Tlaxcala, Tlax. El 6 de febrero de 2024, la diputada Lorena Ruiz García ha propuesto una iniciativa en el Congreso del Estado de Tlaxcala que busca implementar tratamientos psicológicos para agresores como medida preventiva y correctiva en los municipios del estado.
La iniciativa presentada ante el Pleno de la Asamblea busca abordar de manera integral el problema de la violencia contra las mujeres, reconociendo la importancia de no solo proteger a las víctimas, sino también de intervenir con los agresores para prevenir la reincidencia y promover el bienestar tanto de ellos como de las víctimas.
Igualmente, Ruiz García mencionó la importancia de esta medida desde una perspectiva preventiva, argumentando que al reducir el número de hombres violentos contra sus parejas, se puede esperar una disminución en la violencia futura.
Además, se enfoca en interrumpir la cadena de transmisión intergeneracional de comportamientos violentos, así como en evitar el aprendizaje observacional por parte de los hijos de los agresores.
La diputada señaló que el tratamiento psicológico para los agresores debe ser una realidad, especialmente cuando estos muestran disposición para cambiar y asumen la responsabilidad de sus acciones.
Asimismo, más allá de las funciones punitivas que puedan atribuirse a las medidas legales, Ruiz García habló de priorizar la reeducación y la reinserción social de los agresores en la sociedad.
Por lo que, en caso de ser aprobada, la iniciativa implicaría la adición de una fracción al artículo 156 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, otorgando a los jueces municipales la facultad de ordenar a los agresores asistir a sesiones de orientación psicológica como parte de las sanciones administrativas por violencia familiar o incumplimiento de órdenes de protección.
De igual manera, estas sesiones se llevarían a cabo en las oficinas del DIF del municipio correspondiente, con una duración de 10 sesiones en un período de dos meses.
Además, la propuesta contempla la posibilidad de canalizar a los agresores a talleres, cursos o programas de reeducación masculina en dependencias gubernamentales o asociaciones civiles que cuenten con estos programas vigentes al momento de la orden judicial.
La iniciativa ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, así como a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su respectivo estudio, análisis y dictamen.

