• Pensiones del 100%; sin un diseño financiero adecuado, podría comprometer la estabilidad financiera del Gobierno.

Tlaxcala, Tlax. La problemática de las Pensiones Civiles en el Estado de Tlaxcala ha persistido a lo largo de las décadas. El origen del conflicto se remonta a finales de los años 80, cuando miembros del consejo directivo desviaron las reservas destinadas a cubrir servicios médicos y pensiones para la burocracia local.

En 1948, los trabajadores al servicio del Estado establecieron una caja de ahorros para protección social. Sin embargo, fue en el sexenio de Emilio Sánchez Piedras cuando se aprobó la primera Ley de Pensiones Civiles del Estado. Durante este periodo, el capital de pensiones creció espectacularmente, pero la falta de pago de préstamos personales y créditos hipotecarios por parte de los trabajadores marcó el comienzo de la crisis.

Por lo que, la situación empeoró con la falta de fondos descubierta en 1998, culminando en la declaración de quiebra en 2012. Gobiernos de oposición utilizaron las finanzas públicas para obtener recursos a cambio de apoyo político, trasladando el problema hasta la reforma de la ley en 2012. Sin embargo, la situación actual muestra una vez más a Pensiones Civiles en crisis.

Asimismo, el Consejo Directivo, compuesto por representantes gubernamentales y sindicales, ha sido parte del problema. Durante el mandato de Álvarez Lima, se asociaron con fraccionadores, descapitalizando aún más la institución. La llegada del PRD, con Alfonso Sánchez Anaya reveló la verdadera dimensión de la quiebra.

Durante el sexenio del PAN, la institución se sumió en una profunda crisis, comprometiendo su patrimonio para cubrir créditos puente. La solución en la condonación de deudas por parte del gobierno, no resolvió el problema de fondo. La falta de ingresos para cumplir con obligaciones llevó a la venta de propiedades y la falta de un inventario detallado complicó aún más la situación.

El retorno del PRI al poder transformó Pensiones Civiles en una dependencia del gobierno estatal. Estudios actuariales revelaron un déficit considerable, llevando a la declaración de quiebra técnica en 2012. Desde entonces, el presupuesto estatal ha inyectado millones de pesos anuales para mantener a flote la institución.

En los últimos años, los problemas de pago a pensionados y jubilados han resurgido y la administración de Lorena Cuellar subrogó los servicios médicos, generando nuevas tensiones.

Regresar a las pensiones del 100 % es insostenible y vacía de soluciones a largo plazo

Un artículo periodístico escrito por Jorge Cano y Carlos Vázquez de México Evalúa para el medio Animal político, plantea que el Gobierno Federal está planteando una jugada riesgosa al anunciar el paquete de iniciativas de reforma constitucional del 5 de febrero, con el objetivo de garantizar pensiones del 100 % del salario para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Aunque la aspiración de asegurar pensiones del 100% adecuadas para la población jubilada es loable, la propuesta carece de viabilidad financiera y podría tener repercusiones negativas en la estabilidad fiscal y en la disponibilidad de recursos para otros sectores prioritarios.

El costo inasumible

El gasto en pensiones proyectado para 2024 ya muestra un crecimiento del 2.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con 2018, mientras que los ingresos totales solo aumentarán un modesto 0.2%. Esta discrepancia plantea desafíos significativos, especialmente ante las proyecciones de envejecimiento de la población. En este contexto, la promesa de regresar a pensiones del 100% sin presentar opciones de financiamiento efectivas podría convertirse en algo insostenible para las finanzas públicas.

El cambio de paradigma en las pensiones

La propuesta del presidente López Obrador busca revertir el sistema actual, donde la tasa neta de reparto (proporción del pago de pensión respecto al último salario) se estima en un 62.4 % en 2065, alineándose con el promedio de las economías desarrolladas (OCDE, 2023).

Sin embargo, el cambio en las dinámicas demográficas y la menor tasa de natalidad llevaron a la transición hacia un sistema de contribución definida, donde las pensiones se financian con los ahorros acumulados por los trabajadores.

Dificultades en la sostenibilidad con pensiones del 100%

El modelo de reparto, aunque anteriormente viable, se volvió insostenible con el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad. La proporción de jubilados frente a los trabajadores en activo aumenta considerablemente, lo que hace inviable financiar pensiones del 100% con cargas impositivas excesivas o desviar la mayoría de los impuestos al pago de pensiones, afectando otros sectores esenciales como: salud, educación y seguridad.

El desafío de las contribuciones individuales

Actualmente, el sistema de pensiones se basa en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), donde el trabajador contribuye a su cuenta individual. La reforma de 2020 aumentó las aportaciones, pero puso una mayor carga en los empleadores sin un esfuerzo compartido con los mismos. Para mejorar las pensiones futuras, es crucial revisar y ajustar las proporciones de las aportaciones a las Afores.

Impacto fiscal y perspectivas futuras

Si bien es posible mejorar las pensiones mediante un aumento de las aportaciones gubernamentales a las cuentas individuales, esto conllevaría un impacto fiscal significativo. La prioridad actual en el gasto de pensiones se ha centrado en aspectos asistenciales, descuidando la capitalización de las Afores y dejando preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo.

Urge un enfoque realista y efectivo

A medida que la población envejece, el sistema de pensiones mexicano enfrenta retos significativos. Es necesario abordar este tema con estrategias realistas y efectivas, considerando el equilibrio entre garantizar pensiones adecuadas y la sostenibilidad financiera del país.

La propuesta de regresar a pensiones del 100% sin un plan financiero sólido podría tener consecuencias catastróficas para el presupuesto público, afectando negativamente a generaciones futuras.

El retorno a las pensiones del 100% del salario se presenta como una promesa vacía que, de implementarse sin un diseño financiero adecuado, podría comprometer la estabilidad financiera del Gobierno, aumentar la carga fiscal para generaciones futuras y limitar los recursos para otras áreas prioritarias. La necesidad de una estrategia realista y efectiva es urgente para enfrentar los desafíos crecientes del sistema de pensiones en México.