La Consejería Jurídica del gobierno de Tlaxcala impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la facultad de atracción del INE para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de los recursos públicos, y equidad en la contienda para el proceso electoral de 2018.
Con esto, el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez se sumó al llamado del gobierno federal para echar atrás los acuerdos del Consejo General del INE y revocar los lineamientos del llamado “piso parejo” que, según los promoventes, es ilegal e inconstitucional porque limita la promoción de programas sociales antes del inicio de las campañas electorales.
El medio de apelación que promovió el gobierno del Estado y que se registró en el expediente SUP-RAP-659/2017, se sumará a la recepción masiva que, incluso, ha controvertido Televisión Azteca, Televisa, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y otros titulares de gobiernos locales.
En la tabla de juicios que se han acumulado contra la decisión del Consejo del INE se observan 19 recursos.
Los gobiernos locales que han recurrido al TEPJF son, además de Tlaxcala, los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Sinaloa, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes, así como el Partido Movimiento Ciudadano y las empresas privadas de radio y televisión.
Aunque aún no es público el contenido del recurso que encabeza el gobierno de Tlaxcala, se prevé que esté bajo los mismos términos que el emitido por la Consejería Jurídica del gobierno federal, en el que ha argumentado que la aprobación del acuerdo del INE está “viciada de origen” y porque vulnera la esfera del gobierno federal al limitar el ejercicio de los recursos asignados a las dependencias, órganos y entidades de los gobiernos, para destinarlos a la promoción y difusión en medios de comunicación, radio y televisión, sobre programas gubernamentales.
