Por inconformidad en resultados en elecciones 2024, pobladores de Axocomanitla e Ixtenco realizaron quema de boletas electorales.
Tlaxcala, Tlax. Tras darse a conocer la victoria de los candidatos de MORENA en las presidencias municipales de Axocomanitla e Ixtenco, pobladores prendieron fuego a las boletas electorales en la tarde del cinco de junio.
De acuerdo con información de pobladores de Axocomanitla, la inconformidad se debe a que la candidata Gabriela Montiel de MORENA no pertenece a este municipio; ya que su dirección radica en el municipio de Zacatelco.
Asimismo dieron a conocer que el pasado 2 de junio, en la casilla ubicada en la Escuela Primaria Pedro Morales, bajaron personas que no pertenecen a Axocomanitla y efectuaron su voto. En ese sentido la señora Cecilia, comentó:
«Y el día de las elecciones, en la primaria, bajaron algunas personas que no eran de la comunidad y efectuaron su voto. Esas personas no son de aquí. El pueblo es pequeño, aquí toda la gente se conoce y a ellos, no los reconocimos»
Durante el conflicto hubo detonaciones de arma y uso de gas lacrimógeno por parte de las autoridades de seguridad que arribaron al municipio, con el objetivo de dispersar la manifestación.
Imagen; Zacatelcoradio Sigmatech
A pesar de que los candidata Gabriela Tuxpan del PT se ha deslindado de los hechos ocurridos el día de ayer, habitantes dieron a conocer que quienes mostraron inconformidad fueron simpatizantes de ella y de Horacio Tuxpan, candidato de Movimiento Ciudadano.
Para el caso de Ixtenco, pobladores también estuvieron inconformes con la victoria de Aline Lazo Caballero, candidata de MORENA. Razón por las que algunas personas lograron ingresar a la casa donde se había instalado el Consejo Municipal por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), y desde el techo del domicilio arrojaron algunas urnas, las cuáles prendieron fuego.
Imagen: En Minutos Tlx
Durante la manifestación, elementos de seguridad intentaron reprimir con actos de violencia a los pobladores, lo que ocasionó que hubiera un mayor descontento,
Ante estos hechos, el ITE ha condenado los actos de violencia, declarando que integrantes de este organismos fueron afectados; por lo que ha exhortado a los actores políticos a actuar con civilidad, para no afectar el desarrollo de los cómputos.
Sin embargo, al término de esta nota, el Consejo del ITE no ha decidido si estos municipios tendrán elecciones extraordinarias para definir a los ganadores.
Cabe mencionar que estos municipios no son los únicos que han sufrido agravios ante las inconformidad de los resultados en las elecciones, municipios como Santa Cruz Quileta, Totolac y Calpulalpan, también han mostrado su descontento.
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Gobierno de Tlaxcala externó a través de un comunicado que la atención médica de trabajadora fallecida quedó saldada, mientras que Gobierno Federal menciona que la deuda persiste.
Tlaxcala, Tlax. El pasado 4 de junio, familiares de Leticia N., empleada del gobierno estatal, protestaron frente al Palacio de Gobierno para denunciar la falta de pagos por la atención médica que recibió del ISSTE. En respuesta, tanto el gobierno de Tlaxcala como el Gobierno Federal han emitido declaraciones, pero sus versiones no coinciden.
De acuerdo con la versión de la familia de Leticia N., en días pasados recibieron una llamada en donde el ISSTE Tlaxcala solicitó un pago 4 millones de pesos por la atención médica que recibió Leticia N., situación que causó el malestar debido a que no se respetaba el convenio firmado en 2021, en donde Gobierno del Estado de Tlaxcala se comprometía a cubrir el 100% de los gastos en hospitales públicos para ciertos trabajadores del estado.
Este convenio se dio con el cambio de atención médica que actualmente reciben los trabajadores de Gobierno, desde la entrada de Lorena Cuéllar.
A pesar de que el Gobierno de Tlaxcala emitió un comunicado donde externó que la atención médica quedó cubierta en su totalidad por este ente, Gobierno Federal dio a conocer que es una deuda que aún no está saldada, lo que contradice totalmente la declaración del Gobierno Estatal.
El comunicado que emitió el Gobierno de Tlaxcala a las 20:33 hrs, menciona lo siguiente:
A continuación, el comunicado por parte de Gobierno de México, quien lo emitió tres horas más tarde, mencionando que el pago en la atención médica de Leticia N. sigue pendiente.
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Han pasado cuatro años de que integrantes de la Fiscalía de Jalisco cometieran detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura en contra de más de 100 jóvenes que se manifestaron no sólo por la ejecución extrajudicial de Giovanni López, sino también contra el abuso policial ocurrido el 4 de junio de 2020 en las calles del Centro Histórico de Guadalajara.
También ha pasado ya un año del retiro irregular que realizaron autoridades estatales y municipales del AntiMonumento 5J que se colocó en la Plaza Imelda Virgen (antes Plaza de Armas) a los tres años del “Halconazo Tapatío”.
Tanto la represión policial como el atentado al memorial colocado por las y los sobrevivientes siguen impunes; por ello, de manera simbólica y efímera, la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco fue intervenida con un rayo láser que recordó que el 5 de junio de 2020: ¡No se olvida!
¿Qué pasa jurídicamente con el AntiMonumento 5J?
A un año de que el AntiMonumento 5J fuera retirado por órdenes del Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara y a más de 10 meses del ordenamiento judicial que obligaba a la reinstalación de la pieza memorial, las autoridades han interpuesto una serie de recursos legales, pero también han dado excusas inverosímiles para no hacerlo.
Dennisse Montiel, abogada y defensora de derechos humanos de CEPAD, precisó que, si bien, existe un desacato judicial desde el 25 de julio de 2023:
“ninguna autoridad del Poder Judicial ha realizado acción alguna para obligar a las autoridades a colocar nuevamente en su lugar el AntiMonumento 5J, pues no ha existido ni presión, no se han puesto multas económicas ni se ha ordenado abrir un proceso legal contra las autoridades que han sido omisas”.
Incluso, la abogada señaló que tras algunos recursos legales interpuestos por el Ayuntamiento de Guadalajara, un Tribunal Colegiado resolvió, el 24 de abril de 2024, modificar la suspensión provisional a fin de que la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara:
Realice una reproducción física similar del AntiMonumento 5J en otro material que no ponga en riesgo a las personas.
A difundir en medios digitales oficiales fotografías del AntiMonumento 5J que fue retirado.
Ante esto, la defensa jurídica que busca regresar el AntiMonumento al lugar donde fue colocado señaló que esta nueva determinación implica un retroceso porque es:
“imparcial y violatoria de los derechos a la libertad de expresión, libre manifestación de las ideas, a la verdad, a la memoria y a la reparación integral del daño”.
Por lo tanto, no aceptarán esta medida, pues el plan original es que se coloqué el AntiMonumento que fue retirado, el 5 de junio de 2023. Pieza memorial que las autoridades dicen tener en el municipio de Poncitlán, y que se niegan a regresar argumentando que tienen falta de personal y de flota vehicular para traerlo desde ese municipio.
Foto: Mario Marlo.
Activación por la memoria y la justicia
En el acto de memoria también se dio la intervención de los macetones colocados por el Ayuntamiento de Guadalajara en la Glorieta de las y los Desaparecidos, esto porque ahí fueron se plantaron los árboles colocados por las y los compañeros de Marco, Daniel y Salomón, estudiantes desaparecidos el 19 de marzo de 2018; así como el que colocaron las y los sobredientes del 4, 5 y 6 de junio a un año del “Halconazo Tapatío”.
Salvo que al trasplantarlos ignoraron que más allá de los árboles existían piezas memoriales que dan cuenta de lo que había pasado; por ello, se acordó intervenir el espacio para recordar que estos árboles forman parte de lo que se denominó “El Jardín de la Memoria”.
Foto: Mario Marlo.
Foto: Mario Marlo.Foto: Mario Marlo.Foto: Mario Marlo.
Foto: Mario Marlo.
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Tlaxcala, Tlaxcala. En el marco del Seminario Permanente “Etnografía de Tlaxcala”, Hilario Topete Lara, Diana Karely Juárez y Patricia Portela Rodríguez, hablaron sobre diversas manifestaciones culturales inmateriales en nuestro estado, resguardadas por el Archivo de la Palabra.
El Archivo de la Palabra es un proyecto que arrancó en 2009, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Documenta audiovisualmente el patrimonio cultural inmaterial de México, es decir, las “tradiciones orales, usos rituales y festivos, conocimientos y prácticas” de las sociedades, de acuerdo con la UNESCO.
Fotografía: Centro INAH, Tlaxcala.
En 2019 el proyecto llegó a Tlaxcala, generando 189 documentos audiovisuales, con la participación de alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). En 2002 se contaba con un total de 206 documentos, disponibles para la consulta pública en el Centro INAH Tlaxcala y en el Museo de la Memoria.
Los documentos consisten en video, audio, un formato de campo utilizado por los estudiantes de la ENAH y una transcripción del documento. El Archivo es un levantamiento exhaustivo en 25 municipios y comunidades tlaxcaltecas: Altzayanca, Calpulalpan, Españita, Huamantla, etc.
En 2021, por ejemplo, el Archivo generó 33 documentos sobre la producción de Talavera en San Pablo del Monte. Producto de la documentación surgió el documental “San Pablo del Monte. El Alma de la Talavera” y la exposición fotográfica “Procesos y emociones de Talavera de San Pablo del Monte”, con el trabajo de Patricia Portela.
Fotografía: Centro INAH, Tlaxcala.
Otro de los trabajos registrados en El Rosario Ocotoxco fue el registro de la fundición de campanas de manera artesanal, realizada únicamente por 3 artesanos en la comunidad, donde está en peligro este saber.
Hilario Topete, doctor en Antropología Social por la ENAH, expuso durante su intervención que el Archivo, a pesar de que ha trabajado en 25 municipios de Tlaxcala, tiene todavía mucho trabajo por delante.
El Archivo documenta expresiones culturales en riesgo, como el registro de entrevistas realizadas a toreros. “A final de cuentas es una expresión del patrimonio cultural inmaterial de muy larga data que hay que terminar de documentar. A como corren los tiempos, puede llegar el momento en que la tauromaquia pase a ser parte de la historia”, manifestó.
Hilario Topete dice que el Archivo debe enfrentar retos como la falta de recursos, que se subsana con aliados en los estados y el interés de las comunidades, donde el concepto patrimonio cultural inmaterial es llamado «las cosas de los viejos».
El Archivo de la Palabra es de libre consulta pública. En el canal de You Tube se encuentran disponibles los documentales generados. También están disponibles físicamente en el Centro INAH Tlaxcala, ubicado en Av. Juárez no.62 y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México.
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Durante cuatro años, el gobierno de Puebla y el Congreso local destinaron al DIF Estatal 75 millones de pesos para llevar a cabo 11 acciones de la alerta de género, una asignación sin precedentes para este propósito. El organismo incumplió con su tarea y el grueso del dinero terminó en una bolsa cuyo destino final es imposible de localizar, dejando en la oscuridad a cientos de víctimas de violencia.
Por Samantha Páez, Guadalupe Juárez, Mario Galeana y Carlos Galeana
Puebla, Puebla. Alejandra* dice que esa noche tomó a sus dos hijos y salió corriendo con ellos porque la violencia de su esposo había llenado su hogar hasta el punto de no dejar espacio para nada más. El único asilo fue el departamento de su hermana, donde sus nueve habitantes se apretaron aún más para recibir a otros tres, pero eso era mejor que soportar otro día de abusos.
Meses después, contactó al Sistema Estatal DIF, el organismo de asistencia social para personas vulnerables en Puebla, y les presentó su caso: una mujer y dos niños desamparados por la violencia de género.
No se trata de una historia aislada, desde abril de 2019 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) decretó la alerta de género en 50 municipios de Puebla. Esto obligó al gobierno del estado a implementar 45 medidas urgentes de prevención, seguridad y justicia para las víctimas.
Cinco años después, las autoridades locales sólo han cumplido con una de las 45 recomendaciones y las cifras de violencia entre 2019 y 2023 no han disminuido: 49 mil 535 mujeres sufrieron violencia familiar en este periodo y 205 fueron víctimas de feminicidio, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).
El DIF fue la entidad que más recursos recibió para implementar las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Entre 2020 y 2023, al organismo le fueron asignados 75 millones de pesos en las Leyes de Egresos del Estado de Puebla para llevar a cabo 11 acciones y apoyar a las mujeres más vulnerables.
Por esa razón, una trabajadora social visitó a Alejandra después de conocer su caso, le informó que podría ser beneficiaria de un programa que entregaba apoyos monetarios a mujeres en situación de violencia, pero no le dio más detalles. “Nada más te voy a emocionar y qué tal que al final el dinero no llega”, recuerda Alejandra que le dijo.
La trabajadora del DIF tuvo razón: el dinero nunca fue entregado a las mujeres que sobrevivieron a sus agresores. Esta es la historia sobre cómo este organismo desperdició la principal inversión del gobierno del estado para contener la violencia feminicida.
La caja fuerte del DIF Estatal
Por la mañana del 10 de agosto de 2020, el gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó la primera sesión del año del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SEPASEVM). Puebla, como el resto del país, se encontraba en contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19 y el confinamiento había derivado en un récord de casos de violencia familiar.
No era el lugar más apropiado para culpar a las mujeres de la violencia de género, pero así lo expresó de todos modos: “Muchas veces las mujeres –no todas– buscan un entorno que les es riesgoso. Y como son un grupo vulnerable, acaban sufriendo las consecuencias. Hay que cuidarlas como autoridad, hay que cuidarlas como sociedad y tienen que cuidarse más las mujeres”.
El gobierno del estado y el gobierno federal financian las acciones de la alerta de género, pero cada uno de estos fondos se utiliza de manera distinta.
Matilde Pérez, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar explica que mientras los recursos federales “tienen ciertos candados para que no se puedan usar en otra cosa que no sean proyectos elegidos a través de una convocatoria nacional”, los estatales se emplean de manera flexible y discrecional.
El DIF comenzó a recibir recursos estatales para la alerta de género desde 2020, durante el mandato del gobernador Barbosa.
Otras dependencias involucradas en el cumplimiento de la alerta no fueron tan beneficiadas, como la Secretaría de Igualdad Sustantiva, encargada de diseñar la política pública para abatir violencia contra niñas y mujeres, que recibió 52 millones de pesos para 104 acciones entre 2020 a 2023.
Destacan tres de las 11 acciones encomendadas al DIF en estos dos planes:
La aplicación de un protocolo de atención integral a víctimas menores de edad directas e indirectas de violencia de género.
La publicación periódica de informes especializados sobre este fenómeno.
El acompañamiento jurídico, psicológico y médico de infancias en orfandad por feminicidio.
Sin embargo, no hay informes públicos que demuestren el cumplimiento de las acciones a su cargo, y para acceder al expediente donde se encuentran las evidencias que comprobarían la aplicación de los programas, la unidad de transparencia del DIF solicitó un pago de 144 mil 920 pesos, dos pesos por cada una de las 72 mil 480 hojas.
El dinero que nunca llegó
Hace dos años que Karla* peregrina entre oficinas de gobierno, juzgados y módulos de la fiscalía para enfrentar al padre de sus hijos y exigir una pensión alimenticia a quien la violentó. Desde finales de 2023 lo hace sin la asesoría de las trabajadoras sociales ni abogadas del DIF Estatal que alguna vez la acompañaron.
Varias veces las trabajadoras del organismo le dijeron que era candidata para recibir el apoyo económico de un programa para mujeres que habían sufrido violencia. Como Karla se mantiene elaborando juguetes por su cuenta, aquella posibilidad se convirtió en una esperanza: pensó que el dinero podría servirle para robustecer el negocio y sacar a sus hijos adelante mientras se resolvía el juicio de pensión alimentaria.
El primero, “Atención para los casos de violencia de género”, consistía en dar asesoría y contención a víctimas por parte de un grupo multidisciplinario de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas.
Mientras que el segundo, denominado “Fortalecimiento a la Mujer Poblana en Situación de Violencia”, proponía la entrega de apoyo económicos dirigidos a mujeres que necesitaban salir del círculo de violencia, mediante un soporte inicial de 25 mil pesos y un seguimiento de 5 mil pesos más durante los próximos tres meses.
Un requisito para ser beneficiaria del segundo programa es haber sido atendida antes en el de “Atención para los casos de violencia de género”.
Sin embargo, en enero de 2024, el DIF Estatal reconoció a través de una solicitud de información que no entregó ningún tipo de apoyo económico a las beneficiarias porque “no se cumplieron los requisitos”, a pesar de que atendió 388 reportes por violencia y brindó mil 172 servicios a 484 niñas y mujeres.
Los contratos de personal y de compras, entregados vía transparencia, justifican 9.1 de los 30 millones de pesos que el DIF sí ejecutó para cumplir con la alerta de género. El resto de los recursos no está comprobado.
Karla y Alejandra no recibieron un solo peso de estos apoyos, y tampoco recuerdan que el DIF les haya comunicado que no cumplían con los requisitos. De hecho, en diciembre de 2022, dos trabajadoras sociales llegaron a sus respectivos hogares solo para decirles que la posibilidad de recibir los apoyos se había esfumado.
La explicación que les dieron fue simple: por la muerte del gobernador Miguel Barbosa, ocurrida el 13 de diciembre de 2022, el programa había sido cancelado.
La alerta de género, en total oscuridad
Cuando Lucía* fue contratada como trabajadora social en el DIF Estatal, la recibieron con un voluminoso expediente que contenía información de 230 mujeres que habían sido atendidas por el organismo tras ser víctimas de violencia de género entre 2022 y 2023. Poco tardó en descubrir que, en realidad, el archivo era poco más que una recopilación inacabada de datos de mujeres de las que el DIF no sabía casi nada.
Los registros mencionaban que la mayoría había experimentado violencia psicológica, física, patrimonial y sexual, en ese orden de incidencia, aunque más de la mitad no recibió acompañamiento psicológico por razones personales. Pero no precisaban la edad del 43% de las mujeres, y la única conclusión certera en toda esa recopilación de historias es que la mayoría de los agresores habían sido parejas y ex parejas de las víctimas.
Lo que ese expediente sí señalaba es que 27 mujeres, entre ellas Alejandra y Karla, habían sido candidatas para recibir los apoyos económicos del organismo.
“Cuando las contacté, muchas decían que habían quedado de darles el apoyo, pero nadie las volvió a buscar. A otras fue imposible localizarlas, porque los expedientes estaban mal hechos, con datos incorrectos. Mis superiores me dijeron que, como no habían logrado ejercer el dinero a tiempo, lo habían regresado. Pero yo sinceramente creo que lo gastaron en otra cosa”, recuerda Lucía
El DIF Estatal no ejerció 45 de los 75 millones de pesos asignados por el Congreso de Puebla y el Ejecutivo entre 2020 y 2023, según lo indican respuestas a solicitudes de información realizadas para este reportaje. Simplemente no realizó las gestiones para solicitar el recurso para la ejecución o terminó declarándose incompetente para llevar a cabo los programas.
Este fue el caso de la construcción de un refugio de sobrevivientes de trata de personas, para el cual el Poder Legislativo le asignó 15 millones de pesos en 2023. En julio de ese mismo año, el DIF dijo que no se encontraba en posibilidades de llevarlo a cabo y nunca fue construido, según consta en un oficio.
La comisionada ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla, Eira Zago Castro, explica que, a pesar de que los organismos y dependencias poseen la facultad de reorientar su presupuesto, la omisión de cumplir con los programas que les son asignados puede constituir una responsabilidad administrativa.
“Hacer o dejar de hacer puede implicar una responsabilidad para aquellos servidores públicos. Las preguntas más importantes son cuáles son las razones para no haber ejercido ese dinero y cuáles son las causas para reasignarlo, sobre todo en un tema tan sensible como el de la alerta de género”, apunta.
Mientras que el académico José Antonio Salazar Andreu agrega que no utilizar los recursos públicos, especialmente cuando están sustentados en el programa operativo anual de cada dependencia, como ocurre con el Programa Institucional del DIF, es tan grave como contraer deuda pública.
“Si el DIF tenía ese recurso y no lo ejerció, ahí hay una responsabilidad administrativa y tendría que haber una denuncia contra el o los servidores públicos correspondientes”, detalla el director de la carrera de Gobierno de la Universidad Panamericana.
De acuerdo con un reporte presentado a finales del año pasado por el gobierno del estado, uno de los “desafíos críticos” para acatar las recomendaciones de la alerta de género ha sido el “desconocimiento generalizado” del mecanismo de la alerta de género entre los enlaces de las dependencias, instituciones y municipios involucrados. Y atribuyen la falta de resultados a la “insuficiencia de recursos”, la “lenta curva de aprendizaje” y la rotación del personal involucrado.
Miranda Carballo, politóloga del ITAM e investigadora en temas de género, cree que el problema es aún más profundo.
“Desafortunadamente, muchas veces ni siquiera las mismas instituciones tienen conocimiento del porqué se les da el dinero. No tienen un plan de trabajo, no saben muy bien qué van a hacer y usan los recursos nadie sabe bien en qué, porque ni siquiera desglosan las actividades para lo cual los usaron”, dice.
Los «electricistas» del DIF
Durante la mañana del 2 de junio de 2019, el día de las elecciones extraordinarias en las que Miguel Barbosa fue electo gobernador de Puebla, decenas de taxis y vehículos aparcaron hasta en triple fila en una colonia al sur de la capital. Mientras se realizaba una especie de pase de lista entre los choferes, en el sitio apareció la entonces diputada de Morena, Leonor Vargas Gallegos.
Era la típica escena de acarreo que precedía una jornada electoral, y quedó registrada por una cámara. Con la fotografía como prueba, el PAN denunció a Vargas ante la Fiscalía General de la República por presunta compra de votos, retención de credenciales y acarreo de votantes. Unas horas después, el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, salió en su defensa.
“Ya vi la foto, ‘ora resulta que no puede uno ni tomar un taxi. Yo les garantizo que ninguno, mucho menos alguien como la diputada Leonor Vargas, haría algo así”, dijo a la prensa.
Dos meses más tarde, instalado en el gobierno del estado, Barbosa nombró a Leonor Vargas directora del Sistema Estatal DIF.
En el transcurso de 2019 a 2022 se afianzó en el DIF una estructura política ligada a Barbosa y Biestro, quien intentó –sin éxito– convertirse en candidato a la alcaldía de Puebla en 2021.
Dulce Areli Toribio Pajaro, asistente en el Poder Legislativo, fue contratada como delegada en el DIF estatal , también en febrero de 2019.
Leonor Vargas, nombrada directora del DIF en agosto de 2019.
Griselda Leticia López Jiménez, quien dejó su cargo como coordinadora administrativa en el Congreso local para ser nombrada titular de la Unidad de Planeación y Finanzas del organismo en octubre de 2019.
En este periodo, el DIF Estatal sancionó a dos personas por faltas “no graves”, y ninguna de ellas fue Leticia López o Amayrani Rojas. La segunda, de hecho, sigue ostentando el mismo cargo directivo dentro del organismo.
En junio de 2023, Leonor Vargas y Leticia López fueron removidas de sus cargos en el organismo y, hasta el cierre de este reportaje ninguna accedió a dar su versión sobre el manejo de los recursos de la alerta de género.
La ex directora general del DIF zanjó el asunto en una entrevista telefónica: “No puedo yo dar información de una dependencia en la que ya no estoy. (El programa de la alerta) lo iniciamos nosotros, pero hay un seguimiento, ahí están todos los antecedentes, el personal que es responsable de esa área y ellos les pueden atender cualquier duda”, dijo.
Leonor Vargas aterrizó en la Secretaría del Trabajo, donde Gabriel Biestro despachó como titular desde enero de 2022 hasta febrero de 2024, tras su fallido intento por convertirse en candidato a la presidencia municipal de Puebla.
Además de ella, en la Secretaría del Trabajo también fueron recontratados:
Maribel Miguel, hija de Leonor Vargas, quien fungió primero como asistente particular de Biestro y luego fue nombrada directora General de Empleo y Participación.
Si algo les distingue es que se trata de un grupo compacto y activo: Gabriel Biestro, Leonor Vargas y la mayoría de ellos trabajan hoy en la operación política de la campaña de José Chedraui Budib, candidato de Morena a la alcaldía de Puebla.
¿Fin al gasto a discreción?
Hasta el año pasado, cada dependencia decidía cómo usar el presupuesto de la alerta debido a una ambigüedad en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Según Mónica Silva Ruiz, diputada local y ex titular del Instituto Poblano de las Mujeres, cada dependencia actuaba por separado y reportaba sus acciones a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que luego informaba a la Secretaría de Gobernación y ésta a la Conavim.
A partir de 2024, una reforma presentada por Silva asigna exclusivamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva la administración de los fondos estatales para la alerta.
Tomó casi cuatro años para que las autoridades en Puebla remendaran, al menos en teoría, este vacío jurídico. Tiempo suficiente para que la principal inversión de recursos para prevenir la violencia de género se diluyera en reasignaciones y gastos injustificados.
Mientras tanto, Alejandra y Karla siguen enfrentando a sus agresores. Lo hacen solas, con sus propios medios, pues del Estado sólo recibieron promesas.
Nota del equipo: Esta investigación comenzó en 2022, cuando una fuente reveló que ese año se habían asignado 15 millones de pesos al DIF estatal para la alerta de género. Desde entonces y hasta mayo de 2024, hemos realizado 67 solicitudes de información y revisado 74 documentos públicos, incluyendo contratos, leyes de egresos, planes de acción, convenios de colaboración, normativas institucionales, informes de resultados y oficios varios. A lo largo de este proceso, hemos constatado el gran desafío que implica el acceso a la información pública: dilaciones y contradicciones en las respuestas a las solicitudes, omisiones de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados y cobros excesivos para obtener archivos públicos. Estos obstáculos no solo dificultan las investigaciones periodísticas, sino también el ejercicio de los derechos humanos.
Agradecemos a Manatí por compartir su publicación con las audiencias tlaxcaltecas. Lee el reportaje original aquí.
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** Hay omisión y complicidad de autoridades federales.
#Oaxaca 4 Jun (#Istmopress) – Comuneras y comuneros zapotecas de Capulálpam de Méndez en los valles centrales de Oaxaca exigieron la clausura inmediata de la minera Natividad, que lleva 20 años provocando desastres ambientales en su territorio.
En conferencia de prensa, las autoridades agrarias y municipales encabezadas por el presidente municipal, Rubén Santiago Martínez y Delfino Germán Arreortua García, representante de los bienes comunales denunciaron la opacidad y complicidad de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) así como de la Secretaría de Economía por acabar con los cuerpos de agua y crear también conflictos sociales internos.
Desde el 2003, comuneras y comuneros zapotecas de Capulálpam de Méndez en los valles centrales de Oaxaca han denunciado graves afectaciones en su territorio, especialmente con los cuerpos de agua, de parte de la minera Natividad, 20 años después nada ha pasado, al contrario hay una opacidad y complicidad, señalaron.
Lamentaron que sus denuncias y quejas constantes no han tenido efecto, a pesar que la Sierra Juárez, uno de los ecosistemas más importantes de la zona de los valles centrales, tenga impacto ambiental por la operación de la minera.
Durante la denuncia pública, las autoridades municipales y agrarias señalaron que hay 13 acuíferos que han sufrido grandes consecuencias y están a punto de desaparecer por la operación minera, pues hay filtración de aguas contaminantes a su territorio.
También por la extracción masiva de sus minerales, hay una contaminación de suelos y fuentes de agua con desechos de la minera, un ejemplo, las tres presas de jales derrumbadas en 2010, con toneladas de desechos tóxicos y que afectaron directamente al río de Capulálpam.
Dijeron que por su cercanía al río, las presas continúan derrumbadas, con sus derechos y desperdicios que contaminan a todas y todos lo que viven en ese territorio.
El comisariado de bienes comunales destacó que los compuestos químicos que usan por la extracción minera no son biodegradables y causan efectos dañinos como cáncer y enfermedades del riñón.
Lamentó que las tierras agrarias y de uso común estén contaminadas con presencia de plomo, arsénico y cadmio.
Enfatizó que hay instalaciones de la minera Natividad que emiten contaminantes en todo el territorio, y lo más aún el río grande que cruza la Sierra Juárez, y que está contaminado.
“Entre 2002 y 2005, tres mineras – Natividad, Canadiense Continuum Resources y arco Exploraciones, elaboraron un nuevo programa de inversiones en exploraciones y extracciones minerales, hacia la zona norte donde hay una cuenca, y donde Calpulálpam tiene su ultima reserva de agua para consumo humano”, señaló el representante agrario.
Dijeron que lo urgente es cerrarla o clausurarla, porque las mineras, además de la Zapoteca, la Cuzcatlán solo han contaminado sus territorios, ante la absoluta impunidad.
“Exigimos el cierre inmediato, no es posible que las autoridades aprueben el desastre ambiental que sigue y de no hacerlo, accionaremos para salvaguardar nuestros derechos”, concluyeron.
Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress
Fotos Educa AC
Esta publicación es posible gracias a la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Consulta la nota originalaquí.
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A pesar de que la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, se dijo estar satisfecha con las elecciones del pasado 2 de junio, pobladores de diversos municipios de Tlaxcala se han manifestado para evidenciar irregularidades.
Tlaxcala, Tlax. Después de la publicación de los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para los comicios de 2024, ciudadanos y dirigentes de partidos en Huamantla y Sanctorum han llevado a cabo manifestaciones violentas por inconformidad.
Militantes de MORENA en Huamantla exigen recuento de votos
De acuerdo a los datos arrojados por el PREP, la alcaldía de Huamantla fue ganada por Juan Salvador Santos Cedillo con un 23% del total de los votos.
Dicha situación causó revuelo en el conteo final llevado a cabo este día en el Consejo Municipal de Huamantla, donde simpatizantes Carlos Pimentel, candidato de MORENA, se manifestaron para exigir el recuento de los votos.
Al lugar llegaron granaderos de la policía estatal y hubo forcejeos entre las entidades policiacas y civiles, impidiendo el trabajo de comunicadores que se dieron cita para cobertura.
Imagen: Cristihan Martínez / Nierika Images
Renuncia consejera municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas
Asimismo, en el municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, simpatizantes de Franz Israel García de la coalición PAN – PRI, se manifestaron ante la victoria del candidato de Nueva Alianza, Iván Alejandro Alemán Juárez, quien obtuvo el 31.5% del total de votos.
De acuerdo con los pobladores, hay irregularidades debido a que el número de votos no coinciden con el padrón electoral. Asimismo, refirieron que «por amenazas» la consejera presidenta renunció al cargo.
Imagen proporcionada por pobladores de Sanctórum
Con información del ITE, la sustitución de la consejera presidente obedece a que presentó su renuncia este mismo miércoles 5 de junio. Sin embargo, en el boletín informativo que expidió este organismo, no se aclara llos motivos de la renuncia.
A pesar de que no han incurrido a golpes, miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran a fuera del Consejo Municipal de Sanctorum, tras el rumor de que militantes de Nueva Alianza amenazaron con quemar las urnas.
Pobladores de Panotla denuncian falta de boletas para elegir presidente de comunidad
Este día, pobladores de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Panotla, se dieron cita alrededor de las 2 de la tarde en el Consejo Municipal para evidenciar las diversas irregularidades en la elección de presidente de comunidad.
Siguiendo la información que nos hacen llegar manifestantes a Escenario Tlaxcala, el pasado domingo 2 de junio de 4 a 5 de la tarde, se terminaron las boletas para elegir presidente de comunidad, situación que mantuvo en espera a algunos pobladores que llegaron a efectuar su voto.
Recalcaron que fue a las 5 de la tarde cuando se reanudaron las elecciones, bajo la premisa de que habían llegado más boletas, lo que causó la incertidumbre de la población.
A pesar de ello, Horacio Flores Flores, candidato de Morena, se llevó la victoria de la comunidad de Emiliano Zapata con tan solo tres votos de diferencia.
Sin embargo, acusan que tanto Horacio como el candidato de Movimiento Ciudadano, Serafín Zempoalteca, estaban empatados. Sin embargo, en el conteó público de votos, ganó Morena.
Al termino de esta nota, se encuentran congregados en la zona para exigir que se abran las urnas y se vuelvan a contar los votos.
Recuento de votos por irregularidades en elección en Contla
Debido a supuestas irregularidades por parte del candidato a la diputación local de MORENA, David Martínez, y a una diferencia de solo 100 votos con Eddy Roldán del PT, se acordó un recuento de votos este miércoles a las 9:00 hrs en el Consejo Distrital de Contla, informó Montserrat Padilla Castañeda, presidenta del Consejo Distrital 08.
A pesar que se denunció irregularidades durante el proceso electoral, el conteo final favoreció al candidato de MORENA, quien obtuvo el 29.8% del total de votos.
Chiautempan
Tras los diversos levantamientos que ha habido, militantes de Morena en Chiautempan, han acudido al Consejo Municipal para defender el voto en la reelección de la candidata Blanca Estela Ángulo Meneses, quien obtuvo la presidencia con un 23.7% de votos.
Este hecho causó molestias entre los pobladores de Chiautempan, quienes acusaron que fueron los mismos trabajadores del Ayuntamiento los encargados de vigilar este proceso, dejando sin personal la Presidencia Municipal.
Al realizar el conteo rápido de votos, se ratificó su victoria.
La información continúa en desarrollo, permanezca al pendiente.
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Según el Fiscal General del Estado, César Jáuregui, están pendientes de recibir la autorización del gobierno norteamericano para procesar a Duarte por otras 18 causas penales, sin embargo, solo es juzgado por una. La otra causa, por la cual fue vinculado a proceso en agosto del 2023, quedó sin efecto por orden de tribunales federales.
Por Jaime Armendáriz / Raíchali
Chihuahua.- Mientras el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, se encuentra en un hospital privado tras una intervención quirúrgica, el Tribunal Superior de Justicia dio por terminada la medida cautelar de prisión preventiva que tenía desde hace 2 años, por lo cual ya no volvería al Centro de Readaptación Social (CERESO) tras ser dado de alta.
La prisión preventiva es la única causa penal por la que es procesado actualmente, sin embargo, deberá volver a audiencia una vez que finalice su hospitalización para establecer con cuál medida continuará el juicio, en el que se le acusa de peculado agravado y asociación delictuosa durante su gobierno (2010-2016), por el desvío de 96 millones de pesos.
El vencimiento de la prisión preventiva obedece a que se cumplieron los 2 años que establece la ley para que una persona esté detenida llevando un proceso penal. En este caso, aunque el proceso sigue, Duarte ya no estaría sujeto a estar en el centro penitenciario.
El oficio del término de la prisión preventiva fue filtrado a algunos medios de comunicación locales en Chihuahua, principales beneficiarios del recurso público durante el gobierno de Duarte y a los cuales han acudido constantemente los abogados del exmandatario para litigar y defender mediáticamente al exgobernador.
En el oficio que publican, firmado por Hortensia García Rodríguez, jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, con cabecera en Chihuahua capital, dice: “…se ordena a la autoridad penitenciaria dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre César Horacio Duarte Jáquez, a partir del cinco de junio de dos mil veinticuatro”.
“…es decir, si en esa fecha aún se encontrara el señor Duarte Jáquez dentro de la institución de salud atendiendo su padecimiento, al momento de ser dado de alta no deberá regresar al centro de reinserción social, pues la medida cautelar de prisión preventiva a partir de la fecha ya señalada debe ser levantada”, continúa el escrito.
El actual proceso por el que es juzgado está en una etapa casi terminal, ya que están a la espera de presentarlo a juicio con pruebas testimoniales y documentales.
¿Y ya, queda en libertad?
Duarte Jáquez había sido vinculado a proceso en agosto del 2023 por una nueva causa penal pero, mediante amparos en instancias federales, se libró de ese proceso. No obstante, según el Fiscal General del Estado (FGE), César Jáuregui Moreno, existen otras 18 causas penales pendientes en contra del exgobernador, pero aun no se las han fincado.
En la segunda causa por la cual había sido sujeto, Duarte encolerizó y echó de cabeza a quien fue su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, así como al propio Jáuregui, hoy titular de la Fiscalía.
Esto pasó en ese entonces:
Pero en febrero de este 2024, los juzgados federales dejaron sin efecto esa causa al considerar que se habían violentado los derechos del exmandatario.
Al darse a conocer el cambio de medida cautelar, Jáuregui emitió varias declaraciones este miércoles 5 de junio y dijo que el proceso de Duarte continúa.
“Sigue con todas las causas pendientes esperando únicamente la autorización del gobierno norteamericano, para aplicar el principio de excepción y ser juzgado por la causa diversa a la de la extradición”, detalló César Jauregui.
Esa explicación se refiere a que la autoridad norteamericana debe autorizarle al gobierno de Chihuahua el inicio de los otros procesos penales, ya que la autoridad local no podría hacerlo sin ese aval, debido a que una persona extraditada solo puede ser juzgada por el delito por el cual se le aplicó el envío a su país de origen.
“La Fiscalía tiene la total y absoluta convicción de que se van a obtener sentencias condenatorias, ya que los expedientes están perfectamente integrados y el ex gobernante enfrentará la justicia con una sentencia ejemplar determinada por los jueces y que incluirá sin duda la reparación del daño al patrimonio de la gente de chihuahua”, indicó el fiscal en un comunicado de prensa.
Acerca del documento girado por la jueza de Control, Jáuregui señaló que solo fue para notificar del el vencimiento de los dos años sobre los cuales se establece que una persona puede estar sujeta a prisión preventiva dentro de un juicio que se le sigue por una causa penal.
“Lo que el juez de ejecución hace es decirle al CERESO que ha precluido ese término y en consecuencia se necesita fijar otro tipo de medida cautelar. En estos momentos el exgobernador está hospitalizado y no se puede desarrollar una audiencia en donde él no se encuentre presente”, añadió.
Abundó en que esto no quiere decir que al cambiar la medida cautelar cambie la situación jurídica del imputado, ya que él continúa sujeto a proceso y sus bienes asegurados por la Fiscalía para garantizar la reparación del daño, en caso de que la resolución de los jueces sean en su contra.
“…hay que destacar que ningún juicio nos ha podido ganar; él hizo todo lo posible por salir antes de este caso, se hicieron 4 o 5 audiencias donde se solicitó el cambio de medida antes de estos 2 años. Ninguno le fue concedido. Solo se habla de cambio de medida cautelar que lo sigue sujetando a proceso y en espera de una sentencia”, precisó.
Jáuregui Moreno, al igual que la gobernadora María Eugenia Campos Galván fueron señalados por estar en la nómina secreta de Duarte Jáquez, con la cual habría pagado a políticos, periodistas, empresarios y demás, para crear un círculo de corrupción y poder tener a todas esas personas de su lado. Pero al llegar al poder, esas acusaciones se dejaron de lado.
Esta publicación es posible gracias a la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Consulta la nota original aquí.
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Escenario Tlaxcala extiende esta invitación que nos hace Movimiento Social Tlaxcalteca para unirnos a la jornada de restauración-reforestación del próximo 8 de junio.
Punto de reunión:7: 30 am en la Iglesia de Santiago Tepeticpac.
Buscamos a Juan Carlos Hernández López, doctorante en procesos económicos por la BUAP y activista social, para que nos contara más sobre esta actividad.
¿Qué es el Movimiento Solidario Tlaxcalteca?
Nosotros somos el colectivo Movimiento Solidario Tlaxcalteca, trabajamos desde hace cuatro años en la zona de San Juan Totolac, Tlaxcala Centro, San Pablo Apetatitlán, Panotla y Chiautempan.
Somos una plataforma de participación social, trabajamos en dos ejes principales: economía solidaria y cultura del agua. Esto esponde a dos problemáticas: distribución de la riqueza y el problema ambiental.
Economía solidaria es una propuesta para distribuir la riqueza de una forma más equitativa. Hacer una economía que priorice la vida por encima de la ganancia. No renunciar a la ganancia, pero lo principal es la vida.
Cultura del agua tiene que ver con la reforestación. Estuvimos trabajando más de seis años en la montaña, con apoyo a las reforestaciones. Trabajamos en el programa de desazolve de la Laguna de Acuitlapilco.
Por su parte, “Ejército reforestador” es un conjunto de vecinos que toman conciencia para paliar problemáticas ambientales. Hemos trabajado en La Malinche, ahora nuestro trabajo es en los cerros de Tepeticpac y Totolac.
El año pasado plantamos más de dos mil árboles- sabinos y ocotes- en el bosque de Tepeticpac. Trabajamos con instituciones como el Colegio de Tlaxcala, la Universidad Intercultural, el municipio de Totolac, y con otros colectivos como Patos Verde, UPCO, Canatlax y mujeres canabicas, además de Pobladores Unidos Matlalcuéyetl.
¿Por qué restaurar con magueyes?
El maguey aporta retención del suelo, acopia agua y capta dióxido de carbono, además de brindar servicios ambientales.
La empresa Grupo Pulmex, originaria de Nanacamilpa, donó 25 magueyes. Durante la próxima jornada del 8 de junio calculamos que puedan participar entre 200 o 250 personas.
Ese día se explicará qué es una restauración y por qué elegimos magueyes. Sembrar magueyes tienen un sentido. La alineación de los magueyes permite formar barreras- metepantles-, y la orientación tienen un fin de manejo, ya que en el momento en que están ordenados podemos acceder a sus servicios.
Invitación
Invitamos a la población para que nos acompañen y podamos sociabilizar el conocimiento. Es fácil ayudar. El mejor tiempo para sembrar un árbol es hoy. Tenemos una crisis ambiental visible. La Laguna y la montaña se están degradando, debemos tomar manos a la obra entre todos.
Fotografías: cortesía de Movimiento Solidario Tlaxcalteca
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El rainbow washing o lavado arcoíris es como se conoce al uso de los símbolos identitarios de la comunidad LGBTIAQ+ para posicionar una marca como «respetuosa» o «amiga» de esta población. Sin embargo, son muchos los cuestionamientos que existen sobre el uso indiscriminado de la bandera arcoíris, en particular porque cuando se trata de defender los derechos de las personas LGBTIAQ+ las marcas que los enarbolan brillan por su ausencia.
En 2023 tuvo lugar una controversia protagonizada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien criticó a la empresa de bebidas alcohólicas AB InBev por hacer publicidad de su producto Bud Light usando la imagen de la activista transgénero Dylan Mulvaney. Como consecuencia, grupos de ultraderecha, antiderechos y transfóbicos, llamaron a hacer un boicot de la marca. Esto llevó a que, para agosto de ese año, AB InBev reportara una caída del 10% en sus ingresos y a que la empresa decidiera modificar su estrategia de mercadeo que incluyó retirar la publicidad con Mulvaney.
DeSantis —quien fue elegido en 2019— hace parte de una ola de políticos republicanos estadounidenses que, tras la presidencia de Donald Trump, han extremado sus posiciones en lo que llaman la batalla cultural. Desde el inicio de su periodo, DeSantis ha llevado una agenda ultraconservadora que incluye la restricción de las libertades sexuales y reproductivas: la persecución de las personas transgénero, la condena a la interrupción voluntaria del embarazo, al igual que la prohibición de libros en las escuelas públicas que hablen sobre justicia racial, historia afroamericana, Cuba, personas LGBTIAQ+ y derechos reproductivos.
De acuerdo con el informe financiero del segundo trimestre de 2023 publicado por la empresa AB InBev —dueña de marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois—, la publicidad de Bud Light debe enfocarse en la cerveza como producto, así como evitar los «debates» y concentrarse en contenidos que sean populares entre sus consumidores como el fútbol americano o la música1.
Así, el retiro de la publicidad protagonizada por Mulvaney —que como lo señaló el informe compartido con sus inversionistas apela a los ingresos de la compañía y no a lo que representa ella como activista— fue el último de varios casos en los que el apoyo de las grandes empresas de bebidas alcohólicas a la comunidad LGBTIAQ+ está supeditado a las ganancias, más que a un respaldo sincero y real a las causas de esta población.
Más que un trago
En 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado en el que advirtió que, de acuerdo con estudios recientes publicados en la revista médica británica The Lancet, no existen niveles de consumo de alcohol 100% seguros para la salud2. De acuerdo con esta investigación de la OMS, incluso el consumo de niveles bajos de alcohol se asocia con un mayor riesgo de desarrollo de cáncer. Por esto, dicho organismo internacional y otras entidades de salud pública como el Centro Canadiense de Consumo de Sustancias y Adicción3 ya no hablan de «consumo nocivo»o «consumo problemático» de alcohol, sino que se refieren a «los riesgos asociados con el consumo de alcohol», que incluyen enfermedad cardiovascular, padecimientos del hígado, riesgo de cáncer y comportamientos violentos y agresivos4.
Varios estudios realizados en Estados Unidos y el Reino Unido han demostrado que las personas que se identifican como LGBTIAQ+ tienen mayor consumo de bebidas alcohólicas, exponiéndoles a mayores riesgos asociados a su ingesta, en comparación con quienes se identifican como heterosexuales5. Se ha detectado que factores como la falsa creencia —posicionada por la industria— de que el alcohol es un producto que puede aliviar el estrés o que genera alegría, puede estimular su uso buscando con ello afrontar el rechazo social, así como condiciones de salud mental. Es decir, la idea —infundada— de que las bebidas alcohólicas traen consigo felicidad puede empujar a que integrantes de esta población históricamente estigmatizada encuentren un escape en su consumo.
LGBTIAQ+: vulnerabilidad y aislamiento
La estigmatización de las personas LGBTIAQ+ es uno de los factores que podría explicar este mayor consumo de bebidas alcohólicas. El rechazo social al que se enfrentan buena parte de quienes se identifican dentro de esta población —que pueden incluir el abandono por parte de familiares y amistades y llevar a la pérdida de sus comunidades afectivas y de cuidado— exponen a las personas LGBTIAQ+ a angustia emocional y psicológica, así como a casos de violencia y maltrato físico por parte de personas allegadas. Además, a lo anterior se suma la falta de políticas públicas especialmente dirigidas a proteger y enfrentar desafíos específicos de las personas LGBTIAQ+ —como la escasa legislación efectiva que busque protegerles de la discriminación y acoso en el trabajo y espacios públicos, al igual que la dificultad para acceder a procedimientos que garanticen sus derechos como el acceso a atención de reafirmación de género, el reconocimiento de sus lazos familiares, la educación sexual integral, entre otras—.
Asimismo, el surgimiento de políticos ultraconservadores que promueven la discriminación contra la población LGBTIAQ+ —y que buscan echar para atrás los logros de esta población a nivel de reconocimiento de derechos—, también contribuyen a su estigmatización, aislamiento y abandono social.
Vale destacar el caso de DeSantis, quien instauró la Ley «No digas gay» (Don’t Say Gay) en la que se prohíbe la discusión de temas de orientación sexual e identidad de género en las escuelas —en el estado de Florida, EE.UU—.
A él también se debe la creación de políticas que buscan incentivar a que profesores delaten a sus estudiantes ante sus padres, madres y cuidadores cuando sospechen sobre la orientación sexual o identidad de género, exponiéndoles a posible violencia física y emocional en los entornos familiares más conservadores6.
«Pa’ qué encajar si naciste pa´ sobresalir», cartel en la marcha del orgullo LGTBIAQ+ en CDMX. Foto Filemón Alonso Miranda
La persecución de personas LGBTIAQ+ no es exclusiva del estado de la Florida, de hecho, ha crecido en Estados Unidos, en distintos países de América latina y en otros lugares como Rusia y Polonia. Este aumento en la hostilidad y discriminación contra dicha población, les expone a un mayor consumo de alcohol, como una forma de escapismo al rechazo social y la desprotección estatal7.
Espacios seguros, realidad insegura
Además de estas condiciones sociales apremiantes, poco se habla del rol que cumplen las grandes empresas de bebidas alcohólicas que, mediante sus estrategias de mercadeo dirigidas hacia la comunidad LGBTIAQ+, se presentan como sus aliadas. En las publicidades se puede ver cómo normalizan el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares que son considerados «espacios seguros» para personas LGBTIAQ+, como bares o marchas del orgullo.
Los llamados «espacios seguros» son ambientes en los que las personas LGBTIAQ+ se encuentran expuestas a una enorme cantidad de publicidad e información sobre los auspiciantes. Allí, las empresas de bebidas alcohólicas —AB InBev entre ellas—, muestran el consumo de alcohol como parte esencial del disfrute de estos espacios seguros y —quizás es lo más grave— como uno de los elementos necesarios para que las personas expresen con tranquilidad la orientación sexual o identidad de género.
La publicidad de bebidas alcohólicas en «espacios seguros» es abrumadora. Basta ponerle un poco de atención y compararlos con lugares equivalentes para público abierto y la diferencia sale a flote. Por ejemplo, en los bares LGBTIAQ+ es común encontrar botellas de bebidas alcohólicas con la bandera arcoíris —identificador LGTBIAQ+ desde 1978—, también es frecuente que los licores saborizados sean más visibles o tengan mayor publicidad que la que tendrían en un espacio que no se dirige específicamente a la población LGBTIAQ+, pues son productos que se consideran más populares dentro de esta población. De igual manera, las grandes empresas de bebidas alcohólicas aprovechan eventos o contenido consumido por la comunidad LGBTIAQ+ para hacer publicidad masiva dirigida, como fue el caso de las primeras temporadas del reality show Rupaul’s Drag Race, que contaba con el patrocinio de Absolut Vodka.
Si el alcohol se promociona como el elemento que permite desinhibir a las personas para que expresen su orientación sexual o identidad de género, resulta sencillo entender por qué el consumo excesivo de bebidas alcohólicas más que aceptado —que lo es en el mundo occidental— se haya naturalizado al nivel descrito anteriormente en la escena comercial LGBTIAQ+. Además, convierte al consumo excesivo de bebidas alcohólicas en parte de un «rito de iniciación» dentro de la vida social LGBTIAQ+8.
Rainbow washing: lavado arcoíris
Sin embargo, el apoyo a la población LGBTIAQ+ por parte de las empresas de bebidas alcohólicas es problemático y deja muchas preguntas.
Si las empresas de bebidas alcohólicas realmente están preocupadas por los derechos y el bienestar de las personas LGBTIAQ+, ¿por qué mantienen estrategias de mercadeo dirigidas a esta población que presenta los mayores índices de consumo de bebidas alcohólicas? ¿Por qué dirigen su pauta a personas que —de acuerdo con estudios— están en mayor riesgo de padecer problemas y enfermedades relacionadas con su consumo? Son las leyes del mercado, contestarán…
Las, los y les activistas LGBTIAQ+, como quienes nos identificamos como parte de esta población, tenemos que comenzar a cuestionar la relación que hay entre el consumo de bebidas alcohólicas y los problemas de salud mental y física de las personas LGBTIAQ+. También debemos reflexionar sobre cuál es el rol que deben cumplir estas empresas y sus estrategias de mercadeo en nuestros espacios seguros, así como en eventos, anaqueles de supermercados y las apropiaciones de nuestros símbolos —como la bandera arcoíris— durante el mes del orgullo.
¿Deben las marchas del orgullo y las organizaciones de derechos LGBTIAQ+ continuar aceptando fondos y patrocinios de las empresas de bebidas alcohólicas, sabiendo las consecuencias para la salud —física y emocional— de quienes integramos la comunidad?, ¿Debe la población LGBTIAQ+ seguir validando la apropiación de nuestros símbolos y eventos?
En este sentido, el caso de AB InBev con Dylan Mulvaney dejó en evidencia que para las empresas de bebidas alcohólicas está clara su relación con la comunidad LGBTIAQ+: para ellas, el supuesto apoyo mediante el mercadeo se mantendrá mientras les sea lucrativo. Porque —como lo demostró este caso—, una vez su publicidad y patrocinio dirigido a la población LGBTIAQ+ les representa pérdidas, dejan de ser nuestros aliados. De nuevo, las leyes del mercado.
El caso de Mulvaney es uno de múltiples ejemplos que se dan alrededor del mundo. ¿O sorprende que las empresas de bebidas alcohólicas eviten hacer sus campañas de supuesto apoyo a la comunidad LGBTIAQ+ en países donde las personas diversas son más estigmatizadas o marginadas? ¿Dónde está el apoyo de estas empresas por la comunidad LGBTIAQ+ en países como Rusia, Hungría, Uganda o Egipto?
Cada vez más y más empresas están aprovechándose de las conquistas sociales de la población LGBTIAQ+, para mostrarse como nuestras aliadas. Es rainbow washing —lavado arcoíris— en el sentido más literal de la expresión. Como personas que nos identificamos LGBTIAQ+ es nuestro deber entender que por más arcoíris que tengan las imágenes de las botellas de vodka o cerveza, estos productos hacen parte de un problema de salud pública que nos afecta especialmente. Y que, aunque las empresas digan que se preocupan por nuestros derechos, lo único que les interesa son sus ingresos y no nos defenderán cuando los gobiernos de turno busquen perseguirnos más. No podemos seguir cayendo en el rainbow washing de empresas que se muestran lgtbiaq+ friendly, ¡tenemos que tener sentido crítico frente a la publicidad de bebidas alcohólicas que nos utilizan! También tenemos que repensar la relación del activismo LGBTIAQ+ con estas empresas, así como exigir medidas que controlen la publicidad dirigida hacia nosotres.
Anderson BO, Berdzuli N, Ilbawi A, Kestel D, Kluge HP, Krech R, Mikkelsen B, Neufeld M, Poznyak V, Rekve D, Slama S, Tello J, Ferreira-Borges C. Health and cancer risks associated with low levels of alcohol consumption. Lancet Public Health. Enero de 2023;8(1):e6-e7.
doi: 10.1016/S2468-2667(22)00317-6. PMID: 36603913. ↩︎
Paradis, C., Butt, P., Shield, K., Poole, N., Wells, S., Naimi, T., Sherk, A., & the Low-Risk Alcohol Drinking Guidelines Scientific Expert Panels. Enero (2023). Canada’s Guidance on Alcohol and Health: Final Report. Ottawa, Ont.: Canadian Centre on Substance Use and Addiction. Disponible en inglés aquí.↩︎
Movendi. Canada’s Guidance on Alcohol and Health: Final Report. 18 de enero de 2023. Disponible en inglés aquí.↩︎
Emslie, C., Lennox, J. and Ireland, L. The role of alcohol in identity construction among LGBT people: a qualitative study. Sociol Health Illn, 39: 1465-1479. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12605↩︎
Human Rights Campaign. Gov. DeSantis Signs Slate of Extreme Anti-LGBTQ+ Bills, Enacting a Record-Shattering Number of Discriminatory Measures Into Law. 17 de mayo de 2023. Disponible en inglés aquí↩︎
Silvia Blanco y Andrea García Baroja. Una ofensiva en todo el mundo contra los derechos de las personas LGTBI. 27 de junio de 2023. ↩︎
Op. Cit. Emslie, C., Lennox, J. and Ireland, L. ↩︎
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Foto: Mario Marlo.
