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Huachicol Querétaro: el pueblo cada vez sabe más, calla más y vive con más miedo

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Florentino 

–San Juan del Río no estaba preparado para abordar un tema de huachicol de esa magnitud, no había la preparación táctica y técnica para abordar el tema –reprocha Florentino–. Incluso una de las tomas de gas terminó en tragedia, la del Barrio de La Cruz, que nuestra compañera Ana… a mí me agarró a medio camino, fue en la madrugada.

San Juan del Río no estaba preparado para eso, que lo que llegó a pasar en el Barrio de la Cruz… y que volvió a pasar en 2018 donde la esposa, la hija y el policía… –dice Florentino (nombre cambiado por seguridad), quien por varios años estuvo dentro de corporaciones policiales de Querétaro, en diferentes municipios, y actualmente trabaja en el estado y en otros más para prevenir la violencia.

2016, explosión en el Barrio de La Cruz

Doña Rosy dice que recuerda que fue hace tiempo, hace ocho años, ellos estaban durmiendo; fue olor a gas, una pequeña llamarada, una fuga, la evacuación y entonces la explosión.

Pero incluso ahora, después de tanto tiempo… Un muchacho creó un chat de vecinos, hay veces en que la gente aún se espanta, aún tienen miedo, aún no puedes dormir tranquila, mandan y mandan mensajes a los grupos por cualquier olor a gas.

“Si mira, es que aquí pasan los ductos, pues justo allí abajo de esa camioneta, en medio de la calle pavimentada, es donde están los ductos y eso que por aquí mismo está la escuela. Había un túnel por debajo de la calle que llevaba hasta allá y en aquella bodega lo sacaban; lo bueno que dicen que no explotó la pipa grande”.

Aquella bodega, ubicada en la esquina de las calles Chabacano y Olivos, en la comunidad del barrio de La Cruz, muy cerca de la terminal de autobuses de este municipio que colinda con Estado de México e Hidalgo, en la cual cuatro pipas abastecidas ilegalmente de gas LP explotaron al interior. El hidrocarburo fue extraído de una toma clandestina oculta en el predio.

Las tomas clandestinas no eran novedad para San Juan del Río: entre 2016 y 2018, 562 tomas fueron localizadas por la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), esto según cifras oficiales presentadas en dos solicitudes de información.

Tomas clandestinas localizadas por cada año en San Juan del Río | Elaboración propia con datos de Pemex (INAI 330023824001433 y 330023324000140)

Tampoco era nuevo que robaran gas. En 2017, el año donde más combustible aseguró Pemex en tomas clandestinas ubicadas a lo largo de San Juan del Río, de los casi 135 mil litros asegurados, 60 mil pertenecían a gas LP.

Lo que era una inminente novedad es que una explosión tuviera lugar, una que dio como resultado la evacuación de 42 viviendas, alrededor de 185 personas trasladadas a un albergue temporal, cinco bomberos y una policía lesionados: Marcos Santiago, Arat Feregrino, Víctor Ruiz, Alberto Swindall, Ignacio Álvarez y Ana Elizabeth Bocanegra.

Ana Elizabeth Bocanegra tenía 24 años en el momento del suceso, empezaba su carrera policial y su vida. Quería ser francotiradora. En aquella explosión sufrió quemaduras en el 39% del cuerpo, los miembros que sufrieron el mayor daño fueron sus manos.

¿De quién fue la culpa de la explosión y los daños? En última instancia de las personas que robaban combustible en aquella bodega.

Y es que, de acuerdo con entrevistas a personal que laboró durante mucho tiempo en la policía municipal de San Juan del Río, el protocolo de atención que se siguió aquella madrugada del 26 de enero no fue el indicado. Las corporaciones de seguridad de la localidad no estaban preparadas para estos delitos.

¿Pemex? ¿Qué hizo la empresa federal ante la explosión en la bodega? Deslindarse.

¿De quién fue la culpa de la explosión?, ¿la recuperación de las personas lesionadas?, ¿la persecución del delito?, ¿saber de quién era esa bodega?, ¿el narco? Doña Rosy, vecinos del Barrio de La Cruz y las personas damnificadas seguramente han de tener estas preguntas aun rondando en su cabeza.

Doña Rosy dice que recuerda esto fue hace tiempo, hace ocho años, ellos estaban durmiendo… Pero incluso ahorita, después de tanto tiempo, aún no puedes dormir tranquila… “lo bueno que dicen que no explotó la pipa grande”.

Florentino

–A quien fue mi escolta, a él lo mandaban a resguardar la zona donde estaba el “piquete” con una 38 de revólver (que ve tú a saber si funcionaba, aparte), sin patrulla y él se construyó arriba una casita del árbol para allí resguardar. A esos niveles llegaba San Juan, no saber cómo hacerle  –explica Florentino–. Era inútil, porque a parte exponían al policía, ¿qué pasa si hubieran llegado a la carga?  Saben que en San Juan, Querétaro, si pasaran asesinatos a oficiales de policía se “calentaría” mucho la plaza, no es la intención de los malosos calentar la plaza a ese nivel. Son acuerdos que tienen. A nadie le conviene.

¿Qué pasaría si hubieran llegado a la carga?

El 12 de agosto del 2020 fue miércoles. Marta supo que la vida de Víctor, su familiar, corría peligro. Víctor, que trabajaba como elemento en la Subdirección Salvaguardia Estratégica de Pemex, había recibido numerosas amenazas de agresión, la última de ellas ese mismo día.

Víctor pensando en que debía informar a sus compañeros de trabajo lo que sucedía, decidió presentarse a laborar el jueves, a pesar del peligro inminente en el que se encontraba. Para que se quedara tranquila, le dijo a Marta que le avisaría también a su nuevo jefe. Marta al ver una nota periodística al día siguiente, creyó que Víctor sí había expuesto la amenaza de agresión y todo estaría bien.

El jefe de Víctor, aun así, decidió ordenar el patrullaje.

Eran aproximadamente las 22:45 horas cuando Víctor junto a sus tres compañeros iniciaron en una camioneta el recorrido por las inmediaciones de la comunidad sanjuanense de Cazadero, casi en los límites entre San Juan del Río, Querétaro, y Polotitlán, Estado de México.

Cazadero, de acuerdo con la revisión que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debía ser identificada como zona de riesgo. Pero para los mandos de Pemex, los jefes de Víctor, no era así; incluso no lo fue tras la muerte de los cuatro elementos, lo que según la propia CNDH fue una contradicción de la paraestatal.

Aquella noche, a Víctor y sus compañeros se les informó que el acompañamiento de la Guardia Nacional, quien debe colaborar en los patrullajes al ser una zona de riesgo, llegaría hasta la media noche por la supuesta “carga de trabajo” que presentaba.

Así hicieron el recorrido. Solos. Pero a las 23:45 horas, sujetos armados, en inmediaciones de los ductos, empezaron a disparar contra los elementos de Pemex; Víctor y sus compañeros detuvieron el vehículo en el que se transportaban y, es aquí donde también se apagó la cámara de video con la que contaba la camioneta de la petrolera, la cual debía haber guardado evidencias de los hechos.

El jueves 13 de agosto del 2020, en la comunidad de Cazadero, Víctor y sus tres compañeros fueron asesinados por disparos de diversas armas de fuego de uso exclusivo del ejército, encontrándose en el lugar de los hechos 402 casquillos percutidos.

Florentino

–Fue en 2021, la desaparición de un mecánico que conviviendo con algunos amigos se fue a Cazadero, a dejar a otro amigo y jamás regresó. Se presume que está vinculado al huachicol.

La última vez que yo fui a trabajar a Cazadero fue el año pasado, 2023, una persona me dijo: “Mire, venga, ese niño salió el año pasado, ese hace dos años; están halconeando”. Hasta la primaria no los tocan, pero ingresando a la secundaria se vuelven halcones del huachicol.

Hoy Cazadero desde que uno ingresa a la comunidad hasta que uno se va, está uno vigilado. El caso de este amigo que fue a dejar a su compañero, pues fue uno de esos.

2023, el año con más tomas clandestinas localizadas en la historia de Querétaro 

Según información de Pemex obtenida a través de Transparencia, tan sólo en 2023, las 468 tomas localizadas en Querétaro causaron un daño al erario por 25 millones 473 mil 076 pesos con 20 centavos.

Con lo que desembolzó el gobierno federal en 2023 para inhabilitar tomas que grupos de huachicoleros perforaron para sustraer gasolinas en Querétaro, se pudo haber pagado la beca Benito Juárez por todo el año para todos los estudiantes de Bachillerato en Pedro Escobedo.

Desde 2018 y hasta enero de 2024, por inhabilitar tomas clandestinas en Querétaro, el gobierno federal se ha gastado 86 millones 994 mil 194 pesos con 9 centavos, en mil 823 tomas localizadas.

Esto sin considerar la cifra negra que no obra en los datos de Pemex, ya que para que una toma clandestina sea registrada, debe haber una denuncia y carpeta.

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De esta manera, el año 2023 ha representado cifras históricas para el estado, ya que el año pasado fue donde más tomas clandestinas se aseguraron por Pemex en Querétaro durante la última década.

Tomas clandestinas por robo de combustible en Querétaro, por cada Municipio desde 2013

Entre 2021 y 2023, en Pedro Escobedo aumentaron 287% las tomas clandestinas. Por su parte, desde 2021 las tomas clandestinas prácticamente duplicaron sus números en San Juan del Río, al pasar de 117 a 211.

En promedio, en 2023 en Querétaro se aseguró una toma clandestina cada 18 horas con 42 minutos.

Florentino

–¿Cómo llega un policía a estar dentro del entramado del huachicol? Hay invitaciones directas, definitivamente no es una cosa que se busque. Hay amigos policías de Corregidora que han sido hasta la fecha presionados, presionados, presionados… y entre lo que se ofrece, entre las amenazas para sus familias, es como llegan a estar.

En Pedro Escobedo –continúa Florentino– en el 2013, Ernesto Perrusquía quien hoy es el segundo a bordo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (SSC), colega cercano, entra a Pedro Escobedo y encuentra ya un batidero de policías que estaban dentro de la organización del huachicol, y ya Pedro Escobedo tiene también mucho tiempo con eso.

Entre 2014 y 2017 en Querétaro se trazaron rutas por Pedro Escobedo con complacencia de la policía estatal y municipal para el robo de huachicol –revela Florentino.

De cuando sólo había chupaductos y entonces llegó el huachicol a Querétaro

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Foto | SSPM, toma clandestina asegurada por policías municipales de San Juan del Río, 2018

¿Cuál se puede marcar como el inicio del robo de combustibles en Querétaro?, si es que eso es posible. Durante la primera década de los 2000, de acuerdo con periodistas que llevan años cubriendo temas de seguridad en el municipio de San Juan del Río, se caracterizó por una tranquilidad en el tema de huachicol, es para 2010 donde se podría señalar un inicio.

Gracias a información recabada por CartoCrítica, se sabe que por Querétaro atraviesan ductos de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como algunos ductos promovidos por empresas privadas. En los cuales se transporta gas natural y gas LP (gasoductos), petróleo crudo (poliductos y oleoductos), diésel, gasolina e hidrocarburo.

Específicamente, toda esta infraestructura pasa por los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Huimilpan, Querétaro capital, El Marqués y Corregidora (los últimos tres colindan con Guanajuato). Los municipios queretanos han sido por las características de su infraestructura vial -autopistas y carreteras que conectan con varios estados- un botín para grupos de la delincuencia organizada.

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lano, Manuel y Flores, C. (2017). Ductos, ¿por dónde circulan los hidrocarburos en México? [mapa, acercamiento centro del país]. Escala 1:3,500,000. México: CartoCrítica/ Fundación Heinrich Böll

Es así que, si se trata de profundizar a los inicios del robo de combustibles en Querétaro, se puede remitir a 2013, cuando Pemex señala el aseguramiento de 125 mil 536 litros de diésel en San Juan del Río, la cifra más alta de la que se tiene registro en datos de la paraestatal.

De este 2013, del aseguramiento de los más de 125 mil litros, la prensa local empezó a mostrarlos como hallazgos y detenciones de “chupaductos”.

Por ejemplo, el diario local “El Sol de San Juan del Río”  mostraría en sus páginas que, en 2013 hubo en sólo tres aseguramientos la detención de tres pipas cargadas con combustible sustraído en San Juan del Río.

Los materiales periodísticos resaltan además que entonces por $5,000 (cinco mil pesos mexicanos) se contrataba a una persona que conduciría la pipa y se le daban indicaciones para llegar a la comunidad de Loma Linda, ya en el destino se le indicaba ir por otra persona al estado de Hidalgo, regresarían ambas personas al primer destino y estacionaban el tracto en unas cachimbas (chozas al pie de la carretera) con las llaves pegadas, y se trasladaban rumbo a Ciudad de México mientras eran monitoreados e instruidos de dónde detenerse.

La prensa también da cuenta del vínculo existente entre policías municipales en activo de municipios como Corregidora y Pedro Escobedo que, a inicios del año 2013, fueron destituidos por narcomenudeo y daños contra Pemex.

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Periódicos obtenidos del Archivo Histórico Municipal de San Juan del Río

Florentino

–Hoy, nosotros tenemos informes que cada vez se acrecienta más el número de jóvenes captados para estos delitos y la edad disminuye cada vez más. Y por otro lado el pueblo cada vez sabe más, calla más y vive con más miedo.


Mentoría: Axel Chávez | Corrección de estilo: María Colín

 

 

Agradecemos a Paloma Negra que compartan esta investigación para nuestra audiencias tlaxcaltecas. Consulte el reportaje original aquí. 


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Denuncian reclutamiento forzoso en Tila, llevan cuatro días inmersos en la violencia

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A cuatro días de la incursión de grupos civiles armados que se disputan el control del poblado de Tila, en la zona norte del estado de Chiapas, este jueves pobladores denunciaron alarmados el reclutamiento forzoso de jóvenes anunciado por las autoridades ejidales.

La Asamblea Ejidal del Barrio Santa Lucía de Tila, dio a conocer en un volante que fue dejado en cada una de las viviendas de esa población que, “de la manera más atenta se les hace una invitación como miembros del Ejido de Tila para acercarse a dar sus servicios y acompañar a los compañeros en las actividades en lo que correspondan”.

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Aviso para el reclutamiento de jóvenes

“La invitación va directamente a los jóvenes de 18 años, de no ser partícipes, se tomarán medidas correspondientes”, dice la misiva firmada por esa asamblea ejidal de ese barrio, la igual que lo han hecho ya todos los barrios.

Esto alarmó a la población que se considera ajena a un conflicto donde grupos armados de “los autónomos” o “ejidatarios” mantienen una disputa con un grupo armado denominado Los Karma.

“Actualmente en Tila se está viviendo una terrible masacre desde el día lunes por parte de grupos armados auto nombrados los “Karma, Autónomos y personas de Sañojá, Río Grande, Nicolás Bravo y gente del Quemado”.

“La gente de Tila está siendo masacrada y violentada por parte de estos grupos armados, actualmente se encuentra personas violentadas, golpeadas, heridas, niñas y mujeres violadas por parte de estos sujetos que interceptan a las casas a destruir y quemar todo lo que esté a su paso, hay gente desaparecida, muertos en las viviendas, personas heridas por balas, machetazos. Las personas ya no tienen agua y comida, hay personas mayores de edad que ya fueron ejecutadas, menores de edad golpeados, niñas y mujeres violadas (se desconoce cuántas al igual que el número de muertos en total), no pueden escapar porque tienen bloqueadas las entradas y salidas del pueblo”, dijo un poblador de forma anónima.

La organización Impulsa denunció hoy que el municipio de Tila, Chiapas, “está enfrentando una crisis de seguridad y emergencia humanitaria sin precedentes”.

Y que, desde la tarde del 4 de junio, se han reportado actos violentos que incluyen desalojos forzosos, saqueos, incendios y desplazamientos forzados.

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Y que actualmente, “las fuerzas del orden no han llegado al lugar del conflicto, dejando a la población desprotegida y en un estado de pánico. La comunidad ha agotado sus suministros de agua y comida, lo que agrava la situación humanitaria. La crisis ha captado la atención a nivel nacional y estatal, sin embargo, no se ha registrado ninguna acción efectiva por parte de las autoridades competentes. Los residentes están haciendo un llamado desesperado para ser rescatados y evacuados de manera segura de la zona de conflicto”.

Señalaron que es urgente que las fuerzas del orden intervengan de inmediato para proteger a los ciudadanos y restablecer la paz y el orden en Tila. Se necesitan con urgencia suministros de agua, alimentos y atención médica para los afectados.

Pidieron a las autoridades estatales y federales organizar y ejecutar la evacuación segura de las personas en riesgo, asegurando que reciban refugio y asistencia necesaria.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades locales, estatales y nacionales para que actúen de inmediato y proporcionen la asistencia necesaria a la población de Tila. La inacción puede resultar en graves consecuencias para los residentes que ya están sufriendo. Solicitamos a la comunidad y organizaciones de apoyo que se movilicen para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Tila, quienes están viviendo momentos de extrema dificultad”, dijo IMPULSA.

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Los Autónomos es un grupo armado de la Asamblea Ejidal, que patrulla las calles, sus miembros viste como militares, andan armados y mantienen una lucha contra Los Karma, cuyos líderes proceden del vecino municipio de Yajalón

 


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Triunfo de MORENA provoca quema de boletas en Axocomanitla e Ixtenco

  • Por inconformidad en resultados en elecciones 2024, pobladores de Axocomanitla e Ixtenco realizaron quema de boletas electorales.

Tlaxcala, Tlax. Tras darse a conocer la victoria de los candidatos de MORENA en las presidencias municipales de Axocomanitla e Ixtenco, pobladores prendieron fuego a las boletas electorales en la tarde del cinco de junio.

De acuerdo con información de pobladores de Axocomanitla, la inconformidad se debe a que la candidata Gabriela Montiel de MORENA no pertenece a este municipio; ya que su dirección radica en el municipio de Zacatelco.

Asimismo dieron a conocer que el pasado 2 de junio, en la casilla ubicada en la Escuela Primaria Pedro Morales, bajaron personas que no pertenecen a Axocomanitla y efectuaron su voto. En ese sentido la señora Cecilia, comentó:

«Y el día de las elecciones, en la primaria, bajaron algunas personas que no eran de la comunidad y efectuaron su voto. Esas personas no son de aquí. El pueblo es pequeño, aquí toda la gente se conoce y a ellos, no los reconocimos»

Durante el conflicto hubo detonaciones de arma y uso de gas lacrimógeno por parte de las autoridades de seguridad que arribaron al municipio, con el objetivo de dispersar la manifestación.

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Imagen; Zacatelcoradio Sigmatech

A pesar de que los candidata Gabriela Tuxpan del PT se ha deslindado de los hechos ocurridos el día de ayer, habitantes dieron a conocer que quienes mostraron inconformidad fueron simpatizantes de ella y de Horacio Tuxpan, candidato de Movimiento Ciudadano.

Para el caso de Ixtenco, pobladores también estuvieron inconformes con la victoria de Aline Lazo Caballero, candidata de MORENA. Razón por las que algunas personas lograron ingresar a la casa donde se había instalado el Consejo Municipal por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), y desde el techo del domicilio arrojaron algunas urnas, las cuáles prendieron fuego.

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Imagen: En Minutos Tlx

Durante la manifestación, elementos de seguridad intentaron reprimir con actos de violencia a los pobladores, lo que ocasionó que hubiera un mayor descontento,

Ante estos hechos, el ITE ha condenado los actos de violencia, declarando que integrantes de este organismos fueron afectados; por lo que ha exhortado a los actores políticos a actuar con civilidad, para no afectar el desarrollo de los cómputos.

Sin embargo, al término de esta nota, el Consejo del ITE no ha decidido si estos municipios tendrán elecciones extraordinarias para definir a los ganadores.

Cabe mencionar que estos municipios no son los únicos que han sufrido agravios ante las inconformidad de los resultados en las elecciones, municipios como Santa Cruz Quileta, Totolac y Calpulalpan, también han mostrado su descontento.


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Contradicción entre el gobierno estatal y federal en caso de adeudo de 4 millones con el ISSSTE

  • Gobierno de Tlaxcala externó a través de un comunicado que la atención médica de trabajadora fallecida quedó saldada, mientras que Gobierno Federal menciona que la deuda persiste.

Tlaxcala, Tlax. El pasado 4 de junio, familiares de Leticia N., empleada del gobierno estatal, protestaron frente al Palacio de Gobierno para denunciar la falta de pagos por la atención médica que recibió del ISSTE. En respuesta, tanto el gobierno de Tlaxcala como el Gobierno Federal han emitido declaraciones, pero sus versiones no coinciden.

De acuerdo con la versión de la familia de Leticia N., en días pasados recibieron una llamada en donde el ISSTE Tlaxcala solicitó un pago 4 millones de pesos por la atención médica que recibió Leticia N., situación que causó el malestar debido a que no se respetaba el convenio firmado en 2021, en donde Gobierno del Estado de Tlaxcala se comprometía a cubrir el 100% de los gastos en hospitales públicos para ciertos trabajadores del estado.

Este convenio se dio con el cambio de atención médica que actualmente reciben los trabajadores de Gobierno, desde la entrada de Lorena Cuéllar.

A pesar de que el Gobierno de Tlaxcala emitió un comunicado donde externó que la atención médica quedó cubierta en su totalidad por este ente, Gobierno Federal dio a conocer que es una deuda que aún no está saldada, lo que contradice totalmente la declaración del Gobierno Estatal.

El comunicado que emitió el Gobierno de Tlaxcala a las 20:33 hrs, menciona lo siguiente:

Contradicciones entre Gobierno Federal y Estatal en caso de atención médica a trabajadora fallecida

A continuación, el comunicado por parte de Gobierno de México, quien lo emitió tres horas más tarde, mencionando que el pago en la atención médica de Leticia N. sigue pendiente.

Contradicciones entre Gobierno Federal y Estatal en caso de atención médica a trabajadora fallecida


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“A ustedes les sobra impunidad, a nosotras creatividad”: Demandan justicia a cuatro años del Halconazo Tapatío y a uno del retiro del Antimonumento 5J

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Han pasado cuatro años de que integrantes de la Fiscalía de Jalisco cometieran detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura en contra de más de 100 jóvenes que se manifestaron no sólo por la ejecución extrajudicial de Giovanni López, sino también contra el abuso policial ocurrido el 4 de junio de 2020 en las calles del Centro Histórico de Guadalajara. 

También ha pasado ya un año del retiro irregular que realizaron autoridades estatales y municipales del AntiMonumento 5J que se colocó en la Plaza Imelda Virgen (antes Plaza de Armas) a los tres años del “Halconazo Tapatío”.

Tanto la represión policial como el atentado al memorial colocado por las y los sobrevivientes siguen impunes; por ello, de manera simbólica y efímera, la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco fue intervenida con un rayo láser que recordó que el 5 de junio de 2020: ¡No se olvida!

¿Qué pasa jurídicamente con el AntiMonumento 5J?

A un año de que el AntiMonumento 5J fuera retirado por órdenes del Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara y a más de 10 meses del ordenamiento judicial que obligaba a la reinstalación de la pieza memorial, las autoridades han interpuesto una serie de recursos legales, pero también han dado excusas inverosímiles para no hacerlo.

Dennisse Montiel, abogada y defensora de derechos humanos de CEPAD, precisó que, si bien, existe un desacato judicial desde el 25 de julio de 2023:

“ninguna autoridad del Poder Judicial ha realizado acción alguna para obligar a las autoridades a colocar nuevamente en su lugar el AntiMonumento 5J, pues no ha existido ni presión, no se han puesto multas económicas ni se ha ordenado abrir un proceso legal contra las autoridades que han sido omisas”.

Incluso, la abogada señaló que tras algunos recursos legales interpuestos por el Ayuntamiento de Guadalajara, un Tribunal Colegiado resolvió, el 24 de abril de 2024, modificar la suspensión provisional a fin de que la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara:

  • Realice una reproducción física similar del AntiMonumento 5J en otro material que no ponga en riesgo a las personas.
  • A difundir en medios digitales oficiales fotografías del AntiMonumento 5J que fue retirado.

Ante esto, la defensa jurídica que busca regresar el AntiMonumento al lugar donde fue colocado señaló que esta nueva determinación implica un retroceso porque es:

“imparcial y violatoria de los derechos a la libertad de expresión, libre manifestación de las ideas, a la verdad, a la memoria y a la reparación integral del daño”.

Por lo tanto, no aceptarán esta medida, pues el plan original es que se coloqué el AntiMonumento que fue retirado, el 5 de junio de 2023. Pieza memorial que las autoridades dicen tener en el municipio de Poncitlán, y que se niegan a regresar argumentando que tienen falta de personal y de flota vehicular para traerlo desde ese municipio.

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Foto: Mario Marlo.

Activación por la memoria y la justicia

En el acto de memoria también se dio la intervención de los macetones colocados por el Ayuntamiento de Guadalajara en la Glorieta de las y los Desaparecidos, esto porque ahí fueron se plantaron los árboles colocados por las y los compañeros de Marco, Daniel y Salomón, estudiantes desaparecidos el 19 de marzo de 2018; así como el que colocaron las y los sobredientes del 4, 5 y 6 de junio a un año del “Halconazo Tapatío”.

Salvo que al trasplantarlos ignoraron que más allá de los árboles existían piezas memoriales que dan cuenta de lo que había pasado; por ello, se acordó intervenir el espacio para recordar que estos árboles forman parte de lo que se denominó “El Jardín de la Memoria”.

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Foto: Mario Marlo.

 

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Foto: Mario Marlo.
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Foto: Mario Marlo.
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Foto: Mario Marlo.

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Archivo de la Palabra resguarda cultura inmaterial de Tlaxcala

Tlaxcala, Tlaxcala. En el marco del Seminario Permanente “Etnografía de Tlaxcala”, Hilario Topete Lara, Diana Karely Juárez y Patricia Portela Rodríguez, hablaron sobre diversas manifestaciones culturales inmateriales en nuestro estado, resguardadas por el Archivo de la Palabra.

El Archivo de la Palabra es un proyecto que arrancó en 2009, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Documenta audiovisualmente el patrimonio cultural inmaterial de México, es decir, las “tradiciones orales, usos rituales y festivos, conocimientos y prácticas” de las sociedades, de acuerdo con la UNESCO.

Centro INAH

Fotografía: Centro INAH, Tlaxcala.

En 2019 el proyecto llegó a Tlaxcala, generando 189 documentos audiovisuales, con la participación de alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). En 2002 se contaba con un total de 206 documentos, disponibles para la consulta pública en el Centro INAH Tlaxcala y en el Museo de la Memoria.

Los documentos consisten en video, audio, un formato de campo utilizado por los estudiantes de la ENAH y una transcripción del documento. El Archivo es un levantamiento exhaustivo en 25 municipios y comunidades tlaxcaltecas: Altzayanca, Calpulalpan, Españita, Huamantla, etc.

En 2021, por ejemplo, el Archivo generó 33 documentos sobre la producción de Talavera en San Pablo del Monte. Producto de la documentación surgió el documental “San Pablo del Monte. El Alma de la Talavera” y la exposición fotográfica “Procesos y emociones de Talavera de San Pablo del Monte”, con el trabajo de Patricia Portela.

Talavera

Fotografía: Centro INAH, Tlaxcala.

Otro de los trabajos registrados en El Rosario Ocotoxco fue el registro de la fundición de campanas de manera artesanal, realizada únicamente por 3 artesanos en la comunidad, donde está en peligro este saber.

Hilario Topete, doctor en Antropología Social por la ENAH, expuso durante su intervención que el Archivo, a pesar de que ha trabajado en 25 municipios de Tlaxcala, tiene todavía mucho trabajo por delante.

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Fotografía: página de Facebook Campanas el Rosario. 

El Archivo documenta expresiones culturales en riesgo, como el registro de entrevistas realizadas a toreros. “A final de cuentas es una expresión del patrimonio cultural inmaterial de muy larga data que hay que terminar de documentar. A como corren los tiempos, puede llegar el momento en que la tauromaquia pase a ser parte de la historia”, manifestó.

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Fotografía: página de Facebook Campanas el Rosario. 

Hilario Topete dice que el Archivo debe enfrentar retos como la falta de recursos, que se subsana con aliados en los estados y el interés de las comunidades, donde el concepto patrimonio cultural inmaterial es llamado «las cosas de los viejos».

El Archivo de la Palabra es de libre consulta pública. En el canal de You Tube se encuentran disponibles los documentales generados. También están disponibles físicamente en el Centro INAH Tlaxcala, ubicado en Av. Juárez no.62 y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México.


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Los fondos perdidos de la alerta de género: un apagón en el DIF

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Durante cuatro años, el gobierno de Puebla y el Congreso local destinaron al DIF Estatal 75 millones de pesos para llevar a cabo 11 acciones de la alerta de género, una asignación sin precedentes para este propósito. El organismo incumplió con su tarea y el grueso del dinero terminó en una bolsa cuyo destino final es imposible de localizar, dejando en la oscuridad a cientos de víctimas de violencia.

Por Samantha Páez, Guadalupe Juárez, Mario Galeana y Carlos Galeana

Puebla, Puebla. Alejandra* dice que esa noche tomó a sus dos hijos y salió corriendo con ellos porque la violencia de su esposo había llenado su hogar hasta el punto de no dejar espacio para nada más. El único asilo fue el departamento de su hermana, donde sus nueve habitantes se apretaron aún más para recibir a otros tres, pero eso era mejor que soportar otro día de abusos.

Meses después, contactó al Sistema Estatal DIF, el organismo de asistencia social para personas vulnerables en Puebla, y les presentó su caso: una mujer y dos niños desamparados por la violencia de género.

No se trata de una historia aislada, desde abril de 2019 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) decretó la alerta de género en 50 municipios de Puebla. Esto obligó al gobierno del estado a implementar 45 medidas urgentes de prevención, seguridad y justicia para las víctimas.

Cinco años después, las autoridades locales sólo han cumplido con una de las 45 recomendaciones y las cifras de violencia entre 2019 y 2023 no han disminuido: 49 mil 535 mujeres sufrieron violencia familiar en este periodo y 205 fueron víctimas de feminicidio, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

El DIF fue la entidad que más recursos recibió para implementar las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Entre 2020 y 2023, al organismo le fueron asignados 75 millones de pesos en las Leyes de Egresos del Estado de Puebla para llevar a cabo 11 acciones y apoyar a las mujeres más vulnerables.

Por esa razón, una trabajadora social visitó a Alejandra después de conocer su caso, le informó que podría ser beneficiaria de un programa que entregaba apoyos monetarios a mujeres en situación de violencia, pero no le dio más detalles. “Nada más te voy a emocionar y qué tal que al final el dinero no llega”, recuerda Alejandra que le dijo.

La trabajadora del DIF tuvo razón: el dinero nunca fue entregado a las mujeres que sobrevivieron a sus agresores. Esta es la historia sobre cómo este organismo desperdició la principal inversión del gobierno del estado para contener la violencia feminicida.

                           

 La caja fuerte del DIF Estatal

Por la mañana del 10 de agosto de 2020, el gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó la primera sesión del año del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SEPASEVM). Puebla, como el resto del país, se encontraba en contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19 y el confinamiento había derivado en un récord de casos de violencia familiar.

No era el lugar más apropiado para culpar a las mujeres de la violencia de género, pero así lo expresó de todos modos: “Muchas veces las mujeres –no todas– buscan un entorno que les es riesgoso. Y como son un grupo vulnerable, acaban sufriendo las consecuencias. Hay que cuidarlas como autoridad, hay que cuidarlas como sociedad y tienen que cuidarse más las mujeres”.

El gobierno del estado y el gobierno federal financian las acciones de la alerta de género, pero cada uno de estos fondos se utiliza de manera distinta.

                         

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Matilde Pérez, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar explica que mientras los recursos federales “tienen ciertos candados para que no se puedan usar en otra cosa que no sean proyectos elegidos a través de una convocatoria nacional”, los estatales se emplean de manera flexible y discrecional.

El DIF comenzó a recibir recursos estatales para la alerta de género desde 2020, durante el mandato del gobernador Barbosa.

Otras dependencias involucradas en el cumplimiento de la alerta no fueron tan beneficiadas, como la Secretaría de Igualdad Sustantiva, encargada de diseñar la política pública para abatir violencia contra niñas y mujeres, que recibió 52 millones de pesos para 104 acciones entre 2020 a 2023.

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Destacan tres de las 11 acciones encomendadas al DIF en estos dos planes:

  • La aplicación de un protocolo de atención integral a víctimas menores de edad directas e indirectas de violencia de género.
  • La publicación periódica de informes especializados sobre este fenómeno.
  • El acompañamiento jurídico, psicológico y médico de infancias en orfandad por feminicidio.

Sin embargo, no hay informes públicos que demuestren el cumplimiento de las acciones a su cargo, y para acceder al expediente donde se encuentran las evidencias que comprobarían la aplicación de los programas, la unidad de transparencia del DIF solicitó un pago de 144 mil 920 pesos, dos pesos por cada una de las 72 mil 480 hojas.

El dinero que nunca llegó

Hace dos años que Karla* peregrina entre oficinas de gobierno, juzgados y módulos de la fiscalía para enfrentar al padre de sus hijos y exigir una pensión alimenticia a quien la violentó. Desde finales de 2023 lo hace sin la asesoría de las trabajadoras sociales ni abogadas del DIF Estatal que alguna vez la acompañaron.

Varias veces las trabajadoras del organismo le dijeron que era candidata para recibir el apoyo económico de un programa para mujeres que habían sufrido violencia. Como Karla se mantiene elaborando juguetes por su cuenta, aquella posibilidad se convirtió en una esperanza: pensó que el dinero podría servirle para robustecer el negocio y sacar a sus hijos adelante mientras se resolvía el juicio de pensión alimentaria.

En 2022, DIF Estatal dijo que creó dos programas para dar acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Durante este y el siguiente año, el organismo recibió 30 de los 75 millones de pesos del presupuesto de la alerta para implementarlos.

El primero, “Atención para los casos de violencia de género”, consistía en dar asesoría y contención a víctimas por parte de un grupo multidisciplinario de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas.

Mientras que el segundo, denominado “Fortalecimiento a la Mujer Poblana en Situación de Violencia”, proponía la entrega de apoyo económicos dirigidos a mujeres que necesitaban salir del círculo de violencia, mediante un soporte inicial de 25 mil pesos y un seguimiento de 5 mil pesos más durante los próximos tres meses.

Un requisito para ser beneficiaria del segundo programa es haber sido atendida antes en el de “Atención para los casos de violencia de género”.

Sin embargo, en enero de 2024, el DIF Estatal reconoció a través de una solicitud de información que no entregó ningún tipo de apoyo económico a las beneficiarias porque “no se cumplieron los requisitos”, a pesar de que atendió 388 reportes por violencia y brindó mil 172 servicios a 484 niñas y mujeres.

No se invirtió en ayudas a mujeres vulnerables, pero sí en vehículos y computadoras, cuyos costos son comparables a las que se usan para videojuegos o editar videos. Con los recursos del primer programa, el DIF Estatal gastó 3.3 millones de pesos en la compra de cinco camionetas Tiguan Volkswagen y 1.2 millones de pesos más para 22 laptops de casi 39 mil pesos cada una, cámaras, maletines y un videoproyector. También contrató a 25 personas durante diez meses por un total de 4.6 millones de pesos.

Los contratos de personal y de compras, entregados vía transparencia, justifican 9.1 de los 30 millones de pesos que el DIF sí ejecutó para cumplir con la alerta de género. El resto de los recursos no está comprobado.

Karla y Alejandra no recibieron un solo peso de estos apoyos, y tampoco recuerdan que el DIF les haya comunicado que no cumplían con los requisitos. De hecho, en diciembre de 2022, dos trabajadoras sociales llegaron a sus respectivos hogares solo para decirles que la posibilidad de recibir los apoyos se había esfumado.

La explicación que les dieron fue simple: por la muerte del gobernador Miguel Barbosa, ocurrida el 13 de diciembre de 2022, el programa había sido cancelado.

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La alerta de género, en total oscuridad

Cuando Lucía* fue contratada como trabajadora social en el DIF Estatal, la recibieron con un voluminoso expediente que contenía información de 230 mujeres que habían sido atendidas por el organismo tras ser víctimas de violencia de género entre 2022 y 2023. Poco tardó en descubrir que, en realidad, el archivo era poco más que una recopilación inacabada de datos de mujeres de las que el DIF no sabía casi nada.

Los registros mencionaban que la mayoría había experimentado violencia psicológica, física, patrimonial y sexual, en ese orden de incidencia, aunque más de la mitad no recibió acompañamiento psicológico por razones personales. Pero no precisaban la edad del 43% de las mujeres, y la única conclusión certera en toda esa recopilación de historias es que la mayoría de los agresores habían sido parejas y ex parejas de las víctimas.

Lo que ese expediente sí señalaba es que 27 mujeres, entre ellas Alejandra y Karla, habían sido candidatas para recibir los apoyos económicos del organismo.

“Cuando las contacté, muchas decían que habían quedado de darles el apoyo, pero nadie las volvió a buscar. A otras fue imposible localizarlas, porque los expedientes estaban mal hechos, con datos incorrectos. Mis superiores me dijeron que, como no habían logrado ejercer el dinero a tiempo, lo habían regresado. Pero yo sinceramente creo que lo gastaron en otra cosa”, recuerda Lucía

El DIF Estatal no ejerció 45 de los 75 millones de pesos asignados por el Congreso de Puebla y el Ejecutivo entre 2020 y 2023, según lo indican respuestas a solicitudes de información realizadas para este reportaje. Simplemente no realizó las gestiones para solicitar el recurso para la ejecución o terminó declarándose incompetente para llevar a cabo los programas.

Este fue el caso de la construcción de un refugio de sobrevivientes de trata de personas, para el cual el Poder Legislativo le asignó 15 millones de pesos en 2023. En julio de ese mismo año, el DIF dijo que no se encontraba en posibilidades de llevarlo a cabo y nunca fue construido, según consta en un oficio.

Los recursos que el DIF Estatal no ejerció fueron reunidos, junto con otros fondos, en el apartado de previsiones económicas del gobierno del estado, y debido a ello hoy “resulta inasequible identificar el destino final del mismo”, según reconoció la Secretaría de Planeación y Finanzas en una solicitud de información.

La comisionada ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla, Eira Zago Castro, explica que, a pesar de que los organismos y dependencias poseen la facultad de reorientar su presupuesto, la omisión de cumplir con los programas que les son asignados puede constituir una responsabilidad administrativa.

“Hacer o dejar de hacer puede implicar una responsabilidad para aquellos servidores públicos. Las preguntas más importantes son cuáles son las razones para no haber ejercido ese dinero y cuáles son las causas para reasignarlo, sobre todo en un tema tan sensible como el de la alerta de género”, apunta.

Mientras que el académico José Antonio Salazar Andreu agrega que no utilizar los recursos públicos, especialmente cuando están sustentados en el programa operativo anual de cada dependencia, como ocurre con el Programa Institucional del DIF, es tan grave como contraer deuda pública.

“Si el DIF tenía ese recurso y no lo ejerció, ahí hay una responsabilidad administrativa y tendría que haber una denuncia contra el o los servidores públicos correspondientes”, detalla el director de la carrera de Gobierno de la Universidad Panamericana.

De acuerdo con un reporte presentado a finales del año pasado por el gobierno del estado, uno de los “desafíos críticos” para acatar las recomendaciones de la alerta de género ha sido el “desconocimiento generalizado” del mecanismo de la alerta de género entre los enlaces de las dependencias, instituciones y municipios involucrados. Y atribuyen la falta de resultados a la “insuficiencia de recursos”, la “lenta curva de aprendizaje” y la rotación del personal involucrado.

Miranda Carballo, politóloga del ITAM e investigadora en temas de género, cree que el problema es aún más profundo.

“Desafortunadamente, muchas veces ni siquiera las mismas instituciones tienen conocimiento del porqué se les da el dinero. No tienen un plan de trabajo, no saben muy bien qué van a hacer y usan los recursos nadie sabe bien en qué, porque ni siquiera desglosan las actividades para lo cual los usaron”, dice.

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Los «electricistas» del DIF

Durante la mañana del 2 de junio de 2019, el día de las elecciones extraordinarias en las que Miguel Barbosa fue electo gobernador de Puebla, decenas de taxis y vehículos aparcaron hasta en triple fila en una colonia al sur de la capital. Mientras se realizaba una especie de pase de lista entre los choferes, en el sitio apareció la entonces diputada de Morena, Leonor Vargas Gallegos.

Era la típica escena de acarreo que precedía una jornada electoral, y quedó registrada por una cámara. Con la fotografía como prueba, el PAN denunció a Vargas ante la Fiscalía General de la República por presunta compra de votos, retención de credenciales y acarreo de votantes. Unas horas después, el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, salió en su defensa.

“Ya vi la foto, ‘ora resulta que no puede uno ni tomar un taxi. Yo les garantizo que ninguno, mucho menos alguien como la diputada Leonor Vargas, haría algo así”, dijo a la prensa.

Dos meses más tarde, instalado en el gobierno del estado, Barbosa nombró a Leonor Vargas directora del Sistema Estatal DIF.

Y, como dicta la tradición política en México, la esposa de Barbosa, Rosario Orozco Caballero, asumió la presidencia del Patronato del DIF, un cargo honorario que suele otorgarse a las parejas de los alcaldes, presidentes y gobernadores del país, y que posee atribuciones para sugerir cambios en los planes y la manera en que se ejerce el presupuesto del organismo.

En el transcurso de 2019 a 2022 se afianzó en el DIF una estructura política ligada a Barbosa y Biestro, quien intentó –sin éxito– convertirse en candidato a la alcaldía de Puebla en 2021.

Esa estructura política estuvo integrada por:

Las dos funcionarias clave responsables de manejar los recursos asignados al DIF para la alerta de género fueron Leticia López y Amayrani Monserrat Rojas, pues los convenios para llevar a cabo los malogrados programas de la alerta de género, así como las sucesivas reasignaciones de recursos con las que la Secretaría de Planeación y Finanzas pudo reorientar esos fondos para otros fines, llevan la firma de ambas.

En este periodo, el DIF Estatal sancionó a dos personas por faltas “no graves”, y ninguna de ellas fue Leticia López o Amayrani Rojas. La segunda, de hecho, sigue ostentando el mismo cargo directivo dentro del organismo.

En junio de 2023, Leonor Vargas y Leticia López fueron removidas de sus cargos en el organismo y, hasta el cierre de este reportaje ninguna accedió a dar su versión sobre el manejo de los recursos de la alerta de género.

La ex directora general del DIF zanjó el asunto en una entrevista telefónica: “No puedo yo dar información de una dependencia en la que ya no estoy. (El programa de la alerta) lo iniciamos nosotros, pero hay un seguimiento, ahí están todos los antecedentes, el personal que es responsable de esa área y ellos les pueden atender cualquier duda”, dijo.

Alejandro Cortés Carrasco, actual titular del organismo, también rechazó dar cualquier comentario para esta investigación. Lo mismo ocurrió con Juan Carlos Moreno Valle Abdala, Secretario de la Función Pública, a quien corresponde el monitoreo y evaluación de la gestión del gasto público

Leonor Vargas aterrizó en la Secretaría del Trabajo, donde Gabriel Biestro despachó como titular desde enero de 2022 hasta febrero de 2024, tras su fallido intento por convertirse en candidato a la presidencia municipal de Puebla.

Además de ella, en la Secretaría del Trabajo también fueron recontratados:

Si algo les distingue es que se trata de un grupo compacto y activo: Gabriel Biestro, Leonor Vargas y la mayoría de ellos trabajan hoy en la operación política de la campaña de José Chedraui Budib, candidato de Morena a la alcaldía de Puebla.

¿Fin al gasto a discreción?

Hasta el año pasado, cada dependencia decidía cómo usar el presupuesto de la alerta debido a una ambigüedad en la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Según Mónica Silva Ruiz, diputada local y ex titular del Instituto Poblano de las Mujeres, cada dependencia actuaba por separado y reportaba sus acciones a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que luego informaba a la Secretaría de Gobernación y ésta a la Conavim.

A partir de 2024, una reforma presentada por Silva asigna exclusivamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva la administración de los fondos estatales para la alerta.

“Hoy este dinero está concentrado en la R016 (también conocido como Programa de Acción para Atender las Medidas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres), que ha sido un compromiso del Ejecutivo de que el dinero no se va a mover, no se va redireccionar para cualquier otra cosa que no sea el cumplimiento de la alerta”, abunda Silva.

Tomó casi cuatro años para que las autoridades en Puebla remendaran, al menos en teoría, este vacío jurídico. Tiempo suficiente para que la principal inversión de recursos para prevenir la violencia de género se diluyera en reasignaciones y gastos injustificados.

Mientras tanto, Alejandra y Karla siguen enfrentando a sus agresores. Lo hacen solas, con sus propios medios, pues del Estado sólo recibieron promesas.

Nota del equipo: Esta investigación comenzó en 2022, cuando una fuente reveló que ese año se habían asignado 15 millones de pesos al DIF estatal para la alerta de género. Desde entonces y hasta mayo de 2024, hemos realizado 67 solicitudes de información y revisado 74 documentos públicos, incluyendo contratos, leyes de egresos, planes de acción, convenios de colaboración, normativas institucionales, informes de resultados y oficios varios. A lo largo de este proceso, hemos constatado el gran desafío que implica el acceso a la información pública: dilaciones y contradicciones en las respuestas a las solicitudes, omisiones de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados y cobros excesivos para obtener archivos públicos. Estos obstáculos no solo dificultan las investigaciones periodísticas, sino también el ejercicio de los derechos humanos.

                                     Puebla
Agradecemos a Manatí por compartir su publicación con las audiencias tlaxcaltecas. Lee el reportaje original aquí.  

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“La minera ha provocado un desastre ambiental desde hace 20 años en Capulálpam de Méndez” denuncian lugareños que exigen su clausura inmediata

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** Hay omisión y complicidad de autoridades federales.

#Oaxaca 4 Jun (#Istmopress) – Comuneras y comuneros zapotecas de Capulálpam de Méndez en los valles centrales de Oaxaca exigieron la clausura inmediata de la minera Natividad, que lleva 20 años provocando desastres ambientales en su territorio.

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En conferencia de prensa, las autoridades agrarias y municipales encabezadas por el presidente municipal, Rubén Santiago Martínez y Delfino Germán Arreortua García, representante de los bienes comunales denunciaron la opacidad y complicidad de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) así como de la Secretaría de Economía por acabar con los cuerpos de agua y crear también conflictos sociales internos.

Desde el 2003, comuneras y comuneros zapotecas de Capulálpam de Méndez en los valles centrales de Oaxaca han denunciado graves afectaciones en su territorio, especialmente con los cuerpos de agua, de parte de la minera Natividad, 20 años después nada ha pasado, al contrario hay una opacidad y complicidad, señalaron.

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Lamentaron que sus denuncias y quejas constantes no han tenido efecto, a pesar que la Sierra Juárez, uno de los ecosistemas más importantes de la zona de los valles centrales, tenga impacto ambiental por la operación de la minera.

Durante la denuncia pública, las autoridades municipales y agrarias señalaron que hay 13 acuíferos que han sufrido grandes consecuencias y están a punto de desaparecer por la operación minera, pues hay filtración de aguas contaminantes a su territorio.

También por la extracción masiva de sus minerales, hay una contaminación de suelos y fuentes de agua con desechos de la minera, un ejemplo, las tres presas de jales derrumbadas en 2010, con toneladas de desechos tóxicos y que afectaron directamente al río de Capulálpam.

Dijeron que por su cercanía al río, las presas continúan derrumbadas, con sus derechos y desperdicios que contaminan a todas y todos lo que viven en ese territorio.

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El comisariado de bienes comunales destacó que los compuestos químicos que usan por la extracción minera no son biodegradables y causan efectos dañinos como cáncer y enfermedades del riñón.

Lamentó que las tierras agrarias y de uso común estén contaminadas con presencia de plomo, arsénico y cadmio.

Enfatizó que hay instalaciones de la minera Natividad que emiten contaminantes en todo el territorio, y lo más aún el río grande que cruza la Sierra Juárez, y que está contaminado.

“Entre 2002 y 2005, tres mineras – Natividad, Canadiense Continuum Resources y arco Exploraciones, elaboraron un nuevo programa de inversiones en exploraciones y extracciones minerales, hacia la zona norte donde hay una cuenca, y donde Calpulálpam tiene su ultima reserva de agua para consumo humano”, señaló el representante agrario.

Dijeron que lo urgente es cerrarla o clausurarla, porque las mineras, además de la Zapoteca, la Cuzcatlán solo han contaminado sus territorios, ante la absoluta impunidad.

“Exigimos el cierre inmediato, no es posible que las autoridades aprueben el desastre ambiental que sigue y de no hacerlo, accionaremos para salvaguardar nuestros derechos”, concluyeron.

Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress

Fotos Educa AC

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Huamantla, Sanctorum, Totolac y Chiautempan: violencia poselectoral

  • A pesar de que la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, se dijo estar satisfecha con las elecciones del pasado 2 de junio, pobladores de diversos municipios de Tlaxcala se han manifestado para evidenciar irregularidades.

Tlaxcala, Tlax. Después de la publicación de los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para los comicios de 2024, ciudadanos y dirigentes de partidos en Huamantla y Sanctorum han llevado a cabo manifestaciones violentas por inconformidad.

Militantes de MORENA en Huamantla exigen recuento de votos

De acuerdo a los datos arrojados por el PREP, la alcaldía de Huamantla fue ganada por Juan Salvador Santos Cedillo con un 23% del total de los votos.

Dicha situación causó revuelo en el conteo final llevado a cabo este día en el Consejo Municipal de Huamantla, donde simpatizantes Carlos Pimentel, candidato de MORENA, se manifestaron para exigir el recuento de los votos.

Al lugar llegaron granaderos de la policía estatal y hubo forcejeos entre las entidades policiacas y civiles, impidiendo el trabajo de comunicadores que se dieron cita para cobertura.

Por elecciones, actos de violencia y manifestaciones en municipios de Tlaxcala
Imagen: Cristihan Martínez / Nierika Images

Renuncia consejera municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas

Asimismo, en el municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, simpatizantes de Franz Israel García de la coalición PAN – PRI, se manifestaron ante la victoria del candidato de Nueva Alianza, Iván Alejandro Alemán Juárez, quien obtuvo el 31.5% del total de votos.

De acuerdo con los pobladores, hay irregularidades debido a que el número de votos no coinciden con el padrón electoral. Asimismo, refirieron que «por amenazas» la consejera presidenta renunció al cargo.

Por elecciones, actos de violencia y manifestaciones en municipios de Tlaxcala
Imagen proporcionada por pobladores de Sanctórum

Con información del ITE, la sustitución de la consejera presidente obedece a que presentó su renuncia este mismo miércoles 5 de junio. Sin embargo, en el boletín informativo que expidió este organismo, no se aclara llos motivos de la renuncia.

A pesar de que no han incurrido a golpes, miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran a fuera del Consejo Municipal de Sanctorum, tras el rumor de que militantes de Nueva Alianza amenazaron con quemar las urnas.

Pobladores de Panotla denuncian falta de boletas para elegir presidente de comunidad

Este día, pobladores de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Panotla, se dieron cita alrededor de las 2 de la tarde en el Consejo Municipal para evidenciar las diversas irregularidades en la elección de presidente de comunidad.

Siguiendo la información que nos hacen llegar manifestantes a Escenario Tlaxcala, el pasado domingo 2 de junio de 4 a 5 de la tarde, se terminaron las boletas para elegir presidente de comunidad, situación que mantuvo en espera a algunos pobladores que llegaron a efectuar su voto.

Recalcaron que fue a las 5 de la tarde cuando se reanudaron las elecciones, bajo la premisa de que habían llegado más boletas, lo que causó la incertidumbre de la población.

A pesar de ello, Horacio Flores Flores, candidato de Morena, se llevó la victoria de la comunidad de Emiliano Zapata con tan solo tres votos de diferencia.

Sin embargo, acusan que tanto Horacio como el candidato de Movimiento Ciudadano, Serafín Zempoalteca, estaban empatados. Sin embargo, en el conteó público de votos, ganó Morena.

Al termino de esta nota, se encuentran congregados en la zona para exigir que se abran las urnas y se vuelvan a contar los votos.

Recuento de votos por irregularidades en elección en Contla

Debido a supuestas irregularidades por parte del candidato a la diputación local de MORENA, David Martínez, y a una diferencia de solo 100 votos con Eddy Roldán del PT, se acordó un recuento de votos este miércoles a las 9:00 hrs en el Consejo Distrital de Contla, informó Montserrat Padilla Castañeda, presidenta del Consejo Distrital 08.

A pesar que se denunció irregularidades durante el proceso electoral, el conteo final favoreció al candidato de MORENA, quien obtuvo el 29.8% del total de votos.

Chiautempan

Tras los diversos levantamientos que ha habido, militantes de Morena en Chiautempan, han acudido al Consejo Municipal para defender el voto en la reelección de la candidata Blanca Estela Ángulo Meneses, quien obtuvo la presidencia con un 23.7% de votos.

Este hecho causó molestias entre los pobladores de Chiautempan, quienes acusaron que fueron los mismos trabajadores del Ayuntamiento los  encargados de vigilar este proceso, dejando sin personal la Presidencia Municipal.

Al realizar el conteo rápido de votos, se ratificó su victoria.

La información continúa en desarrollo, permanezca al pendiente.


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César Duarte hospitalizado y ¿en libertad?; pendientes 18 causas penales en su contra

Según el Fiscal General del Estado, César Jáuregui, están pendientes de recibir la autorización del gobierno norteamericano para procesar a Duarte por otras 18 causas penales, sin embargo, solo es juzgado por una. La otra causa, por la cual fue vinculado a proceso en agosto del 2023, quedó sin efecto por orden de tribunales federales.

Por Jaime Armendáriz / Raíchali

Chihuahua.- Mientras el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, se encuentra en un hospital privado tras una intervención quirúrgica, el Tribunal Superior de Justicia dio por terminada la medida cautelar de prisión preventiva que tenía desde hace 2 años, por lo cual ya no volvería al Centro de Readaptación Social (CERESO) tras ser dado de alta.

La prisión preventiva es la única causa penal por la que es procesado actualmente, sin embargo, deberá volver a audiencia una vez que finalice su hospitalización para establecer con cuál medida continuará el juicio, en el que se le acusa de peculado agravado y asociación delictuosa durante su gobierno (2010-2016), por el desvío de 96 millones de pesos.

El oficio del término de la prisión preventiva fue filtrado a algunos medios de comunicación locales en Chihuahua, principales beneficiarios del recurso público durante el gobierno de Duarte y a los cuales han acudido constantemente los abogados del exmandatario para litigar y defender mediáticamente al exgobernador.

En el oficio que publican, firmado por Hortensia García Rodríguez, jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, con cabecera en Chihuahua capital, dice: “…se ordena a la autoridad penitenciaria dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre César Horacio Duarte Jáquez, a partir del cinco de junio de dos mil veinticuatro”.

“…es decir, si en esa fecha aún se encontrara el señor Duarte Jáquez dentro de la institución de salud atendiendo su padecimiento, al momento de ser dado de alta no deberá regresar al centro de reinserción social, pues la medida cautelar de prisión preventiva a partir de la fecha ya señalada debe ser levantada”, continúa el escrito.

El actual proceso por el que es juzgado está en una etapa casi terminal, ya que están a la espera de presentarlo a juicio con pruebas testimoniales y documentales.

¿Y ya, queda en libertad?

Duarte Jáquez había sido vinculado a proceso en agosto del 2023 por una nueva causa penal pero, mediante amparos en instancias federales, se libró de ese proceso. No obstante, según el Fiscal General del Estado (FGE), César Jáuregui Moreno, existen otras 18 causas penales pendientes en contra del exgobernador, pero aun no se las han fincado.

En la segunda causa por la cual había sido sujeto, Duarte encolerizó y echó de cabeza a quien fue su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, así como al propio Jáuregui, hoy titular de la Fiscalía.

Esto pasó en ese entonces:

Pero en febrero de este 2024, los juzgados federales dejaron sin efecto esa causa al considerar que se habían violentado los derechos del exmandatario.

Al darse a conocer el cambio de medida cautelar, Jáuregui emitió varias declaraciones este miércoles 5 de junio y dijo que el proceso de Duarte continúa.

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Esa explicación se refiere a que la autoridad norteamericana debe autorizarle al gobierno de Chihuahua el inicio de los otros procesos penales, ya que la autoridad local no podría hacerlo sin ese aval, debido a que una persona extraditada solo puede ser juzgada por el delito por el cual se le aplicó el envío a su país de origen.

“La Fiscalía tiene la total y absoluta convicción de que se van a obtener sentencias condenatorias, ya que los expedientes están perfectamente integrados y el ex gobernante enfrentará la justicia con una sentencia ejemplar determinada por los jueces y que incluirá sin duda la reparación del daño al patrimonio de la gente de chihuahua”, indicó el fiscal en un comunicado de prensa.

Acerca del documento girado por la jueza de Control, Jáuregui señaló que solo fue para notificar del el vencimiento de los dos años sobre los cuales se establece que una persona puede estar sujeta a prisión preventiva dentro de un juicio que se le sigue por una causa penal.

“Lo que el juez de ejecución hace es decirle al CERESO que ha precluido ese término y en consecuencia se necesita fijar otro tipo de medida cautelar. En estos momentos el exgobernador está hospitalizado y no se puede desarrollar una audiencia en donde él no se encuentre presente”, añadió.

Abundó en que esto no quiere decir que al cambiar la medida cautelar cambie la situación jurídica del imputado, ya que él continúa sujeto a proceso y sus bienes asegurados por la Fiscalía para garantizar la reparación del daño, en caso de que la resolución de los jueces sean en su contra.

Jáuregui Moreno, al igual que la gobernadora María Eugenia Campos Galván fueron señalados por estar en la nómina secreta de Duarte Jáquez, con la cual habría pagado a políticos, periodistas, empresarios y demás, para crear un círculo de corrupción y poder tener a todas esas personas de su lado. Pero al llegar al poder, esas acusaciones se dejaron de lado.

 

 

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