El pasado 8 de octubre, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) —comisión de científicos de todo el mundo, encargada por la Organización de las Naciones Unidas para hacer el seguimiento de las investigaciones relevantes sobre la crisis climática y los escenarios posibles de una catástrofe ambiental y social planetaria asociada con ella—, publicó un informe especial sobre las perspectivas y posibilidades de alcanzar la meta de un calentamiento global de 1.5ºC para fines del presente siglo. Desde el inicio, el IPCC plantea el problema sin ambages: “Para limitar el calentamiento global a 1.5ºC se requerirían cambios rápidos, extensos y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Limitar el calentamiento global a 1.5ºC tendrá claros beneficios para la población y los ecosistemas naturales, en comparación con un calentamiento de 2ºC y podría acompañarse de una sociedad más sustentable y equitativa”.
En otras palabras, el IPCC está planteando ya la inminencia de una catástrofe global si no se toman medidas de alcance profundo que modifiquen el actual estado de cosas. Eso significa que, aunque sea potencialmente benéfico realizar cambios en los patrones de consumo (por ejemplo, dejar de usar popotes, que es ahora una moda), tales modificaciones son de alcance limitado, si no van acompañadas de transformaciones mucho más radicales en la producción, porque es desde el ámbito productivo que se generan no sólo los objetos materiales de consumo cotidiano, sino los peores contaminantes para los ecosistemas, la biodiversidad, la agrodiversidad y para la salud humana. Debe además advertirse que “limitar el calentamiento global a 1.5ºC” debería ser ya considerado una catástrofe, porque ello implica que la dinámica de producción con el fin de obtener ganancias es ya un riesgo para la existencia misma de la especie humana y que existen muchos intereses que se oponen a siquiera hablar de esta crisis, cuando no a minimizarla y a desestimarla como fenómeno “natural” que no debe alterar los ciclos económicos, porque tal vez exista una compostura tecnológica que nos salve de nosotros mismos y nos permita evitar hacer los cambios de fondo que ya se perciben, en algunos ámbitos, como demasiado cortos y tardíos.
La crisis climática planetaria tendrá, a su vez, expresiones locales que serán más o menos graves, en función del nivel de degradación ecosistémica que presenten algunas regiones del mundo o del país, así como por el nivel de inequidad económica y social de su modelo económico. Sólo en este aspecto, es perfectamente posible deducir que México será uno de los países más golpeados por la crisis climática y sus efectos serán particularmente devastadores en regiones ya degradadas, como la cuenca Atoyac-Zahuapan.
Desde hace más de 20 años, distintos grupos sociales organizados en Tlaxcala y Puebla —como la Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.—, han denunciado los impactos negativos de la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y sus afluentes, provocados por la transformación forzada de esta cuenca en un gran sistema de drenajes industriales y urbanos a cielo abierto que, por un lado, beneficiaron económicamente a los accionistas de las más de 20 mil 400 empresas industriales asentadas en su territorio, mientras que, por el otro, transfirieron y transformaron los costos del saneamiento del agua residual industrial, en costos de salud, costos funerarios, costos catastróficos por la pérdida de cosechas, el castigo a los precios de los productos provenientes de la cuenca o por el cambio en los regímenes pluviales por el crecimiento del parque vehicular y hasta por el uso de cañones “antigranizo”, que evidencian que la prioridad para las empresas y el Estado es cuidar la pintura de los autos nuevos y no la alimentación de las familias de la cuenca.
En un contexto de crisis climática cada vez más aguda y de destrucción continua de la salud de las personas que pueblan la cuenca Atoyac-Zahuapan, las acciones realizadas por las autoridades para simular el saneamiento de la cuenca deben ser consideradas un crimen de lesa humanidad, porque dicha simulación de Estado está privando a la población, a las comunidades ya afectadas en su salud, patrimonio y capacidades de mitigación y adaptación, de posibilidades de supervivencia si sobreviene algún evento climático extremo (por ejemplo, una sequía prolongada) que ponga en riesgo a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad: las mujeres, las niñas y niños y los adultos de la tercera edad.
Medrar con el saneamiento de la cuenca, aún sabiendo que, según el propio IPCC sólo tenemos 12 años para realizar los cambios profundos que se requiere realizar, constituye un acto de tendencia genocida perpetrado por el Estado y las empresas a las que las políticas públicas encubre y protege, porque estará sacrificando a una población ya dañada por esas políticas y está destruyendo también las posibilidades de supervivencia, desarrollo y equidad para las generaciones futuras.
El gobierno entrante, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tendrá, a partir del 1 de diciembre próximo, el reto nada envidiable de actuar para detener la depredación, el saqueo y la destrucción abierta de nuestras condiciones básicas de supervivencia, en medio de la mayor crisis ambiental de la que tengamos registro. El reto es de dimensiones gigantescas y no ofrece espacio a la improvisación, a la negación o a la mezquindad, que es lo único (aparte de la rampante corrupción) que nos han ofrecido los gobiernos federales y estatales del PRI, el PAN y el PRD durante las últimas cuatro décadas, retrasando criminalmente la adopción de medidas que podrían habernos dado más tiempo para actuar. Esos crímenes, que aún no se han hecho visibles, serán juzgados severamente por la historia. Entretanto, el foco debe ser el rescate de nuestras condiciones de vida y el saneamiento de la cuenca, con la participación de las comunidades afectadas, es ya una prioridad impostergable.
No necesitamos esperar a una catástrofe social, como la de la explosión de los ductos de Pemex en San Martín Texmelucan en 2010. El rescate de la cuenca pasa por la reconstrucción del tejido social comunitario que ha sido destruido y sustituido por las políticas del Estado, el empobrecimiento sostenido de la población y la destrucción de los elementos naturales de sustento económico, que han abierto el paso a las bandas de tratantes de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y a las bandas del “huachicol” como gestoras de las relaciones de convivencia en la cuenca. Las comunidades tienen memoria histórica para enfrentar la crisis y, a partir de su cultura comunitaria, sus saberes locales y su capacidad de resistencia y regeneración pueden dar la vuelta a la situación, si sólo se les da una oportunidad hasta hoy negada.
Es hora de admitir que el modelo económico que hasta hoy nos gobierna es, más que un fracaso, un crimen contra el fundamento de la vida humana. Por más fábricas que pretendan instalar, no pueden seguir tapando el sol con un dedo. Las prioridades deben cambiar y debe ponerse la supervivencia de las comunidades, su cultura y su economía local, en primer lugar. Los intereses privados de lucro y de generación permanente de “externalidades” deben ceder ya su primacía, porque hasta esos intereses están en riesgo, incluso si no hacemos nada. Es la hora de la sensatez. No hay más remedio.
Octavio Rosas Landa R.
