Inicio Blog Página 31

25N: La deuda que Tlaxcala se niega a reconocer

Tlaxcala, Tlax.- Cada 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pocas personas saben que esta fecha nació como una demanda del primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe en 1981, realizado en Bogotá, Colombia. El día se eligió para honrar la memoria de las hermanas Patria, María Teresa y Minerva, asesinadas brutalmente en 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Su martirio se convirtió en un símbolo ineludible de la violencia ejercida contra las mujeres. 

Aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente esta fecha hasta 1999, hoy 25 años después el camino hacia la erradicación de la violencia sigue siendo un reto urgente. En Tlaxcala, pese a que el Ejecutivo estatal insiste en que estas problemáticas “ya son parte de la historia”, la realidad contradice al discurso. Las mujeres continúan viviendo violencia en silencio y abandono, no solo por las narrativas oficiales que minimizan lo que ocurre, sino por la omisión y la incompetencia de las autoridades encargadas de atender y sancionar estos casos. Esa negligencia abre camino para que los violentadores sigan actuando impunemente. 

Las manifestaciones del 25N volvieron a evidenciarlo. Colectivas feministas denunciaron públicamente el acoso por parte de maestros hacia alumnas: casos en los que, abusando de su autoridad, les piden salir a cambio de mejores calificaciones o para aprobar el semestre. Estas prácticas muestran con claridad una relación de poder profundamente desigual: el profesor es autoridad, es adulto y, en la mayoría de los casos, es hombre protegido por un sistema patriarcal que normaliza y tolera estas violencias.

Los datos oficiales refuerzan esta realidad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2025 se registraron en Tlaxcala:

  • 65 llamadas de emergencia por acoso u hostigamiento sexual,
  • 43 llamadas por abuso sexual,
  • 1,188 llamadas relacionadas con incidentes de violencia, y
  • 17 registros de violación.

Mientras las cifras dibujan un mapa de violencia persistente, ésta sigue ocurriendo en escuelas, hogares, calles y espacios públicos, sin una respuesta institucional apropiada.

Te recomendamos leer: CUIDAR DESDE LA DESIGUALDAD: LA VIOLENCIA QUE EL 25N NO SIEMPRE NOMBRA

En este contexto, se vuelve urgente impulsar el Programa Estatal contra la Trata de Mujeres y Niñas el cual en su eje de prevención busca impulsar una cultura de prevención de la violencia de género en escuelas de todos los niveles educativos. Entre las líneas de acción destacan:

Crear programas de sensibilización y formación para preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, priorizando zonas más afectadas por la trata;

Capacitar al profesorado, asegurando que su formación incluya perspectiva de género, derechos humanos y masculinidades;

Hacer que el profesorado pueda integrar estos enfoques en su práctica docente, iniciando con las materias de ciencias sociales y humanidades.

No habrá transformación posible mientras el Estado siga actuando como cómplice silencioso. Tlaxcala necesita instituciones que protejan a las mujeres, no discursos que las abandonen. El 25N no es una fecha para conmemorar victorias inexistentes, sino para exigir que el gobierno deje de negar lo que para miles de mujeres es una verdad diaria: la violencia no es historia, es presente.

 

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

Día Nacional de las Personas Sordas: Tlaxcala continúa con barreras laborales y educativas

Tlaxcala, Tlax.- En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas en México, persisten importantes desafíos para la inclusión laboral, educativa y social de la Comunidad Sorda en Tlaxcala.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, 8.8 millones de personas de 5 años y más en México declararon tener alguna discapacidad. Tlaxcala ocupó el lugar 18 a nivel nacional, con un 7.1% de su población en esta condición, es decir, 624,800 personas. 

Mientras que el Censo Económico Tlaxcala 2024, registró que en 2023, se identificaron 2,095 unidades económicas que contrataron a personas con algún tipo de discapacidad. Entre las más comunes fueron la dificultad para caminar, subir o bajar escaleras con 1,158 personas y dificultad para hablar o comunicarse, con 135 personas.

De acuerdo con Diego A. González perteneciente a la comunidad Sorda, en entrevista para este medio, refirió que pese a algunos avances, la inclusión real aún no existe en Tlaxcala. Explicó que las Personas Sordas enfrentan barreras en la educación y el empleo, principalmente por la falta de accesibilidad en la comunicación.

“Hay Personas Sordas que necesitan trabajo para sus gastos, pero falta accesibilidad y falta inclusión”, señaló.

En ese sentido, las empresas que más han impulsado el empleo para la comunidad Sorda han sido principalmente las microempresas que ha empleado a un aproximado de 2,649 personas con algún tipo de discapacidad; además, estas microempresas representan el 98% de los establecimientos en Tlaxcala, lo anterior, de acuerdo con el Censo Económico Tlaxcala 2024.

Comunidad Sorda en Tlaxcala


Diego González mencionó que muchas Personas Sordas no logran llegar a educación superior por la ausencia de intérpretes, apoyos lingüísticos y oportunidades económicas. Además de referir que los espacios y actividades para la Comunidad Sorda debe adaptarse al mundo oyente.

Enfatizó que las tareas cotidianas para las personas—como acudir al banco, solicitar una cita psicológica o resolver trámites gubernamentales— se vuelven procesos complicados o imposibles cuando no hay intérpretes, además de representar un gasto extra para acceder a los servicios.

“Si tengo un problema, me dicen que llame a una línea. ¿Cómo accedo a esa línea si no puedo hablar?”, cuestionó.

Respecto al entorno educativo, Diego remarcó que falta formación, talleres y reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua materna de la Comunidad Sorda, no como un sistema alternativo de comunicación.

“Muchos piensan que somos sordomudos. Nosotros somos sordos. Nuestra lengua es la lengua de señas”, afirmó.

Explicó que aún no existen verdaderas oportunidades laborales para Personas Sordas. Para acceder a plazas o trabajos formales, suelen pedirse exámenes escritos en español, lo que constituye una barrera para quienes no dominan este idioma como primera lengua.

En ese sentido, la Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa publicada en 2023, en México el 5% de la población sin discapacidad no tiene ningún grado escolar. En contraste, los estudios de las Personas con Discapacidad se concentran mayoritariamente en la primaria (46%).

Solo el 16.4% de la población con discapacidad alcanza la secundaria y apenas el 6.3% llega al bachillerato. En el nivel universitario la brecha se profundiza: únicamente el 4.9% de las Personas con Discapacidad accede a estudios profesionales, frente al 12.6% de la población sin discapacidad.

1 millón 832 mil 200 personas con discapacidad se encuentran marginadas del sistema educativo formal desde el nivel preescolar, lo que representa el 19.7% de este sector poblacional. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 refiere que la proporción de analfabetismo es incluso mayor entre jóvenes con discapacidad.

Te recomendamos leer: Autonomía en personas con discapacidad: Una lucha diaria

Diego insistió en que la interpretación no debe verse como un favor, sino como un derecho fundamental que garantiza la comunicación.

“Las personas intérpretes no nos apoyan; son un puente de comunicación y es mi derecho expresarme con mi lengua”, dijo.

¿Qué políticas públicas se necesitan? Entre las prioridades para avanzar hacia la inclusión, Diego planteó:

Diego plantea que entre las principales políticas públicas que se necesitan para priorizar los derechos de la Comunidad Sorda y tener una verdadera inclusión son:

  • Educación con accesibilidad plena en LSM.

  • Servicios públicos que cuenten con intérpretes o videollamadas con interpretación.

  • Oportunidades laborales reales y bien remuneradas.

  • Reformas que garanticen acceso a servicios básicos sin barreras lingüísticas.

Sin iniciativas aprobadas y sin datos sobre violencia, así ha trabajado la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual

  • Sin cifras que documenten la violencia hacia la comunidad LGBTQI+ y sin avances legislativos concretos, la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual opera lejos de uno de sus propósitos por el que fue creada: desarrollar políticas públicas que garanticen una vida libre de discriminación y agresiones. A tres años de funcionamiento, su labor se ha concentrado en su mayoría en actividades y eventos culturales.

TLAXCALA, Tlax., A tres años de su creación, la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual registra casi 6 mil actividades de carácter cultural dirigidas a la comunidad LGBTQI+, de acuerdo con el informe presentado por su titular, Adil Aranzuvia Juárez Ángulo.

No obstante, la funcionaria reconoció que no existen registros sobre cuántas personas han recibido atención por casos de violencia contra este sector. Asimismo, señaló que la diputada Aurora Villeda —quien llegó al Congreso mediante acciones afirmativas— no ha impulsado iniciativas, logros ni avances legislativos en beneficio de la diversidad sexual, a diferencia de otras representantes que sí han dado acompañamiento.

En el diálogo circular del 27 de noviembre, Aranzuvia  dio a conocer que la Oficina ha atendido 7 mil 973 personas en este año 2025, trabajando para una población históricamente invisibilizada y vulnerada, los resultados incluyen el uso de redes sociales para difundir infografías, memorias históricas y semblanzas de personalidades LGBTQI+.

Entre las actividades más sobresalientes destacan la Semana Cultural Tlaxcala Diversa que este año que reunió 3 mil 197 asistentes, mismos que dieron soporte a las cifras presentada por esta oficina en sus números de acciones y atención.

Oficina de Atención a la Diversidad Sexual no cuenta con datos sobre violencia hacia comunidad LGBTQI+

Aunque desde su apertura en 2022 la Secretaría de Cultura señaló que uno de los objetivos de la creación de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual era impulsar políticas públicas que garantizaran una vida digna, libre de discriminación y violencias para la comunidad LGBTQI+, sus acciones se han concentrado principalmente en actividades culturales: talleres de formación, artes escénicas, espacios de cultura comunitaria y procesos creativos vinculados a cabaret y teatro musical.

Oficina de Atencion a la Diversidad Sexual Semana cultural Tlaxcala Diversa
Actividades de la Semana Cultural Diversa 2025

A pesar de estos ejes de atención, la dependencia no cuenta con un registro de agresiones, víctimas atendidas o seguimiento de casos. Al ser cuestionada por este medio sobre cuántas personas han recibido atención por violencia —y qué identidades enfrentan mayor vulnerabilidad, por ejemplo mujeres lesbianas e intersexuales— la titular de la Oficina respondió que no existe información debido a que las denuncias y solicitudes de ayuda se canalizan a otras instituciones responsables, y que su trabajo se centra en el ámbito cultural. 

La funcionaria explicó que el principal medio de contacto con víctimas o personas que solicitan apoyo son redes sociales y llamadas telefónicas. El acompañamiento se limita a la vinculación con instancias como CNDH, CEDH, CONAPRED, Secretaría de Salud, Clínica de Emociones, así como Trevor México para atención psicológica en crisis o prevención del suicidio en jóvenes LGBTQI+. Para asesoría legal, los casos también son enviados a otras dependencias.

En cuanto a avances institucionales o coordinación intergubernamental, solo mencionó la promoción del acceso de personas trans a sanitarios públicos y privados, aunque reconoció que persisten discursos de odio que obstaculizan su garantía. También refirió la existencia de Puntos Diversos, espacios comunitarios para convivencia y resguardo.

Los municipios con mayor registro de violencia hacia la diversidad sexual son San Pablo del Monte, Tlaxcala capital, Santa Ana Chiautempan y Apizaco.

La ausencia de datos como barrera estructural para atender a la comunidad LGBTQI+

En el tema de violencia y crímenes de odio, Aranzuvia se limitó a señalar situaciones que, aunque no representan cifras oficiales, sí destacan conductas orientadas a la discriminación y rechazo.

“Y por otro lado tenemos el tema de la correcta significación de crímenes de odio en el estado, que esto también nos afecta porque ocurren situaciones en la entidad que aunque no refieren precisamente un crimen, sí puede ser una tentativa o justamente los temas de discriminación, de violencia, de negación de accesos”.

Aunque el Código Penal contempla sanciones por crímenes de odio, existen vacíos dentro de la Ley que necesitan corregirse para evitar vacíos legales al momento de la investigación e impartición de justicia, lo que evidencia la necesidad de contar con datos que permitan identificar lagunas jurídicas, ajustar la legislación y fortalecer los mecanismos de prevención y justicia. Sin información precisa, las propuestas de mejora permanecen limitadas y el problema se reproduce.

En entrevista para Escenario Tlaxcala, el Mtro. Marco Antonio Rodríguez, analista en Políticas Públicas, señaló que para que un gobierno pueda diseñar políticas efectivas, el primer paso es nombrar el problema. En sus palabras, «nombrarlo implica conocer sus causas, y para ello es imprescindible recolectar, sistematizar y analizar datos.»

Para Rodríguez, este proceso permite convertir quejas en evidencia y evidencia en prioridades públicas, haciendo posible que un problema ingrese de forma legítima a la agenda gubernamental, pueda medirse, compararse en el tiempo y localizarse territorialmente, sin embargo cuando no existen datos, las decisiones se vuelven opacas e insuficientes debido a que pierden legitimidad porque no se conocen las causas del fenómeno que se busca atender, no permiten medir resultados ni evaluar si los programas funcionan.

“No basta con tener buenas intenciones o discursos fluidos; las políticas públicas solo son legítimas y eficientes cuando se sostienen en evidencia, cuando los datos permiten visibilizar el problema y aprender de los resultados”

Rodríguez afirma que la recabación de datos por parte de las dependencias públicas son el punto de partida para construir políticas verificables, prevenir violencia, asignar recursos de manera efectiva y generar resultados medibles en territorio y en el tiempo.

«Sin diagnóstico no hay solución y sin medición no existe transformación.»

Pese a esta ausencia de cifras oficiales, la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual ha impulsado dos iniciativas a nivel local.

Iniciativas impulsadas desde la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual no han sido aprobadas

En su tarea de garantizar una vida libre de discriminación para la comunidad LGBTQI+, la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual ha promovido algunas iniciativas en materia legislativa. Durante su intervención Adil Aranzuvia señaló que una de las más relevantes es la propuesta para derogar el delito de peligro de contagio por VIH, al considerarse una figura discriminatoria que perpetúa estigmas y vulnera derechos humanos. La dependencia también ha elaborado materiales informativos para visibilizar problemáticas y promover el acceso a derechos dentro de este sector, aunque dichos esfuerzos no han logrado aún traducirse en cambios normativos de fondo.

Pese a ello, la respuesta del Congreso local ha sido limitada. La titular de la Oficina informó que el único acompañamiento legislativo continuo ha provenido de la diputada Gabriela Hernández, con quien han podido trabajar de manera directa en la construcción y presentación de iniciativas. En contraste, señaló que la diputada Aurora Villeda —quien ocupa una curul derivada de acciones afirmativas para representar a la diversidad— no ha presentado propuestas, avances ni acciones concretas en favor de esta población, lo que ha dejado sin respaldo institucional parte de las demandas planteadas.

“Tenemos otras iniciativas, como lo mencioné al principio, que tienen que ver con la derogación de peligro de contagio por VIH, porque también sigue siendo un tema de estigma y de discriminación”.

Asimismo, en octubre de este año, integrantes de la sociedad civil, con respaldo de la Oficina, presentaron una iniciativa para tipificar los crímenes de odio contra poblaciones LGBTTTIQ+ y establecer en el Código Penal sanciones de hasta 55 años de prisión para quienes los cometan. La propuesta contempla protección para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y queer.
No obstante, la iniciativa permanece en revisión dentro del Congreso del Estado.


Te puede interesar también: Verificación | FALSO Y ENGAÑOSO que gobierno reitera diálogo y sustentabilidad en la ejecución del proyecto “Ciudad de la Juventud”

En el Pleno | Buscan reconocer el abuso sexual como un delito grave, medidas de seguridad en establecimientos de hospedaje y penas por robo a adultos mayores

Tlaxcala, Tlax.- En sesión del Pleno de este 27 de noviembre, Gabriela Hernández Islas, Maribel León y Lorena Ruiz subieron iniciativas al Pleno del Congreso Local para reformar los artículos 109, 129 290 y 291.

La diputada Gabriela Hernández Islas presentó una iniciativa para adicionar los artículos 109 y 129 de la Ley de Turismo del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de establecer medidas más estrictas que garanticen la integridad de niñas, niños y adolescentes en espacios de hospedaje temporal. La propuesta busca blindarlos contra la trata de personas, el abuso sexual, la explotación y el embarazo adolescente.

La legisladora advirtió que la ausencia de lineamientos claros en hoteles, moteles y establecimientos similares ha permitido el ingreso de menores de edad sin acompañamiento adecuado, exponiéndolos a riesgos como abuso sexual, explotación y trata.

Ante ello, la iniciativa plantea prohibir el acceso a estos espacios a personas menores de 18 años, salvo en casos donde estén acompañadas por su madre, padre o tutor legal debidamente identificado y exista una causa justificada.

Hernández Islas subrayó que la reforma también responde a la urgencia de reducir los factores de riesgo asociados al embarazo adolescente.

589602170 822402490554992 7076225748175394038 n

Propone Maribel León endurecer penas por robo a adultos mayores

Por su parte, la diputada Maribel León Cruz presentó una propuesta para endurecer el Código Penal del Estado, con el fin de incrementar las sanciones a quienes cometan robo en contra de personas adultas mayores, especialmente cuando los responsables sean familiares.

La Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura advirtió que este sector de la población es víctima frecuente de delitos y distintos tipos de violencia, entre ellos la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, prácticas que por años permanecieron ocultas en el ámbito privado, ya que “en la mayoría de los casos, los familiares cercanos eran quienes la ejercían”.

Te recomendamos leer: Verificación | FALSO Y ENGAÑOSO que gobierno reitera diálogo y sustentabilidad en la ejecución del proyecto “Ciudad de la Juventud”

León Cruz explicó que los delitos de robo y despojo son particularmente recurrentes en contra de adultos mayores, pues son “más susceptibles, influenciables y propensos a ser engañados, dada su condición de vulnerabilidad”.

Por ello, la diputada tomó como referencia la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala, para agregar una agravante específica al delito de robo y fortalecer la protección de este sector.

Reconocer el abuso sexual como un delito grave

Finalmente, la diputada Lorena Ruiz García presentó la iniciativa para reformar los artículos 290 y 291 del Código Penal del Estado, con el fin de reconocer el abuso sexual como un delito grave, actualizar su definición y fortalecer las sanciones aplicables.

Ruiz García expuso que el abuso sexual es una de las manifestaciones más graves de violencia, pues vulnera la integridad física, emocional y la autonomía de las víctimas.

La iniciativa plantea incrementar las penas, establecer la persecución de oficio en los casos de abuso sexual y definir con mayor claridad las conductas sancionables, especialmente cuando las víctimas sean personas menores de edad o quienes no puedan comprender o resistir el hecho.

Verificación | FALSO Y ENGAÑOSO que gobierno reitera diálogo y sustentabilidad en la ejecución del proyecto “Ciudad de la Juventud”

Tlaxcala, Tlax.- Pese a la ausencia de seguimiento con la ciudadanía en las mesas de diálogo para avanzar en la ejecución del proyecto «Ciudad de la Juventud», el Gobierno del Estado publicó el pasado 23 de noviembre un boletín en el que asegura la  sustentabilidad y claridad de esta obra.

Tras revisar declaraciones, documentos y anuncios oficiales, encontramos datos engañosos y afirmaciones que contradicen la realidad del proyecto. Aquí te presentamos un recorrido verificable por las inconsistencias, omisiones y falsedades que han sostenido las instituciones frente a la ciudadanía desde que se presentó el proyecto.

                                                      falso 150x150 1

1. FALSO

“Desde el inicio del proyecto se estableció una mesa de trabajo abierta con colectivos, especialistas y vecinos, misma que se mantiene activa.”

Las acciones comenzaron el 20 de octubre sin previo aviso. Ese día, las personas que asistieron al parque no pudieron ingresar y se les informó que permanecería cerrado sin fecha de reapertura. Algunos integrantes del grupo de baile terapia señalaron que funcionarios del ITJ les propusieron una supuesta mesa de diálogo para informarles sobre las acciones que se estaban ejecutando, pero esa mesa nunca se realizó. 

La última mesa de diálogo que se realizó con la ciudadanía fue el 10 de noviembre, en ella, se estableció que la próxima reunión sería el martes 18 de noviembre. Los funcionarios acordaron establecer una hora, la cual sería informada por ellos a través de los canales oficiales de comunicación; dicha mesa se haría siempre y cuando las distintas secretarías enviaran los documentos del proyecto que los ciudadanos exigieron, entre ellas la MIA, mismos que no fueron entregados.

                                                     falso 150x150 1

2. FALSO

“(…) el proyecto mantiene total transparencia.”

Desde el anuncio del proyecto, ciudadanos se han movilizado para exigir transparencia ante las dependencias correspondientes. Aunque en la mesa de diálogo del 10 de noviembre se acordó entregar documentos como el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el proyecto ejecutivo y los renders de los planos, hasta ahora esos archivos no han sido transparentados.

                                                   engañoso-ficciones informativas

3. ENGAÑOSO

“Continúa abierto un espacio de participación ciudadana mediante un cuestionario que permitirá recabar opiniones para realizar ajustes que fortalezcan la obra.”

El Gobierno estatal no ha difundido esta encuesta de manera oficial en canales oficiales-públicos. El 5 de noviembre, el vocero de Gobernación, Antonio Martínez, mencionó durante el Diálogo Circular la existencia de un cuestionario abierto a la ciudadanía sobre el proyecto. Sin embargo, ninguna secretaría ha difundido la encuesta en sus redes oficiales. Dicha encuesta se encuentra con la siguiente dirección https://parquedelajuventudtlx.com/ y no hay información de cuánto tiempo estará abierta, ni cuantas respuestas recibirá.

Ciudad de la Juventud

                                                    falso 150x150 1

4. FALSO

“El proyecto fue diseñado con criterios de sustentabilidad, integrará jardines de lluvia, reforestación con especies nativas y un sistema de captación de agua pluvial mediante un estanque biológico.”

Ciudad de la Juventud

En el primer boletín donde se informó el cierre del Parque de la Juventud, el ITJ aseguró que el proyecto buscaba convertir el espacio en un lugar moderno e incluyente para las y los jóvenes tlaxcaltecas. En ese documento no se mencionó ningún enfoque ecológico ni de sustentabilidad.

                                                  falso 150x150 1

5. FALSO

“La transformación del Parque de la Juventud en la Ciudad de la Juventud es una apuesta por un espacio público seguro, moderno, ecológico e incluyente, que responda a las necesidades presentes y futuras de la juventud tlaxcalteca.”

El proyecto no responde a criterios de inclusión. En la mesa de diálogo del 10 de noviembre, el funcionario Vicente Mazmorra Herrera informó que el Gobierno estatal tiene proyectado otro parque, denominado “Parque de la Inclusión”, dirigido exclusivamente a personas con discapacidad.

Te recomendamos leer: Ciudadanos presentan queja; dependencias incumplen entrega de información del Parque de la Juventud

El boletín también actualizó que la intervención contempla una inversión de 61.8 millones de pesos para habilitar espacios recreativos, culturales y deportivos. Inicialmente, la obra tendría una inversión de 122 millones de pesos, divididos en dos etapas.

Finalmente, el documento reitera que las dependencias involucradas —el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), la Secretaría de Infraestructura (SI) y la Secretaría de Medio Ambiente (SMA)— han informado sobre los avances del proyecto. No obstante, no reconocen el trabajo ciudadano que ha presionado para que la obra incorpore perspectivas ambiental, histórica e incluyente.

Este 26 de noviembre, el movimiento Salvemos el Parque de la Juventud ofreció una rueda de prensa para informar a la ciudadanía sobre los avances y actividades que han realizado en pro del parque; además exigieron la salida del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) al señalar la incapacidad de atender las necesidades de la ciudadanía tras el proyecto «Ciudad de la Juventud», por lo que considerarán una propuesta de algún centro de investigación o alguna institución a nivel federal para este parque.

Consulta la cronología del proyecto de la «Ciudad de la Juventud» aquí. 

Paro Nacional: Campesinos tlaxcaltecas piden nacionalizar Minsa

TLAXCALA, Tlax., En el Paro Nacional carretero, los campesinos tlaxcaltecas llamaron al gobierno federal a nacionalizar Minsa para terminar con la precarización del campo, mejorar los precios de garantía del maíz y evitar la diferencia que existe entre la compra a 3 o 4 pesos el kilo de este grano a los agricultores y la venta de la tortilla a 20 pesos o más, donde la ganancia mayor es para los industriales pese a que el trabajo fuerte se encuentra en el agro mexicano.

Este tema ya ha sido evidenciado en fechas pasadas por el ex presidente del Consejo Estatal del Sistema Producto Amaranto, Perfecto Barrales Domínguez en manifestaciones frente al Palacio Legislativo en Tlaxcala, para llamar a los diputados a reaccionar contra las afectaciones al campo en la entidad y encontrar respuestas que beneficien a la ciudadanía, sin embargo, no han existido resultados al respecto.

Este líder campesino, ha señalado que la solución a este problema de los bajos precios de garantía al maíz encontrarían respuesta cuando el gobierno federal decida nacionalizar Minsa, que es la empresa de harina de maíz nixtamalizado y tortillas de maíz empacadas que controla el mercado nacional y extranjero.

Incluso, ha evidenciado que el problema de la caída del precio del maíz tiene su origen en la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y que en la renegociación del T-MEC en el año 2026 debería considerarse sacar los granos básicos como el maíz, frijol y trigo de este acuerdo comercial para ofrecer más garantía a los campesinos y al sistema alimentario en México.

Sin embargo, pese a esta petición la respuesta del gobierno federal no se ha dado y no solamente porque ignore a los campesinos y la situación del agro mexicano, sino porque la precarización del campo beneficia y conviene a los industriales, pero más aún a la dueña de Minsa, que es Altagracia Gómez Sierra, quien se desempeña actualmente como asesora directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y recibió contrato de 346 mdp del gobierno federal, en tanto, siendo coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, presentó el 27 de noviembre de 2024 el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, así como los empresarios y CEO’s que apoyan en las inversiones privadas de este gobierno.

Minsa y el control del maíz en México

El maíz es uno de los alimentos más importantes del país, pero la producción se ve afectada por los precios de comercialización y otros factores como la tecnología y la industrialización.

Para conocer un poco sobre la historia de Minsa, hay que retroceder a los años previos del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la privatización de las empresas mexicanas realizada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortarí, donde el gobierno federal malvarato las empresas estatales para ponerlas en manos de industriales y empresarios allegados a este presidente.

Minsa es una empresa mexicana que nació como Miconsa (Maín Industrializado Conasupo) que fue creada por el gobierno federal en 1952 y que tras la venta de los activos en 1993 a Alfonso Gómez Omea dueño original y padre de Altagracia Gómez Sierra actual dueña de esta empresa y asesora de Sheinbaum, se convirtió en la empresa Minsa, una de las principales productoras de maíz nixtamalizado en el mundo.

En 1952 fue construida la primera planta en el Estado de México (Edomex), posteriormente y tras su crecimiento se expandió en infraestructura con otras plantas en Arriaga, Chiapas; Jaltipan de Morelos, Veracruz y posteriormente en Guadalajara, Jalisco y después en Arispe, Coahuila, mientras que en octubre de 1993 fue privatizada y en 1994 los dueños adquieero una planta en Iowa Estados Unidos y otra planta en Texas para internacionalizar esta empresa y el mercado, lo que llevó a que en el año 2020 Minsa fuera relanzada en Estados Unidos.

En la actualidad Minsa influye en los precios que se pagan a los productores en la compra de maíz, lo que representa una concentración de poder y que representa un conflicto de interés grave para el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Campesinos tlaxcaltecas reclaman precios justos de garantía para el maíz

Por ello, el llamado de Perfecto Barrales en en recuperar el control de Minsa por el Estado y con ello, garantizar los precios del maíz en México, además de justicia para los campesinos, toda vez que los productores han perdido poder de negociación mientras que las empresas como Minsa se enriquecen a la sombra del Estado.

Tras el paro nacional y sus antecedentes en las últimas tres semanas en las mesas de diálogo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y su titular federal Julio Berdegue Sacristán, los productores campesinos han reclamado que es una burla que se compre y pague a ellos, 3 o 4 pesos el kilogramo del maíz cuando la tortilla la venden a 20 y 30 pesos, además de referir que con un kilo de maíz que se compra al campo mexicano en la industrialización la producción arroja un kilo y medio de tortillas.

“Uno anda enfermo, todo madreado y andar trabajando, mientras ustedes apoyan a empresarios que ganan miles de millones, ¿Por qué subieron la tortilla a 25 o 30 pesos cuando pagan el maíz a 4 pesos, y con un kilo de maíz se hace un kilo 600 gramos de tortilla?, ¿A quién están protegiendo chingada madre, tengamos vergüenza compañeros es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros, dónde están los empresarios?», reclamó uno de los campesinos en las mesas de diálogo con los funcionarios de gobierno.

Ante los bloqueos carreteros, el secretario de Agricultura, ha reclamado que bloquear las vías federales constituye un delito  y que algunas manifestaciones prodrían tener motivaciones políticas, sobre esta acusación la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) respondió en un comunicado que la protesta no responde a intereses políticos y que los conductores en su trabajo diario se exponen a un riesgo constante de robos, extorsiones y secuestros.

“Queremos precisar algo: nosotros no protestamos pacíficamente por intereses políticos ni por molestar a la gente. Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”, dice el comunicado.

Por su parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum minimiza sus reclamos, en lugar de atender los problemas estructurales del país y del campo, como los precios de garantía, el acceso al agua y falta de mecanismos que permitan a los productores condiciones más justas y competitividad.

“No somos criminales, Secretaria, somos la evidencia viva de la crisis que ustedes han ignorado. El bloqueo de hoy es un grito de auxilio de cada sector harto de la violencia, la inseguridad y la sordera oficial”, reclamó en sus redes sociales.

Este mismo planteamiento ha sido evidenciado en Tlaxcala en sus demandas a los diputados locales por Perfecto Barrales, al señalar.

“Los que no siembran se llevan la ganancia, y los que alimentan al país apenas sobreviven”, reclamó.

TE RECOMENDAMOS: 5 puntos para entender precarización del campo tlaxcalteca y el bloqueo de carreteras en la entidad

¿Crimen pasional? Dan carpetazo a caso del feminicidio de Esmeralda N. en Tlaxcala

  • El feminicidio de Esmeralda N. fue cerrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala pese a múltiples inconsistencias; familiares exigen que el caso sea reabierto

Tlaxcala, Tlax.- El pasado 11 de octubre, medios de comunicación de nota roja publicaron un posible caso pasional y suicidio en Tetlatlahuca; en donde se encontraron los cuerpos de dos jóvenes, Esmeralda N. y Aldo N. en la habitación 301 en el hotel Cacaxtla, ubicado en la carretera 90730, V. Carranza 5, 90733 Tetlatlahuca, Tlaxcala. A pesar de la múltiples inconsistencias sobre cómo se dieron los hechos, el caso fue cerrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE). Familiares y amigos exigen justicia y transparencia en el caso.

feminicidio de Esmeralda Barranco feminicidio de Esmeralda Barranco

Esmeralda N. dedicaba sus mañanas a estudiar contabilidad en la Universidad de Derecho de Zacatelco y por las tardes, trabajaba en una taquería. Ella y sus dos hermanos vivían en el segundo piso de una casa, y en la planta baja se encontraba la taquería donde trabajaba. Vivirían en ese lugar hasta diciembre, posteriormente se cambiarían a la casa que construían sus padres.

La madre de Esmeralda y ella mantenían contacto mutuo, hasta el fin de semana del 10 al 12 de octubre, que perdieron comunicación. Fue a través de las noticias que volvió a saber de ella. Amigos y familiares de Esmeralda  N. y Aldo N. (la otra victima del caso), comenzaron a movilizarse y dar con su paradero con terceros. Al llegar al hotel Cacaxtla que referían los medios de comunicación, los familiares de Aldo N. vieron que las placas del vehículo correspondían a las de él.

Este, sería el inicio de distintas irregularidades en los hechos narrados por parte de elementos del Ministerio Público en el feminicidio de Esmeralda N. y el homicidio de Aldo N. 

De acuerdo con personas que pidieron el anonimato por seguridad, señalaron que ambas familias afectadas no han tenido el mismo trato por parte del Ministerio Público.

«Le pidieron a la familia de la afectada el reconocimiento del cuerpo y las pruebas de ADN para la coincidencia familiar, pero al poco tiempo les dijeron que llamaran a una funeraria… ni siquiera habían hecho las pruebas».

De acuerdo con medios de comunicación locales, ambos cuerpos presentaban golpes, Esmeralda en el rostro y Aldo de arma blanca en el cuerpo.

feminicidio de Esmeralda Barranco feminicidio de Esmeralda Barranco

Para sus  los familiares, conocidos y amigos de los afectados, estos datos son ilógicos, pues cuestionaron que la fuerza física de Esmeralda, no corresponde a los golpes registrados en el cuerpo de Aldo. En el seguimiento de los hechos, a los familiares involucrados se les dijo que Esmeralda y Aldo se atacaron mutuamente, además de agregar que encontraron un arma blanca.

«(…) Dijeron que se habían atacado entre sí, que Esmeralda había atacado a Aldo y que él a ella».

Las denuncias anónimas refieren que se le dio acceso a la carpeta de investigación de la familia de Aldo. A ellos, sí les mostraron fotografías además de mencionar por el mismo Ministerio Público, que hubieron terceras personas las involucradas en el caso. Sin embargo, a la familia de Esmeralda les habían alargado la carpeta de investigación refiriendo la espera de 8 a 15 días, desde el lunes 13 de octubre. Para que finalmente, el pasado 10 de noviembre, el funcionario José Aguilar Cantero les informara que dicha carpeta se había cerrado tras concluir que «ambos se habían matado entre sí».

Te recomendamos leer: Alcalde de Zacatelco es aprehendido por desvío de recursos en ejercicio fiscal 2022

«A la mamá de Esmeralda le han dicho que fue un caso pasional, pero seamos sinceros, su hija era delgada y de estatura baja, y él mucho más alto… le llegaba apenas en la parte del hombro como para que tuviera la fuerza de hacerle 6 puñaladas».

De acuerdo con la denuncia anónima, el cuerpo de Aldo N. contaba con moretones en las manos (como si hubiera estado amagado) y la boca hacia abajo.

Otra denuncia anónima señala que durante las visitas de las personas declaratorias, una persona llegó a las oficinas del ministerio público a entregar los videos del hotel Cacaxtla. Mismos, que hasta el momento, se han mantenido reservados, sin que las familias de ambos tengan acceso. 

Estas acciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, infringen la ley. De acuerdo con el criminólogo, Alonso Longoria el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que los actos de investigación no necesitan autorización de algún juez para realizar la investigación correspondiente en el lugar. Es decir, que el policía puede llegar al lugar de intervención y solicitar la entrega de grabaciones y compartir la información con los familiares.

«En el mejor de los casos la dirección del hotel no pondría resistencia y le diría: <sí, te las puedo entregar si me traes una memoria, cualquier cosa>. Muchas veces los hoteles piensan que se pueden meter en problemas y ellos entregan grabaciones, lo cual es un error. Pero cuando la gente se opone, le dice al policía, no te las puedo entregar a menos que me des un escrito; entonces el policía lo solicita a la gente del Ministerio Público».

Refirió que una vez que una de las partes acceden a ver los videos, estos ya hubieron sido revisados, por lo que todos los afectados tendrían el mismo derecho a verlos. El criminólogo agregó que para tener acceso directo a una carpeta de investigación, se requiere que seas un familiar directo de la victima, es decir, madre, padre o hijo.

Además, durante el fin de semana del 10 al 12 de octubre, familiares y amigos de las victimas señalaron que ambos se portaron «raros»; refiriendo algunos mensajes escritos como por parte de Esmeralda N. en donde señalaba el siguiente texto: «Ya deja de seguirme estúpido, yo amo a Aldo». De acuerdo con familiares, este hecho deja entrever que una tercera persona estuvo involucrada en este hecho pero que la Fiscalía decidió omitir al momento de realizar la investigación.

¿Cómo podemos asegurar que las autoridades que intervienen en estos casos cumplan con los protocolos para la investigación, procuración e impartición de justicia y además, lo hagan con perspectiva de género?

De acuerdo con el criminólogo, Alonso Longoria no hay un plazo definido que establezca la ley para presentar información a los familiares, pero tampoco se les restringe el derecho al acceso a la información. El artículo número 20 de la Constitución, Mexicana así como el artículo 109 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan que las víctimas tienen derecho a recibir información y a consultar en cualquier momento la carpeta de investigación, salvo que el Ministerio Público justifique que habrá reserva de datos por un tiempo para no “entorpecer la investigación”.

Sin embargo, la investigación de un delito puede llevar años, mientras no se judicialice la carpeta de investigación, es decir, mientras no haya alguna persona detenida a la que pueda acusársele del hecho. Sin embargo, el MP está obligado a dar información del caso cada que las personas afectadas lo requieran.

Hasta el momento, la carpeta de investigación FG-AIHOM-S/02/2025 correspondiente al caso de muerte de Esmeralda N. se ha cerrado. 

Este caso, se une a las carpetas de investigación que la Fiscalía del Estado señala dar seguimiento. Sin embargo, desde la creación de la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala en agosto de 2021, la FGJE no ha dado continuidad a las medidas para el seguimiento a los feminicidios.

De acuerdo con la directora del Colectivo Mujer & Utopía, Edith Méndez, señaló que una de las medidas de la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala para el seguimiento de los casos por feminicidios, en cuanto a su investigación y sanción adecuada, es la existencia de una base de datos en el estado, independiente a la información que el Secretario de Ejecutivo ofrece, para que se conociera cuántas carpetas de investigación hay por feminicidios en Tlaxcala; hasta la fecha, esta medida no ha sido aplicada.

«Nos ha tocado que solicitan asesoría de cómo proceder, al menos en tres ocasiones nos han mencionado que la carpeta de investigación no avanzó por feminicidio, sino que se reclasificó o que simplemente se detuvo».

Refirió que el último caso del que tiene conocimiento, sucedió el pasado 04 de noviembre, en donde la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por desaparición y no por feminicidio, a pesar de que Fernando N. confesara haber asesinado a Marian N. y encubrir el hecho como un secuestro.

Que, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la persona cometa el delito de desaparición forzada tendrá de cuarenta a sesenta años en prisión.

image 2

La directora del colectivo, señaló que la reclasificación de tipo de incidencia, corresponde a la narrativa de que «Tlaxcala es el estado más seguro del país» que se quiere mantener.

Hasta el momento, de acuerdo con la base de datos del Colectivo Mujer & Utopía, se han registrado 15 casos de feminicidios en Tlaxcala de lo que va de 2025, por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad ha reportado 6 casos durante el mismo periodo.

5 puntos para entender precarización del campo tlaxcalteca y el bloqueo de carreteras en la entidad

TLAXCALA, Tlax., Campesinos y transportistas de Tlaxcala se sumaron al Paro Nacional y cierre de carreteras en autopistas de al menos 25 estados de la República como protesta contra la reforma a la Ley de Agua propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, exigen al gobierno federal precios justos y de garantía para granos básicos, como el maíz, y sacar estos productos del T-MEC, reconocer la agricultura como actividad prioritaria y estratégica, así como mayor presupuesto al campo tlaxcalteca. Por su parte, los trabajadores del volante piden seguridad, mejores condiciones laborales, y un alto a las extorsiones y a la persecución del crimen organizado, toda vez que son presa de constantes asaltos en las carreteras de la entidad.

Los campesinos han denunciado la caída en los precios agrícolas, el aumento de costos operativos y la falta de apoyos federales. De ahí que han presionado al gobierno federal a través de cierres carreteros como el realizado a finales de octubre y principios de noviembre de este año. Asimismo, han advertido que, de no haber solución, podría existir desabasto de mercancías en los próximos días.

Ante esto, campesinos y transportistas tlaxcaltecas también se sumaron a las protestas, denunciando que viven precarización, inseguridad y una disminución en el valor de su producción.

Aquí te compartimos qué es lo que está pasando y las demandas de estos bloqueos en la entidad.

1. ¿Quiénes movilizan el Paro Nacional?

Se trata de miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Este bloqueo afecta por lo menos 25 ciudades del país y autopistas y accesos al Valle de México, además de casetas y aduanas.

Los estados más afectados en este Paro Nacional, según las autoridades, son: Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

2. Nueva Ley de aguas y sus afectaciones en el campo tlaxcalteca

En estos cierres iniciados desde el mes de octubre, los campesinos tlaxcaltecas mantuvieron bloqueadas las carreteras México–Los Reyes Zacatepec a la altura de Nanacamilpa y Sanctorum, además de la autopista Arco Norte en el tramo Calpulalpan, así como la vía férrea de Muñoz de Domingo Arenas, a la altura de la comunidad de Cuamantzingo.

Demandaron precios de garantía justos para sus cosechas, así como subsidios para el diésel y fertilizantes, por lo que el secretario federal de la SADER, Berdegué Sacristán, se comprometió a negociar con ellos en Tlaxcala y no en la CDMX.

Previo a esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso de la Unión la propuesta de la nueva Ley General de Aguas (LGA) promovida por Morena, lo que generó mayor tensión para el gobierno federal ante el rechazo de sectores campesinos, quienes consideran que la iniciativa pone en riesgo el patrimonio de miles de familias rurales, al ser impulsada sin diálogo y bajo un proceso de exclusión, advirtió el diputado federal priista Alberto Ambriz Delgadillo.

Posteriormente, el 18 de noviembre, la Cámara de Diputados estableció un parlamento abierto para discutir la nueva Ley General de Agua, donde campesinos, productores, ejidatarios y representantes empresariales acusaron al gobierno federal de impulsar una reforma que eliminaría la transmisión de concesiones, centralizaría las decisiones en la Conagua y pondría en riesgo la producción de alimentos.

Los agricultores advirtieron que esta propuesta implica un riesgo grave para la propiedad y operación de terrenos agrícolas, debido a que las concesiones de agua dejarían de ser transmisibles en caso de fallecimiento del titular. La iniciativa establece que, al morir el concesionario, el derecho de agua se cancela automáticamente, por lo que los herederos ya no pueden operar ese derecho.

Lo cambios que trae esta iniciativa

  • La propuesta de Claudia Sheinbaum elimina la compraventa de concesiones entre privados.

  • Las prórrogas deberán pasar por la Conagua.

  • Se crea un Registro Nacional del Agua para dar certeza jurídica.

  • Limita el pago de la cuota de garantía a un máximo de cinco años.

  • Prohíbe transferir concesiones cuando exista cambio de uso de suelo.

  • Tipifica como delitos hídricos la explotación ilegal de cauces y la corrupción en concesiones; es decir, cualquier nuevo pozo no aprobado sería perseguido por la Federación con penas específicas. 

3. Garantía de mejor precio de compra en su producción

El pliego petitorio de los campesinos al gobierno de Sheinbaum es fijar precios de garantía para los granos básicos como el maíz, frijol y trigo, para que estos cubran los costos reales de producción y aseguren una utilidad razonable, demandan un precio de venta de 7 mil 200 pesos por tonelada, además solicitan que el Estado fortalezca la agricultura nacional, lo que implica sacar los granos básicos del esquema comercial impuesto por el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos y de la bolsa de Chicago, así como la creación de una Banca de Desarrollo para el campo desaparecida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, además de una política que regule las importaciones de los granos.

Por tanto, los campesinos piden el reconocimiento del gobierno federal de la agricultura como un asunto de interés nacional y la suspensión temporal de la discusión de la Ley de Aguas Nacionales.

4. Transportistas exigen seguridad real ante el incremento de robos en carreteras y fallas en la vigilancia

Por su lado, los transportistas tlaxcaltecas que participaron en el Paro Nacional exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo mayor seguridad en las carreteras federales, así como la mejora de sus condiciones laborales, luego de años marcados por asaltos, agresiones, robos y secuestros, además de pagos injustos por el traslado de mercancías.

Los operadores señalaron que necesitaban garantías de libre tránsito en autopistas y vías de comunicación, particularmente en tramos considerados de alto riesgo como el Arco Norte, su conexión hacia Amozoc, y la carretera Calpulalpan–Texcoco. También demandaron protocolos efectivos de vigilancia y una red de comunicación funcional, debido a que existen zonas donde no hay cobertura telefónica y áreas donde grupos delictivos operaban con inhibidores de señal.

El comisionado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, confirmó que la mayor concentración de delitos contra transportistas se registraba en el Arco Norte, además de que la inseguridad en la vía Calpulalpan–Texcoco dificultaba el trabajo policial. Explicó que los delincuentes utilizaban inhibidores para convertir a Sanctorum en una zona de vacío de señal, lo que facilitaba los robos en el tramo Sanctorum–San Martín Texmelucan y otras partes de la pista hacia Puebla–Amozoc.

Los transportistas también pidieron una persecución real al crimen organizado, así como mejores condiciones laborales y protección frente a extorsiones, al considerar que las autoridades no contenían adecuadamente a los grupos delincuenciales que operaban en la región.

Las cifras en materia de seguridad respaldaron sus reclamos. Para 2025, Tlaxcala se posicionó entre las entidades con mayor incidencia de robo al transporte de carga, principalmente en la Autopista Arco Norte. El Reporte Q1 2025 de México Evalúa colocó al estado dentro del Top 10 nacional, parte del 84% de los robos concentrados en el centro y sureste del país. La empresa internacional Overhaul también ubicó a Tlaxcala en el noveno lugar nacional, con el 4% de los robos registrados durante el primer trimestre del año.

Top 10 entidades de robo de carga Q1 2025

Datos del Observatorio Ciudadano del IGAVIM señalaron que, para el tercer trimestre de 2025, el estado retrocedió cinco posiciones en el ranking nacional de robo al transporte de carga, al pasar del quinto al décimo lugar, con una tasa de 0.28 robos por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional de 1.10.

5. En Tlaxcala cerraron cuatro puntos carreteros

En Tlaxcala, transportistas y campesinos realizaron el cierre de cuatro puntos viales, afectando la circulación en la México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa (Madero), Calpulalpan y Zacacalco, así como en Cuapiaxtla, la Tlaxco–Apizaco y la Tejocotal–Tlaxco. También fue bloqueado el Arco Norte, en la caseta de Sanctorum y en el kilómetro 79.

bloqueo carretero en Nanacamilpa

Durante las protestas, los manifestantes exigieron mayor seguridad ante asaltos, extorsiones y ataques a operadores, así como solución a trámites pendientes como placas, licencias y revisiones médicas. Los campesinos reclamaron además precios de garantía para el maíz, frijol y trigo, el retiro de estos productos del T-MEC y atención a los títulos de aprovechamiento de agua.

Transportistas de la ANTAC denunciaron robos a mano armada en la México–Veracruz, principalmente en Calpulalpan y Zacacalco, zonas consideradas de mayor riesgo en los límites entre Tlaxcala y el Estado de México.

Aunque los cierres fueron por tiempo indefinido, los manifestantes permitieron el paso a servicios de emergencia, manteniendo bloqueado únicamente a transportistas particulares y automovilistas. El transporte público suspendió temporalmente rutas hacia Hidalgo, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, afectando la movilidad en diversas regiones del estado.

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) informó la suspensión de clases en Calpulalpan, así como afectaciones al programa de transporte gratuito Primero el Magisterio, dejando sin operar las rutas 13, 18, 19, 21 y 24.

Antecedentes y denuncias de persecución

Entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, campesinos ya habían bloqueado la México–Veracruz y el Arco Norte para exigir subsidios al diésel y fertilizantes. Aunque el secretario federal de Agricultura, Julio Verdegué, se comprometió a instalar una mesa de negociación, días después varios participantes fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR).

El Comisariado Ejidal de San Lorenzo Cuapiaxtla, Efrén López Hernández, denunció una represión del gobierno federal mediante supuestas denuncias penales contra quienes participaron en los cierres carreteros.

TE PUEDE INTERESAR: Regidores de Tlaxcala roban $2 millones anuales con apoyos no entregados y con respaldo de Sánchez García

CUIDAR DESDE LA DESIGUALDAD: LA VIOLENCIA QUE EL 25N NO SIEMPRE NOMBRA

Tlaxcala, Tlax.- Cada 25N de noviembre recordamos que la violencia contra las mujeres adopta múltiples formas: física, sexual, económica, emocional, entre otras. Pero hay una que permanece casi siempre fuera del debate público, aunque atraviesa la vida diaria de millones de mujeres: la violencia estructural del cuidado no remunerado. Y cuando hablamos de las mujeres que cuidan a niñas y niños con discapacidad, esta violencia se vuelve más compleja, más silenciosa y normalizada.

En México, cuidar sigue siendo un mandato de género. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados ENASIC (2022) muestra que 75.1 % de quienes cuidan dentro del hogar son mujeres. Este dato ya es contundente por sí mismo, pero se vuelve alarmante cuando hablamos de la población con discapacidad: ahí, el 80.3 % de las cuidadoras también son mujeres. No es casualidad, es resultado de la división sexual del trabajo que asigna a las mujeres la responsabilidad de sostener la vida cotidiana del país, es el resultado de cuando el patriarcado y el capitalismo se dan la mano.

El trabajo no remunerado de cuidados, incluyendo el cuidado de personas con discapacidad, tiene un valor económico que se requiere analizar. Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado (CSTNRHM) del INEGI (2023), este trabajo aporta cerca de 26.3 % del PIB nacional. Es decir, la economía mexicana funciona gracias a las horas de trabajo que no se pagan, pero sin las cuales el sistema colapsaría (Araiza, 2024). 

Pero los números no alcanzan a reflejar la dimensión emocional, física y social de esa labor. ENASIC (2022) revela un dato demoledor: muchas cuidadoras duermen poco, padecen de depresión y de un estado emocional “inestable”, pues las demandas de cuidado no se detienen, a lo cual dedican 38.9 horas semanales a los cuidados. Tampoco descansan, no tienen derecho a incapacidad, ni un salario, ni prestaciones, ni jubilación. Y cuando se les pregunta por qué no pueden acceder a un empleo remunerado, la respuesta suele repetirse: “nadie puede sustituirme” (Martínez y Muñoz, 2020). 

Esa frase, tan común como dolorosa, es también un recordatorio de que vivimos en un país sin un sistema de cuidados robusto, donde el Estado se deslinda y la familia, entendida casi siempre como “la mujer de la casa”, absorbe todo lo que las instituciones no quieren o no pueden asumir. No es casualidad: es una forma de violencia estructural sostenida por el capitalismo y el patriarcado (Fedirici, 2012).

Cuando hay discapacidad, la desigualdad se multiplica

La discapacidad no es un atributo individual, sino la interacción entre un cuerpo y un entorno que no está diseñado para él. Sin accesibilidad, sin apoyos, sin políticas, las barreras se vuelven más difíciles de superar. Y, por lo tanto, para las cuidadoras se espera un escenario solitario y sin cuidados para ellas.

Te recomendamos leer: Autonomía en personas con discapacidad: Una lucha diaria

ENASIC (2022) reporta que solo el 3.3 % de las infancias con discapacidad asiste a centros especializados de cuidado. Dicho de otro modo: el 96.7 % del cuidado lo realiza la familia, casi siempre las mujeres. Aunque existen programas de apoyo, su cobertura es mínima frente a la magnitud de la demanda.

Investigaciones en estudios feministas y de discapacidad han puesto sobre la mesa que el cuidado intensivo genera agotamiento emocional, aislamiento social, pérdida de autonomía económica y, en muchos casos, feminización de la pobreza (Cortés, 2019: Lapierre-Acevedo, et al., 2025; Jaramillo et al., 2021; Leyva-López et al., 2022; Martínez y Muñoz, 2020). No se trata solo de tiempo y energía; se trata de vidas enteras reconfiguradas alrededor de un rol que, aunque profundamente amoroso, también está atravesado por desigualdades históricas.

Tlaxcala: la realidad cercana

En Tlaxcala, esta situación también es urgente. Datos recientes indican que más de 54 mil personas tienen alguna discapacidad en la entidad, y que aproximadamente el 7.1 % de la población de 5 años y más vive con alguna limitación (INEGI, 2022) y si a esto se le añade un análisis estadístico considerando la imbricación entre la raza y clase, el tema se vuelve aún más profundo. 

La pobreza no solo incrementa la vulnerabilidad; hace casi imposible costear terapias, traslados, acompañamientos especializados o dispositivos de apoyo. Así, el peso recae otra vez en las mujeres: madres, abuelas, hermanas, tías, mujeres que sostienen vidas enteras desde la precariedad.

Y aunque en Tlaxcala existen servicios públicos importantes, su capacidad es limitada. La ausencia de opciones reales obliga a las mujeres a reorganizar su vida laboral, social y emocional en función del cuidado. Sin apoyos económicos suficientes, sin licencias especiales, sin descanso para ellas.

Basta con observar los programas de “apoyos” que ofrecen instituciones gubernamentales como autónomas ¿existe algún programa de sostenimiento emocional, económico y comunitario para las mujeres cuidadoras? La respuesta es clara y contundente, no. 

La violencia que hay que nombrar

En un contexto así, hablar de violencia no es exagerado. Violencia es que el Estado asuma que las mujeres cuidarán “naturalmente”. Violencia es que el trabajo que sostiene la vida sea gratuito e invisible. Violencia es que las cuidadoras renuncien a sus proyectos para sostener los de otros y otras.

Este 25N, además de alzar la voz contra las violencias más visibles, necesitamos nombrar esta otra violencia que ocurre dentro y fuera de casa, una violencia silenciosa, cotidiana y profundamente estructural.

Hacia una agenda de justicia en los cuidados

Es más que obvio, que México necesita un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de la imbricación entre el sexo, clase y raza, comunitario y feminista:

  • Que reconozca el trabajo de las cuidadoras
  • Que reparta las responsabilidades entre Estado, mercado, comunidad y familias
  • Que garantice apoyos económicos, licencias y servicios accesibles 
  • Que ponga al centro la vida digna tanto de quienes reciben cuidados como de quienes los brindan

Porque cuidar no debería ser sinónimo de sacrificio, pobreza o agotamiento. Pero para que deje de ser una forma de violencia, necesitamos cambiar las estructuras que hoy lo mantienen en desigualdad. Es por eso, que, desde Malinalli Espacio Común, la discapacidad y la infancia no se puede ver como un hecho aislado de los cuidados, nuestra convicción política es reconocer que para el crecimiento sano, digno y libre de nuestras infancias se requiere de una red de cuidados y acompañamientos para las cuidadoras. Si eres cuidadora de infancia con y sin discapacidad, te queremos hacer saber que tienes un espacio que busca acompañarte. La construcción de un sistema de cuidados comienza también desde lo común y desde una perspectiva feminista. 

Un texto de Indra Damaris Cervantes Aguilar 

 

REFERENCIAS 

Araiza, D. (2024). Trabajo no remunerado en México representa el 26.3% del PIB. https://www.cronica.com.mx/nacional/2024/11/25/trabajo-no-remunerado-en-mexico-representa-el-263-del-pib/ 

Cortés, C. (2019). Dos aproximaciones al cuerpo y el territorio como escenarios de lo político y del mantener la vida. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 15(1), 34–53 https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae15-1.dapc 

Federici, S. (2012). El patriarcado del salario: Críticas feministas al neoliberalismo y la globalización. Traficantes de Sueños.

INEGI. (2022). Encuesta nacional para el sistema de cuidados (ENASIC) 2022. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/encuestas/sistema-cuidados

INEGI. (2022). Estadísticas de la población con discapacidad en México. Instituto Nacional de Estadística y Geografíahttps://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad 

Jaramillo, J., Morales, M., y Martínez, P. (2021). Cuidadoras de personas con discapacidad en contextos de exclusión social: Tensiones y resistencias. Revista Latinoamericana de Estudios de Género, 25(1), 134-152. https://doi.org/10.24893/rleg.v25i1.465 

Lapierre-Acevedo, M., Moctezuma-Balderas, A., y Romualdo-Pérez, Z. (2025). Mujeres indígenas y prácticas de cuidado hacia infancias con discapacidad en México y Chile. Íconos- Revista De Ciencias Sociales, (82), 15–32. https://doi.org/10.17141/iconos.82.2025.6462 

 Leyva-López, A., Rivera-Rivera, L., Márquez-Caraveo, M. E., Toledano-Toledano, F., Saldaña-Medina, C., Chavarría-Guzmán, K., Delgado-Gallegos, J. L., Katz-Guss, G., y Lazcano-Ponce, E. (2022). Estudio de la calidad de vida en cuidadores familiares de personas con discapacidad intelectual. Salud pública de México64, 397–405. https://doi.org/10.21149/13325 

Martínez, L y Muñoz, P. (2020). Narrativas de cuidado y subjetividad femenina. Revista de Ciencias Sociales, 110(2), 55–70. https://doi.org/10.21696/rcs1102120201246

Vuelven a invisibilizar a las personas con discapacidad: Movimiento de PcD se pronuncia tras exclusión en audiencia de la Reforma Electoral

  • Aunque el secretario de Gobierno Luis Antonio Ramírez presumió que la audiencia de la Reforma Electoral escucharía todas las voces para fortalecer la democracia, no hubo representación de integrantes de algunos grupos vulnerados.

Tlaxcala, Tlax.- El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo la Audiencia Pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en Tlaxcala capital. El encuentro fue promovido como un ejercicio público de escucha y recepción de propuestas que serán consideradas en la construcción de la próxima Reforma Electoral, sin embargo, la delegación en Tlaxcala del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad señaló que no hubo seguimiento para representar al grupo vulnerado de Personas con Discapacidad en dicha audiencia. 

Durante su intervención en el evento, la consejera Jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy Ramos, detalló que “en cuatro meses y mediante las consultas realizadas en la mayor parte del país de manera presencial y en el extranjero, a través de audiencias virtuales, se han escuchado las propuestas de estudiantes, mujeres, pueblos indígenas, empresarios y ciudadanos, mismas que serán tomadas en cuenta por la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez para elaborar la iniciativa final que será presentada ante el Congreso de la Unión en enero de 2026”.

audiencia de la Reforma Electoral 2

Sin embargo, el vocero en Tlaxcala del Movimiento, Aldo Castillo, cuestionó la falta de inclusión en el foro, pese a tratarse de un ejercicio que, dijo, debía escuchar a distintos grupos ciudadanos. Relató que, previo al evento, el Movimiento de Personas con Discapacidad Tlaxcala fue contactado para participar, pero después de proporcionar su número para coordinar su intervención, ya no recibieron respuesta, aún cuando el Movimiento intentó dar seguimiento.

Afirmó que, para el Movimiento, era fundamental que al menos uno de sus integrantes participara en el foro como representación al tratarse de un evento de escucha ciudadana y de derechos humanos.

(…)  Una reforma de esta envergadura requiere que su corazón sea de perspectiva de derechos humanos y discapacidad”, expresó.

Entre los participantes del evento estuvieron dirigentes partidistas, políticos, magistrados, consejeros electorales, integrantes de la sociedad civil y ciudadanos. El acto fue encabezado por el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, además de la consejera Jurídica Ernestina Godoy Ramos, integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Te recomendamos leer: Comunidad LGBT+ en Tlaxcala denuncia posible retroceso en DDHH tras Reforma Electoral

Colectivos de personas vulneradas han manifestado preocupación por el modelo actual del INE que se busca reformar, el cual —afirman— busca reducir la representación política de pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y población LGBT+. En ese sentido, Antonio Escobar, activista y director del Programa de VIH y Derechos Humanos del Colectivo LGBTTTI+ Tlaxcala, señaló que aunque las consultas y propuestas ciudadanas han sido escuchadas, no implica que se verán reflejadas en la reforma.

Desde 2022, el Congreso de la Unión tiene la obligación de legislar para garantizar acciones afirmativas por ley, pero hasta hoy no ha cumplido. Por ello, distintos grupos y organizaciones de la comunidad LGBTQI+ han presentado incidentes de incumplimiento de sentencia, con el fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establezca un plazo límite al Congreso para avanzar en una legislación que garantice una representación justa, incluyente y equitativa.