Tlaxcala, Tlax. En Tlaxcala, el maíz no solo es alimento, es identidad, economía y política. Por eso, el “Pacto por la Tortilla», iniciativa impulsada por el Consejo Empresarial Agropecuario del Estado, busca reconfigurar el mercado local de este grano a favor de pequeños productores y consumidoras tradicionales, tras años de prácticas abusivas por parte de intermediarios y la falta de políticas eficaces.
Luis Alberto López López, presidente del Consejo, explicó en entrevista que esta estrategia nació al identificar que los pequeños productores de maíz en Tlaxcala estaban en completa desventaja ante el mercado: “no saben qué variedad siembran, ni cómo seleccionarla o clasificarla. Por eso, cuando llega un intermediario les paga cuatro o cinco pesos si quieren, porque no hay otro camino”.
El Pacto surgió como una alternativa para reorganizar la cadena de valor, fortalecer las capacidades productivas e incidir directamente en el precio final del maíz. Se trata de una alianza entre productores locales y tortillerías —tanto de comal como industriales— que garantiza una compra directa, sin intermediarios especulativos, con precios justos y estables.
“El ciclo pasado logramos vincularlos a precios de 6 o 6.50 pesos por kilo, cuando antes los vendían a 4.50”, explicó López López, destacando que 61 pequeños productores ya están integrados formalmente y abastecen a mujeres tortilleras de barrios como Santa Ana Chiautempan, La Magdalena Atlzayanca, San Luis Teolocholco y Xiloxoxtla.
Más allá del precio: justicia estructural
La lógica del Pacto no se queda en el precio del maíz, sino que aborda las condiciones estructurales que colocan a los pequeños productores en desventaja. Uno de los problemas más graves, explica López, es que muchos no pueden acceder a créditos por no estar dados de alta en Hacienda, por falta de estudios o historial financiero, lo que los obliga a recurrir a acaparadores que les prestan insumos a sobreprecio, con condiciones abusivas.
“Los coyotes te prestan semilla o fertilizante, pero a cambio de que les vendas tu cosecha a ellos. Y te cobran el doble de lo que cuesta el insumo. Al final, el productor tiene que vender sus borregos para cubrir la deuda. Lejos de ganar, acaba en déficit”.
Ante ello, el Consejo ha desarrollado un programa paralelo de cultura empresarial que forma a los agricultores para entender el mercado, calcular costos reales, conocer variedades, clasificar su producto y tomar decisiones técnicas. “El productor necesita saber qué pide el mercado”, dijo López.
Además, se implementa un modelo escalonado: en el primer año se capacita y se comercializa colectivamente. En el segundo se accede a fertilizantes y semillas subsidiadas. Y en el tercero, a créditos con intereses menores al 15% anual, lo que representa una alternativa mucho más justa que cualquier banco o acaparador.
Contra el modelo extractivo
El Pacto por la Tortilla también entra en tensión con el modelo actual de consumo y abasto. López denunció que, ante el desabasto nacional de maíz blanco, grandes empresas están importando maíz transgénico bajo la excusa de que es para ganado, pero lo están vendiendo en tortillerías. “Es un engaño al consumidor. El maíz transgénico entra al país con autorización, pero termina en la mesa de los hogares sin que nadie lo sepa. Y el gobierno prefiere no alzar la voz, porque si lo impide, sube el precio de la tortilla”, afirmó.
La paradoja, explica, es que mientras se alardea sobre la defensa del maíz nativo, los apoyos, créditos, tecnología y capacitación para los productores son mínimos o mal diseñados. “No puedes hablar de soberanía alimentaria si no hay políticas que den herramientas reales para producir”, sentenció.
Un mercado para lo criollo
Uno de los principales valores del Pacto es que ha logrado visibilizar el valor del maíz criollo y su mercado. Muchas de las tortilleras que integran el programa piden expresamente maíces nativos, por su sabor, suavidad y tradición. A pesar de que rinden menos (2 a 3 toneladas por hectárea), su valor aumenta por calidad y preferencia. “Las mujeres de comal, sobre todo, están dispuestas a pagar más por un maíz que preserve la tradición”, explicó López.
En este sentido, el Pacto también apuesta por la regionalización de las siembras, incentivando prácticas agroecológicas y rescatando la sabiduría tradicional en zonas donde estas prácticas son viables, como Teolocholco, Santa Ana o Zacatelco.
Una responsabilidad compartida: consumidores, industria y gobierno
Uno de los puntos más insistentes durante la entrevista con Luis Alberto López López fue la necesidad de que el problema del maíz —y del campo en general— se comprenda como un fenómeno multifactorial, donde todos los sectores tienen responsabilidad: desde los productores y consumidores, hasta los gobiernos y la industria.
“El problema del maíz no es un problema solamente de campo. Es un problema también de la industria. Es un problema también del consumidor. Es un problema también del gobierno”, explicó López López durante la entrevista.
El líder empresarial señala que muchas veces se busca resolver las dificultades del campo desde un solo enfoque —ya sea con subsidios, apoyos o programas—, pero sin un diagnóstico compartido que una a todos los actores involucrados, cualquier estrategia termina siendo aislada o ineficiente.
En ese contexto, puso como ejemplo el modelo agrícola de Estados Unidos, donde existe una clara estrategia de regionalización de cultivos y se respeta el principio de sembrar en función de las características del territorio:
“El norteamericano dice: ‘yo siembro donde hay agua y tengo tierra’, no siembro donde hay bosque y donde no hay tierra. ¿Y nosotros qué hicimos? Sembrar donde no hay tierra, deforestar y sembrar, y usar un fertilizante para producir un poquito más”, dijo, en referencia a la falta de planeación territorial en México.
Este contraste, muestra una de las lecciones clave que podría aprenderse desde lo local: pensar en una estrategia regional y sostenible de producción, no sólo en aumentar el volumen a cualquier costo.
“El mercado no se regula a través del volumen, se regula a través de la justicia”, insistió.
Este llamado apunta a una visión que rebase la lógica de acaparamiento, competencia o improvisación que ha marcado la relación entre la producción agrícola y el sistema económico actual, y a diseñar un modelo donde la soberanía alimentaria sea resultado de políticas equitativas, visión territorial y participación corresponsable de todos los sectores.
Una red que quiere crecer
Aunque el programa aún es joven —apenas en su primer año formal de operación— el Consejo Empresarial Agropecuario espera ampliarlo en 2025. “Queremos replicarlo en más municipios y con más productores, siempre que estén dispuestos a profesionalizarse y cumplir con una ética de comercio justo”, concluyó Luis Alberto López.
En un momento donde el precio de la tortilla, el maíz transgénico y la especulación marcan la agenda alimentaria nacional, el Pacto por la Tortilla representa un intento serio por reorganizar desde lo local un sistema profundamente desigual.
¿Quieres sumarte al Pacto por la Tortilla?
El programa está abierto a productores que acrediten el uso legal de su tierra. No tiene costo de inscripción, pero exige cumplir con prácticas de transparencia, calidad y comercio justo.
