• El caso de Denisse visibiliza la realidad de más de 4 millones de mujeres en México que maternan solas mientras un sistema permite que el deudor alimentario evada su responsabilidad. Ellas asumen la crianza, los gastos y la carga legal, enfrentando desigualdad estructural y la falta de mecanismos efectivos para garantizar pensiones alimenticias justas.

Tlaxcala, Tlax. Una de las demandas más visibles durante la marcha del 8M en Tlaxcala fue el tendedero de deudores alimentarios. Entre pancartas y consignas, cientos de madres e infancias alzaron la voz para exigir lo que por derecho les corresponde: pensiones justas.

Hablar de pensiones alimenticias suele reducirse a números, porcentajes y disputas legales entre adultos. Pero detrás de esas cifras hay una realidad que no aparece en los expedientes: madres que crían solas, a veces con el apoyo de familiares, y niños que sufren la violencia silenciosa de la ausencia económica de uno de sus progenitores.

Denisse Martínez es una de esas madres que el sistema no les ha hecho justicia. Desde hace nueve años, materna prácticamente sola a su hijo, enfrentando no solo los gastos cotidianos sino también un sistema que permite que los deudores alimentarios circulen impunemente.

Su historia se hizo viral durante la marcha del 8M en Tlaxcala, cuando un momento de confrontación dejó al descubierto una problemática que atraviesa a millones de mujeres en México: la dificultad de hacer que los padres cumplan con la pensión alimentaria. En el país, una de cada tres madres cría sola, mientras en la práctica el sistema termina liberando a muchos progenitores de su responsabilidad económica y de cuidados, que recae casi por completo en las madres.

Denisse es abogada de profesión y actualmente tiene un trabajo estable. Describe que ser madre autónoma implica asumir una triple carga: la de trabajadora, ama de casa y madre. Para ella, criar a su hijo significa desempeñar múltiples roles al mismo tiempo, como psicóloga, educadora, cocinera y administradora del hogar. Cada día se convierte en un ejercicio constante de organización, paciencia y resistencia, porque para ella, maternar sola no solo implica sostener los gastos y los cuidados, sino también enfrentar un sistema que, en muchas ocasiones, deja desprotegidas a las madres y a sus hijos.

“maternar sola no solo es un reto económico, sino emocional y social, hacer las labores del hogar, trabajar para generar el sustento y maternar”.

Dennise conoció al padre de su hijo cuando tenía 16 años. Lo que comenzó como un noviazgo que duró casi diez años nunca le hizo imaginar que experimentaría violencia económica por parte de él. Después de cinco años de relación, ella se embarazó, sin embargo, la relación no pudo prosperar, por lo que tuvo que dividir gastos para la manutención de su hijo,.

“Crecimos juntos desde los 16 años, pero la madurez que yo alcancé al procrear vida fue diferente a la de él, y eso marca la diferencia en la responsabilidad de criar”.

Sin una respuesta efectiva del padre de su hijo, Denisse inició el proceso legal por pensión alimenticia en 2022 en el Juzgado Familiar de Zacatelco. En 2023, se dictó una sentencia que obligaba a retener el 25% de los ingresos del progenitor. Sin embargo, desde octubre de 2024, los pagos comenzaron a incumplirse de manera sistemática.

“Informé al juzgado desde el primer mes de incumplimiento y cumplí con todos los requisitos para inscribirlo en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, pero hasta hoy no se ha hecho”, denuncia Denisse.

El sistema judicial, según su relato, no ofrece soluciones efectivas. En el juzgado de lo familiar de Zacatelco, donde tramita su caso, los oficios enviados por el juez solo preguntaron al municipio los motivos del incumplimiento, dejando toda la carga del procedimiento sobre ella.

“Es el ejemplo más claro de cómo el sistema protege más al progenitor deudor que a la madre o al menor afectado”, apunta.

El impacto económico es solo una parte de la historia. Denisse explica que el 25% que la sentencia dicta es insuficiente. “No proporciono el 25% ni el 50%, doy el 100%”, dice, refiriéndose no solo al dinero, sino al tiempo, cuidado, acompañamiento escolar, recreativo y afectivo que invierte diariamente. Cada salida, cada actividad extracurricular, cada compra de ropa o material escolar, recae sobre ella y en ocasiones sobre su familia, que también aporta apoyo para garantizar el desarrollo integral de su hijo.

Por su parte, el padre de su hijo ha buscado formas de evadir su responsabilidad económica, alegando baja solvencia, cambios frecuentes de empleo y que su madre es la propietaria del negocio al que se dedica. Argumentos que, según Denisse, no reflejan la realidad y que los tribunales han permitido sin imponer sanciones.

“Ya ha pasado por tres instituciones gubernamentales y nunca ha permanecido un año en ninguna, mientras mi hijo sigue sin recibir su derecho”

Más allá de la cuestión legal y económica, la experiencia deja una marca emocional. Denisse recuerda momentos de frustración y desaliento al salir de los juzgados, como aquella ocasión en que solicitó embargar la liquidación de un despido del padre para garantizar la pensión y encontró trabas incluso por parte de la jueza.

“Salí decepcionada, pero sabía que tenía que continuar con la lucha”

La visibilidad pública del caso de Denisse durante la marcha del 8M puso en evidencia la magnitud de esta problemática. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada en 2022, México cuenta con aproximadamente 56 millones de mujeres de 12 años y más, de las cuales el 67% son madres. De ese total, el 47% está casada, el 20% vive en unión libre, el 12% son viudas y el 11% se identifica como madres solteras, mostrando que miles de mujeres enfrentan la maternidad de manera autónoma y, en muchos casos, con escaso respaldo económico y legal.

Geovanny Pérez, defensora de derechos humanos de las mujeres, explica que esta problemática no es un asunto aislado, es una realidad estructural que afecta a miles de familias en Tlaxcala y en todo el país. En entrevista, compartió que la violencia económica que viven las mujeres por parte de los progenitores de sus hijos, es una forma de violencia de género que muchas veces pasa desapercibida.

Esta forma de violencia no solo afecta a las madres que crían solas, sino también al desarrollo integral de los niños y niñas, quienes dependen del cumplimiento de estas obligaciones para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, salud y actividades extracurriculares.

«Cuando hay un progenitor que no provee su obligación de la pensión alimenticia, se está generando violencia económica y se está generando incluso violencia patrimonial a las niñas, niños y adolescentes»

En días recientes, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Fanny Amador Montes, informó al medio Sol de Tlaxcala que el 80% de los casos que llegan a los juzgados familiares corresponden a pensiones alimenticias. Sin embargo, Geovanny Pérez advirtió que, pese a este dato, no existen cifras oficiales que reflejen cuántas mujeres enfrentan esta situación en la entidad. La defensora señaló que se trata de un problema que debe atenderse con perspectiva de género y con mecanismos ágiles que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos de madres e hijos.

Pérez enfatiza que estas desigualdades estructurales reflejan la urgente necesidad de revisar y armonizar la legislación local. Uno de los grandes problemas en Tlaxcala, explica Geovanny Pérez, es la falta de coordinación entre la Ley 3 de 3 y los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que genera vacíos legales que muchos padres aprovechan para evadir su responsabilidad económica.

Según Pérez, es común que los progenitores justifiquen el incumplimiento alegando ingresos bajos, empleo informal o la falta de propiedades a su nombre, situaciones que, aun con sentencia judicial, permiten que no se cumpla efectivamente la pensión alimenticia.

“Se aprovechan de vacíos legales y de la falta de coordinación entre autoridades para no cumplir con sus obligaciones”

Pérez López señala que el incumplimiento de las pensiones alimenticias no es únicamente un problema económico, sino también social y jurídico, ya que ocurre en un sistema que, con frecuencia, protege a los hombres y deja desprotegidas a las madres y a sus hijos.

“Estamos hablando de un sistema que, muchas veces, protege más al deudor que al menor o a la madre. Los juzgados no cuentan con mecanismos efectivos para garantizar que los padres cumplan con lo que la ley establece. La madre termina sola en la carga económica y emocional de criar a sus hijos”.

Para Pérez López, que no haya perspectiva de género al interior de los juzgados da como resultado que aún se usen criterios tradicionales que subestiman la labor de las madres y normalizan la evasión del padre.

“No se mide realmente el esfuerzo que hace una madre para mantener a sus hijos. Se asignan porcentajes de ingresos que muchas veces son insuficientes, y cuando el padre incumple, las sanciones son mínimas o inexistentes”

Por su parte, Denisse señala que mientras los jueces establecen un porcentaje económico que el padre debe aportar, las madres terminan destinando la totalidad de sus ingresos para garantizar mejores condiciones de vida a sus hijos.

Denisse también comparte que, a lo largo de todo este tiempo, nunca ha impedido que su hijo conviva con su ex pareja, reconociendo la importancia de que crezca con la figura paterna, aún cuando el padre no cumpla con su obligación de manutención.

Desde su experiencia, Denisse propone reformas concretas para que madres autónomas como ellas, tengan la facilidad de agilizar los trámites de pensión alimenticia, establecer formatos claros y accesibles para todas las madres, y garantizar que el Registro Nacional de Deudores funcione de manera efectiva, asegurando que las obligaciones de ambos progenitores se cumplan sin que la carga recaiga exclusivamente en la madre.

“No deberíamos normalizar que una parte, ya sea mujer u hombre, cargue sola con la responsabilidad”

La historia de Denisse es un reflejo de una realidad persistente en Tlaxcala y en todo México: la violencia económica contra madres solteras y niños, y un sistema que, a pesar de las leyes existentes, sigue dejando desprotegidos a los más vulnerables.

Denisse desea que la viralidad de su caso no se quede en un momento efímero en redes sociales, sino que genere un impacto real, y que la atención pública y mediática se centre en la problemática de la pensión alimenticia y en las desigualdades que enfrentan millones de madres en México y en el mundo.

Para ella, visibilizar estas situaciones es un paso necesario para exigir justicia, crear conciencia social y fortalecer un sistema que realmente proteja los derechos de los hijos y de las madres que, día a día, luchan por garantizar su bienestar.

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