Tlaxcala, Tlax. Mientras entidades como Ciudad de México llevan más de 20 años implementando leyes, reformas y acciones que buscan proteger el derecho a la información y de quien la emite, en Tlaxcala no existen normas que regulen y protejan a los que desempeñan la labor periodística o de comunicación en sus diferentes áreas.
Según la Ley de del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México (LSPCCEPCDMX), el no contar con reglamentos jurídicos de este tipo es una forma de violencia a los Derecho humanos de quien desempeña esta labor.
“La Ley deber reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público y por lo tanto el Estado debe de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello”, suscribe este instrumento.
En días pasados, la jefa de gobierno de la CDMX emitió diferentes observaciones para modificar la Ley que protege la labor periodística, a lo que este lunes pasado el congreso de la capital aprobó dichas observaciones, mismas que desde el 2000 se han ido modificando y ajustando a las nuevas condiciones que el trabajo de comunicación requiere.
El termino periodismo no está tipificado en Tlaxcala como sucede en otras entidades. Por lo tanto, el sector dedicado a la comunicación de la información no se encuentra protegido. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este gremio constituye un sector de alto riesgo, derivado a la información con la que trabajan; de ahí es que entidades como CDMX, Jalisco y Nuevo León, así como otras más han legislado en pro de los periodistas.
En Tlaxcala no hay ningún instrumento ni mención alguna en el código civil o en la constitución. Nada.
En algunos casos, como en las últimas reformas de CDMX incrementando la terminología no solo a periodistas, sino a “Colaboradores Periodísticos” los cuales se encuentran desprotegidos al no pertenecer a una casa editorial o un registro oficial del gobierno local.
Otro punto que se toca en las legislaciones del país en términos de periodismo es que la limitación en ordenamientos jurídicos es una forma de reprimir el ejercicio de las libertades de expresión y/o comunicación así como de sus actividades complementarias, lo cual se convierte en una realidad en Tlaxcala al tener una nula regulación y protección de este sector.
En Tlaxcala, existen diferentes empresas dedicados a la comunicación y difusión de la información, la mayoría subsidiados por los diferentes entes públicos y de gobierno. Con ellos obtienen convenios oficiales por la cobertura de sus eventos y la publicación de sus comunicados.
Sin una Ley o instrumento que regule en trabajo del periodista, los convenios que se firman tienen un acuerdo no oficial detrás que implica la limitación de la libertad de expresión para el medio de comunicación al que le es otorgado esta remuneración económica.
El tema de las remuneraciones también se vuelve un asunto de interés público y que en términos de transparencia provoca que tanto al estado como a los municipios incurran en prácticas irregulares que implica que los pagos a medios de comunicación vayan desde los $500 hasta más de $65,000 mensuales.
Por otro lado, una población importante pertenece a un gremio sindical el cual busca proteger sus derechos como periodistas; sin embargo, muchos otros se encuentran laborando de forma independientes sin algún tipo de protección.
Es por eso que la implementación de leyes y normas que protejan a este gremio busca que exista una igualdad en los derechos y apoyos recibidos por parte del gobierno y sus instituciones, esto a pesar de no existir convenios sobre el tipo de información a comunicar.
Esto se puede ver reflejado en la ley de la CDMX donde se tipifica a las personas que pertenecen a este sector como “toda aquella persona cuyo trabajo consista en buscar, recibir, recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, esto sin importar la relación con las instituciones públicas y e gobierno”.
