Tlalcuapan, Tlax. Este jueves, el presidente de la comunidad San Pedro Tlalcuapan de Chiautempan, Saúl Rosales Meléndez, fue detenido por la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por el motivo de linchamiento de una persona señalada por cometer un robo.
Más tarde también fue arrestado Raymundo N., poblador del municipio y quien aparentemente también tuvo que ver en el linchamiento del mes de abril.
De acuerdo con el comunicado emitido por la PGJE se les acusa por el delito de homicidio calificado perpetrado en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan del municipio de Chiautempan, en agravio de Alfredo Salgado Bautista.
En el mismo mensaje, la misma PGJE recalcó que esta institución no trabaja por presión de grupos externos, sino bajo un orden jurídico y con apego a la ley, en relación a las órdenes de aprehensión en contra de Saúl N., y Raymundo N.
Ante esta situación pobladores de Tlalcuapan se manifestaron este día para exigir su liberación.
Tlalcuapan se rige por usos y costumbres
Para entender porqué pobladores exigen la liberación del presidente, es importante conocer que Tlalcuapan es una comunidad indígena que cuenta con un sistema normativo interno, conocido comúnmente como usos y costumbres. Desde hace algunos años pobladores de esta comunidad han luchado por su autonomía y por la libertad de autogobierno.
En entrevista con Ismael, poblador de Tlalcuapan, precisó que desde hace muchos años, los pueblos que están a las faldas de la Montaña han sido olvidados; esto porque las instituciones gubernamentales no logran comprender su forma de organización.
La marginalidad en la que han vivido en este municipio ha originado no solo una ola de corrupción y delincuencia, también una notable ausencia por parte de las autoridades. Ante ello, pobladores han creado sus propias normativas para castigar actos delictivos.
Esta forma de organización con la que cuenta San Pedro Tlalcuapan ha procurado la garantía de las Asambleas Comunitarias, las cuales cumplen una función incluso más importante que la del mismo presidente: son los encargados de aprobar – o no – cualquier decisión tomada desde la presidencia.
¿Quiénes son los presos políticos?
En Tlalcuapan, la elección de los presidentes se realiza a partir de los usos y costumbres. Sin embargo, para que una persona pueda ser elegida como presidente se necesita entre otras cosas, entender las dinámicas de la comunidad originaria, haber tomado algún cargo en la Iglesia e incluso apoyar las causas de la comunidad.
En entrevista, habitantes de Tlalcuapan comentaron que tanto Raymundo Cahuantzi como Saúl Rosales, han atendido a las necesidades de la población. Y han atendido y defendido la autonomía de la comunidad; y que al oponerse a la institucionalización de la gobernadora, se les está construyendo un caso para vincularlos a actividad delictiva.
En abril, cuando se realizó el linchamiento del joven que estaba cometiendo un robo, Asambleas Comunitarias exigieron a la presidencia y las autoridades policiacas la legitimidad de sus propias normas organizacionales. Esto culminó en la muerte del joven originario de la comunidad de Texcacoac.
Esto porque las Asambleas Comunitarias tienen una función mucho más importante que el mismo presidente: respetar las normas que se han realizado a partir de la misma organización de la comunidad; lo que originó que hoy el presidente se encuentre preso.
Por otro lado, la situación de Raymundo Cahuantzi es igual de preocupante, pues pobladores han pronunciado que el ex-presidente de Tlalcuapan no estaba en el lugar de los hechos cuando se dio el linchamiento; sin embargo, la PGJE ha mantenido que hay una carpeta de investigación en donde señalan que Raymundo formó y organizó el linchamiento del joven, situación que los pobladores han negado.
Violencia policiaca en contra de pobladores
Ayer, Gabriela, originaria de Tlalcuapan, acompañó a la esposa del presidente Saúl a la Procuraduría, y comentó que fue agredida por parte de los ministeriales; quienes la aventaron sobre la pared en un acto de defensa de sus compañeros que estaban siendo amedrentados, entre ellos Raymundo Cahuantzi.
En esa línea, pobladores han expuesto que después de la detención del presidente fueron perseguidos por un helicóptero y patrullas mientras se estaban organizando y preparando su salida hacia la Procuraduría del Estado.
Al llegar a las oficinas de la Procuraduría les esperó una malla de granaderos que aparentemente estaban para evitar algún tipo de mal entendido.
Este día, manifestarse los pobladores de Tlalcuapan frente al Palacio de Gobierno, granaderos les aventaron gas lacrimógeno.
Dejándolos en incertidumbre alrededor de dos horas mientras se llevaba a cabo una junta con pobladores de Tlalcuapan con Mario Cervantes Hernández, Director de Gobernación y Desarrollo Político y Sergio González Hernández, Secretario de Gobierno; sin embargo no se llegó a ningún acuerdo con los pobladores, pues los encargados de dichas instituciones argumentaron que este problema ya no le competía al gobierno estatal, pues era un asunto que ya formaba parte del poder judicial.
No es justicia por su propia mano, es el olvido de las comunidades originarias en Tlaxcala
Ismael compartió para este medio que en Tlalcuapan los índices de delincuencia han incrementado de manera considerable; sin embargo, cuando se les hace conocimiento a instituciones policiacas, no realizan protocolos para su erradicación, ni para la captura de los delincuentes.
La ausencia y efectividad de las autoridades originaron que en abril se linchara a una persona que estaba cometiendo un robo, quien ya había estado en prisión por las misma causa.
No fue la primera vez que la población reaccionó a un hecho así. En 2017, habitantes de Tlalcuapan se vieron vulnerados por parte de las autoridades policiacas, quienes intentaron cobrar derecho de piso a aquellos pobladores que contaban con un ejido en la montaña.
Y aunque en ese entonces no hubo ningún linchamiento, ha sido una de las causas del hartazgo social en el que vive actualmente la población de Tlalcuapan.
Condiciones sociales que a lo largo de los años ha vivido la comunidad, y que los medios de comunicación no han contemplado al cuestionar a los y las pobladoras con la rimbombante pregunta: ¿Por qué toman justicia por su propia mano? Situación que les criminaliza, en ves de visibilizar el contexto en el que viven.
Mientras tanto, el gobierno de Lorena Cuéllar se deslinda de cualquier acto que pueda violar y vulnerar los derechos humanos de Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi.
Gusano descortezador y la institucionalización
Por otro lado, con el aumento de árboles afectados por el gusano descortezador, ha habido una imposición por parte de las autoridades para el saneamiento de la Montaña. Esto a pesar de que la comunidad ya había organizado una manera más rápida y sencilla para evitar la propagación del gusano. Sin embargo, las acciones propuestas por la población fueron invisibilizadas por parte de las autoridades.
Actualmente, el problema del gusano descortezador ha ido en aumento y la Montaña se ha visto gravemente afectada con más de 1000 hectáreas de árboles infectados. Y aunque la institucionalización ha efectuado un recurso económico para el saneamiento, los procesos burocráticos no solo entorpecen la disminución de éste gusano, también la organización de las comunidades, que con sus propios recursos han realizado acciones.
Te puede interesar: El Sol se pone de tapete para una gobernadora que acapara todos los espacios