Día Mundial del Agua: A siete años de incumplimiento de la obligación de sanear la Cuenca del Alto Atoyac

“La salud pública y la prosperidad, los sistemas alimentarios y energéticos, la productividad económica y la integridad ambiental dependen del buen funcionamiento y la gestión equitativa del ciclo del agua”. … “Cuando el agua escasea o está contaminada, o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo, pueden aumentar las tensiones entre comunidades y países”.

Con estos argumentos la Organización de las Naciones Unidas (ONU) invita a todos los países a adherirse a la campaña 2024 para conmemorar el Día Mundial del Agua, con el lema “¡Agua para la Paz!” Y también, como en otros momentos, la ONU afirma que el agua “es un derecho humano, intrínseco a todos los aspectos de la vida.”

Esto mismo lo afirmó, hace un año aquí en Tlaxcala, Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, cuando insistió de varias maneras en que el agua y el saneamiento son derechos humanos, y que no se debe usar de pretexto la necesidad de mejorar los mecanismos de administración para conservarla cuando en verdad lo que se pretenden legislativos y gobiernos es favorecer las condiciones para su privatización y favorecer con eso los negocios del gran capital.

Pero en esta campaña mundial, la ONU mantiene invertidas las prioridades, invita a la población mundial para que se adhiera a la campaña, cuando afirma que “Necesitamos que todo el mundo –desde particulares y familias hasta empresas y gobiernos– haga lo posible por cooperar en materia de agua y allanar el camino hacia una sociedad más armoniosa.”

Es decir, la situación de emergencia sanitaria y ambiental conocida y comprobada por varias vías en Tlaxcala, y en toda la Cuenca del Alto Atoyac, nos muestra que ese orden de prioridad (población–empresas–gobiernos) para cooperar en materia de agua debería establecerse al contrario. En nuestro estado y el toda la Cuenca se ha mostrado, desde hace mucho tiempo, que la causa de la devastación en la que vivimos se debe principalmente a la falta de controles eficaces sobre la contaminación industrial.

En el Primer Informe Estratégico sobre la Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala – Puebla) que el Conahcyt entregó a la gobernadora Lorena Cuéllar en octubre del año pasado, se destaca que las tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades prevenibles son mucho mayores en la región que los promedios nacionales, y “esas altas tasas son causadas por la exposición a tóxicos y procesos contaminantes de las industrias asentadas en la región.” Con mayor afectación en unas zonas que en otras, pero esta realidad es la que vivimos más de un millón de habitantes del estado de Tlaxcala, que representamos el 79.5% de la población.

Algunos datos que se destacan en el informe son los siguientes: “En todas las regiones de Tlaxcala que integran la Cuenca del Alto Atoyac, la tasa de mortalidad por Enfermedad Renal Crónica en personas de entre 15 y 49 años es de 1.2 hasta 4.7 mayor a la media nacional…

Cerca del 41% de los casos de leucemias agudas en menores de 19 años en los estados de Tlaxcala y Puebla residen en la Cuenca del Alto Atoyac…” Y en el informe se reconoce también que, “los contaminantes que causan enfermedad y muerte en la Cuenca del Alto Atoyac, no solamente se descargan en el agua, sino también en el aire y en el suelo…”, y esto complica no sólo los escenarios de exposición a los tóxicos y nos identifica como región de emergencia sanitaria y ambiental, como también muestra el documento, sino que afecta nuestra vida comunitaria devastándola también social y económicamente.

De acuerdo a nuestra realidad se muestra, pues, por qué el orden de prioridad en la campaña de la ONU está al revés. Son los gobiernos y los legislativos quienes, cumpliendo cabalmente con todos los compromisos adquiridos sobre la participación adecuada de pueblos y comunidades, debería establecer leyes y políticas que obligaran a las industrias a corregir todo lo que se ha hecho mal en las materias de uso del agua y de control ambiental de sus descargas y emisiones, y también leyes y políticas que garanticen eficazmente que se priorice el uso del agua para consumo humano sobre todos los demás y, con esa base, invitar a las personas y comunidades a “cooperar en materia de agua.” Pero, además, ese problema de la prioridad mal puesta no se queda sólo en el nivel de las recomendaciones generales de la ONU, sino que, en general, los gobiernos de los países y los estados los bajan de la misma manera a sus territorios.

En Tlaxcala, a pesar de haber recibido el informe de Conahcyt como si realmente le importara, el gobierno del estado mantiene el mismo orden de prioridad en cuestión de derechos que se estableció desde los gobiernos anteriores: primero los derechos –y las conveniencias– de las industrias y las empresas inmobiliarias; segundo, lo que ayude a que la población se distraiga de lo que realmente le afecta (como el volibol de playa, por ejemplo) y a meramente adaptarnos y sobrevivir a la situación, y sólo en tercero, la garantía mínima de derechos que permita mantener viva a la población.

Estaremos llegando así ya, también, a los siete años de simulación e incumplimiento de la Recomendación 10/2017 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió y por la que los gobiernos federal, estatales de Tlaxcala y Puebla, y de municipios de la Cuenca se obligaron a trabajar en la construcción e implementación de un Programa Integral de Restauración de la Cuenca del Alto Atoyac que llevará, también a la reparación del daño cometido a las comunidades y a garantizar su no repetición.

Se ha cumplido con formalidades administrativas, es cierto: se firmó un convenio en el 2020 y se elaboró hasta un Plan de Acciones de Saneamiento en el que se incluyen las acciones que a cada gobierno y dependencia se le indica que debe hacer conforme al orden de prioridad que ya comentamos arriba y de acuerdo a lo que tiene asignado para gastar; pero, a pesar de que los gobiernos aprovechan cualquier acción para decir que están cumpliendo con la Recomendación, la situación de enfermedad y muerte y de devastación socioambiental en general ha empeorado, como lo muestra el informe del Conahcyt.

Pero esta situación de simulación e incumplimiento no se queda ahí. Los dos años pasados, 2022 y 2023, como ciudadanía tlaxcalteca tuvimos que organizarnos para enfrentar los embates que el ejecutivo estatal organizó a través del Congreso para imponer una Ley de Aguas por la que se ignoraban (y por lo mismo se eliminaban) los Comités Comunitarios y con clara tendencia hacia la privatización del agua. Población, autoridades comunitarias y organizaciones logramos detener al menos temporalmente el proceso, porque ahora vemos que el ejecutivo estatal lo piensa retomar, toda vez que en la publicación del Programa Legislativo para este primer semestre de 2024 incluyó una nueva “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.” De acuerdo a la experiencia de los años anteriores, deberemos estudiar con mucha atención lo que ahí se proponga para tratar de evitar el fast-track y, sobre todo, que se siga atropellando nuestro acceso al agua y al saneamiento como derecho humano.

Todo indica, pues, que los días 21 y 22 de marzo estaremos llegando a siete años de simulación e incumplimiento intencionado de la Recomendación 10/2017 de la CNDH, y a una muy triste conmemoración del Día Mundial del Agua en Tlaxcala.

Por Federico Luis Pöhls Fuentevilla