Tlaxcala, Tlax.- En Tlaxcala, obtener permisos para eventos en la capital parece convertirse en una deuda marcada por una serie de obstáculos y cobros que exceden lo establecido en la ley, además de una estructura fiscal que opera desde Finanzas del Estado para retener, de manera arbitraria, la inversión de quienes organizan este tipo de eventos.
Alfredo Jiménez, uno de los organizadores del 8vo Festival de la Cerveza Tlaxcala 2026, compartió para Escenario Tlx existencia de un proceso de obstaculización y retención de capital que, aseguró, fue ejercido por la Secretaría de Finanzas, quienes presuntamente buscaron aumentar los costos a los organizadores mediante «extorsiones burocráticas» para evitar la clausura del festival horas antes de su inauguración.
Alfredo aseguró que entre lo acordado y la realidad existió una discrepancia sistemática respecto a lo establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios —con su última modificación en noviembre de 2025— y la ejecución administrativa de la Secretaría de Finanzas, quienes convirtieron la realización del festival en una verdadera odisea.
¿Control de eventos o exceso en recaudación estatal?
De acuerdo al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el artículo 107 establece que todo organizador debe notificar a la autoridad fiscal, con al menos cinco días hábiles de anticipación al evento, sobre el boletaje para su respectivo sellado. A la par, el artículo 112 señala que la «responsabilidad solidaria» de los contribuyentes eventuales consiste en otorgar un depósito equivalente al 50% del boletaje emitido.
El denunciante compartió que la realidad fue distinta, pues la Secretaría de Finanzas realizó un cobro indebido sobre el pago del 97% de los impuesto proyectados, lo cual, duplicó el límite legal establecido del 50% sobre el boletaje autorizado y realizando un pago previo de 3 mil 880 pesos.
A ello se suma la negativa de reembolso, uno de los puntos más críticos identificados por Alfredo Jiménez, particularmente ante la postura de la Dirección de Ingresos y Fiscalización de no devolver los excedentes. Este hecho quedó documentado mediante los reportes de la ticketera PASSLINE, en los que se demuestra que únicamente se vendieron 163 boletos de 500, lo que generó un impuesto real de mil 304 pesos.
Pese a ello, el organizador tuvo que cubrir una cantidad mayor a la establecida, situación que quedó evidenciada en el oficio D.I.E.15/04/2026/4359, firmado por Pedro Sevilla Sánchez, Director de Ingresos y Fiscalización, y afirmó que la devolución de 2 mil 576 pesos bajo el argumento de «mutuo acuerdo» y que el capital sobrante permanecería como «saldo a favor para eventos futuros». El organizador manifestó que no estaba seguro de volver a realizar algún evento más dadas las condiciones y trato que tuvo de la Secretaría de Finanzas.
Actualmente, Alfredo mantiene un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, luego de que el ayuntamiento afirmara vía oficio que la información solicitada sobre el uso de la «Plaza de Toros» ya se encontraba disponible en la plataforma de transparencia.
Sin embargo, aunque existe una amplia cantidad de información relacionada con licencias y refrendos, el denunciante aseguró que los datos específicos que solicitó no se encuentran publicados, motivo por el cual presentó una queja al señalar que la información requerida no está debidamente transparentada.
Hostigamiento horas antes de realizar el festival
El testimonio de Alfredo enfatiza que existió un «hostigamiento» que ha asfixiado financieramente a los organizadores, particularmente horas antes del inicio del evento. En entrevista, señaló que la Plaza de Toros Jorge «El Ranchero» Aguilar fue otorgada inicialmente de manera gratuita y que horas antes la Secretaría de Finanzas realizó actos de hostigamiento hacia los integrantes de la organización.
Días previos al evento, los organizadores recibieron llamadas por parte de Secretaría de Finanzas para informarles que, si no cubrían la cuota total —misma que no fue esclarecida desde un inicio—, los inspectores que laboran en esta secretaría acudirían a cancelar el festival. Además, se les indicó que, para que el evento pudiera continuar, era necesario «entregar una garantía» de provisión que ascendía a 22 mil pesos, monto que no lograrían cubrir a pocas horas de inaugurar el festival.
Todavía el mismo día del evento, durante el primer día del festival, recibimos nuevamente ese comentario por parte de secretaría de finanzas: «¿Sabes qué? Tienes que ir a pagar o se suspende el evento». Estoy hablando de apenas tres horas antes de iniciar el festival», aseguró.
El organizador señaló que la Secretaría de Finanzas desempeñó un papel importante en el aumento desmedido de los costos operativos del festival y afirmó que estas acciones correspondieron a presiones institucionales y actos de hostigamiento que excedieron los límites legales, además de derivar en cifras establecidas de manera verbal y sin sustento normativo.
Alfredo Jiménez afirmó que los actos de hostigamiento no fueron directos, sino que existió una «triangulación administrativa» en la que la Secretaría de Finanzas emitió un oficio al ayuntamiento capitalino para exigir el cumplimiento de obligaciones estatales relacionadas con los impuestos y el permiso para la venta y distribución de alcohol.
Permisos para eventos en la capital de Tlaxcala se convierten en una odisea ante Finanzas del Estado
Aunque originalmente el espacio había sido cedido de manera gratuita, esta acción encendió «las alarmas» entre los organizadores, quienes interpretaron la medida como una imposición de último momento realizada por la Secretaría de Finanzas.
Pese a que el Código Financiero establece que únicamente debe solicitarse un depósito equivalente al 50% del boletaje emitido para contribuyentes eventuales, Yolanda Carrillo Pérez, jefa del Departamento de Impuestos Estatales, habría exigido un monto superior, situación que Alfredo consideró indebida, ya que, según denunció, se le cobró hasta el 97% de los impuestos proyectados.
A ello se sumó la retención del capital que la Secretaría se negó a reembolsar mediante un oficio en el que argumentó la existencia de un «mutuo acuerdo», el cual, aseguró el organizador, nunca existió. Además, afirmó que existió un manejo de montos excesivos por la venta de alcohol, los cuales fluctuaron de manera arbitraria y verbal por parte de la misma dependencia.
Los costos se elevaron hasta alcanzar los 28 mil pesos por cada stand, cifra que, según el organizador, contrasta con lo establecido en el propio Código Financiero, el cual contempla para eventos diversos un rango de 30 a 100 UMAs, equivalentes a aproximadamente 11 mil 731 pesos a 2026. La situación se agravó cuando, apenas tres horas antes del inicio del festival, se les exigieron verbalmente 58 mil pesos bajo el argumento de cancelación inmediata si el monto no era liquidado.
Pese a ello, los organizadores se vieron obligados a entregar un pago provisional de 10 mil pesos para que se les permitiera operar. Ante esta situación, Alfredo señaló que la Secretaría interpretó el Código Financiero «a su conveniencia» para aumentar la recaudación, ignorando el carácter «auto-gestivo» del evento y aplicando cobros por stand, en lugar de considerar el festival como un evento integral, lo que volvió inviable su operación a pocas horas de iniciar.
Estas acciones, aseguró Alfredo, afectaron directamente a los productores artesanales, al imponer reglas que, lejos de ayudarlos, les generaron deudas impagables. Además, señaló que esto provocó un incremento en las pérdidas y no en las ganancias del festival, ya que varios de los stands percibieron pocas o nulas utilidades, expresando que esta situación generó mayores deudas para los organizadores.
Sostuvo que las autoridades trataron al evento como si se tratara de «una gran industria», aunque la producción artesanal de cerveza, la organización y el costo de acceso al festival no son comparables con ese tipo de espectáculos. Asimismo, reiteró que, hasta la fecha, no existe una ley o norma que regule o clasifique a la cerveza artesanal como un producto de producción a gran escala, así como de eventos en la capital de la entidad.
Entre el Congreso y la falta de armonización para la regulación de la cerveza artesanal en Tlaxcala
Alfredo sostuvo que, al no existir una diferenciación entre cerveza artesanal y cerveza comercial, se ignoran aspectos como el proceso de producción, el volumen de venta y el impacto económico, obligando a los productores a enfrentar las mismas condiciones que espectáculos masivos de carácter industrial, como «corridas de toros, bailes populares o partidos de fútbol».
El denunciante señaló que, ante este panorama, se han presentado iniciativas ante el Congreso local como el caso de la diputada Reyna Flor Báez, quien desde febrero de 2025 presentó ante el pleno una propuesta que busca crear un régimen específico para la producción y venta de cerveza artesanal en la entidad. Sin embargo, la iniciativa fue turnada a comisiones y, hasta el momento, se desconoce su estatus.
Al mismo tiempo, aseguró que Tlaxcala mantiene una diferencia respecto a estados como Querétaro, Baja California y Nuevo León, los cuales ya cuentan con reglamentaciones propias que protegen y definen la cerveza artesanal como un producto específico, eliminando así la posibilidad de que, como en este caso, la Secretaría de Finanzas realice «cobros arbitrarios» a los emprendedores locales que realizan eventos en la capital tlaxcalteca.
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