TLAXCALA, Tlax., Campesinos y transportistas de Tlaxcala se sumaron al Paro Nacional y cierre de carreteras en autopistas de al menos 25 estados de la República como protesta contra la reforma a la Ley de Agua propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, exigen al gobierno federal precios justos y de garantía para granos básicos, como el maíz, y sacar estos productos del T-MEC, reconocer la agricultura como actividad prioritaria y estratégica, así como mayor presupuesto al campo tlaxcalteca. Por su parte, los trabajadores del volante piden seguridad, mejores condiciones laborales, y un alto a las extorsiones y a la persecución del crimen organizado, toda vez que son presa de constantes asaltos en las carreteras de la entidad.
Los campesinos han denunciado la caída en los precios agrícolas, el aumento de costos operativos y la falta de apoyos federales. De ahí que han presionado al gobierno federal a través de cierres carreteros como el realizado a finales de octubre y principios de noviembre de este año. Asimismo, han advertido que, de no haber solución, podría existir desabasto de mercancías en los próximos días.
Ante esto, campesinos y transportistas tlaxcaltecas también se sumaron a las protestas, denunciando que viven precarización, inseguridad y una disminución en el valor de su producción.
Aquí te compartimos qué es lo que está pasando y las demandas de estos bloqueos en la entidad.
1. ¿Quiénes movilizan el Paro Nacional?
Se trata de miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).
Este bloqueo afecta por lo menos 25 ciudades del país y autopistas y accesos al Valle de México, además de casetas y aduanas.
Los estados más afectados en este Paro Nacional, según las autoridades, son: Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.
2. Nueva Ley de aguas y sus afectaciones en el campo tlaxcalteca
En estos cierres iniciados desde el mes de octubre, los campesinos tlaxcaltecas mantuvieron bloqueadas las carreteras México–Los Reyes Zacatepec a la altura de Nanacamilpa y Sanctorum, además de la autopista Arco Norte en el tramo Calpulalpan, así como la vía férrea de Muñoz de Domingo Arenas, a la altura de la comunidad de Cuamantzingo.
Demandaron precios de garantía justos para sus cosechas, así como subsidios para el diésel y fertilizantes, por lo que el secretario federal de la SADER, Berdegué Sacristán, se comprometió a negociar con ellos en Tlaxcala y no en la CDMX.
Previo a esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso de la Unión la propuesta de la nueva Ley General de Aguas (LGA) promovida por Morena, lo que generó mayor tensión para el gobierno federal ante el rechazo de sectores campesinos, quienes consideran que la iniciativa pone en riesgo el patrimonio de miles de familias rurales, al ser impulsada sin diálogo y bajo un proceso de exclusión, advirtió el diputado federal priista Alberto Ambriz Delgadillo.
Posteriormente, el 18 de noviembre, la Cámara de Diputados estableció un parlamento abierto para discutir la nueva Ley General de Agua, donde campesinos, productores, ejidatarios y representantes empresariales acusaron al gobierno federal de impulsar una reforma que eliminaría la transmisión de concesiones, centralizaría las decisiones en la Conagua y pondría en riesgo la producción de alimentos.
Los agricultores advirtieron que esta propuesta implica un riesgo grave para la propiedad y operación de terrenos agrícolas, debido a que las concesiones de agua dejarían de ser transmisibles en caso de fallecimiento del titular. La iniciativa establece que, al morir el concesionario, el derecho de agua se cancela automáticamente, por lo que los herederos ya no pueden operar ese derecho.
Lo cambios que trae esta iniciativa
La propuesta de Claudia Sheinbaum elimina la compraventa de concesiones entre privados.
Las prórrogas deberán pasar por la Conagua.
Se crea un Registro Nacional del Agua para dar certeza jurídica.
Limita el pago de la cuota de garantía a un máximo de cinco años.
Prohíbe transferir concesiones cuando exista cambio de uso de suelo.
Tipifica como delitos hídricos la explotación ilegal de cauces y la corrupción en concesiones; es decir, cualquier nuevo pozo no aprobado sería perseguido por la Federación con penas específicas.
3. Garantía de mejor precio de compra en su producción
El pliego petitorio de los campesinos al gobierno de Sheinbaum es fijar precios de garantía para los granos básicos como el maíz, frijol y trigo, para que estos cubran los costos reales de producción y aseguren una utilidad razonable, demandan un precio de venta de 7 mil 200 pesos por tonelada, además solicitan que el Estado fortalezca la agricultura nacional, lo que implica sacar los granos básicos del esquema comercial impuesto por el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos y de la bolsa de Chicago, así como la creación de una Banca de Desarrollo para el campo desaparecida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, además de una política que regule las importaciones de los granos.
Por tanto, los campesinos piden el reconocimiento del gobierno federal de la agricultura como un asunto de interés nacional y la suspensión temporal de la discusión de la Ley de Aguas Nacionales.
4. Transportistas exigen seguridad real ante el incremento de robos en carreteras y fallas en la vigilancia
Por su lado, los transportistas tlaxcaltecas que participaron en el Paro Nacional exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo mayor seguridad en las carreteras federales, así como la mejora de sus condiciones laborales, luego de años marcados por asaltos, agresiones, robos y secuestros, además de pagos injustos por el traslado de mercancías.
Los operadores señalaron que necesitaban garantías de libre tránsito en autopistas y vías de comunicación, particularmente en tramos considerados de alto riesgo como el Arco Norte, su conexión hacia Amozoc, y la carretera Calpulalpan–Texcoco. También demandaron protocolos efectivos de vigilancia y una red de comunicación funcional, debido a que existen zonas donde no hay cobertura telefónica y áreas donde grupos delictivos operaban con inhibidores de señal.
El comisionado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, confirmó que la mayor concentración de delitos contra transportistas se registraba en el Arco Norte, además de que la inseguridad en la vía Calpulalpan–Texcoco dificultaba el trabajo policial. Explicó que los delincuentes utilizaban inhibidores para convertir a Sanctorum en una zona de vacío de señal, lo que facilitaba los robos en el tramo Sanctorum–San Martín Texmelucan y otras partes de la pista hacia Puebla–Amozoc.
Los transportistas también pidieron una persecución real al crimen organizado, así como mejores condiciones laborales y protección frente a extorsiones, al considerar que las autoridades no contenían adecuadamente a los grupos delincuenciales que operaban en la región.
Las cifras en materia de seguridad respaldaron sus reclamos. Para 2025, Tlaxcala se posicionó entre las entidades con mayor incidencia de robo al transporte de carga, principalmente en la Autopista Arco Norte. El Reporte Q1 2025 de México Evalúa colocó al estado dentro del Top 10 nacional, parte del 84% de los robos concentrados en el centro y sureste del país. La empresa internacional Overhaul también ubicó a Tlaxcala en el noveno lugar nacional, con el 4% de los robos registrados durante el primer trimestre del año.
Datos del Observatorio Ciudadano del IGAVIM señalaron que, para el tercer trimestre de 2025, el estado retrocedió cinco posiciones en el ranking nacional de robo al transporte de carga, al pasar del quinto al décimo lugar, con una tasa de 0.28 robos por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional de 1.10.
5. En Tlaxcala cerraron cuatro puntos carreteros
En Tlaxcala, transportistas y campesinos realizaron el cierre de cuatro puntos viales, afectando la circulación en la México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa (Madero), Calpulalpan y Zacacalco, así como en Cuapiaxtla, la Tlaxco–Apizaco y la Tejocotal–Tlaxco. También fue bloqueado el Arco Norte, en la caseta de Sanctorum y en el kilómetro 79.
Durante las protestas, los manifestantes exigieron mayor seguridad ante asaltos, extorsiones y ataques a operadores, así como solución a trámites pendientes como placas, licencias y revisiones médicas. Los campesinos reclamaron además precios de garantía para el maíz, frijol y trigo, el retiro de estos productos del T-MEC y atención a los títulos de aprovechamiento de agua.
Transportistas de la ANTAC denunciaron robos a mano armada en la México–Veracruz, principalmente en Calpulalpan y Zacacalco, zonas consideradas de mayor riesgo en los límites entre Tlaxcala y el Estado de México.
Aunque los cierres fueron por tiempo indefinido, los manifestantes permitieron el paso a servicios de emergencia, manteniendo bloqueado únicamente a transportistas particulares y automovilistas. El transporte público suspendió temporalmente rutas hacia Hidalgo, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, afectando la movilidad en diversas regiones del estado.
La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) informó la suspensión de clases en Calpulalpan, así como afectaciones al programa de transporte gratuito Primero el Magisterio, dejando sin operar las rutas 13, 18, 19, 21 y 24.
Antecedentes y denuncias de persecución
Entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, campesinos ya habían bloqueado la México–Veracruz y el Arco Norte para exigir subsidios al diésel y fertilizantes. Aunque el secretario federal de Agricultura, Julio Verdegué, se comprometió a instalar una mesa de negociación, días después varios participantes fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR).
El Comisariado Ejidal de San Lorenzo Cuapiaxtla, Efrén López Hernández, denunció una represión del gobierno federal mediante supuestas denuncias penales contra quienes participaron en los cierres carreteros.
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