- Sin cifras que documenten la violencia hacia la comunidad LGBTQI+ y sin avances legislativos concretos, la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual opera lejos de uno de sus propósitos por el que fue creada: desarrollar políticas públicas que garanticen una vida libre de discriminación y agresiones. A tres años de funcionamiento, su labor se ha concentrado en su mayoría en actividades y eventos culturales.
TLAXCALA, Tlax., A tres años de su creación, la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual registra casi 6 mil actividades de carácter cultural dirigidas a la comunidad LGBTQI+, de acuerdo con el informe presentado por su titular, Adil Aranzuvia Juárez Ángulo.
No obstante, la funcionaria reconoció que no existen registros sobre cuántas personas han recibido atención por casos de violencia contra este sector. Asimismo, señaló que la diputada Aurora Villeda —quien llegó al Congreso mediante acciones afirmativas— no ha impulsado iniciativas, logros ni avances legislativos en beneficio de la diversidad sexual, a diferencia de otras representantes que sí han dado acompañamiento.
En el diálogo circular del 27 de noviembre, Aranzuvia dio a conocer que la Oficina ha atendido 7 mil 973 personas en este año 2025, trabajando para una población históricamente invisibilizada y vulnerada, los resultados incluyen el uso de redes sociales para difundir infografías, memorias históricas y semblanzas de personalidades LGBTQI+.
Entre las actividades más sobresalientes destacan la Semana Cultural Tlaxcala Diversa que este año que reunió 3 mil 197 asistentes, mismos que dieron soporte a las cifras presentada por esta oficina en sus números de acciones y atención.
Oficina de Atención a la Diversidad Sexual no cuenta con datos sobre violencia hacia comunidad LGBTQI+
Aunque desde su apertura en 2022 la Secretaría de Cultura señaló que uno de los objetivos de la creación de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual era impulsar políticas públicas que garantizaran una vida digna, libre de discriminación y violencias para la comunidad LGBTQI+, sus acciones se han concentrado principalmente en actividades culturales: talleres de formación, artes escénicas, espacios de cultura comunitaria y procesos creativos vinculados a cabaret y teatro musical.
A pesar de estos ejes de atención, la dependencia no cuenta con un registro de agresiones, víctimas atendidas o seguimiento de casos. Al ser cuestionada por este medio sobre cuántas personas han recibido atención por violencia —y qué identidades enfrentan mayor vulnerabilidad, por ejemplo mujeres lesbianas e intersexuales— la titular de la Oficina respondió que no existe información debido a que las denuncias y solicitudes de ayuda se canalizan a otras instituciones responsables, y que su trabajo se centra en el ámbito cultural.
La funcionaria explicó que el principal medio de contacto con víctimas o personas que solicitan apoyo son redes sociales y llamadas telefónicas. El acompañamiento se limita a la vinculación con instancias como CNDH, CEDH, CONAPRED, Secretaría de Salud, Clínica de Emociones, así como Trevor México para atención psicológica en crisis o prevención del suicidio en jóvenes LGBTQI+. Para asesoría legal, los casos también son enviados a otras dependencias.
En cuanto a avances institucionales o coordinación intergubernamental, solo mencionó la promoción del acceso de personas trans a sanitarios públicos y privados, aunque reconoció que persisten discursos de odio que obstaculizan su garantía. También refirió la existencia de Puntos Diversos, espacios comunitarios para convivencia y resguardo.
Los municipios con mayor registro de violencia hacia la diversidad sexual son San Pablo del Monte, Tlaxcala capital, Santa Ana Chiautempan y Apizaco.
La ausencia de datos como barrera estructural para atender a la comunidad LGBTQI+
En el tema de violencia y crímenes de odio, Aranzuvia se limitó a señalar situaciones que, aunque no representan cifras oficiales, sí destacan conductas orientadas a la discriminación y rechazo.
“Y por otro lado tenemos el tema de la correcta significación de crímenes de odio en el estado, que esto también nos afecta porque ocurren situaciones en la entidad que aunque no refieren precisamente un crimen, sí puede ser una tentativa o justamente los temas de discriminación, de violencia, de negación de accesos”.
Aunque el Código Penal contempla sanciones por crímenes de odio, existen vacíos dentro de la Ley que necesitan corregirse para evitar vacíos legales al momento de la investigación e impartición de justicia, lo que evidencia la necesidad de contar con datos que permitan identificar lagunas jurídicas, ajustar la legislación y fortalecer los mecanismos de prevención y justicia. Sin información precisa, las propuestas de mejora permanecen limitadas y el problema se reproduce.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, el Mtro. Marco Antonio Rodríguez, analista en Políticas Públicas, señaló que para que un gobierno pueda diseñar políticas efectivas, el primer paso es nombrar el problema. En sus palabras, «nombrarlo implica conocer sus causas, y para ello es imprescindible recolectar, sistematizar y analizar datos.»
Para Rodríguez, este proceso permite convertir quejas en evidencia y evidencia en prioridades públicas, haciendo posible que un problema ingrese de forma legítima a la agenda gubernamental, pueda medirse, compararse en el tiempo y localizarse territorialmente, sin embargo cuando no existen datos, las decisiones se vuelven opacas e insuficientes debido a que pierden legitimidad porque no se conocen las causas del fenómeno que se busca atender, no permiten medir resultados ni evaluar si los programas funcionan.
“No basta con tener buenas intenciones o discursos fluidos; las políticas públicas solo son legítimas y eficientes cuando se sostienen en evidencia, cuando los datos permiten visibilizar el problema y aprender de los resultados”
Rodríguez afirma que la recabación de datos por parte de las dependencias públicas son el punto de partida para construir políticas verificables, prevenir violencia, asignar recursos de manera efectiva y generar resultados medibles en territorio y en el tiempo.
«Sin diagnóstico no hay solución y sin medición no existe transformación.»
Pese a esta ausencia de cifras oficiales, la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual ha impulsado dos iniciativas a nivel local.
Iniciativas impulsadas desde la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual no han sido aprobadas
En su tarea de garantizar una vida libre de discriminación para la comunidad LGBTQI+, la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual ha promovido algunas iniciativas en materia legislativa. Durante su intervención Adil Aranzuvia señaló que una de las más relevantes es la propuesta para derogar el delito de peligro de contagio por VIH, al considerarse una figura discriminatoria que perpetúa estigmas y vulnera derechos humanos. La dependencia también ha elaborado materiales informativos para visibilizar problemáticas y promover el acceso a derechos dentro de este sector, aunque dichos esfuerzos no han logrado aún traducirse en cambios normativos de fondo.
Pese a ello, la respuesta del Congreso local ha sido limitada. La titular de la Oficina informó que el único acompañamiento legislativo continuo ha provenido de la diputada Gabriela Hernández, con quien han podido trabajar de manera directa en la construcción y presentación de iniciativas. En contraste, señaló que la diputada Aurora Villeda —quien ocupa una curul derivada de acciones afirmativas para representar a la diversidad— no ha presentado propuestas, avances ni acciones concretas en favor de esta población, lo que ha dejado sin respaldo institucional parte de las demandas planteadas.
“Tenemos otras iniciativas, como lo mencioné al principio, que tienen que ver con la derogación de peligro de contagio por VIH, porque también sigue siendo un tema de estigma y de discriminación”.
Asimismo, en octubre de este año, integrantes de la sociedad civil, con respaldo de la Oficina, presentaron una iniciativa para tipificar los crímenes de odio contra poblaciones LGBTTTIQ+ y establecer en el Código Penal sanciones de hasta 55 años de prisión para quienes los cometan. La propuesta contempla protección para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y queer.
No obstante, la iniciativa permanece en revisión dentro del Congreso del Estado.
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