En entrevista para este medio, el activista Efrén López, coordinador y fundador de la Red Estatal de Víctimas de Tlaxcala, decidió hablar sobre la complicidad de las fiscalías y la omisión de la realidad en el estado por parte del gobierno contra diversos delitos. lucha comenzó en 2021, tras el asesinato de su hija Cecilia N., a manos de Semey N., quien fue sentenciado a 55 años de prisión. Sin embargo, su batalla por justicia no ha terminado: ahora enfrenta un sistema que, según él, protege a los culpables y criminaliza a las víctimas.
«SUS DATOS ESTÁN DE ALEGRÍA, POR LO MENOS QUE ESCUCHE NUESTRO TESTIMONIO DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS QUE NO TENEMOS ESA PAZ Y ESA TRANQUILIDAD»
Estas fueron las palabras del activista a través de su cuenta de facebook en un vídeo publicado el pasado 27 de marzo con una duración de 16 minutos resaltando que el gobierno quiere minimizar el trabajo de los activistas y colectivos de búsqueda.
La criminalización antes y después de la sentencia
El activista denunció la criminalización por parte de gobiernos federales y estatales hacia padres y madres buscadores en Tlaxcala y a nivel nacional, acusándolos de fabricar pruebas. Efrén López enfrentó el feminicidio de su hija Cecilia N. en 2021, con siete carpetas de investigación abiertas, aunque solo se actuó en la de feminicidio.
Sin embargo, ha sido un esfuerzo por parte del activista y su familia quienes tuvieron que enfrentarse con comentarios indolentes por parte de jueces que llevaron el procedimiento y falta de seguimiento por parte de la Procuraduría General del Estado en ese momento, al igual que la carga emocional y desgastante de estar constantemente recaban pruebas para obtener justicia.
«la fiscal, en ese momento procuradora, me dijo: ‘No, don Efren, usted pareciera que está ya alucinando, como que está viendo más allá. de que les quiere incriminar, quiere sembrar pruebas'», recuerda.
Para Efrén López, el sistema de justicia no solo falla en proteger a las víctimas, sino que incluso obstaculiza la búsqueda de verdad. Asegura que al presentar pruebas, la fiscal también le pedía comprobar la forma en que las había obtenido para descartar que hubiesen cometido un delito.
Sin embargo, aclara que su objetivo no es confiar en que estas pruebas prosperen jurídicamente, sino visibilizar lo que viven las familias víctimas de delitos en México. “Lo que buscamos es mostrar el viacrucis que enfrentamos madres y padres en este país”, expresó, al señalar directamente al gobierno como cómplice y corrupto.
Denuncia también que además del miedo al crimen organizado, las familias deben cuidarse ahora del propio Estado. “Ya es bastante tener amenazas por parte de quienes cometieron el delito. Pero ahora también hay que temerle al gobierno, que en lugar de acompañarnos, intenta criminalizarnos por exigir justicia”, reclamó.
La complicidad en Tlaxcala y el allanamiento
Durante su lucha, López recabó 17 pruebas contra Semey N., incluyendo fotografías legales de la que asegura se trababa de una casa de seguridad que era rentada por el feminicida. Al ir a verla, notó que su interior se encontraba en desorden y con cruces pintadas en las paredes.
Realizó una denuncia al 911 con esta evidencia y entregó esas así como otras pruebas a la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJE). Sin embargo, los policías ministeriales acudieron hasta 20 días después para encontrarse con el lugar limpio y sin rastro de evidencias. Las cruces habían sido borradas.
«les dan tiempo para para limpiar todo porque después de esa visita que ellos hicieron Ya encontraron todo limpio sin ninguna huella, y no estaban las cruces».
Hoy por eso me viene a la mente que el gobierno sí es capaz de todo de la complacencia incluso hasta de la complicidad»
Cabe señalar que después de entregadas las evidencias a la fiscalía sobre la casa de seguridad, de acuerdo con don Efrén, el inmueble fue adquirido por una inmobiliaria en Huamantla y se dispuso a la renta de dicho inmueble.
Junto a su abogado llegó a la decisión de solicitar el embargo precautorio de los inmuebles del entonces presunto asesino, pues al presentar 17 pruebas que consideró como firmes y contundentes, el juez de control otorgó 4 meses para ampliar la investigación complementaria, y «que lo que buscaban era argucias legales, algún resquicio donde la justicia se pudiera violar por parte de ellos», aseguró.
«Nosotros lo que queríamos era que no vendiera sus sus bienes, para deshacerse de lo que tenía y para que no tuviera cómo pagar o sobornar a la autoridad.»
Reparación del daño y un sistema que revictimiza
Para el activista, todo el proceso fue y sigue siendo violento, pues luego de conseguir una sentencia de 55 años continúa en una pelea legal con los abogados del asesino que considera que «sin escrúpulos». Compartió que la defensa tiene todavía 7 años para poder ampararse en contra de esa sentencia condenatoria.
A pesar de esto, aseguró que el proceso se cuidó siempre, incluso para no vulnerar los derechos humanos del procesado.
«Cuando él no quería estar en una audiencia y simplemente se sentía mal, pues se difería. Cuando el asesino cambiaba de abogados y el nuevo abogado pedía tiempo para analizar nuevamente la causa judicial, se difería la audiencia y se difería y se diferían. Por eso nosotros aguantábamos las inclemencias del tiempo, el frío, en la noche, las lluvias.»
La ampliación en los tiempos, las artimañas legales de la defensa del victimario, al igual que ataques personales para desestimar el caso y los costo de mantener la batalla legal, repercutieron en problemas de salud, en daños emocionales y psicológicos para él y su familia.
Aunque se logró una condena histórica al ser la primera por feminicidio en la entidad, la reparación del daño sigue pendiente. López advirtió que los abogados del feminicida aún pueden interponer amparos, lo que prolonga el sufrimiento de las víctimas.
Además, señaló la indolencia del gobierno de Tlaxcala que suma a la revictimización:
- La gobernadora solo lo recibió tras presión mediática, pero ignora al resto de familias buscando justicia para sus seres queridos.
- En las mesas de análisis sobre violencia de género, nunca incluyeron a los padres de víctimas. «Solo usan sus estadísticas alegres para decir que en Tlaxcala no pasa nada», denunció.
- Las instituciones (como la CONAVIM o el Instituto Estatal de la Mujer) no escuchan los testimonios directos de las víctimas quienes enfrentan la impunidad.
Uno de los momentos que más indignación le generaron a Efrén López fue el proceso para determinar la reparación del daño. Aunque el responsable del feminicidio de su hija fue sentenciado a 55 años de prisión, la audiencia para cuantificar el monto económico de esa reparación ni siquiera ha comenzado.
Recuerda con frustración que las autoridades exigían facturas para justificar los gastos: el sepelio, las consultas psicológicas para sus nietos, su esposa, su yerno… todo debía documentarse para que un juez pudiera calcular el valor de la vida de su hija.
También critica duramente el uso del procedimiento abreviado, que permite a los acusados recibir beneficios legales si aceptan su responsabilidad. En su caso, ese procedimiento vino acompañado de una oferta económica que consideró insultante. “Nos ofrecían dinero como si estuviéramos en una subasta: 200 mil, 300 mil, 500 mil… lo que fuera con tal de que aceptáramos, porque si no, decían, quizá ni habría sentencia ni dinero”, recordó con coraje.
Para él y su familia, la justicia no puede tener un precio. “¿Por qué no le ponen precio a la hija de la gobernadora? ¿A la hija de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia? ¿A la hija del asesino? Que ellos nos digan cuánto vale una vida”, reclamó.
La exigencia de justicia trasciende a Cecilia
Pese al nivel de inseguridad que atraviesa el país y el estado, y el número de personas que sufren todos los días para obtener justicia por sus seres queridos, el activista sueña con realizar un documental para que la sociedad conozca el otro lado que atraviesan los activistas, madres y padres buscadores contra un sistema que los oprime y los revictimiza.
«Quiero que el mundo vea cómo el sistema nos oprime, pero también cómo resistimos».
Quiere realizar este documental como un testimonio crudo de resistencia para mostrar cómo los padres de las víctimas se convierten en investigadores, peritos y activistas ante la inacción estatal, y demostrando la fuerza de las familias para exigir que ni un caso más quede en el olvido.
