Continúa violación a derechos humanos de policías torturados y acusados de secuestro en 2015

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  • Incumplen autoridades reinstalación, pago de remuneraciones y de gastos médicos a los 7 agentes torturados y acusados de secuestro exprés en 2015.

Tlaxcala, Tlax. A más de dos meses de que el gobierno de Tlaxcala ofreciera la correspondiente disculpa pública a los siete ex policías acreditables acusados por presunto secuestro exprés, y posteriormente torturados en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), las autoridades no han respondido como lo comanda la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), señaló Jorge López Pérez, uno de los afectados.

El representante de los oficiales mencionó que no han sido reinstalados en sus cargos de los cuales fueron removidos desde 2015, así como no se les ha hecho el pago íntegro de la suma prometida por los gastos médicos generados, ni la suma establecida por salarios caídos en el tiempo que afrontaron su proceso legal.

Asimismo aseguró que no han sido giradas las órdenes de aprehensión contra los señalados ni se ha cumplido con la Ley de Atención a Víctimas, pese a que fue comprobada la tortura cometida al interior de la PGJE.

Comentó que la omisión cometida por las autoridades estatales será dada a conocer en el Poder Legislativo local y ante las Cámaras de Diputados y Senadores, ya que, de no obtener respuesta satisfactoria, amenazan con recurrir a una huelga de hambre.

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Declaró además que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Victor Cid del Prado Pineda, se encuentra rebasado para responder a favor de los siete afectados e intervenir ante las autoridades estatales.

«Que nos escuchen porque el gobierno solo nos cita y no pasa absolutamente nada», aunado a ello, acusó que el documento que contiene la disculpa pública firmada por el titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), José Aarón Pérez Carro, no se encuentra debidamente membretada por lo que temen su invalides.

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Asimismo indicó que la Procuraduría tampoco ha hecho entrega de su disculpa pública a la CEDH, por lo que exigirán un alto a la vulneración de los derechos humanos ya que, pese a que se les otorgó un debido plazo, este no se ha cumplido.

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