlatlahuca 2 Tetlatlahuca 2
Tlaxcala 4 Tlaxcala 1
Tlaxco 15 Tlaxco 1
Tocatlán 1 Tocatlán 1
Tzompantepec 1 Tzompantepec 1
Yauhquemehcan 2 Yauhquemehcan 2
Apizaco 1 Apizaco 1
Santa Cruz Quilehtla 1
Atlangatepес 12
Ixtenco 1
Terrenate 8
Mazatecochco de José María Morelos 1
Muñoz de Domingo Arenas 1
Nanacamilpa de Mariano Arista 2
Atlzayanca 6
Chiautempan 1
Cuapiaxtla 1
Xaloztoс 2
Xaltocan 5
Xicohtzinco 1
San Pablo del Monte 3
Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos 1
Hueyotlipan 5

 

En la tabla se observa que solo 10 municipios tienen en funcionamiento todas las PTAR que hay en su territorio. Por su parte, los municipios de Santa Cruz Quilehtla, Atlangatepec, Ixtenco, Terrenate, Mazatecochco de José María Morelos, Muñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, Atlzayanca, Chiautempan, Cuapiaxtla, Xaloztoc, Xaltocan, Xicohtzinco, San Pablo del Monte, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos y Hueyotlipan no cuentan con un sistema de PTAR que dan un total de 51 PTAR fuera de operación.

plantas de tratamiento de aguas residuales

2. PROPAET se limita a sancionar y regular, no a legislar

Si bien existen multas y clausuras tanto a nivel estatal como federal, la insuficiencia de leyes y normas dirigidas al control de la contaminación industrial (tanto del Ejecutivo como del Legislativo), sumada a la permisividad e indiferencia de las autoridades ambientales, reduce la efectividad de estas medidas.

Por lo que, inversiones en acciones como el saneamiento, la rehabilitación de las PTAR y la reforestación son insuficientes si no se cuentan con leyes a nivel estatal para su cumplimiento. 

Durante la administración de Lorena Cuéllar no se ha impulsado la creación o fortalecimiento de leyes y normas específicas para regular, multar, sancionar o clausurar a las industrias que realizan descargas directas al río Zahuapan. En contraste, la principal acción institucional al inicio de su gestión fue la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET).

Esta instancia cuenta con la facultad de regular y sancionar, a nivel estatal, a las industrias que descargan contaminantes en el río Zahuapan sin un tratamiento adecuado. Sin embargo, sus atribuciones se limitan a la auditoría y a la sanción y no tienen la facultad de presentar leyes que puedan armonizar el comportamiento de las industrias existentes alrededor de la Cuenca del Alto Atoyac.

La secretaría encargada de realizar dichas leyes para la prevención de contaminación en el río, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta, cuenta con dos normas que regulan las descargas de aguas residuales en México, tanto en cuerpos de agua de jurisdicción federal como en sistemas municipales.

Por un lado, la NOM-001-SEMARNAT-2021 establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas hacia cuerpos receptores federales. Esta norma señala que las personas físicas o morales que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en cualquier actividad son responsables de implementar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y, en su caso, devolverlas en condiciones adecuadas.

Por otro lado, la NOM-002-SEMARNAT-1996 fija los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Su objetivo es proteger la infraestructura de drenaje, prevenir la contaminación y salvaguardar la salud regulando las sustancias que pueden ser vertidas por industrias y comercios. 

Sin embargo, ninguna de estas normas prohíbe el vertido de residuos en ríos, sino que establecen criterios y límites para regular su descarga de forma controlada. 

En 2022 la SEMARNAT identificó 1,390 empresas como potencialmente contaminantes en la Cuenca del Alto Atoyac, debido al manejo de sustancias peligrosas, corrosivas, tóxicas o inflamables. Y de ese total, únicamente 290 cumplieron con la presentación de su declaración ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). 

Por su parte, la dependencia estatal con facultades para legislar en la materia es la Secretaría de Medio Ambiente (SMA). A nivel local, existe la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala la cual regula la gestión, el uso y el saneamiento del agua en el territorio. En este sentido, cuando una industria vierte sustancias tóxicas o lodos que dañan la red municipal o que llegan a los ríos sin pasar por una planta de tratamiento, los ayuntamientos pueden imponer sanciones, suspender el servicio y exigir la instalación de sistemas de tratamiento propios.

No obstante, la última reforma a esta ley data del 10 de mayo de 2021. Y en contraste, únicamente 22 de los 60 municipios del estado cuentan actualmente con una PTAR en operación.

3. Las PTAR no funcionan para los desechos industriales que se vierten en el Zahuapan

De acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés, el Río Zahuapan cuenta con sustancias tóxicas descargadas directamente por diversas industrias como el textil, químico, automotriz y metalmecánico. En ese sentido, las PTAR no están diseñadas para procesar este tipo de contaminantes.

Estas instalaciones se enfocan principalmente en el tratamiento de aguas residuales urbanas, domésticas e industriales. Si bien pueden recibir descargas provenientes de actividades industriales, estas deben haber sido previamente tratadas por las propias empresas en sus sistemas internos, antes de ser canalizadas a las PTAR.

En ese sentido, de acuerdo con el Primer informe estratégico: Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral, en la cuenca se ha identificado la presencia de diversos grupos de sustancias asociadas a actividades industriales en 2023. Entre ellas, se encuentran compuestos utilizados en disolventes, colorantes, aerosoles, monómeros y resinas, así como subproductos y contaminantes como los hidrocarburos aromáticos.

En la siguiente entrega de este especial, analizaremos la ubicación de las PTAR y su correspondencia con el polígono del Río Zahuapan. Asimismo, señalaremos la inversión destinada tanto a las PTAR en operación como a aquellas que actualmente se encuentran fuera de servicio.

Aunque «Cabina Mujer Segura» se amplió a hombres, no atienden municipios con altos índices de violencia

Paola Chavely Torres Nahuatlato
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Aunque «Cabina Mujer Segura» se amplió a hombres, no atienden municipios con altos índices de violencia

Tlaxcala, Tlax. El 7 de marzo, distintos medios dieron a conocer la instalación de las cabinas “Mujer Segura” en varios puntos de la capital tlaxcalteca, una estrategia impulsada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), planteada originalmente como una acción para atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

A menos de un mes, el proyecto ya suma nueve cabinas colocadas en el centro de Tlaxcala, con una inversión que supera los diez millones de pesos. Sin embargo, en el camino, la iniciativa sufrió una modificación y dejó de enfocarse exclusivamente en mujeres para abrirse a cualquier persona que se perciba en situación de riesgo.

Pese a que el mismo SESESP cuenta con datos de los municipios donde se han suscitado casos de violencia en contra de mujeres y homicidios dolosos, en esta primera etapa ha priorizado el centro de Tlaxcala como prueba piloto para este programa.

De Cabina «Mujer segura» a «Cabina de auxilio 911»

El pasado 16 de marzo, durante el acto inaugural del Centro de Control y Comando (C2) del municipio de Lázaro Cárdenas, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, adelantó el diseño de una cabina telefónica “parecida a las que se ven en Reino Unido”.

En ese momento, explicó que el objetivo del programa era instalar estos módulos en el centro de cada municipio para que las mujeres tlaxcaltecas pudieran resguardarse ante una situación de riesgo o violencia. Detalló que las cabinas estarían conectadas al número de emergencia 911 y que la atención se brindaría mediante videoconferencia.

Para entonces, el proyecto aún se encontraba en fase de diseño. Se contemplaba que cada cabina contara con la tecnología necesaria para reaccionar de forma inmediata, de acuerdo a la información que se dio a conocer a medios, las cabinas funcionarían de la siguiente manera: al abrir la puerta, se activaría automáticamente la llamada al 911 y todo el protocolo de atención correspondiente. Posteriormente, se llevaría a cabo una etapa de prueba para perfeccionar el modelo, antes de definir cuántas cabinas serían instaladas y en qué municipios, de acuerdo con el presupuesto disponible.

Incluso, desde finales del año pasado, el propio funcionario había adelantado que este esquema formaría parte de los nuevos programas de seguridad para 2026, junto con alarmas vecinales, planteando una prueba piloto de cabinas dirigidas específicamente a mujeres en espacios públicos, conectadas al C5i.

Sin embargo, el planteamiento cambió. El pasado 1 de abril, a través de información difundida por El Sol de Tlaxcala y confirmada mediante la solicitud de información con folio 291208526000015, se dio a conocer que el programa dejó de enfocarse exclusivamente en mujeres para convertirse en “Cabinas de Auxilio 911”.

Bajo este nuevo esquema, cualquier persona —hombre o mujer, de cualquier edad— que se sienta en peligro puede solicitar ayuda. De acuerdo a la información que emitió la SESESP a través de transparencias, la instalación de las cabinas están ubicadas en paraderos y puntos estratégicos, y funcionan como espacios de resguardo ciudadano ante situaciones de riesgo inminente o violencia en la vía pública.

En ese sentido se volvió a reafirmar que los módulos ofrecen refugio, apoyo y orientación, además de protección y acompañamiento inmediato. Y aunque aún no están funcionando, se informó que las cabinas están equipados para conectarse directamente con el C5i.

Inversión supera los 10 millones de pesos

El pasado 26 de marzo, el periódico El Sol de Tlaxcala informó que las cabinas “Mujer Segura”, posteriormente renombradas como “Cabinas de Auxilio 911”, implicaron una inversión de 10 millones de pesos. Sin embargo, a través de la solicitud de información con folio 291208526000013, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) precisó que el monto total destinado al proyecto asciende a 11 millones 999 mil 944.80 pesos.

En la respuesta oficial, la dependencia señala que el recurso contempla el conjunto de acciones, equipamiento, adecuaciones y servicios necesarios para la operación del sistema en su totalidad, considerándose como un solo proyecto global.

Asimismo, el SESESP dio a conocer las ubicaciones donde actualmente se han instalado estas cabinas, sumando nueve puntos en la capital del estado:

  • Plaza de la Constitución
  • Plaza Xicohténcatl
  • Ex Convento Franciscano
  • Parroquia de San José, sobre Avenida 20 de Noviembre
  • Las Escalinatas, en el bulevar Mariano Sánchez
  • La Central, en la zona de Tepehitec
  • Parada de la Virgen, sobre Avenida Independencia
  • Amatech, lateral de la carretera Puebla–Tlaxcala
  • Plaza Vértice / Estadio Tlahuicole, sobre Avenida Guillermo Valle

No obstante, la propia dependencia indicó que algunas ubicaciones adicionales aún están por confirmarse debido a cuestiones de permisos, sin embargo esta información la envió la dependencia el 4 de abril.

Cabinas de auxilio se plantean en el centro histórico, un lugar que no es reconocido por altos índices de violencia como otros municipios

Tras la transformación a «Cabina de Auxilio 911» Maximino Hernández Pulido, dio a conocer que empezarían pruebas en la capital del estado, al mencionar que son pruebas pilotos en este momento. No obstante, los índices de inseguridad, no se concentran solo en la capital.

De acuerdo con información brindada por el SESESP, para el caso de acoso y hostigamiento sexual,  los municipios con mayor casos se concentran en San Lucas Tecopilco, Calpulalpan y Apizaco.

Asimismo, San Pablo del Monte, Calpulalpan, Apizaco, Tetla y Chiautempan. 

Represión gubernamental de campesinos y transportistas tlaxcaltecas ante la protesta social

Centro Fray Julián Garcés
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Represión gubernamental de campesinos y transportistas tlaxcaltecas ante la protesta social

Tlaxcala, Tlax.- El 7 de abril de 2026 en Francisco I. Madero, Nanacamilpa, Tlaxcala, campesinos y transportista que se manifestaban de manera pacífica fueron reprimidos por fuerzas policiales enviadas por el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros. La demanda fundamental de esta protesta es garantizar precios justos y de garantía para la venta y comercialización del maíz y otras semillas, así como seguridad para los transportistas, cada vez más indefensos por la inseguridad que se padece en el país y el aumento del precio del diesel.

Esta represión no es un hecho aislado, sino la expresión violenta del sistema capitalista-neoliberal y de sus representantes en los gobiernos, quienes conciben al campo como un negocio y mercancía, y no como un espacio de vida y autonomía. El campo es cada vez más relegado, a pesar de que es la base de la alimentación de la población.

La represión de la protesta social es una estrategia gubernamental para descalificar movimientos y demandas sociales, mecanismo que se acompaña con narrativas en las que se justifican los operativos de represión bajo la idea de garantizar derechos de terceros como el “Paso libre” o el “restablecimiento del orden”. Esto invisibiliza que la causa primera de la protesta social es la falta de voluntad gubernamental para responder a las demandas.

Para justificar esta violencia también se coloca desde la narrativa oficial la idea de que hubo provocación por parte de los campesinos y transportistas y hubo un bloqueo violento. Además, se busca imponer la idea de que se actuó con el “uso proporcional de la fuerza”, pero en los hechos golpearon a los campesinos y hurtaron su maquinaria, la policía usó la fuerza contra personas desarmadas, esto no es proporcional, es violencia de Estado. También se les amenaza señalando que comenten un delito federal, mecanismo de criminalización de la protesta social que ha sido utilizado sistemáticamente para desestructurar movimientos sociales.

En la estrategia gubernamental de descalificación de la protesta social, se omite decir que golpearon a los manifestantes y que hubo privación ilegal de dos campesinos, quienes horas después fueron liberados. 

El gobierno encabezado por Lorena Cuéllar, ha criminalizado sistemáticamente la protesta legítima y responde con represión donde debería haber diálogo, como sucedió en mayo de 2023, cuando la policía estatal reprimió a mujeres que pedían agua en Calpulalpan, y al inicio de su gobierno en contra de las mujeres que se manifestaron el 8 de marzo, augurio de lo que sería su gobierno. Su comunicado oficial es un intento cínico de lavar su responsabilidad en la agresión contra la ciudadanía.

Te recomendamos leer: Gobierno de Tlaxcala legitima represión a agricultores de Nanacamilpa tras no haber seguido la vía del dialogo

Es importante recordar que la protesta social se basa en derechos como la libertad de expresión y de reunión. Además, debe considerarse como una expresión social legitima en tanto se constituyen como un medio para el ejercicio de derechos fundamentales y de vital importancia para la construcción de sociedades democráticas.

Un gobierno democrático debe reconocer que nunca la represión de la protesta social debe ser un camino a seguir, por el contrario, debe mantener las puertas del diálogo abiertas y responder a las demandas legítimas, garantizando siempre la integridad de quienes se manifiestan. Desde este espacio, nos unimos a las exigencias de los campesinos, particularmente de los pequeños agricultores, por precios justos y apoyo a su labor para lograr la soberanía y seguridad alimentaria en nuestras comunidades. También nos sumamos a la demanda de los transportistas de tener mayor seguridad ante el clima de violencia que se vive en las carreteras.

Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala

Gobierno de Tlaxcala legitima represión a agricultores de Nanacamilpa tras no haber seguido la vía del dialogo

Paola Chavely Torres Nahuatlato
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Gobierno de Tlaxcala legitima represión a agricultores de Nanacamilpa tras no haber seguido la vía del dialogo
  • Agricultores de Nanacamilpa acusan que fueron detenidos con uso de la fuerza por elementos de la policía estatal, pese a ello, vocero dio a conocer que hubo saldo blanco durante el operativo. 

Tlaxcala, Tlax.- La noche del lunes 6 de abril, el bloqueo carretero en la México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, terminó en un operativo de desalojo por parte de fuerzas estatales que, de acuerdo con testimonios de los propios manifestantes, se ejecutó con uso de la fuerza, afectando a infancias, mujeres, personas adultas mayores y agricultores. Los reportes refieren que los asistentes fueron rociados con agua y sometidos físicamente para liberar la vialidad, tras más de 24 horas de cierre en el marco de un paro nacional del campo.

Durante la mañana del 7 de abril, Emilio Taboada y su padre, Adrián Taboada, integrantes del movimiento agropecuario de la región, denunciaron haber sido privados de su libertad por elementos de seguridad estatal. De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas, cuando fueron retenidos en el contexto del operativo y trasladados al C2 de Santa Cruz, para posteriormente ser liberados.

Emilio Taboada afirmó que durante el proceso fue agredido físicamente y sostuvo que los elementos policiacos le indicaron que la acción respondía a instrucciones superiores, por lo que responsabilizó directamente a la gobernadora Lorena Cuéllar por estos hechos. 

Pese a la ola de violencia que vivieron, Emilio Taboada advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que el gobierno atienda de fondo las demandas del sector.

Exigencias de agricultores de Nanacamilpa

Los productores que participaron en el bloqueo han reiterado que su movilización responde a una serie de exigencias que consideran estructurales y no atendidas. Entre ellas destacan la necesidad de establecer precios justos para los productos del campo, particularmente granos básicos, así como la regulación de prácticas comerciales que consideran desfavorables dentro de esquemas como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A ello se suma la exigencia de condiciones de seguridad en carreteras, ante hechos de violencia que han afectado a transportistas y productores, incluyendo apoyos para familias de víctimas. De acuerdo con los propios manifestantes, estas demandas no son nuevas y forman parte de un reclamo sostenido que ha escalado ante la falta de acuerdos concretos.

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Gobierno de Tlaxcala legitima represión a agricultores tras no haber seguido la vía del dialogo

En respuesta a los hechos, el vocero de comunicación del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, señaló durante el “Diálogo Circular” del 7 de abril que el operativo se realizó tras la negativa de los manifestantes a liberar la vialidad, pese a los llamados reiterados al diálogo, y afirmó que la intervención se llevó a cabo conforme a protocolos institucionales.

«Ya la Federación había dialogado con este grupo, el viernes se reunirían la Secretaria de Gobernación con Rosa Icela Rodríguez y el lunes con la gobernadora del Estado y sin embargo decidieron no seguir en esa vía del dialogo y construcción de acuerdos»

De acuerdo con el posicionamiento emitido por el Gobierno de Tlaxcala, el bloqueo se prolongó por más de 24 horas y generó afectaciones significativas a la movilidad, con filas vehiculares de varios kilómetros, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad para restablecer la circulación.

En ese mismo pronunciamiento, la administración estatal subrayó que el uso de la fuerza se realizó bajo criterios de proporcionalidad y en apego a protocolos establecidos, mediante el empleo de recursos disuasivos no letales como agua y gases lacrimógenos para dispersar la concentración y recuperar el control de la vialidad.

En este sentido, el Gobierno de Tlaxcala reiteró que el objetivo del operativo no fue confrontar a los manifestantes, sino garantizar el libre tránsito y evitar mayores afectaciones a terceros, como el acceso a servicios básicos y el traslado de mercancías.

El gobierno estatal, a través del vocero, aseguró que la operación concluyó con “saldo blanco”, sin personas detenidas, aunque sí con individuos presentados a comparecer en el marco de denuncias relacionadas con la obstrucción de vías de comunicación, razón por la que fueron llamados Adrian y Emilio Taboada.

Sin embargo, Martínez Velázquez ha señalado en ocasiones anteriores que las personas que se manifiestan por esta causa son oportunistas, que no pertenecen al sector agrícola y que el movimiento tiene tintes partidistas, situación que volvió a referir, al mencionar lo siguiente:

«Sobre el tema de la afiliación partidista de estas personas, no es algo que sea un secreto, ahí hay fotos y es normal que los opositores también se organicen políticamente, y yo creo que en ese sentido hay total libertad de la manifestación de las ideas, inclusive afectando los derechos de otros como lo que sucedió»

Pese a ello, Martínez Velázquez negó que exista persecución política o social en contra de los manifestantes, al tiempo que subrayó que cualquier consecuencia legal derivaría únicamente de denuncias presentadas ante instancias competentes por posibles delitos del ámbito local o federal. Asimismo, se hizo hincapié en que que las autoridades actuaron tras reportes por la obstrucción de una vía federal, situación que incluso fue notificada a instancias como la Fiscalía General de la República.

El episodio ocurrido en Nanacamilpa se inserta en un contexto más amplio de inconformidad del sector agrícola en Tlaxcala, que desde finales de 2025 ha mostrado signos de tensión que van en incremento.

Hasta el momento se han registrado cinco bloqueos; si bien en meses previos no se habían documentado cierres de gran magnitud en ese municipio, sí existían antecedentes de afectaciones en tramos del Arco Norte y otras vías estratégicas dentro de la entidad, en el marco de movilizaciones nacionales que han tenido eco en distintas regiones del país.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, aseguró esta mañana que la actuación de la dependencia respondió a una obligación institucional para intervenir y evitar afectaciones a terceros, subrayando que no podía permitirse que el bloqueo derivara en un impacto mayor a la economía, al advertir que este tipo de cierres paraliza el flujo de millones de pesos.

«No podemos permitir que todo esto vaya en decremento de la economía del país, porque se paran millones de pesos»

Añadió que la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dio como respuesta a un reclamo ciudadano y en el marco de sus atribuciones, con el objetivo de restablecer la circulación y reducir las afectaciones a la movilidad y a las actividades económicas.

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Escenario Electoral 2027: Frases verificables de aspirantes a la gubernatura, Marzo 2026

Adrian Meléndez
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Escenario Electoral 2027: Frases verificables de aspirantes a la gubernatura, Marzo 2026

Tlaxcala, Tlax.- Dando continuidad a nuestro Escenario Electoral 2027 —que puedes consultar aquí—, realizamos un análisis de las entrevistas otorgadas por posibles candidatos y candidatas a la gubernatura del estado durante el mes de marzo. Como parte de este ejercicio, y sometiendo a un proceso de fact-checking seis entrevistas y una rueda de prensa de distintos perfiles que podrían contender el próximo año.

Durante este análisis, se identificó que el diputado federal de Morena, Raymundo Vázquez Conchas, no presentó datos con suficiente sustento para ser auditados. Por su parte, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, exdiputado local por el PT, quedó fuera del análisis al perfilarse hacia una posible candidatura por la presidencia municipal de la capital. En tanto, la senadora del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, no participó en entrevistas durante el mes de marzo.

Los espacios mediáticos que dieron voz a estos perfiles incluyen Noticias con Juan Carlos Valerio; Sin Anestesia, de La Bestia Política; En entrevista con Leslye Ortuño, de Canal 13; así como Eje Central, Periódico de Tlaxcala y Gente Tlx, además de una rueda de prensa difundida por MR Noticias.

Fact-checking del Escenario Electoral 2027 del mes de marzo

De los siete aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala, se consolidaron cuatro procesos de fact-checking dirigidos a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera; el presidente municipal capitalino, Alfonso Sánchez García; la diputada local, Miriam Martínez Sánchez; y el consejero estatal de Morena, Carlos Augusto Pérez.

En las entrevistas analizadas, los temas predominantes giraron en torno a la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal y el denominado «Plan B», así como a asuntos de administración pública, labor legislativa, seguridad, partidos políticos, economía e industria estatal. Sin embargo, ejes como trata de personas, género, medio ambiente, migración, pueblos originarios, discapacidad, movilidad o LGBTTTIQA+ no fueron abordados.

Ana Lilia Rivera Rivera

Para el caso de la senadora por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera en entrevista para Noticias con Juan Carlos Valerio se identificaron dos frases que abren puntos sobre la actual propuesta reforma electoral y el Plan B propuesto por el poder Ejecutivo.

La primer frase verificable es:

verdadero

«La reforma electoral hoy más bien va en función de tratar de cerrarle un poco la llave a los legislativos locales, a las presidencias municipales».

La frase es verdadera, en tanto, la iniciativa denominada «Plan B», impulsada por el Ejecutivo federal planteó la transformación de tres ejes centrales en los niveles estatales y locales. Por un lado, se estableció una reducción del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70% del gasto estatal total; la eliminación de la reelección inmediata de diputadas y diputados; y la prohibición de que familiares ocupen cargos vinculados.

En paralelo, la propuesta contempla una reconfiguración de los ayuntamientos, integrados por una presidencia municipal, una sola sindicatura y entre siete y quince regidurías. Este rango se ajustaría en función de la representación proporcional de habitantes en cada municipio.

La segunda frase verificable es:

verdadero

«Podrás tener la representación proporcional como la ley lo tiene todavía contemplado, pero el mensaje es claro: con austeridad».

Esta frase es verdadera, pues, en materia de sueldos y prestaciones, el «Plan B» establece que las percepciones de legisladores y de integrantes de los ayuntamientos deberán ajustarse a los topes constitucionales, eliminando remuneraciones y beneficios que excedan el salario de la Presidencia de la República. Este ajuste se justifica bajo el principio de austeridad.

No obstante, la iniciativa no contempla modificaciones a la figura de las diputaciones plurinominales, que permanecen sin cambios en su integración y funcionamiento conforme a la ley vigente. En ese sentido, si bien se mantiene su estructura, se prevé que también operen bajo los criterios de austeridad establecidos.

Hasta ahora, el Senado de la República ha avalado la iniciativa del Ejecutivo. En tanto, la propuesta se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, y se prevé que su armonización en los congresos locales quede concluida antes de junio de 2026.

Alfonso Sánchez García

Mientras tanto, el edil de la capital tlaxcalteca tuvo una entrevista el día 5 de marzo en el medio de comunicación Eje Central, durante esta entrevista se identificaron dos frases verificables las cuales abarcan parten de su labor administrativa e infraestructura de la capital.

La primer frase es

verdadero

«La verdad es que recibimos el municipio en malas condiciones, con muchas deudas, nos heredaron pasivos por cerca de 40 millones de pesos, nos heredaron una deuda con pensiones civiles de alrededor de 22 millones de pesos, otra deuda con el SAT de 9 millones de pesos»

Esta frase es verdadera, pues el informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala (OFS) documentó que, durante la administración de Jorge Alfredo Corichi Fragoso (agosto de 2021– agosto de 2023), se registraron múltiples anomalías financieras que derivaron en deudas y pasivos significativos para el ayuntamiento.

Tras su salida —y la breve continuidad de Maribel Pérez Arenas durante agosto de 2023 y agosto de 2024— se marcó un punto crítico en la gestión financiera de la capital. El Congreso del Estado de Tlaxcala determinó reprobar la cuenta pública del ayuntamiento, al acreditar un daño patrimonial por 31,387,407.98 pesos, de acuerdo con el informe del OFS correspondiente a 2023.

Según el órgano fiscalizador, estos hallazgos constituyeron posibles actos de irregularidad, desvío de recursos y afectaciones a la Hacienda Pública municipal. En particular, el informe señaló que, del 1 de enero al 6 de agosto de 2023, se identificaron alteraciones por 16,362,984.56 pesos atribuible a la administración municipal en funciones durante ese periodo.

Por su parte, medios como El Sol de Tlaxcala, La Jornada de Oriente y La Red Tlaxcala señalaron que la deuda y los pasivos generados durante ese periodo podrían ascender hasta los 123 millones de pesos. Asimismo, reportaron la presunta identificación de alrededor de 30 casos de «aviadores» dentro de la administración municipal.

En esa misma entrevista, Sánchez García afirmó que el presupuesto actual del municipio es el más bajo en comparación con otros integrantes del denominado M20. En este sentido, la frase verificable es:

enganoso

“SOMOS LA CAPITAL QUE MENOS RECURSOS RECIBE EN EL PAÍS, Y BUENO […] ALGUNOS OTROS QUE TIENEN PRESUPUESTOS BASTANTE IMPORTANTES”.

Esta afirmación resulta ser engañosa. Si bien el Ayuntamiento de Tlaxcala se encuentra entre los municipios con menores recursos dentro del grupo M20, no ocupa el último lugar. Para el ejercicio fiscal 2025, la capital tlaxcalteca registró un presupuesto de 203 millones 90 mil 809 pesos. En contraste, municipios como Orizaba en Veracruz, reportó un total de 42 millones 881 mil 359 pesos en el mismo periodo, ubicándose como el de menor disponibilidad dentro de este grupo.

No obstante, al acotar la comparación exclusivamente a capitales estatales, Tlaxcala sí se posiciona como la de menor presupuesto dentro del grupo, por debajo de ciudades como Mérida en Yucatán o Tepic en Nayarit, cuyos presupuestos ascienden a 6 mil 188 millones 821 mil pesos y 979 millones 602 mil pesos, respectivamente, para el ejercicio fiscal 2025.

Miriam Esmeralda Martínez Sánchez

Al mismo tiempo, en entrevista para el programa Sin Anestesia, de La Bestia Política, la diputada Miriam Martínez abordó temas relacionados con seguridad, incidencia delictiva, trabajo legislativo y el panorama electoral rumbo a 2027. Sus declaraciones fueron sometidas a un proceso de fact-checking, del cual se desprenden las siguientes frases verificadas:

enganoso

 «Tlaxcala ha dejado de ser el estado más seguro; hoy tenemos cifras récord en robo de vehículos.»

La afirmación resulta ser engañosa. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) mostraron que, durante 2024 el robo de vehículos concentró el 51.1% de la incidencia delictiva en Tlaxcala, posicionándose como uno de los delitos de mayor impacto, registrando 1,754 casos durante ese periodo.

Mientras tanto, para 2025 la tendencia mostró una disminución. Este hecho pasó a representar el 32.33% del total de delitos en la entidad, con 806 robos de vehículos automotores. De estos, 556 correspondieron a unidades de cuatro ruedas y 250 a motocicletas, reflejando una baja considerable tanto en proporción como en cifras absolutas.

La segunda frase verificable es la siguiente:

enganoso

«El 70% de los municipios en el estado no cuentan con policías certificados.»

La cifra resulta engañosa, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tlaxcala cuenta con 2,135 policías municipales, de los cuales, 695 elementos disponen del Certificado Único Policial (CUP), mientras que 1,440 permanecen pendientes de certificación.

Estas cifras evidencian un rezago significativo en la profesionalización de la fuerza de seguridad a nivel estatal con un 67.45% de los elementos carentes de certificación, frente a un 32.55% que sí cuenta con el CUP. Si bien este último porcentaje coincide parcialmente con lo señalado por la diputada, su afirmación no resulta precisa, ya que corresponde al total de efectivos en la entidad y no a la distribución por municipio. Esto genera un contexto confuso e incompleto sobre la magnitud y localización del déficit existente.

La siguiente frase es:

falso

«Tlaxcala es el estado que menos ha crecido en empleos formales en la región centro durante el último trimestre.»

La frase es falsa. El panorama laboral al cierre de 2025, con base en los más recientes informes del INEGI (2026), muestra resultados divergentes entre las entidades de la región centro. Puebla se posicionó como la entidad con mayor crecimiento, al registrar un incremento de 80 mil personas ocupadas, seguida de Morelos, con 42 mil más respecto al cuarto trimestre de 2024.

Considerando el panorama de la región centro, el Estado de México fue el único que reportó una caída significativa, con una disminución de 32 mil personas ocupadas en el mismo periodo. En tanto, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala presentaron los incrementos más bajos, con 5,600, 7,726 y 8,314 nuevos ocupados, respectivamente.

En este contexto, aunque Tlaxcala muestra un crecimiento limitado en la generación de empleo, no se ubica en el nivel más bajo de la región, ya que entidades como Querétaro e Hidalgo registraron incrementos aún menores.

La siguiente frase verificable es:

falso

«El PAN en Tlaxcala ha crecido en su padrón de militantes un 15% en el último año.»

La afirmación es falsa. De acuerdo con el Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, se registró un crecimiento neto de 295 integrantes durante 2024 y 2026, al pasar de 3,655 afiliados (al 10 de noviembre de 2024) a 3,950 registros (al 30 de marzo de 2026), lo que representa un incremento del 8.07% durante este periodo.

Sin embargo, la evolución no ha sido lineal. Durante 2025 se registró un crecimiento más acelerado del 10.37%, alcanzando un máximo de 4,034 militantes en octubre de ese año. Posteriormente, la cifra actualizada al 30 de marzo mostró una reducción a 3,950 integrantes, lo que sugiere una reducción de 84 registros, equivalente a una disminución del 2.08% respecto a ese pico.

Aunque existe un crecimiento acumulado en el periodo analizado, la tendencia reciente refleja un ajuste a la baja en el padrón, lo que matiza la interpretación de un crecimiento sostenido y lejos del 15% que asegura la diputada local.

La última frase verificable es:

verdadero

«En la coalición pasada, el PAN aportó el mayor número de votos de los partidos de oposición en el estado.»

La afirmación es verdadera. De acuerdo con los Cómputos Distritales 2024 del INE para las elecciones federales de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el PAN se posicionó como la principal fuerza de oposición en términos de votación.

Para la elección presidencial, el partido acumuló 52,444 votos, equivalentes al 7.07%. Para diputaciones federales, registró 2,307,505 votos en la circunscripción 4, lo que representó el 17.01%. Para el caso de las senadurías, obtuvo 66,164 votos, correspondientes al 8.94%. Estos resultados reflejan su peso relativo dentro de la oposición en los distintos niveles de la contienda federal y reflejando la oposición con mayor peso en la entidad, por debajo de partidos como el PRI o el PRDT, quienes formaron parte de la alianza «Va por México«.

Carlos Augusto Pérez Hernández

Para el caso de Carlos Augusto Pérez, Consejero Estatal de Morena en Tlaxcala en entrevista con Leslye Ortuño para el Canal 13. Durante sus múltiples intervenciones se identificaron dos frases verificables las cuales abarcan parten a temas de seguridad, economía e industria en la entidad.

La primer frase es:

enganoso

«Tlaxcala es el estado con la menor incidencia delictiva del país.»

La frase verificable es engañosa, pues los datos del cierre de 2024 y las proyecciones de 2025 mostraron que Tlaxcala registró aproximadamente 3,158 carpetas de investigación iniciadas entre enero y noviembre de 2024.

En contraste, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 estimó que la tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes en Tlaxcala alcanzó las 30,498 personas, situándose como la tercera entidad con mayor victimización en el país, solo por debajo del Estado de México y la Ciudad de México.

En este contexto, la información reportada por el SESNSP y la ENVIPE presenta diferencias relevantes, derivadas principalmente de los niveles de denuncia. Esta brecha se explica, en gran parte, porque muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o por considerar que no habrá consecuencias, lo que puede implicar omisiones institucionales y riesgos para su integridad personal.

La siguiente frase verificable es:

falso

«En Tlaxcala no hay cárteles de la droga establecidos.»

La afirmación es falsa. Durante 2025, autoridades localizaron cuatro narcolaboratorios en el municipio de Tlaxcala, todos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. Los aseguramientos ocurrieron en enero, febrero y julio por autoridades federales. Los operativos dejaron un total de 18 personas detenidas y asegurando equipo para la producción de drogas sintéticas.

Mientras tanto, durante el primer trimestre de 2026 se reportó un golpe relevante contra la delincuencia organizada. Autoridades federales —entre ellas elementos de la Marina, la SSPC, la FGR, así como personal de Defensa y Guardia Nacional— realizaron un operativo en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, donde fue detenido Isaac «N», identificado como líder de una célula delictiva con presencia en la entidad.

La captura se dio por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. No obstante, este tipo de acciones relevantes corresponden a la presencia de cárteles y grupos delictivos de alto impacto en la entidad, mismos que han sido ignorados bajo un discurso que niega la presencia de grupos delictivos por parte de la mandataria de la entidad, Lorena Cuéllar Cisneros.

La siguiente frase verificable es:

verdadero

«Tlaxcala es el único estado del país que no tiene deuda pública.»

La frase verificable es cierta. Tlaxcala es la única entidad sin deuda pública, la cual se mantiene en 0 pesos, de acuerdo con la revisión del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.

La última frase verificable es:

enganoso

«Somos el estado que más ha crecido en la industria manufacturera en el último año.»

La frase es engañosa, es cierto que durante el tercer trimestre de 2025, la entidad se posicionó como el estado con mayor dinamismo económico a nivel nacional, al registrar un crecimiento de 2.8%, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE, 2026) del INEGI.

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el fuerte repunte de las actividades primarias, que crecieron 31%. A ello se sumó el avance de las actividades terciarias, con un incremento de 2.7%. En contraste, las actividades secundarias —donde se ubica la industria manufacturera— mostraron un crecimiento marginal de 0.2%. En conjunto, estos resultados explican el desempeño positivo de la entidad, aunque con un impulso desigual entre sectores, principalmente en el secundario.

A manera de cierre

Como se observó en el proceso de fact-checking, la senadora Ana Lilia Rivera es quien muestra un mayor manejo de los datos, al registrar dos frases verificables como verdaderas. Le sigue Alfonso Sánchez García, con una frase verificable verdadera y una engañosa.

Por su parte, Carlos Augusto Pérez acumuló una frase verdadera, dos engañosas y una falsa, lo que configura un panorama impreciso sobre la información que presenta. Finalmente, la diputada Miriam Martínez registró una frase verdadera, dos engañosas y dos falsas, lo que configura una postura basada en datos ambiguos, no correlacionados o poco ajustados a la realidad tlaxcalteca.

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Botones de auxilio de la SMET y C5i no responden a los entornos violentos que las mujeres enfrentan: Activista

Valeria Arroyo
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Botones de auxilio de la SMET y C5i no responden a los entornos violentos que las mujeres enfrentan: Activista
  • Sin información sobre el presupuesto ni sobre cuántas mujeres han sido beneficiadas por el programa “Botón de Auxilio”, operado por la SMET y el C5i, activista señala que esta estrategia no está respondiendo de manera efectiva a contextos de violencia.

Tlaxcala, Tlax.- En julio de 2025, la Secretaría de las Mujeres del Estado (SMET) en coordinación con la Coordinadora del Despacho de Bienestar Emocional y Mujer Segura del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia C5i, establecieron los lineamientos sobre la entrega y uso del Botón de Auxilio, diseñada para brindar atención oportuna a niñas, adolescentes y mujeres que se encuentren en contextos de riesgo o violencia.

En entrevista para Escenario Tlaxcala, la abogada y activista Yenny Charrez informó que cuenta con un botón de auxilio debido a las constantes amenazas que ha recibido por su labor en la defensa de mujeres en contextos de violencia. No obstante, señaló que este dispositivo no ha brindado una respuesta adecuada frente a las situaciones que ha enfrentado como activista y comunicadora social.

Explicó que solicitó el botón de pánico hace aproximadamente un año, tras un incidente ocurrido mientras acompañaba a una víctima de trata de personas. Que señaló, fue perseguida por individuos, lo que la llevó a obtener este dispositivo a través del programa estatal Mujer Segura de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET).

Agregó que lo hizo mediante este programa en lugar de recurrir al mecanismo de protección para periodistas y personas activistas, al considerar que tanto a nivel federal como estatal estos esquemas resultan insuficientes para garantizar su seguridad.

«No está especializado en atender periodistas y mucho menos activistas» – Yenny Chárrez

Chárrez señaló que ha activado el botón de auxilio en dos ocasiones. La primera ocurrió cuando se encontraba en Ciudad Judicial, acompañando a una víctima de violencia cuya pareja estaba presuntamente vinculada con personas del crimen organizado. Relató que ese día, alrededor del mediodía, decidió activar el dispositivo tras recibir una amenaza dirigida a su hijo. Sin embargo, fue hasta la medianoche cuando personal de atención se comunicó a sus números de emergencia para preguntar el motivo de la activación; además de corroborar su ubicación en ese momento, y dárselo erróneo.

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Ante ello, Yenny señaló que, si la respuesta de los cuerpos de seguridad llega tarde, estos dispositivos terminan siendo poco efectivos, pues, en lugar de brindar protección oportuna, solo permitirían que familiares o amistades conozcan el lugar donde podría encontrarse el cuerpo de la persona afectada.

«Un amigo que tiene el mecanismo federal y yo no quería el botón me dijo «Yenny, no es para que recibas ayuda, es para que mínimo si te matan encuentren por lo menos tu cuerpo Tú sabes lo difícil que es para las familias tener un desaparecido y fue por eso que acepté tener un dispositivo».

Agregó que, al ser activado el dispositivo inicia la grabación de audio de lo que ocurre en ese momento. Precisó que esta información puede obtenerse mediante una solicitud de acceso a la información, a través de la cual se entrega un informe con el registro de lo grabado.

«las personas te explican cómo funciona,  te explican qué no debes de hacer con él. No se revela obviamente el cómo es o dónde lo llevas. Lo principal de todo es que siempre esté activo»

¿Qué tan peligroso es lo que estoy viviendo para presionarlo?

Yenny señaló que contar con este dispositivo la ha llevado a cuestionar la normalización de las violencias que se viven cotidianamente, así como a reflexionar sobre el nivel de riesgo o agresión que debería alcanzarse para decidir activarlo.

«Hay veces en que es peligroso y aún así no lo activamos tal vez por porque estamos acostumbrados ya también a natural los ataques».

Ejemplifico que en una ocasión activó el botón porque la persona que estaba a su alrededor traía un machete, y fue este objeto que la hizo reaccionar ante la situación en la que se encontraba, refiriendo que aunque incluso le hubiera pegado, probablemente hubiera activado el el botón.

Hasta el momento la Secretaría de las Mujeres del Estado (SMET) no ha dado a conocer cuántos informes de uso sobre este botón han habido desde su implementación. Sin embargo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos durante enero de 2026 se contabilizaron 85 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres en Tlaxcala. Además, informó que en 2025 se registraron mil 470 llamadas de emergencia por incidentes de violencia contra mujeres. 

Deuda gubernamental en la erradicación de la violencia contra las mujeres y la explotación sexual

Centro Fray Julián Garcés
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Deuda gubernamental en la erradicación de la violencia contra las mujeres y la explotación sexual

Tlaxcala, Tlax.- A finales de 2025 e inicios del año en curso, el gobierno del Estado de Tlaxcala realizó un par de sesiones informativas con la finalidad de enaltecer el esfuerzo gubernamental ante uno de lo que ellos consideran “estigmas” de la población tlaxcalteca: La Trata de Mujeres con fines de explotación sexual; en dichas sesiones, según sitios oficiales del Gobierno del Estado, la Gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros, destacó supuestos avances a la prevención y erradicación de la violencia sexual con apoyo de instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

A escasos días de la Segunda Sesión de la Mesa Permanente de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) donde, según Expediente Político, se destacó un “avance” del 36% de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, se encontraron 3 cuerpos de mujeres embolsados entre los municipios de Altzayanca e Ixcamaxtitlán, cada uno de ellos con características que según el Código Penal Federal Artículo 325. corresponden al delito de feminicidio.

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Es posible observar la diferencia abismal entre los autoelogios gubernamentales y la realidad cotidiana en Tlaxcala ¿Qué tipo de seguridad le puede brindar el Estado a las mujeres cuando éstas despiertan enterándose que, bajo el gobierno actual, este territorio ⎯al que en 2025 se le destinó un presupuesto Estatal de 780.7 millones de pesos para acciones contra la Trata, (La Jornada de Oriente, 2025) ⎯, es la misma región donde la Fiscalía recupera cuerpos de mujeres violentadas? 

¿Qué acciones puntuales (que no sean pintar las escalinatas de los héroes de morado o asumir tajantemente que “la Trata de Mujeres ya no existe gracias a Dios”) se deberían estar realizando para dejar de ver a Tlaxcala como un vertedero de cuerpos de mujeres y garantizar el acceso a una vida digna y sin violencia sistemática y patriarcal por parte de las instituciones gubernamentales?

Ante este contexto, es prioridad buscar y exigir congruencia en aquellos discursos que sólo buscan figurar a nivel superficial con una realidad que no encaja en lo absoluto, por el contrario, los habitantes y las mujeres y niñas tlaxcaltecas estamos destinados y destinadas a ver la conclusión de un gobierno sumamente permisivo ante la violencia y la explotación sexual de las tlaxcaltecas.

Por ello es importante cuestionar desde una perspectiva crítica cuál es el discurso que instituciones y representantes gubernamentales nos están mostrando sobre la atención y prevención de la Trata de Mujeres con fines de explotación sexual. Es nuestro derecho exigir a las autoridades la ejecución de políticas públicas reales enfocadas en la erradicación y prevención de la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, es nuestro derecho vivir en un Tlaxcala donde en los caminos se transiten, no en donde se recojan y exploten cuerpos.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

Serie 8M | Mujeres Organizadas de Tlaxcala: De otras formas de protesta a la incidencia pública

Paola Chavely Torres Nahuatlato
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Serie 8M | Mujeres Organizadas de Tlaxcala: De otras formas de protesta a la incidencia pública

Tlaxcala, Tlax. En 2020, cuando la pandemia parecía haber detenido el mundo, algo empezó a moverse en los hogares y calles de Tlaxcala; eran mujeres jóvenes, atravesadas por distintas formas de violencia, que un día, en medio del hartazgo se encontraron. Sin una convocatoria o un plan previo, empezaron a escucharse, a abrazarse, a nombrar lo que sentían y, poco a poco, a transformar el miedo y la rabia en protesta y organización.

Así nació Mujeres Organizadas de Tlaxcala (MOT), no como una colectiva tradicional, sino como un movimiento que se fue tejiendo entre redes sociales, mensajes y encuentros en las calles; dando espacio a mujeres jóvenes que empezaban a cuestionar, desde una perspectiva feminista, las violencias que vivían en sus hogares, escuelas y espacios de trabajo.

Aprender a protestar: de la rabia inicial a la organización colectiva

Para Diana Morales y Liz Montoya, integrantes de Mujeres Organizadas de Tlaxcala, la toma simbólica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue un momento clave para entender otras formas de lucha, pues además de coincidir físicamente, muchas se enfrentaron por primera vez a otras formas de protesta y organización.

“Para nosotras, tomar el espacio público y ver prácticas como el bloque negro, la iconoclasia y la acción directa en Tlaxcala fue profundamente impactante, porque eran formas de protesta que no eran comunes en las movilizaciones de mujeres en el estado.”

Para algunas de las mujeres que participaron en la “okupa” de la CEDH, estas prácticas no eran nuevas. Muchas de ellas venían de haber estudiado en universidades públicas de otros estados, como la Ciudad de México o Puebla, donde ya habían tenido contacto con estas formas de protesta. Para otras, en cambio, fue su primer acercamiento a un feminismo más visible, colectivo y confrontativo.

Desde 2020, la protesta para Mujeres Organizadas de Tlaxcala (MOT) ha sido también un proceso de aprendizaje constante. Lo que comenzó como una respuesta urgente, atravesada por la rabia, el miedo y la necesidad de visibilizar las violencias, se fue transformando con el tiempo en una práctica más consciente, organizada y colectiva.

Liz comparte que en los primeros momentos, salir a la calle implicaba, sobre todo, hacerse escuchar, pues no contaban con protocolos ni preparación previa y muchas mujeres, participaban por primera vez en una manifestación, enfrentándose no solo a la exposición pública, sino también a la reacción de una sociedad poco acostumbrada a estas formas de protesta.

“Era literalmente alzar la voz por primera vez en las calles para pedir justicia”

Sin embargo, los contextos de represión y los riesgos que enfrentaron marcaron un punto de inflexión. A partir de esas experiencias, comenzaron a cuestionarse cómo protestar sin ponerse en peligro, cómo cuidar a las demás y cómo sostener las movilizaciones de forma más segura.

“Después de 2022 nos cayó el veinte de la capacidad que tenía el Estado para hacernos daño y lo poco que estábamos preparadas”

Así, el aprendizaje se volvió colectivo y empezaron a compartir información, construir acuerdos y desarrollar herramientas propias, para poner por delante la seguridad de las mujeres durante la protesta como eje central, y así fue que que el bloque negro ocupó un lugar importante en la protección entre ellas para las marchas.

“El bloque negro siempre fue para nosotras un tema de seguridad”

Desde la organización de contingentes hasta la difusión de medidas básicas —como el cuidado entre compañeras, la identificación de riesgos o la protección frente a posibles agresiones—, el movimiento fue fortaleciendo sus formas de acción.

“Si alguien decidía hacer iconoclasia, las demás tenían que cubrirla, pero también cuidar a todas”

La experiencia en las machas, dejó claro que la movilización no es estática, también se transforma, se adapta y responde tanto a las condiciones externas como a los procesos internos de quienes la sostienen.

Así, para MOT, protestar ha significado no solo alzar la voz, sino aprender —juntas— a hacerlo de formas cada vez más cuidadas, estratégicas y sostenibles.

Del acompañamiento intuitivo a la construcción de cuidados e incidencia, el nacimiento de Cyberpink

Para Liz y Diana, con el paso del tiempo, desde la colectiva se empezaron a suscitar conversaciones más profundas, donde las preguntas empezaron a cambiar. Ya no solo se trataba de salir a protestar, sino de pensar hacia dónde dirigir esa protesta y cómo incidir más allá de la calle.

“Llegó un momento en que terminábamos la marcha y nadie nos recibía, y era como preguntarnos: ¿entonces para qué estamos haciendo esto?”

Lo que comenzó como coincidencias en la protesta se convirtió en una red que no solo denunciaba, sino que también buscaba construir algo distinto en Tlaxcala. Sin embargo, no tenían claro cómo debían organizarse y, al ser mujeres jóvenes, no contaban con la experiencia para el autocuidado. Lo único que tenían claro es que necesitaban acuerpar, acompañar y ser un espacio seguro para más mujeres.

Para Diana, MOT se convirtió en un espacio de contención que no contaba con protocolos ni formación previa; pese a ello, las integrantes comenzaron a acompañar casos de violencia desde lo más básico.

Liz comparte que el acompañamiento se dio de forma intuitiva. No había rutas claras ni herramientas definidas, pero sí una certeza que ponía por delante el no dejar sola a ninguna mujer. Desde mensajes en redes hasta presencia en momentos difíciles, el movimiento fue construyendo comunidad a partir del cuidado.

“NOS DIMOS CUENTA DE QUE HABÍA COSAS QUE NO PODÍAMOS CAMBIAR SOLO DESDE LA CALLE”

En ese proceso de aprendizaje y de reconocer los límites de la protesta en la calle, también comenzaron a surgir nuevas apuestas desde lo digital. Así nació Cyberpink, una iniciativa impulsada desde la experiencia de acompañamiento de Mujeres Organizadas de Tlaxcala, que buscó trasladar el cuidado colectivo al espacio virtual.

De acuerdo con Diana, Cyberpink se construyó a partir de la necesidad de responder a las violencias digitales que cada vez eran más frecuentes entre las mujeres jóvenes que se acercaban al movimiento. Sin formación especializada inicial, pero con la experiencia acumulada de acompañar casos, comenzaron a sistematizar información, compartir herramientas de seguridad digital y generar redes de apoyo para quienes enfrentaban acoso, difusión de contenido íntimo sin consentimiento o amenazas en línea.

Para Diana, más que un proyecto formal en sus inicios, Cyberpink fue una extensión del acompañamiento intuitivo que ya realizaban, pero enfocado en un terreno que exigía nuevas habilidades. A través de talleres, difusión en redes y la creación de espacios seguros de escucha, la iniciativa permitió que más mujeres reconocieran la violencia digital como una forma real de agresión y encontraran rutas para enfrentarla.

Con el tiempo, este trabajo también abrió la puerta a la incidencia. La experiencia directa con casos concretos les permitió identificar vacíos institucionales y legales, lo que posteriormente se tradujo en su participación en la construcción de propuestas como el protocolo de atención a víctimas de violencia digital y, más adelante, en procesos legislativos.

En 2023, este proceso se tradujo en la presentación de una iniciativa ante el Congreso local por la diputada Diana Torrejón, a solicitud de CyberPink y Mujeres Organizadas de Tlaxcala, para reformar el Código Penal y diversas leyes en materia de violencia contra las mujeres, víctimas y derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado.

Dicha iniciativa buscó complementar y fortalecer marcos jurídicos como la “Ley Olimpia”, incorporando elementos para sancionar la difusión de contenido íntimo y sexual, particularmente cuando involucra a menores de edad, ampliando así las herramientas legales para atender la violencia digital en el estado.

Este ejercicio, no solo fortaleció el acompañamiento, sino que se convirtió en un puente entre la experiencia colectiva y la posibilidad de transformar estructuras desde lo institucional.

El movimiento feminista es la esperanza para muchas

Para Diana y Liz, lejos de debilitarse, el movimiento feminista en Tlaxcala se mantiene activo, diverso y en constante transformación, adaptándose a distintos contextos y territorios. Desde las calles hasta los espacios digitales, pasando por comunidades, escuelas y procesos organizativos locales, las mujeres continúan generando estrategias para enfrentar las violencias.

«Los tendederos, las denuncias en redes, las acciones colectivas y la incidencia política son muestra de que el movimiento no solo sigue presente, sino que ha ampliado sus formas de acción»

Desde la perspectiva de quienes integran Mujeres Organizadas de Tlaxcala, el feminismo en no se limita a una sola forma de organización ni a una sola agenda; para ellas, sxisten múltiples expresiones como colectivas que acompañan casos de violencia, grupos que inciden en lo legislativo, mujeres que resisten desde sus comunidades y otras que, sin nombrarse feministas, sostienen prácticas de cuidado y defensa colectiva. Esta diversidad da cuenta de un movimiento vivo que responde a realidades distintas.

Sin embargo, también hay conciencia de los retos que existen al interior del movimiento, y uno de ellos es la falta de articulación; pues aunque existen múltiples iniciativas, no siempre logran encontrarse o construir agendas común, aún así, no lo perciben como una debilidad del movimiento, sino como parte de su complejidad.

“No diría que está desvirtuado, pero sí hace falta articulación… porque esfuerzos hay un montón, ganas también, pero falta cómo juntarlo todo”

Frente a discursos que buscan reducirlo a lo institucional o partidista, Diana y Liz, reivindican que lo político atraviesa lo cotidiano, como en el acto de acompañar, organizarse, protestar y cuidar; muchas de estas acciones ya son, en sí mismas, formas de hacer política.

“Pensar que la acción política solo está en esos espacios es despolitizar el feminismo”

Para la colectiva Mujeres Organizadas, el movimiento se sostiene también desde lo personal. Para muchas, el feminismo no solo ha sido una causa, sino una forma de transformar su propia vida.

“No sé si el feminismo vaya a salvar el mundo, pero ha salvado el mío, y el de muchas mujeres que están en este camino”

Desde ahí, el movimiento en Tlaxcala no solo persiste, también crece, se extiende y se reconstruye todos los días, incluso en medio del cansancio, la rabia, la represión por parte del gobierno y la falta de condiciones.

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Aplazan resolución sobre la Ciudad de la Juventud; aún sin fecha para definirse

Valeria Arroyo
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Aplazan resolución sobre la Ciudad de la Juventud; aún sin fecha para definirse
  • El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala ordenó diferir la audiencia del proyecto «Ciudad de la Juventud» en el Parque de la Juventud.

Tlaxcala, Tlax.- Tras la promoción del amparo 1900/2025 por parte del movimiento Salvemos al Parque de la Juventud, en diciembre de 2025, el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tlaxcala determinó este día diferir la audiencia, cuya nueva fecha aún está por definirse.

El recurso legal interpuesto por el colectivo denuncia omisiones por parte de las autoridades, entre ellas la falta de información pública sobre el proyecto, la ausencia de consulta ciudadana y posibles afectaciones ambientales derivadas de las obras contempladas, las cuales incluyen la tala de árboles.

Ciudad de la Juventud

Por su parte, esta mañana el movimiento Salvemos al Parque de la Juventud ofreció una rueda de prensa en la que informó que el plan maestro del proyecto contempla la construcción de un mini golf, un estanque, una alberca, áreas con parrillas, puestos comerciales y un estacionamiento dentro del parque, que serán desarrolladas en dos etapas.

Ciudad de la Juventud

Estas propuestas implicarían la tala de árboles y un impacto negativo en el ecosistema actualmente existente en el parque. Asimismo, señalaron que, pese a la ausencia de consulta ciudadana, los planos del plan maestro aún incluyen un estanque por lo que desconocen si sería abastecido con agua proveniente de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTARs) de la capital, que de ser así, podría representar un riesgo para la salud de quienes utilizan y habitan el parque.

Ciudad de la Juventud

Señalaron que, pese a las declaraciones de la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar, quien ha indicado que el proyecto “Ciudad de la Juventud” no se ejecutará este año, sino el siguiente, continúan en desacuerdo con las acciones que siguen realizándose para su implementación.

Hasta el momento, dicha información sobre el proyecto ejecutivo no ha sido proporcionada de manera oficial por la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de Infraestructura (SI) hacia la ciudadanía, sino que ha sido obtenida a través del seguimiento del amparo ante instancias federales como SEMARNAT y CONANP.

Finalmente, informaron que se encuentran en la búsqueda de una propuesta de plan comunitario que permita identificar las necesidades del parque; dicha convocatoria permanecerá abierta al menos durante este año e informaron que los ciudadanos se pueden acercar al movimiento a través de sus redes sociales.

Ciudadanos, CONANP Y SMA dialogan para la implementación del programa de manejo del Parque Nacional Xicoténcatl

El pasado 24 de marzo, el movimiento Salvemos al Parque de la Juventud y ciudadanos, establecieron una mesa de diálogo con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino, así como con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) sobre la elaboración de los trabajos técnicos para la elaboración del programa de manejo del Parque Nacional Xicoténcatl, un Área Natural Protegida (ANP) que actualmente carece de este instrumento que regula y establece estrategias, acciones y normas para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Lo anterior se debe a que el movimiento cuestionó la falta de transparencia respecto al impacto ambiental que podría generar la obra “Ciudad de la Juventud” en el Parque Nacional Xicoténcatl, el cual se encuentra dentro de este parque nacional.

Ciudad de la Juventud

En ese sentido, el titular regional de la CONANP, Marco Antonio Castro Martínez, informó que actualmente la Comisión tiene registradas 232 Áreas Naturales Protegidas, de las cuales el 60 % cuenta con un programa de manejo publicado. No obstante, el Parque Nacional Xicoténcatl forma parte del 40 % de áreas que aún carecen de este instrumento.

Por ello, la Comisión iniciará la operación y administración del Parque Nacional Xicohténcatl, con el objetivo de establecer un sistema que permita alcanzar las metas de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Esto se logrará mediante una presencia institucional permanente en el área natural protegida, así como la atención de su problemática y necesidades de manejo, proceso que, dijo puede tardar en promedio hasta 10 años en consolidarse.

Por lo que Castro Martínez, señaló que la próxima estrategia contemplará la operación de estos espacios a través de seis líneas de acción orientadas a la conservación del Parque Nacional Xicohténcatl:

  • Protección
  • Manejo
  • Restauración
  • Conocimiento
  • Cultura
  • Gestión
  • Subprogramas de conservación

Conoce más sobre la lucha por el parque de la Juventud 

Por su parte, el movimiento destacó que la difusión de la información hacia la ciudadanía es fundamental para dar a conocer la problemática, las acciones en curso y sumar esfuerzos a este trabajo colectivo, refiriendo que la obra «Ciudad de la Juventud» no ha sido informada de forma correcta a la ciudadanía, y su supuesta difusión informativa responde a una simulación gubernamental. En ese sentido, se acordó que la CONANP será la encargada de elaborar los trípticos informativos sobre la ANP, mientras que la SMA se encargará de su difusión de dicha información en el estado.

Finalmente, la CONANP propuso llevar a cabo una próxima reunión para continuar con las mesas de diálogo durante la tercera o cuarta semana de abril, aunque sin precisar una fecha ni sede exactas. 

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