Los días 25 y 26 de enero en Tlaxcala se tuvo el Primer Encuentro de colectivos, grupos y organizaciones de las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), denominadas de esa manera por presentar características de daño al territorio y a la salud de las personas. También estuvieron presentes investigadores e investigadoras que han caminado en esta lucha.
El Dr. Andrés Barreda Marín, de la Facultad de Economía de la UNAM, en su ponencia titulada Cuenca del Alto Atoyac, voces comunitarias sobre la devastación socioambiental, hallazgos de los proyectos de investigación e incidencia del CONAHCYT y propuestas para avanzar hacia el saneamiento integral, precisó que, las Resas son lugares donde se pueden encontrar:
Una superposición de múltiples procesos de contaminación, es decir que hay diversos procesos de contaminación (fabriles o agroindustriales, urbanos, por actividades extractivas) que emiten sustancias tóxicas al territorio donde se encuentran.
Múltiples agentes tóxicos, es decir existen sustancias venenosas que generan enfermedades.
Múltiples enfermedades graves como leucemias, cáncer, insuficiencia renal crónica malformaciones al nacer, problemas neuronales, afectaciones el sistema inmunológico y de carácter degenerativo. Múltiples enfermedades que podrían estar asociadas a las sustancias tóxicas.
Por tanto, una RESA es el lugar donde existen diversos procesos contaminantes que vierten sustancias tóxicas al territorio, afectando la vida comunitaria y la salud de las personas. Ante esta situación han surgido personas y colectivos que luchan y denuncian la violación a los derechos humanos a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano, al agua, al acceso a la información, entre otros. Esta situación les obliga a resistir, articularse y organizarse para exigir a las autoridades que cumplan con su responsabilidad para que el bien común sea una vivencia real.
En el encuentro asistieron personas de 18 estados, quienes contaron que en sus territorios viven situaciones graves de contaminación y de daños a la salud, causada por el asentamiento de industrias, proyectos extractivistas como mineras, megaproyectos, inmobiliarias, entre otros muchos proyectos, que en nombre del progreso y desarrollo llegan a los territorios a destruir el tejido comunitario, a enfermar a las personas, a extinguir fauna y flora, a imponer una práctica de mercantilización, saqueo y contaminación, donde la muerte se vuelve el pan de cada día para todos los seres vivos que se encuentran en los territorios.
Historias como las que vivimos en la Cuenca del Alto Atoyac, donde estamos siendo exterminados por los desechos tóxicos que las industrias vierten a nuestros ríos, a nuestra tierra y al aire que respiramos, se reproducen en todo el país, dos ejemplos son los siguientes:
El caso de los Comités de Cuenca del Río Sonora, donde fueron afectados por el derrame de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, proveniente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México en agosto de 2014, este hecho causó una profunda degradación ambiental en el territorio, contaminación del suelo, agua, aire y afectaciones en la salud de las personas quienes comenzaron a presentar enfermedades como insuficiencia renal, malformaciones congénitas y neoplasias malignas, enfermedades que han causado la muerte de las personas.
Otro caso es el del Colectivo de comunidades Mayas de los Chenes, quienes se opusieron públicamente y legalmente a los permisos que otorgó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en junio de 2012, a la empresa transnacional Monsanto. Dichos permisos incluían la siembra, en fase comercial, de 235,500 hectáreas de soya genéticamente modificada, la cual constituye graves afectaciones al territorio maya.
Así podríamos continuar describiendo los horrores socioambientales que se reproducen en todo el país a causa de un modelo capitalista neoliberal que privilegia el dinero y el poder por encima de la vida de las personas y de las comunidades. En medio de esos signos de muerte se hacen presentes las luces de esperanza, siendo una de ellas la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia (Renacer), integrada por 65 organizaciones de 18 estados del país, quienes de manera conjunta buscan impulsar una agenda que visibilice todas estas problemáticas e incida para que sean atendidas por el gobierno.
Margarita Sánchez Cruz
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
