Tlaxcala, Tlax. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, en Tlaxcala el 94.94% de Unidades de Producción agropecuarias reportó pérdidas relacionadas con la sequía, de acuerdo con estadísticas del INEGI.
En México existen 870 853 Unidades de Producción Agrícolas – «conjunto de terrenos, , infraestructura, maquinaria y equipo, animales, así como otros bienes utilizados para las actividades agropecuarias»- que son regadas por sistemas como: riego por gravedad, por goteo, por aspersión y por bombeo.
Tlaxcala riega sus Unidades 70.58% por gravedad, 24.96% por aspersión y 7.25% por goteo. De estos sistemas, el riego por goteo es el más eficiente ya que riega las plantas con un sistema de válvulas y mangueras.
Tlaxcala se encuentra entre los 11 estados que presentan mayores pérdidas por sequías en el país.
Dia mundial del Agua: El agua como derecho humano y su disponibilidad en Tlaxcala
La Organización de Naciones Unidas ha alertado sobre el aumento en el uso del agua a un ritmo superior al crecimiento poblacional, lo que lleva a muchas regiones a alcanzar rápidamente el límite de disponibilidad hídrica para satisfacer sus necesidades.
En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua dulce y al saneamiento como un Derecho Humano. A pesar de este reconocimiento, el suministro adecuado de agua sigue siendo una debilidad importante en muchos países, incluido México.
Según la UNESCO, cerca de 800 mil personas migrarán cada semana en busca de una fuente segura de agua en las próximas cuatro décadas.
En el estado de Tlaxcala, la disponibilidad de agua para consumo humano ha sido un tema de preocupación.
A pesar de tener una disponibilidad anual promedio de 3.9 mil m3 por habitante al año, existen áreas donde la demanda supera la oferta.
Los acuíferos Alto Atoyac, Soltepec, Huamantla y Emiliano Zapata son los principales recursos hídricos de la región, pero la extracción excesiva ha llevado a una disminución en la disponibilidad de agua subterránea.
La tasa de crecimiento poblacional en la entidad ha sido constante, lo que aumenta la presión sobre los recursos hídricos.
Se estima que para 2030, la demanda de agua superará la disponibilidad, lo que podría provocar escasez y afectar el cumplimiento del Derecho Humano al agua.
México, en crisis hídrica: la urgencia de modernizar la gestión del agua
En el marco del Día Mundial del Agua, se revela un panorama crítico para México en cuanto a la gestión y disponibilidad de este recurso vital.
Según el artículo «En México 12 millones de personas carecen de acceso a agua potable» del diario El Economista, 12 millones de personas carecen de acceso a agua potable, mientras las sequías se intensifican y la sobreexplotación de acuíferos aumenta un 15%.
En el país, 102 de los 653 acuíferos están sobreexplotados y el 46% del agua se pierde por fugas en las redes de abastecimiento.
Además, el 80% de los cuerpos de agua presenta algún nivel de contaminación por descargas industriales. Como contraste, sólo 1 de cada 100 litros de agua de lluvia se captan para su uso, lo que ha llevado a México a ser el mayor consumidor de agua embotellada a nivel mundial.
El artículo destaca que, pese a la escasez, el agua podría ser suficiente para todos los seres vivos en el planeta si se gestionara de forma racional.
Sin embargo, para lograrlo, es necesario modernizar la gestión del agua en México, como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
IMCO subraya la urgencia de actualizar la legislación para adaptarla a las necesidades actuales, modernizar las concesiones y establecer mecanismos transparentes de financiamiento para la infraestructura hídrica.
A pesar de que en 2012 se incluyeron los derechos humanos al acceso al agua en la Constitución mexicana, aún falta aprobar una nueva Ley General de Aguas que actualice la legislación.
La falta de actualización de la legislación ha provocado la concesión de derechos sin un proceso transparente, lo que facilita prácticas irregulares entre los usuarios, como el uso excesivo del agua o el cambio de uso sin la debida actualización de la concesión.
Además, el monitoreo del uso del agua es deficiente, con un 97% de títulos de concesión sin medidor y un 93% de los medidores instalados sin verificar.
En los últimos años, se han reducido las visitas de la autoridad para vigilar el uso adecuado del agua, lo que ha contribuido al aumento de tomas clandestinas y pérdidas en el suministro de agua potable.
A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y algunos partidos políticos para promover una nueva Ley de Aguas, la discusión está estancada, lo que pone en riesgo la futura disponibilidad de agua en el país.
Emergencia Sanitaria y ambiental persiste en la cuenca del Alto Atoyac
En el marco del Día Mundial del Agua, el Centro Fray Julián Garcés demanda la priorización de la conservación del agua, el cumplimiento real de la Recomendación 10/2017 de la CNDH y la regulación del uso de agua y emisión de sustancias tóxicas por parte de las industrias.
A siete años de la emisión de la Recomendación 10/2017 por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la situación en la Cuenca del Alto Atoyac, específicamente en los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, continúa crítica.
El informe destaca que las autoridades, pese a tener conocimiento de la situación, han sido omisas en la implementación de medidas efectivas.
Además, señala la existencia de una relación directa entre la contaminación y enfermedades crónicas, como la leucemia aguda y la enfermedad renal crónica, afectando gravemente la salud de las comunidades locales.
El Primer Informe Estratégico elaborado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) confirma esta grave situación, identificando a las industrias de diversos sectores como principales emisores de contaminantes.
La tasa de mortalidad por Enfermedad Renal Crónica en la región supera significativamente la media nacional, evidenciando el impacto directo de la contaminación en la salud de la población.
Además, se alerta sobre el riesgo de agravar la emergencia sanitaria y ambiental si no se implementan medidas efectivas, como leyes que garanticen los derechos humanos al agua y su saneamiento, y la participación de la comunidad en la gestión del recurso hídrico.
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