Urge Programa estatal contra la Trata de Personas; gobierno sigue minimizando: Fray Julián

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Tlaxcala. Desde este espacio nos solidarizamos con todas y cada una de las luchas que las mujeres están realizando en el mundo, el país y en Tlaxcala, para erradicar las violencias que se ejercen contra nosotras.

Expresamos particularmente nuestra preocupación ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, problema que desde hace casi dos décadas hemos documentado, analizado académicamente, denunciado, y frente al que hemos buscado incidir para que el gobierno estatal cuente con la legislación y políticas públicas suficientes que prevengan la problemática, sancionen a las redes de tratantes y protejan, atiendan y garanticen el acceso a la justicia a las víctimas.

A pesar de todo esto, la situación continúa siendo grave y se mantienen los impactos estatales, nacionales e internacionales, como se ha mostrado con el caso Meléndez Rojas, personas originarias de Tlaxcala que trataron a mujeres y niñas con fines sexuales y para los que las sentencias fueron de los 20 a los 39 años, considerándoles una organización criminal.

Sin embargo, el Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, señaló hace unos días que en Tlaxcala no existe delincuencia organizada. Esto refleja un profundo desconocimiento del problema y de la manera en que operan las redes en este delito, lo que claramente impacta en la implementación de la política pública y en la persecución del delito, pues desde esa visión, en el mejor de los casos se llegará a investigar y sancionar a individuos y no redes, como sí hacen en los Estados Unidos de Norteamérica.

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Por su parte, la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha señalado públicamente que la trata de personas ha disminuido un 83% en Tlaxcala, sin especificar el periodo al que se refiere ni la metodología utilizada para ese cálculo. La realidad que observamos en los corredores de explotación y en las comunidades afectadas indica que el problema sigue siendo grave. Así lo demuestran también las denuncias que ha recibido la propia Procuraduría de Justicia del estado ya que vía acceso a la información sabemos que, en el periodo de enero a octubre de 2021, se interpusieron 61 denuncias por explotación sexual –“Por denuncia anónima 34, por comparecencia 22, por otra modalidad, 5”-, y resulta preocupante que, de todas las denuncias presentadas, sólo se indica la apertura de una carpeta de investigación en ese periodo. Respecto a estas cifras podemos hacer las siguientes observaciones:

  1. La ciudadanía identifica la problemática y la denuncia. 61 denuncias en 10 meses es una cifra alta, considerando que, de acuerdo con el Consejo para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en estos delitos la cifra negra es de hasta el 99%.
  2. La integración de carpetas de investigación es sumamente ineficaz, pues apenas el 1.6% de denuncias alcanza este estatus. Esta ineficacia puede repercutir en que las víctimas o personas afectadas dejen de denunciar y, además, envía un mensaje a las redes de trata para que sigan actuando en total impunidad.
  3. Es necesario que la Procuraduría General de Justicia del estado revise el proceso de recepción e integración de denuncias para lograr la apertura de carpetas de investigación y que la impunidad no tenga esta cifra tan vergonzosa del 98.4%. Esta revisión implica que, si hay negligencia o corrupción por parte de las autoridades, éstas sean sancionadas.
  4. Se confirma la continuidad de los impactos estatales y nacionales, pues en la solicitud de acceso a la información se indicó la existencia de un total de 28 víctimas en el periodo ya referido. El origen de las víctimas se distribuye de la siguiente manera:
Tab

Esta situación es resultado de la falta de aplicación de una política integral que se coordine eficazmente desde el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, incumpliendo la obligación que se indica en los artículos 40 y 44 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Proyección y asistencia a las víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala.

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La sociedad civil y la academia, hemos puesto a disposición del actual gobierno estatal el conocimiento acumulado durante casi dos décadas, para que por fin se cuente con un Programa Estatal contra la Trata de Personas que responda a nuestra realidad y que tenga acciones eficaces para prevenir, proteger y atender a las víctimas y sancionar a los tratantes. Sin embargo, a 6 meses del cambio de gobierno, el Consejo Estatal contra la trata continúa sin aprobar el Programa Estatal contra la Trata de Personas y sin abrir espacios de diálogo para que la sociedad civil y la academia le presentemos nuestra Propuesta de Programa Estatal contra la Trata de personas 2021 – 2027.

Un primer intento para dialogar la propuesta en mención se dio el 14 de septiembre, fecha en que la presentamos y entregamos a Gimena Lara Pérez, Coordinadora de Planeación e Inversión. También acordamos con ella que, desde la Coordinación General de Planeación e Inversión se convocaría a las y los titulares de las dependencias y organismos integrantes del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, para que un grupo de trabajo integrado por el Centro Fray Julián Garcés y personas de la academia, les hiciéramos una presentación formal del Programa. Sin embargo, esta reunión no se concretó.

Ante ello, y como un segundo intento de abrir espacios de diálogo con el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, el 22 de noviembre de 2021, mediante oficio dirigido a la Gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, solicitamos:

“Primero. Que dé instrucciones al Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, para que en su calidad de Presidente del Consejo, convoque al Consejo Estatal contra la Trata de Personas para la elaboración y aprobación del Programa Estatal contra la Trata de Personas 2021 – 2027.

Segundo. Participar como sociedad civil y academia en la siguiente sesión del Consejo Estatal contra la Trata, con el objetivo de presentar y dialogar la Propuesta del programa estatal contra la trata de personas 2021 – 2027.”

Mediante oficio con número SGT/370/2021, del 24 noviembre de 2021, el Secretario de Gobierno hizo de nuestro conocimiento que nuestra solicitud se había turnado al C. Rafael Hernández Hernández, responsable de la Dirección de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, para que nos emitiera una respuesta. Ante esa evasiva, mediante oficio de fecha 6 de diciembre, manifestamos nuestra preocupación por su respuesta, ya que, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Mismos en el Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Gobierno tiene a su cargo la Presidencia del Consejo Estatal contra la Trata de Personas y, de acuerdo con el artículo 42, es la presidencia quien debe realizar las convocatorias. Además, de acuerdo con el artículo 24 del reglamento de la Ley en mención, corresponde a la Presidencia “I. Presidir las sesiones” y “II. Autorizar el proyecto del orden del día de las sesiones”. En ese oficio también le solicitamos “Único. Convoque a sesión del Consejo Estatal contra la Trata de Personas y, como parte del orden del día, se establezca un punto para que la sociedad civil y la academia presentemos nuestra Propuesta del Programa Estatal contra la Trata de Personas 2021 – 2027”, y le solicitamos nos indicara fecha y lugar de la siguiente sesión de Consejo. Y mediante oficio del día 10 de diciembre de 2021, el Secretario de Gobierno respondió que “… en su oportunidad cuando se convoque a sesión del Consejo Estatal contra la trata de personas, se procederá a analizar con antelación su petición para los efectos procedentes”. Tres meses después, la Secretaría de Gobierno continúa sin indicar fecha y hora para presentar nuestra propuesta de Programa, violentando así nuestro derecho a una participación ciudadana efectiva.

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Ante ello, y como un tercer momento para generar el diálogo con el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, el 22 de febrero del año en curso, nos reunimos con la Directora del Instituto Estatal de la Mujer, Margarita Cisneros Tzoni, para entregarle nuestra Propuesta del Programa Estatal y pedirle que, al ser el Instituto Estatal de la Mujer integrante del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, “solicite que se haga la presentación de la propuesta por parte de la Sociedad Civil y la Academia para su discusión y posteriormente el actual gobierno estatal lo apruebe e implemente”. Y el pasado 4 de marzo, hemos hecho llegar vía oficio a todas las instituciones integrantes del Consejo Estatal contra la Trata, el documento con nuestra Propuesta de Programa Estatal, solicitando abran un espacio de diálogo al interior del Consejo para la discusión de esta propuesta.

Por otra parte, el pasado 1 de marzo, Margarita Cisneros Tzoni, Directora del Instituto Estatal de las Mujeres, en su intervención en el informe sobre las medidas avanzadas en torno a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida (AVG), refirió que el 28 de septiembre se instaló el Consejo estatal contra la Trata de Personas, y que el 4 de noviembre habían tenido su primera sesión. Dicha instalación y sesión del Consejo no debe ser considerado como un avance sustancial,  pues en el Informe del Grupo de Trabajo se establece que, se deberá “Reforzar acciones de gobierno y medidas normativas diferenciadas y especializadas, en atención a las razones que favorecen y perpetúan la comisión de ilícitos en contra de las mujeres y niñas en el marco de la implementación del Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos”, y se establece como primer medio de verificación el “Programa Estatal para Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, publicado en el periódico oficial del estado”, lo cual no ha sido cumplido.  Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar, refirió que, por primera vez en el Plan Estatal de Desarrollo se plasman tres “temas prioritarios de género”, siendo uno de ellos el “combate frontal a la trata de personas” sin abundar al respecto. En el evento la problemática de trata no se profundizó, ni se abordó el Programa estatal en la materia, que, como ya señalamos, es una de la recomendación asentada en la Declaratoria de la AVG.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando en la prevención y en la búsqueda de la erradicación de la Trata en nuestro estado aprovechando todos los espacios abiertos para hacerlo, como el VII Congreso Latinoamericano sobre la Trata de Personas, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de julio, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En donde expondremos cómo la sinergia entre Academia y Sociedad Civil genera conocimiento para la construcción de políticas públicas; también será un espacio en el que seguiremos visibilizando la realidad de la problemática en Tlaxcala y la responsabilidad del Estado en la prevención, atención, sanción y erradicación de la trata de personas.

La sociedad civil y la academia estamos haciendo lo que nos corresponde. Ahora es momento de que el Consejo Estatal contra la Trata se abra al diálogo y cumpla con sus obligaciones, de lo contrario mostrará que, otra vez, estamos ante un gobierno simulador que sostiene al sistema proxeneta.

Así, a través de este posicionamiento, exigimos públicamente al gobierno del estado de Tlaxcala, y particularmente al Secretario de Gobierno y presidente del Consejo Estatal contra la Trata de Personas:

  • Que no minimice la gravedad del problema de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala.
  • Que el Consejo Estatal contra la Trata sesione y permita la participación de la sociedad civil y academia en la próxima sesión, con el objetivo de presentar y dialogar la Propuesta del Programa Estatal contra la Trata de Personas 2021 – 2027.

¡Nos queremos libres de trata!

Vocería

  • Alejandra Méndez Serrano, Directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
  • Magdalena Marisol Navarro Martínez, Pastoral Social de la parroquia de Santo Toribio Xicohtzinco e integrante de las Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas.
  • Norma Mendieta Mendieta, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena e integrante de las Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas.
  • Ixchel Yglesias González Báez, en representación de la academia. 

Atentamente: Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala; Pastoral de Derechos Humanos, Centro de Economía Social Julián Garcés A. C., Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, 1,2,3 Por ti, Por él y Por todos A.C, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Organización Democrática de Bases Populares, Comité de Derechos Humanos Luis Munive y Escobar de Atlihuetzian; Comité de Derechos Humanos “Los Jicotes” de Xicohtzinco; Pastoral Social de la parroquia de Santo Toribio Xicohtzinco; Comité de Derechos Humanos Nueva Vida a la Luz del Evangelio de San Juan Huactzinco; Movimiento Familiar Cristiano de Santa Cruz Tlaxcala, Pastoral Social de la Parroquia de San Luis Obispo, Teolocholco; Pastoral Social de San Diego de Alcalá, Metepec, Tlaxcala;  Pastoral Social de la Parroquia de Santa Anita Nopalucan; Pastoral Social de la Parroquia de San Antonio de Padua, Acuamanala; Pastoral Social de San Marcos Contla, Papalotla; Pastoral Social de la Parroquia de San Bernardino de Siena, Contla; Pastoral Social de la Parroquia de San Pablo Apóstol, Apetatitlán; Pastoral Social de la Parroquia de San Juan Totolac; Pastoral Social de San Francisco Tetlanohcan; Pastoral Social de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Chiautempan; Grupo Cihuatl, comunidad de Panzacola, Papalotla de Xicohténcatl; Pastoral de la Capilla de Nuestra Señora de la Paz, Puebla; Pastoral Social de la Parroquia de Santa Inés Zacatelco; Pastoral Social de San José, Tlaxcala; Coordinadora por un Atoyac con Vida y personas de la academia participantes en el Proceso.

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