Tlaxcala, Tlax.- Elia Almanza, Daniel Rosas y Victor Hugo Figueroa, periodistas e integrantes del medio independiente Luciérnaga Docs, realizaron el documental El caso Tlaxcala: la fabricación de los “Kempes”, una investigación que reconstruye los hechos ocurridos hace 24 años, cuando seis personas fueron detenidas arbitrariamente y acusadas de integrar una banda de secuestradores conocida como “Los Kempes”.
Este día, el equipo editorial de Escenario Tlaxcala entrevistó a los periodistas, quienes explicaron que la investigación documental se centra en la fabricación de culpables, la tortura y el encarcelamiento arbitrario durante el periodo en que Genaro García Luna estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), entre 2001 y 2005.
La producción documenta las violaciones a los derechos humanos cometidas durante este proceso y cuestiona las prácticas institucionales que, de acuerdo con los periodistas, recurrieron a la fabricación de “chivos expiatorios” para presentar resultados en el combate al secuestro.
Los periodistas sostienen que, mediante un periodismo independiente y con enfoque en derechos humanos, buscan sustituir el «morbo» por recursos sonoros y narrativos éticos, así como preservar la memoria histórica y exigir que se investigue a los funcionarios involucrados, con el propósito de contribuir a la reparación de las violaciones cometidas.
La fabricación sistemática de los “chivos expiatorios”
“Se trataba de un patrón y de un tema sistemático que era la fabricación de culpables a través de la fabricación de delitos (…) para mostrar resultados en el combate contra el secuestro se tomaban chivos expiatorios”. Elia Almanza, periodista e integrante de Luciérnaga Docs.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, Elia Almanza y Daniel, periodistas mexicanos, compartieron que el caso de “Los Kempes” no fue un hecho aislado ni un error institucional, sino parte de una práctica sistemática. Los hechos ocurrieron en agosto de 2002, durante el periodo en que Genaro García Luna encabezaba la Agencia Federal de Investigación (AFI), mientras que Luis Cárdenas Palomino se desempeñaba como director general de Investigación Policial de dicha institución.
El documental El caso Tlaxcala: la fabricación de los “Kempes” reconstruye la historia de seis personas detenidas en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por autoridades ministeriales de Tlaxcala. Posteriormente, fueron trasladadas a territorio tlaxcalteca y presentadas como integrantes de una banda de secuestradores. El caso derivó en un proceso judicial marcado por irregularidades que se prolongó durante 24 años.
De las seis personas detenidas, una falleció durante su estancia en prisión, mientras que otras dos recuperaron su libertad después de ocho meses y 15 años, respectivamente. Las tres restantes permanecieron privadas de su libertad hasta que, mediante una resolución judicial, fueron absueltas y liberadas días antes de la presentación del documental.
Por su parte, Daniel Rosas señaló que la detención estuvo plagada de inconsistencias. Entre ellas, relató el caso de un menor de 10 años a quien las autoridades señalaban como presunto secuestrador. Sin embargo, al percatarse de su edad, los policías detuvieron a su hermano mayor en su lugar. Al respecto, el periodista cuestionó las condiciones del sistema penitenciario y sus consecuencias para las familias:
“Las cárceles siguen siendo ese escenario de delitos, en lugar de tener una labor de reinserción social (…) las familias además se desmoronan por este tipo de injusticia”.
Los periodistas también señalaron que, pese a contar con dictámenes elaborados con base en el Protocolo de Estambul que certificaban actos de tortura y ante la ausencia de declaraciones autoincriminatorias firmadas, el Poder Judicial en turno se rehusó a desestimar las pruebas. A estas irregularidades se sumó que el caso fue remitido reiteradamente entre las instancias del fuero federal y local.
Elia Almanza calificó estos hechos como “una violación muy grave al sistema judicial” y señaló que el caso evidencia actos de negligencia y omisiones por parte de los jueces que intervinieron en el proceso, lo que prolongó durante más de dos décadas la estancia de las personas detenidas en un centro de reinserción social.
Los realizadores enfatizaron que la violencia institucional no solo privó de la libertad a los seis implicados, sino que también tuvo consecuencias irreversibles, como la muerte de uno de ellos. Se trata de “Don Pepe”, quien, de acuerdo con los testimonios de los periodistas, falleció en prisión a causa de las golpizas recibidas.
Daniel Sosa explicó que, en un primer momento, el documental buscaba visibilizar las extorsiones y los hechos de violencia sistemática que ocurrían dentro y fuera de los centros penitenciarios, así como ejercer presión social para exigir la liberación de los tres hombres que permanecían encarcelados después de 24 años de reclusión.
El papel del cine documental en la preservación de la memoria
Elia Almanza sostiene que el periodismo debe ser útil para las causas sociales y constituir una herramienta para construir memoria colectiva frente a violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura y las desapariciones forzadas.
“El periodismo tiene que ser útil para la sociedad […] yo siempre tengo en mente […] y trato de siempre mantener esa idea y compartirla, que el periodismo tiene que ser útil para las causas sociales. Si no, no tiene sentido ni razón de ser”, enfatizó.
Ambos periodistas reflexionaron sobre la evolución del ejercicio periodístico y cuestionaron las prácticas de lo que denominaron la “vieja guardia”, en la que algunos medios reproducían información oficial sin cuestionar las acusaciones de culpabilidad formuladas por las autoridades. Frente a ello, señalaron que el trabajo de Luciérnaga Docs apuesta por un enfoque ético y con perspectiva de derechos humanos, que busca contribuir a la exigencia de justicia y preservar la memoria histórica, sin recurrir al morbo ni al amarillismo.
Por su parte, Almanza advirtió que negar la existencia de la tortura y las violaciones a los derechos humanos, bajo el argumento de que son prácticas que “ya no existen” o que “han desaparecido”, constituye una narrativa que invisibiliza hechos y responsabilidades que aún requieren esclarecimiento. Por ello, consideró necesario recuperar casos de décadas anteriores y vincularlos con luchas históricas, como las de la llamada Guerra Sucia y las impulsadas por Alicia de los Ríos y Tita Radilla, para acercar estos antecedentes a las nuevas generaciones.
“Vale la pena hacer memoria […] para las nuevas generaciones, no nada más para las nuevas generaciones de periodistas, sino en las nuevas generaciones y juventudes para mostrar en qué estamos y cuáles son esos pendientes. Y creo que esa es la chamba del periodismo: contribuir precisamente a la memoria, el periodismo con sentido social, el periodismo que está del lado de las causas”.
Almanza también sostuvo que la liberación de los tres hombres no pone fin a las injusticias ni salda la deuda del Estado por más de 24 años de afectaciones a sus vidas. Señaló que aún existen órdenes de aprehensión pendientes contra policías que permanecen prófugos, por lo que consideró indispensable investigar a los funcionarios públicos involucrados y garantizar una reparación integral del daño.
Finalmente, enfatizó que, ante el panorama de impunidad que, de acuerdo con sus declaraciones, alcanza el 90% en el país, es necesario mantener la exigencia de justicia y evitar que estos hechos queden únicamente como parte del pasado.
Dos de los catorce proyectos de economía circular impulsados por el gobierno de Claudia Sheinbaum han quedado fuera de curso en Hidalgo y Tlaxcala, en medio de conflictos entre comunidades y autoridades. Ahora, en San José Chiapa, Puebla, el PODECIBI enfrenta cuestionamientos por la falta de información sobre sus impactos ambientales, sus características técnicas y los beneficios que promete.
San José Chiapa, Puebla ha vivido desde 2011 las transformaciones de una política industrial impulsada por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Aunque conserva su vocación agrícola, la comunidad convive con el corredor industrial de Ciudad Modelo, la planta de Audi y un sitio de disposición de residuos cercano. Ahora, un nuevo megaproyecto amenaza con profundizar las tensiones sobre el futuro de su territorio: el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), respaldado por el gobernador Alejandro Armenta.
Presentado como una alternativa para enfrentar la crisis de basura, el proyecto ha confrontado a habitantes y autoridades. Aunque el gobierno promueve su instalación, la información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, da a conocer que hasta junio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla aún no tenía definidos los tipos de residuos que recibiría el complejo ni los métodos para procesarlos.
Predio donde se planea construir el PODECIBI en San José Chiapa. Fotografía: Escenario Tlaxcala
Al igual que en los proyectos de Tlaxcala y Tula, Hidalgo, el de San José Chiapa cuenta con una declaratoria para su instalación, pero las respuestas de transparencia no acreditan la existencia de los estudios ambientales solicitados. En julio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla informó que no contaba con esos documentos en sus archivos. Por separado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó que no localizó, en las áreas administrativas consultadas, una manifestación de impacto ambiental autorizada por la dirección correspondiente.
Las respuestas emitidas por las dependencias gubernamentales no permiten conocer qué estudios respaldan la viabilidad ambiental del PODECIBI ni cómo se prevé evaluar sus impactos. Pese a ello, el proyecto respaldado por el gobierno de Alejandro Armenta continúa en el centro de la disputa con habitantes de San José Chiapa, que cuestionan la falta de información sobre la instalación.
La promesa federal de convertir la basura en recursos
El 26 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en 14 entidades del país, como parte del Plan México. La estrategia contemplaba Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. El objetivo era atraer inversiones, impulsar actividades productivas y generar empleos mediante incentivos fiscales e infraestructura.
Firma de la Carta de Colaboración para la implementación de 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 26 de junio de 2025. Fotografía: Gobierno de México.
Dentro de esa estrategia se planteó una figura distinta: los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), orientados a reducir los residuos y mantener los materiales en circulación mediante su reutilización, reciclaje y recuperación. El decreto federal publicado el 4 de julio de 2025 estableció que estos polos podrían albergar proyectos públicos o privados de producción sustentable, aprovechamiento de materiales y actividades complementarias de investigación y educación ambiental.
Opacidad sobre tecnología y capacidad de residuos, una constante en los PODECIBI de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala
El primer proyecto de economía circular anunciado en ese contexto se ubicó en Hidalgo. Tras una consulta ciudadana realizada el 14 de diciembre de 2025, en la que la mayoría rechazó la propuesta, el proyecto dejó de avanzar. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) formalizó su cancelación mediante la abrogación de la declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Parque Hidalgo, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) considerara inviable continuar ante el rechazo social.
Posteriormente, el 2 de marzo de 2026, la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que declaró el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla, en San José Chiapa, con una superficie de 40.428 hectáreas distribuidas en tres polígonos.
El documento establece que el terreno fue propuesto por el Gobierno de Puebla, al que identifica como propietario del inmueble. También justifica su selección por su conectividad carretera, disponibilidad de servicios urbanos y ubicación en una zona que concentra una población de 116 mil 327 habitantes de cinco municipios: Libres, Nopalucan, Oriental, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa. Además, señala que el predio es propiedad pública estatal y que no se encuentra dentro de áreas naturales protegidas ni de otras zonas de conservación consideradas en el acuerdo.
Sin embargo, la declaratoria no detalla qué instalaciones se construirán, qué tecnologías se utilizarán ni qué tipos y volúmenes de residuos se procesarán. Esta falta de especificaciones también fue uno de los cuestionamientos al proyecto anunciado en Tlaxcala, cuya declaratoria para San Pedro Ecatepec, en Atlangatepec, se publicó el 8 de junio de 2026.
Solicitudes de transparencia revelan vacíos en el proyecto de Puebla
Para conocer qué se pretende construir en San José Chiapa, Escenario Tlaxcala solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla y a la Semarnat los estudios, procesos, impactos y beneficios del PODECIBI.
Las respuestas estatales indican que, al corte de junio de 2026, los tipos de residuos que recibiría el complejo y los métodos para procesarlos todavía estaban en planeación. La SMADSOT tampoco tenía definidos los documentos técnicos, las memorias descriptivas y los estudios de factibilidad solicitados.
Las solicitudes con número de folio 762101826000160 y 762101826000161, dirigidos a la SMADSOT, permitieron identificar otros vacíos: la dependencia informó que no tenía definidos los beneficios económicos, sociales y ambientales del proyecto ni estudios que los sustentaran. También reportó que las características técnicas y diversos documentos sobre su desarrollo continuaban pendientes de definición.
Respecto a los estudios ambientales y los posibles impactos sobre el agua, el suelo, el aire y los ecosistemas, la Semarnat señaló en la solicitud 340026700293426 que no localizó, en las áreas administrativas consultadas, una manifestación de impacto ambiental autorizada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. La SMADSOT, por su parte, informó que no tenía en sus archivos los estudios ambientales solicitados.
Aunque el PODECIBI de San José Chiapa cuenta con una declaratoria federal publicada en marzo de 2026, las respuestas de transparencia muestran que, hasta junio de ese año, seguían sin definirse o no estaban disponibles en los archivos consultados aspectos fundamentales para conocer el alcance del proyecto: los tipos de residuos que recibiría, las tecnologías para procesarlos, su capacidad operativa, los posibles impactos ambientales y los beneficios previstos. A diferencia de los proyectos de Hidalgo y Tlaxcala, que fueron frenados, el de Puebla continúa vigente pese a las manifestaciones de rechazo de habitantes de la zona.
Consultas cuestionadas: el papel del INPI y la participación de las comunidades
Los procesos de participación alrededor de los PODECIBI tuvieron diferencias en cada estado. En Hidalgo, la consulta ciudadana realizada el 14 de diciembre de 2025 concluyó con el rechazo al proyecto Parque Hidalgo. Sin embargo, René Coatl, habitante de la región y participante en procesos de defensa del territorio entrevistado por la periodista Aranzazú Ayala, cuestionó que la consulta se realizara después de que la declaratoria del polo ya había sido publicada mediante decreto, lo que generó dudas entre los habitantes sobre si la consulta podía modificar una decisión que parecía tomada de antemano.
Coatl también recordó que, durante las reuniones públicas, las autoridades no ofrecían información específica sobre el proyecto y que algunas de las personas encargadas de presentarlo no eran especialistas técnicos. A ello se sumaron cambios en la explicación oficial: primero se habló de una instalación metropolitana para Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México; después, de un proyecto estatal, sin aclarar de dónde provendrían los residuos necesarios para alcanzar la capacidad de procesamiento anunciada.
Pobladores en resistencia al PODECIBI en San José Chiapa. Fotografía: Escenario Tlaxcala.
Para el caso de Tlaxcala, habitantes de San Pedro Ecatepec -comunidad donde se pretendía instalar el PODECBI- también cuestionaron la falta de información sobre el proyecto. Francisco Calderón, habitante de Atlangatepec e investigador agropecuario, señaló que la población no contaba con elementos suficientes para evaluar sus posibles impactos ambientales.
“No tenemos la información suficiente que nos dé la confianza de que este proyecto no va a contaminar. No hemos tenido una explicación técnica de las capacidades, de todo lo que va a implicar este nuevo proyecto”
En Puebla, la respuesta de la Semarnat a la solicitud de transparencia con folio 340026700293626 señaló que no localizó documentos relacionados con procesos de consulta pública o participación social sobre el PODECIBI. La dependencia reconoció su participación en un encuentro informativo con habitantes de San José Chiapa, realizado el 5 de abril de 2026 por invitación del comisariado ejidal, pero no reportó actas, minutas o documentos que acreditaran un proceso formal de consulta.
Por su parte, el Ayuntamiento de San José Chiapa, en la respuesta al folio 760438226000020, informó que hubo visitas de autoridades federales y estatales para hablar del proyecto, pero precisó que durante esos encuentros no se realizó una consulta. También señaló que no recibió documentación técnica que le permitiera informar a la población sobre las características del PODECIBI.
En entrevista con habitantes de San José Chiapa, expresaron que no contaban con información técnica suficiente para evaluar los posibles riesgos de instalar una infraestructura para el manejo de residuos cerca de sus viviendas y fuentes de agua. También plantearon la necesidad de que las autoridades presentaran estudios y explicaciones sobre el proyecto, y solicitaron que la población fuera tomada en cuenta mediante asambleas y una consulta en la que pudiera decidir si estaba de acuerdo o no con su instalación.
Pobladores en resistencia al PODECIBI en San José Chiapa. Fotografía: Escenario Tlaxcala.
Uno de los participantes explicó que, ante la falta de información oficial, los habitantes habían recurrido a sus propios medios para conocer las posibles consecuencias de este tipo de instalaciones:
“Nosotros no somos ambientalistas, somos ciudadanos. Nos informamos a través del teléfono y al informarnos vemos las consecuencias que trae una recicladora”
La discusión sobre la participación en la toma de decisiones también aparece en los decretos de los PODECIBI de Puebla y Tlaxcala. En el caso de Puebla, el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no identificó localidades indígenas en la superficie destinada al proyecto, por lo que consideró que no era necesario realizar una consulta previa, libre e informada. Una valoración similar se incorporó en el decreto de Tlaxcala: el Instituto determinó que no había comunidades indígenas o afromexicanas susceptibles de ser afectadas en el área de influencia del proyecto y, por tanto, que no procedía ese tipo de consulta.
Sin embargo, esta valoración institucional no significa que el INPI tenga la facultad de decidir quién es o no indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el criterio fundamental para reconocer la identidad indígena es la autoadscripción, es decir, la conciencia que una persona o comunidad tiene de su propia identidad. Este reconocimiento no depende de que el Estado lo autorice o de que una institución lo determine.
A diferencia de Puebla y Tlaxcala, en Hidalgo sí se realizó un ejercicio de participación ciudadana con votación. El 14 de diciembre de 2025 se instalaron 78 mesas receptoras en 35 secciones de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo participó en la organización técnica de la jornada, en la que la ciudadanía respondió si estaba de acuerdo o no con la construcción del Parque Ecológico y de Reciclaje. De las 12 mil 259 opiniones contabilizadas, 7 mil 736 fueron en contra del proyecto, equivalentes al 63.1 por ciento; la participación representó el 8.77 por ciento de la lista nominal.
René Coatl reconoce que el resultado fue un rechazo claro, aunque cuestionó las condiciones en que se desarrolló el proceso. En entrevista, relató que la convocatoria se anunció con poco tiempo, que las autoridades promovieron el voto a favor del proyecto y que, desde su perspectiva, no hubo una posición neutral. En la última semana, organizaciones y habitantes opositores realizaron una encuesta y una rueda de prensa para expresar su rechazo. Coatl dijo que incluso él dudaba que el resultado favoreciera al “no”, pero se sorprendió cuando se dieron a conocer los resultados.
Los casos en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla muestran distintas formas de participación y consulta, pero también una exigencia compartida por habitantes de los territorios: contar con información suficiente y tener voz en las decisiones sobre proyectos que pueden transformar su entorno.
La evaluación técnica que sigue pendiente
Las preocupaciones de los habitantes de San José Chiapa sobre los posibles impactos del PODECIBI también tienen una dimensión técnica. Para la Dra. Nancy Jiménez Merary, especialista en gestión ambiental y manejo de residuos, no basta con presentar la economía circular como una solución a los problemas de contaminación, también es necesario conocer qué infraestructura se instalará, cómo funcionará y qué efectos podría tener en el territorio.
La especialista advierte que una descripción general de lo que podría albergar un Polo de Desarrollo de Economía Circular no permite evaluar sus alcances. Para hacerlo, es necesario conocer las tecnologías que se utilizarán, los materiales que recibirán, los procesos a los que serán sometidos y la capacidad de procesamiento de cada instalación. También se requiere información sobre el consumo de agua y energía, pues estos datos permiten dimensionar la presión que la operación podría ejercer sobre los recursos locales.
Pobladores en resistencia al PODECIBI en San José Chiapa. Fotografía: Escenario Tlaxcala.
Sin embargo, esta información no fue proporcionada por las instituciones competentes, ni estos aspectos quedaron esclarecidos en los proyectos de Hidalgo y Tlaxcala. En Puebla, donde el PODECIBI continúa vigente, persisten las interrogantes sobre las tecnologías que se utilizarán, los procesos que se implementarán y los requerimientos técnicos para su operación.
La evaluación tampoco puede limitarse al funcionamiento de las plantas. Jiménez Merary considera que debe analizarse su compatibilidad con el entorno: la ubicación respecto de viviendas, escuelas, hospitales, cuerpos de agua y áreas naturales, así como las condiciones geológicas e hidrogeológicas del terreno. A ello se suman los posibles impactos por emisiones, ruido, olores y generación de lixiviados, además de los mecanismos para monitorear y prevenir afectaciones durante la operación.
Durante un recorrido por San José Chiapa, el equipo de Escenario Tlaxcala constató que las viviendas más cercanas al terreno donde se proyecta construir el parque industrial se encuentran a aproximadamente diez minutos a pie.
Asimismo, la especialista plantea que deben transparentarse la inversión, los subsidios o estímulos fiscales, los empleos temporales y permanentes, los perfiles laborales requeridos y la distribución de los beneficios económicos. Esto permitiría distinguir entre las promesas generales de desarrollo y los resultados que realmente podrían alcanzar las comunidades cercanas.
Para Jiménez Merary, toda esta información debe estar disponible antes de que avance el proyecto y acompañarse de mecanismos efectivos de participación pública. Las comunidades necesitan tener acceso a los datos, plantear preguntas, presentar inconformidades y contar con herramientas para vigilar el funcionamiento de las instalaciones. La transparencia, desde esta perspectiva, no consiste únicamente en publicar documentos, sino en permitir que la población pueda comprender y evaluar las decisiones que afectan su territorio.
La experiencia de Hidalgo es una advertencia en este sentido. Para la especialista, el rechazo social y la posterior cancelación del proyecto muestran las consecuencias que puede tener impulsar infraestructura sin proporcionar información técnica suficiente y comprensible. Una propuesta presentada como solución ambiental puede generar desconfianza cuando las comunidades no conocen sus características ni cuentan con elementos para valorar sus posibles impactos.
Predio donde se planea construir el PODECIBI en San José Chiapa. Fotografía: Escenario Tlaxcala
En Tlaxcala, la suspensión del proyecto tuvo una explicación distinta. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino, atribuyó la decisión a los elevados costos y a problemas de viabilidad económica. A diferencia de Hidalgo, donde el rechazo al proyecto se expresó mediante una consulta ciudadana, en San Pedro Ecatepec no se realizó un ejercicio formal para conocer la opinión de la población. Esto ocurrió pese a que habitantes de la comunidad manifestaron públicamente su oposición y exigieron información sobre los posibles impactos del PODECIBI.
En San José Chiapa, esa discusión sigue abierta. Las respuestas de transparencia revisadas por Escenario Tlaxcala muestran que, al corte de junio de 2026, las autoridades aún no tenían definidos o no habían localizado en sus archivos distintos componentes técnicos, ambientales y económicos del PODECIBI.
La disputa llega a los tribunales
La oposición al PODECIBI de San José Chiapa también ha llegado a los tribunales. Ante la falta de información, habitantes de la zona promovieron el juicio de amparo 597/2026 contra actos relacionados con la autorización, gestión y desarrollo del proyecto, así como por posibles omisiones en materia de información y participación pública.
En su informe justificado, el Gobierno de Puebla defendió la legalidad de las decisiones impugnadas. Entre sus argumentos sostuvo que el PODECIBI forma parte de una política pública federal y que los actos reclamados no acreditaban una afectación directa a los derechos de las personas promoventes. También cuestionó que contaran con interés jurídico o legítimo para acudir al juicio, al considerar que no demostraban una afectación diferenciada respecto del resto de la población. El documento plantea, además, que algunas de las acciones señaladas corresponden a actos futuros o inciertos.
El gobierno estatal también promovió un recurso de queja contra el auto que admitió la demanda, con el argumento de que las personas promoventes carecen de interés legítimo. Esta impugnación tuvo consecuencias en el desarrollo del juicio: de acuerdo con el auto del 22 de julio de 2026, el juzgado suspendió el procedimiento desde el 13 de julio, hasta que se resolviera la queja.
En esa misma resolución, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla reservó el trámite de una ampliación de demanda presentada por la parte quejosa, precisamente porque el procedimiento se encontraba suspendido. Es decir, no resolvió si admitía o no la ampliación, sino que dejó pendiente esa decisión.
De acuerdo con la información proporcionada por las personas promoventes a Escenario Tlaxcala, en septiembre presentaron una nueva ampliación de la demanda, pero hasta el 27 de octubre de 2026 no había sido admitida. Señalaron que el juzgado mantenía detenido el expediente bajo el argumento de que primero debía resolverse el recurso de queja.
Por ahora, la controversia judicial no se centra en determinar si el PODECIBI provocará daños ambientales, sino en establecer si las personas que promovieron el amparo tienen legitimación para reclamar los actos y omisiones señalados y si estos pueden ser revisados por la vía constitucional. La queja del gobierno estatal y la suspensión del procedimiento mantienen pendiente el avance del juicio, mientras las comunidades buscan que sus argumentos sean examinados.
Las irregularidades de los PODECIBI
Aunque los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) se presentan como una propuesta para atender la crisis de la basura, su planeación y alcance no han sido comunicados con claridad ni transparencia a la ciudadanía. En los tres estados, la falta de información sobre los residuos que recibirían, las tecnologías que utilizarían y los posibles impactos de su operación ha alimentado la desconfianza y el rechazo de las comunidades.
En entrevista con Escenario Tlaxcala, Pedro Aquino, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, reconoció que se trata de un proyecto nuevo y que estas plantas servirían como pruebas para evaluar su efectividad. Explicó que primero tendría que construirse el polo y, posteriormente, las empresas interesadas participarían para instalarse en él. Una vez que se conociera qué compañías llegarían y qué actividades desarrollarían, se podrían elaborar los estudios de impacto ambiental y realizar las consultas que fueran necesarias. Bajo esta lógica, la definición de los riesgos y las medidas de prevención quedaría para una etapa posterior a la construcción del polo.
Pobladores en resistencia al PODECIBI en San José Chiapa. Fotografía: Escenario Tlaxcala.
Sin embargo, este proceso vuelve a dejar a las comunidades en una situación de incertidumbre pues tendrían que esperar a que se construya la infraestructura y se definan las empresas para conocer con mayor precisión qué se pretende instalar en su territorio y cuáles serían sus posibles impactos. La falta de información previa y de mecanismos claros de participación ha marcado los casos de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, donde habitantes han expresado su rechazo a proyectos cuyos alcances no fueron explicados con suficiente claridad.
En Puebla, a diferencia de Hidalgo y Tlaxcala, el PODECIBI continúa en marcha. Mientras las autoridades mantienen el proyecto vigente, los habitantes de San José Chiapa siguen en alerta y sostienen su oposición a la construcción, a la espera de información clara sobre las instalaciones que pretenden llevar a su territorio y sus posibles impactos.
Tlaxcala, Tlax.- El equipo de Escenario Tlaxcala recibió una denuncia ciudadana que señala presuntas redes de corrupción, manejo irregular de programas sociales y una supuesta depuración de personal al interior de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) de Tlaxcala. En el señalamiento, el denunciante atribuye la concentración de las decisiones administrativas y operativas a Haide Gisela Lucero Zepeda, actual titular de la dependencia.
La denuncia refiere que las presuntas irregularidades se habrían presentado desde el inicio de su gestión, en febrero de 2026, cuando fue designada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para sustituir a José de Jesús Rafael de la Peña Bernal, quien encabezaba anteriormente la SIA.
Entre los hechos expuestos se encuentran el presunto cierre extemporáneo de convocatorias, la asignación directa de empresas para ejecutar obras en jagüeyes, la imposición de proveedores y la supuesta falta de transparencia en los controles de asistencia del personal adscrito a la dependencia. Estas situaciones, de acuerdo con el denunciante, formarían parte de la manera en que Lucero Zepeda ha conducido la Secretaría desde su llegada al cargo.
Alteraciones en el padrón de proveedores dentro de la SIA
La denuncia señala presuntas irregularidades en la operación de programas agropecuarios, particularmente en el proceso de integración del padrón de proveedores de los apoyos destinados a la entrega de implementos agrícolas, tractores, sembradoras, animales, construcción de jagüeyes, instalación de sistemas de riego, malla ciclónica e invernaderos.
De acuerdo con el testimonio, en estos programas la elección de proveedores correspondería a las personas beneficiarias; sin embargo, el denunciante asegura que personal de la Secretaría habría intervenido para imponer determinadas empresas.
El denunciante asegura que, en los apoyos donde la elección corresponde a las personas beneficiarias, personal de la SIA comunicaba directamente a los productores qué empresa les suministraría los insumos, en lugar de permitirles elegir libremente. No obstante, precisa que este señalamiento no corresponde al PAISA, cuya selección de proveedores se realiza mediante una licitación a cargo de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG).
«A los productores se les comunica que la SIA les asigna al proveedor, pese a que, según la convocatoria del padrón, la elección correspondería a las personas beneficiarias», señaló.
Aunado a ello, el testimonio refiere que funcionarios de la dependencia habrían intervenido en el llenado de las solicitudes para simular que los productores elegían libremente a sus proveedores. Incluso, asegura que algunos beneficiarios firmaron formatos en blanco que posteriormente habrían sido completados por personal de la Secretaría.
«Se solicita a los productores firmar formatos en los que supuestamente manifiestan haber elegido a su proveedor […]. En la mayoría de ocasiones, si no es que en todas, esos formatos han sido llenados por personal de la SIA; incluso algunos productores los han firmado en blanco y la información se ha completado posteriormente», expuso el denunciante.
Según la denuncia, estas prácticas también habrían generado inconformidades entre los beneficiarios, quienes acuden recurrentemente a las oficinas de la dependencia para consultar el estado de sus solicitudes y manifestar desacuerdos relacionados con la calidad de los insumos recibidos y los costos que consideran excesivos.
Cabe señalar que, el 5 de agosto de 2026, un grupo de campesinos y productores se manifestó en las instalaciones de la SIA para denunciar presuntas irregularidades en los procesos de entrega de apoyos y exigir que se respetara su derecho a elegir libremente a sus proveedores.
En videos y transmisiones en vivo difundidos a través de redes sociales, los inconformes expusieron las afectaciones que, aseguraron, enfrentaban durante la operación de los programas. Estos reclamos coinciden con los señalamientos contenidos en la denuncia recibida por Escenario Tlaxcala, en la que se afirma que personal de la dependencia habría intentado imponer determinados proveedores para la adquisición de insumos.
Además, la denuncia señala que, aunque la convocatoria del Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (PAISA) establecía el 2 de marzo de 2026 como fecha límite para el registro, la Secretaría habría mantenido la recepción de solicitudes de manera extemporánea. Según el denunciante, esta situación presuntamente habría favorecido a empresas con vínculos al interior de la dependencia.
Señalan concentración de apoyos y presuntos cobros indebidos
Otro de los señalamientos apunta a la concentración de decisiones sobre la asignación de apoyos. De acuerdo con el testimonio, durante los foros regionales la nueva titular de la SIA anunció la conformación de un comité campesino encargado de participar en la selección de beneficiarios; sin embargo, el denunciante sostiene que no existe certeza sobre su integración formal, las personas que lo conformaron, sus atribuciones o los mecanismos mediante los cuales interviene en las autorizaciones.
En contraste, asegura que las decisiones sobre la aprobación o negativa de los apoyos se encuentran concentradas en la titular de la dependencia, sin que exista un procedimiento verificable sobre la participación del comité anunciado.
A estas presuntas irregularidades se suma un señalamiento sobre posibles cobros indebidos. El denunciante refiere que el 28 de octubre de 2026 productores acudieron a las instalaciones de la SIA para manifestar que personal de la dependencia les habría solicitado dinero a cambio de liberar los apoyos. En el testimonio se identifica al presunto servidor público involucrado únicamente con el nombre de Lázaro.
Ante estos hechos, la denuncia solicita revisar el funcionamiento del comité campesino, transparentar los criterios de selección de los beneficiarios e investigar los señalamientos sobre posibles cobros a productores.
Denuncian despidos y anomalías en la nómina
La denuncia también expone presuntas irregularidades en la administración del personal de la SIA desde el cambio de titularidad en febrero de 2026. Según el testimonio, mensualmente se habrían registrado entre 15 y 20 bajas laborales, situación que habría afectado principalmente a trabajadores con experiencia en los procedimientos administrativos y operativos de la dependencia.
En contraste, el denunciante asegura que las vacantes han sido ocupadas por personas cercanas a Lucero Zepeda. Sin embargo, sostiene que las actividades cotidianas continúan recayendo principalmente en trabajadores que ya formaban parte de la Secretaría.
Otro aspecto señalado es la incorporación de nuevas contrataciones a las estructuras presupuestales de la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de Agricultura, particularmente en partidas relacionadas con el PAISA.
Asimismo, el testimonio advierte sobre posibles irregularidades en el cumplimiento de las jornadas laborales, al señalar que habría personas que reciben un salario sin desempeñar las funciones correspondientes.
Por ello, el denunciante plantea la necesidad de revisar los movimientos de altas y bajas, los contratos, las adscripciones presupuestales y los informes de actividades del personal contratado durante la actual administración.
Reglas del PAISA y perfil académico de la titular, bajo cuestionamiento
Las reglas de operación del PAISA 2026, publicadas el 14 de enero en el Periódico Oficial, establecen que la elección del proveedor corresponde a la persona beneficiaria, que las empresas debían quedar asignadas a más tardar el 27 de febrero y que todos los trámites son gratuitos. Estas disposiciones contrastan con los señalamientos sobre la presunta imposición de proveedores, recepción extemporánea de solicitudes y posibles cobros indebidos a productores.
A ello se suma que la síntesis curricular publicada por la dependencia reporta que Haide Gisela Lucero Zepeda cuenta con una maestría en Administración Pública, Estatal y Municipal; sin embargo, durante la revisión de Escenario Tlaxcala en el Registro Nacional de Profesionistas no se localizó una cédula correspondiente a dicho grado académico.
Sobre las recientes declaraciones de un partido político que considera que las acciones afirmativas son un exceso, y ante mi indignación personal al leer que hay quienes comulgan con esa idea, les invito a que reflexionemos un poco.
Comencemos reconociendo que la selección de candidaturas NO OCURRE exclusivamente mediante convocatorias, estatutos o procedimientos públicos. INTERVIENEN LAS RELACIONES PERSONALES, LOS ACUERDOS, LAS REDES DE INFLUENCIA Y LAS PRÁCTICAS INFORMALES que determinan quién avanza dentro de los partidos, qué figuras adquieren mayor visibilidad y quiénes cuentan con respaldo estructural.
Entonces, si durante generaciones los hombres han ocupado mayoritariamente los espacios de decisión, han construido redes de influencia, acumulado experiencia política, establecido relaciones de poder y normalizado su presencia en esos espacios, ¿de verdad podemos suponer que unas cuantas elecciones con una participación paritaria, muchas veces apenas escueta, eliminan automáticamente esas condiciones?
Por eso existen las acciones afirmativas: porque buscan equilibrar una balanza que nunca ha estado equilibrada. NO SON CONCESIONES NI PRIVILEGIOS; SON MECANISMOS PARA CORREGIR DESIGUALDADES ESTRUCTURALES QUE SE HAN SOSTENIDO HISTÓRICAMENTE.
Y éstas NO ALTERAN LA DEMOCRACIA para favorecer a las mujeres como piensan esos que hablan de los “excesos”. Buscan que la democracia deje de funcionar sobre condiciones históricas de exclusión.
Cuando las mujeres no participamos en los espacios donde se diseñan las políticas públicas, nuestras necesidades, experiencias y realidades corren el riesgo de quedar fuera de las decisiones, de no ser reconocidas como prioridades o, sencillamente, de no ser atendidas. Entonces, cuando defendemos las acciones afirmativas, no estamos pidiendo que nos devuelvan el tiempo durante el cual fuimos excluidas. Een realidad exigimos que ese tiempo de exclusión deje de determinar nuestro presente y nuestro futuro.
También he escuchado, visto y leído —y reconozco que en algún momento incluso yo misma lo he reproducido— cuestionamientos sobre los perfiles de las mujeres que están dispuestas a atravesar la violencia política y la sobreexigencia que implica participar en estos espacios. No es solo lograr una candidatura: una vez dentro comienza, muchas veces, otra dimensión de la violencia política.
Y aquí entonces nos invito a prensar; cuando cuestionamos la capacidad de las mujeres para gobernar, también debemos atrevernos a cuestionar LOS MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES LOS HOMBRES HAN MONOPOLIZADO HISTÓRICAMENTE EL DERECHO A SER CONSIDERADOS CAPACES.
¿Por qué no vemos el mismo escrutinio sobre los perfiles de los hombres? ¿Por qué no observamos la misma indignación cuestionando dónde están sus hijos mientras hacen campaña, cómo influye su vida personal en su trayectoria política o si realmente tienen las capacidades profesionales y personales para gobernar?
A las mujeres se nos exige demostrar una y otra vez que somos capaces, mientras que a los hombres históricamente se les ha concedido el beneficio de la LEGITIMIDAD.
Una mujer puede tener un doctorado, experiencia profesional, conocimiento de la administración pública y trayectoria comunitaria, PERO SI NO FORMA PARTE DE LAS REDES DONDE SE NEGOCIAN LAS CANDIDATURAS, PUEDE PERMANECER FUERA DE LOS ESPACIOS DE DECISIÓN, para siempre…
Porque los mecanismos de acceso al poder no se reducen al mérito ni a las capacidades individuales. También están atravesados por relaciones de poder, capitales políticos y redes de influencia.
Por eso, cuando escucho a presidentes, voceros o representantes partidistas decir que es un exceso que, de los 60 MUNICIPIOS, se establezca que 15 sean encabezados por mujeres, no puedo evitar preguntarme: ¿de verdad comprenden la dimensión de la desigualdad que estamos intentando corregir?
Para dimensionarlo: ni siquiera si durante tres administraciones consecutivas los 60 municipios fueran gobernados por mujeres necesariamente habríamos eliminado las brechas estructurales que históricamente han existido en el acceso de las mujeres al poder partidista y político.
¿Se dan cuenta de la dimensión del rezago?
En Tlaxcala, más de 40 personas han ocupado la gubernatura y únicamente dos han sido mujeres. ¡Más de 40 hombres y solo dos mujeres! Y aun con esa desproporción histórica, hubo quien de pronto sostuvo que ya tocaba un hombre porque “mujer ya hubo”
¡NO ENTIENDEN NADA!
No se trata de turnarnos el poder como si históricamente hubiéramos tenido las mismas oportunidades. Se trata de reconocer que la desigualdad no se corrige con discursos de buena voluntad ni esperando a que las estructuras, por sí solas, decidan abrirnos espacios.
Entonces, la pregunta que realmente deberíamos estar haciéndonos es:
¿LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN ORGANIZADOS PARA IDENTIFICAR Y PROMOVER CAPACIDADES O PARA REPRODUCIR LAS RELACIONES DE PODER QUE HISTÓRICAMENTE HAN CONTROLADO EL ACCESO A LOS ESPACIOS DE DECISIÓN?
Por eso también es urgente la RENOVACIÓN DE LOS LIDERAZGOS PARTIDISTAS. Necesitamos dirigencias con una formación mínima en derechos humanos, perspectiva de género e igualdad sustantiva; dirigencias capaces de comprender que la paridad es una condición democrática que se debe garantizar.
El problema es que en pleno 2026 hay quienes consideran excesivo que las mujeres ocupemos espacios de los que históricamente hemos sido excluidas, mientras en su demagogia dicen preocuparse por nosotras.
Invito a la reflexión y sobre todo a una ética que, no permita que esos dichos se consoliden.
La herramienta integra más de 8 mil palabras recopiladas durante un proceso de investigación y desarrollo, y busca facilitar la consulta, difusión y preservación de esta lengua originaria de Ixtenco, Tlaxcala, considerada en alto peligro de extinción.
Tlaxcala, Tlax.- El Colectivo Gumba presentó Hmame Ydenthi, un traductor automático que permite traducir del español a la lengua indígena Yuhmu y viceversa, mediante modelos de Inteligencia Artificial (IA) y un diccionario de palabras y frases.
En entrevista con Escenario Tlaxcala, Ricardo y Eric Ramos, doctores en Ingeniería del Lenguaje y del Conocimiento, explicaron que la herramienta es resultado de un proceso que combina documentación histórica, recopilación de vocabulario y registros de audio de hablantes nativos. Entre las aportaciones destaca la colaboración del maestro Mateo Cajero, cuyos conocimientos contribuyeron a integrar el material lingüístico utilizado en un primer proyecto.
Los investigadores detallaron que el desarrollo de esta tecnología implicó enfrentar algunos retos, principalmente por la escasez de datos digitales disponibles sobre el Yuhmu. Esta limitación representó un desafío para construir una herramienta de traducción automática, al tratarse de una lengua con pocos recursos lingüísticos digitalizados.
Durante la conversación también abordaron los cuestionamientos que suelen surgir sobre la investigación de lenguas indígenas frente a otros campos de estudio. Al respecto, plantearon la importancia de desarrollar este tipo de proyectos y de reconocer el valor de generar conocimiento y herramientas tecnológicas para idiomas que históricamente han contado con menos recursos para su documentación y difusión.
El desarrollo tecnológico «detrás de la magia» del traductor
Ricardo Ramos explicó que el desarrollo del traductor automático requirió construir una base de conocimiento con más de 8 mil palabras en formato escrito y registros de voz de 22 hablantes nativos, con cerca de 8 mil 600 términos asociados a su pronunciación.
Detalló que la preparación y limpieza de esta base de conocimiento tomó entre cuatro y cinco meses. Posteriormente, el equipo dedicó entre uno y dos meses al entrenamiento y ajuste de los modelos de Inteligencia Artificial mediante pruebas sucesivas, antes de integrar el sistema en la plataforma web del traductor.
Sin embargo, uno de los principales retos fue la escasez de datos digitales disponibles sobre el Yuhmu. Eric Ramos explicó que las herramientas computacionales requieren grandes cantidades de información para su desarrollo, por lo que la limitada documentación digitalizada de esta lengua representó una dificultad inicial para construir el sistema.
«Un reto muy grande que nosotros nos encontramos fue la falta de datos digitales, porque en un inicio el desarrollo de herramientas computacionales que son muy amplias requerían una gran cantidad de datos»
A diferencia de idiomas como el náhuatl o el maya, que cuentan con una mayor cantidad de información digital y documental, el Yuhmu dispone de menos recursos tecnológicos y lingüísticos. A ello se suma la diversidad de pronunciaciones y variaciones en algunas palabras entre sus hablantes, una característica que los investigadores reconocieron como parte de la propia diversidad de la lengua y no como un impedimento para continuar con el proyecto.
Años de investigación para documentar la lengua Yuhmu
De acuerdo con el Dr. Ricardo Ramos, el desarrollo del traductor automático es resultado de varios años de trabajo que integran investigación histórica, lingüística y computacional. Explicó que el análisis computacional de la lengua Yuhmu comenzó formalmente en 2018, a partir de investigaciones y prototipos que permitieron avanzar hacia la herramienta presentada por el Colectivo Gumba.
Por su parte, Eric Ramos explicó que una de las primeras etapas consistió en la documentación histórica y lingüística de la lengua, proceso en el que destacó la colaboración de Mateo Cajero. A partir de sus aportaciones y del trabajo de recopilación documental fue posible consolidar un primer diccionario de Yuhmu, acompañado de un teclado y recursos de audio para facilitar la consulta y comprensión del idioma.
Ambos investigadores reconocieron que la recuperación de esta lengua también ha sido posible gracias al trabajo comunitario realizado durante muchos años e incluso décadas, mediante la recopilación manual de vocabulario y las grabaciones de hablantes nativos. En este sentido, expresaron su agradecimiento a las personas hablantes y colaboradoras que han participado en las distintas etapas del proyecto.
Del registro histórico al uso cotidiano de la lengua
Más allá de la traducción automática, los investigadores explicaron que el proyecto busca acercar el Yuhmu a distintos espacios de la vida cotidiana y reconocer su riqueza lingüística, histórica y cultural.
Entre las particularidades que destacaron se encuentra su carácter tonal, pues la entonación puede modificar el significado de una palabra. También señalaron la complejidad de sus sonidos, que incluyen tonos ascendentes y descendentes, así como vocales nasales.
A estas características se suma la diversidad de formas de escritura utilizadas en los registros históricos y lingüísticos de la comunidad, por lo que el desarrollo de herramientas digitales también representa un esfuerzo por reunir y facilitar la consulta de estos conocimientos.
«El trabajar con lenguas indígenas es demasiadamente cuestionado […] Aparte de considerar la revalorización de este tipo de lenguas y su revitalización, está la parte de poder desarrollar más componentes tecnológicos que se trabajen»
Para el Colectivo Gumba, la digitalización del idioma abre posibilidades para que la población de Ixtenco y otras personas interesadas puedan consultar y utilizar el Yuhmu de manera gratuita. Entre sus aplicaciones cotidianas se encuentra su uso en actividades escolares, la identificación de establecimientos comerciales, la elección de nombres y la consulta de vocabulario cuando los hablantes se encuentran fuera de su comunidad.
De esta manera, los desarrolladores buscan que la lengua no permanezca únicamente en documentos y registros históricos, sino que pueda incorporarse a nuevos espacios de comunicación, aprendizaje y transmisión cultural.
«Sentimos un gusto, tenemos marcada una identidad muy grande [sobre Ixtenco], [y] sobre todo del otomí, creo que desde hace un tiempo se ha venido reforzando un poco más»
Nuevos horizontes para la lengua Yuhmu
Entre los siguientes pasos del Colectivo Gumba se encuentra ampliar la difusión de las herramientas digitales, tanto del portal de consulta como del traductor automático, con el propósito de facilitar su acceso a la población.
Asimismo, los investigadores plantearon la importancia de fomentar el reconocimiento y orgullo por la cultura Yuhmu, así como generar conciencia sobre la situación de vulnerabilidad que enfrenta la lengua. Para fortalecer este trabajo, también contemplan incorporar a más personas e investigadores al colectivo y consolidar la colaboración académica con instituciones como la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
En cuanto al desarrollo tecnológico, uno de los objetivos es evolucionar el portal de consulta hacia una plataforma interactiva de enseñanza y aprendizaje autodidacta, con características similares a las aplicaciones Duolingo o Rosetta Stone.
A este proyecto se suma la elaboración de un libro digital e interactivo enfocado en la enseñanza de los sonidos del Yuhmu, basado en la guía del maestro Mateo Cajero. La propuesta contempla vincular sus contenidos con un repositorio de audios para que las personas puedan escuchar las pronunciaciones y practicar desde casa.
Finalmente, los desarrolladores prevén ampliar los recursos visuales y auditivos de la plataforma, incorporar más palabras de uso cotidiano con sus respectivas grabaciones y actualizar el teclado virtual adaptado a las formas de escritura utilizadas en la comunidad.
Nueve alumnos y dos egresados del taller de artes exhibieron 15 piezas pictóricas; la rondalla del plantel acompañó la actividad con cuatro interpretaciones musicales.
Tlaxcala, Tlax.- Estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 03 presentaron una exposición de piezas pictóricas alusivas a las tradiciones de Día de Muertos en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala (MUVART).
La muestra reunió 15 obras elaboradas por nueve alumnos y dos egresados del taller de artes, dirigido por la docente Fanny Isabel Sánchez Briones, quienes compartieron sus trabajos como parte de una actividad dedicada a las expresiones culturales de esta temporada.
Entre los estudiantes participantes se encuentran Mónica Shanay Texis Sánchez, Miriam Paola Flores Suárez, Miranda Lynette Barragán López, José Emiliano Juárez Madrid, Jorge Luis Cabrera Morales, Alison Dayan Hernández Del Razo, María José Pineda Vivaños, Irvin Conde Galicia y Carlos Torres Martínez. También expusieron piezas Sara Flores Sánchez y Carlos Neftalí González Morales, egresados del taller.
La jornada incluyó la participación del taller de rondalla del CBTIS 03, que presentó cuatro piezas musicales, entre ellas «La Llorona», «La Martiniana» y «Faro de luz», como acompañamiento artístico a la exposición.
La actividad permitió mostrar el trabajo creativo desarrollado por estudiantes y egresados del plantel, así como vincular la formación artística con espacios culturales de Tlaxcala, en el marco de las celebraciones de Día de Muertos.
Tlaxcala, Tlax.- Luego de que Enrique Padilla, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunciara que impugnará los lineamientos de paridad de género aprobados por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), diversas voces desde los activismos y movimiento en pro de los derechos políticos de las mujeres en Tlaxcala se han posicionado.
La abogada Geovanny Pérez cuestionó las implicaciones de esta decisión para los derechos político-electorales de las mujeres. Mientras tanto, la magistrada Elsa Cordero advirtió sobre sus efectos en candidatas y militantes.
En declaraciones compartidas con Escenario Tlaxcala, Pérez cuestionó las implicaciones de impugnar las medidas afirmativas que establecen la postulación exclusiva de mujeres a las presidencias municipales de 15 demarcaciones de la entidad. ¿De qué democracia hablan los partidos?, expresó al referirse a la postura del dirigente estatal.
La resolución, aprobada por el ITE el pasado 15 de octubre, busca revertir la subrepresentación y exclusión histórica de las mujeres en las presidencias municipales, cargos que han permanecido mayoritariamente encabezados por hombres, pese al aumento de su participación en otros espacios de los ayuntamientos.
Además, la medida establece que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes deberán postular exclusivamente a mujeres en los 15 municipios seleccionados para el proceso electoral de 2027. Con ello, el organismo electoral busca avanzar hacia la igualdad sustantiva y garantizar que el derecho de las mujeres a ser postuladas se traduzca en posibilidades reales de acceder al ejercicio del poder público.
Acciones afirmativas enfrentan resistencia de partidos políticos
Geovanny Pérez señaló que la impugnación del PRI contra la postulación exclusiva de mujeres en 15 municipios evidencia la resistencia de los partidos políticos para avanzar hacia una “verdadera igualdad sustantiva”.
Aunque reconoció que impugnar es un derecho, sostuvo que esto no exime a los partidos de su obligación de garantizar la igualdad y la paridad de género. Asimismo, advirtió que la autonomía partidista no debe interpretarse como una «autorización» para mantener prácticas que obstaculicen el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres.
En este contexto, Pérez cuestionó qué alternativa concreta ofrecen los partidos para garantizar que las mujeres accedan a las presidencias municipales si consideran inadecuada la reserva de candidaturas. “¿Qué alternativa concreta, eficaz y verificable propone para garantizar que las mujeres puedan acceder a esas presidencias municipales?”, planteó.
La pregunta contrasta con la postura de Enrique Padilla, dirigente estatal del PRI, quien anunció que impugnará la disposición que obliga a los partidos a postular exclusivamente a mujeres en las presidencias municipales de los 15 municipios. Padilla sostuvo que buscan “clarificar la posibilidad de que los hombres puedan ser o no candidatos”, aunque afirmó que su partido cumplirá con el eje de paridad de género mediante la postulación de 30 candidaturas para mujeres y 30 para hombres a nivel estatal.
Por su parte, Elsa Cordero, magistrada tlaxcalteca, consideró que esta postura refleja un “total desconocimiento” par parte de los partidos políticos y advirtió que las medidas afectan a candidatas y militantes. Añadió que los partidos deben contribuir a fortalecer la participación de la población, de la cual, recordó, la mitad son mujeres.
En la misma línea, Pérez enfatizó que las mujeres no deben depender de la voluntad de las dirigencias partidistas para acceder a espacios de representación, pues “la participación política es un derecho, no una concesión de los partidos”. La abogada también llamó a revisar las barreras políticas, sociales, económicas y culturales que han contribuido a la exclusión histórica de las mujeres de las presidencias municipales.
Finalmente, sostuvo que las acciones afirmativas permiten traducir el reconocimiento formal de los derechos humanos en oportunidades reales de participación política. Respaldadas por el marco constitucional mexicano y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), estas medidas buscan garantizar el acceso efectivo de las mujeres al poder público.
“La paridad no es una concesión, la igualdad sustantiva no es una consigna y los derechos político-electorales de las mujeres no son negociables”, concluyó.
Por unanimidad, ITE establece lineamientos de paridad para 2027
El pasado 15 de octubre, durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó por unanimidad el acuerdo ITE-CG 67/2026, que establece los lineamientos de paridad de género para el proceso electoral local 2026-2027, incluida la postulación exclusiva de mujeres a las presidencias municipales de 15 demarcaciones.
Los municipios contemplados son Apizaco, Cuaxomulco, Españita, Huamantla, Ixtacuixtla, Nativitas, Papalotla, San Juan Huactzinco, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quilehtla, Tepeyanco, Tepetitla, Xaltocan y Xicohtzinco. Su selección derivó de un diagnóstico de municipios donde históricamente ninguna mujer había encabezado el ayuntamiento, con ajustes a partir de resultados electorales y la revisión de registros históricos.
Además de esta reserva de candidaturas, el acuerdo establece medidas para favorecer la participación de las mujeres en las presidencias de comunidad, garantizar que las fórmulas encabezadas por mujeres cuenten con suplentes del mismo género y atender posibles escenarios de subrepresentación femenina en las listas de diputaciones de representación proporcional y regidurías. También contempla bloques de competitividad para evitar que los partidos concentren las candidaturas de mujeres en demarcaciones donde obtienen menor votación.
Los lineamientos se sustentan en disposiciones constitucionales, leyes electorales y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres. El acuerdo plantea estas acciones afirmativas como mecanismos para compensar la discriminación histórica y avanzar hacia la igualdad sustantiva en el acceso a los cargos públicos.
El rastreo por geolocalización debe estar siempre activo en el teléfono de Vanessa, de 18 años, nombre usado para proteger su identidad. Además, debe justificar cada una de sus salidas y tiene estrictamente prohibidos los permisos nocturnos. No está cumpliendo ningún castigo. Lo hace para darle un poco de tranquilidad a su madre, en medio de la violencia generada por el crimen organizado en Sinaloa.
En los últimos dos años, Vanessa siente que le han arrebatado un poco de libertad. Su vida se limita a la casa y la escuela. Los trayectos entre ambos lugares representan un respiro, aunque tampoco le permiten demorarse más de la cuenta. Nunca ha sido una joven problemática, pero las restricciones comienzan a agobiarla.
“Siempre tengo que tener el WhatsApp en el mapa porque ella tiene que ver dónde voy y a qué hora voy. Hasta quiere que le mande evidencia con una foto. Y cuando llego a la escuela, me dice: ‘Quiero un mensaje de voz tuyo, para saber que eres tú’”, detalló.
Si únicamente envía un texto, su madre le marca para averiguar que se encuentra bien. Desconfía de que alguien más pueda estar escribiendo los mensajes desde el teléfono de su hija. Tiene los números de sus compañeros y hasta de algunos maestros.
Vanessa asegura no sentir tanto temor por la violencia, pero reconoce tener estrés y ansiedad por las preocupaciones de su madre. “A ella le da mucho miedo que me llegue a pasar algo”, reitera.
En septiembre de 2024 comenzaron los ataques y enfrentamientos por la ruptura del Cártel de Sinaloa, luego de que Ismael “El Mayo” Zambada fue entregado a las autoridades de Estados Unidos en julio de ese año: fue secuestrado y entregado por Joaquín Guzmán López, uno de Los Chapitos. La incertidumbre llevó a Vanessa a terapia. Estuvo acudiendo durante un tiempo, pero luego, sin dar mayores explicaciones, decidió dejarla. Su madre también participó en algunas sesiones, aunque tampoco las continuó.
“Mi mamá todo el día se la lleva viendo redes sociales, informándose. Creo que eso también le ha afectado a ella y me ha afectado a mí porque ve todo tipo de noticias y a veces le entra el miedo”, insiste.
Las preocupaciones de la madre de Vanessa no son aisladas. Una exposición tan prolongada a la violencia, como la que se vive actualmente en la ciudad, sumada a los recuerdos de episodios como el Culiacanazo de 2019, pueden generar trastorno de estrés postraumático. No atender adecuadamente síntomas como la angustia y la ansiedad podría estar provocando problemas de salud mental, explica el investigador Tomás Guevara Martínez.
Para el fundador del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la violencia que se vive actualmente es el colofón de un fenómeno que durante años se supo que podía ocurrir: permitir que el crimen organizado se incrustara en la sociedad. Lo que quizá no se dimensionó, señala, fue la magnitud de sus consecuencias.
Guevara Martínez advierte que uno de los enemigos silenciosos es el temor social. Para algunas personas ha significado modificar por completo su rutina; en los casos más graves, incluso optar por el encierro voluntario ante el miedo a convertirse en víctimas.
“Estamos hablando de un problema que se metió hasta la médula de esta sociedad. Lo que estamos viviendo es el efecto de esto. Hoy la gente vive en un terrible miedo de no poder salir”, explicó.
El 9 de septiembre de 2024, la tranquilidad de la madrugada se rompió con el estruendo de las balas disparadas desde fusiles de asalto en calles y avenidas de la ciudad. Desde entonces, los enfrentamientos entre Los Chapitos y Los Mayos no han cesado.
Durante las primeras semanas, hombres armados transitaban libremente por las calles. Se desplazaban en camionetas blindadas, portaban armas de grueso calibre, instalaban retenes y realizaban bloqueos carreteros. Todo ocurría frente a los ojos de una ciudadanía que aprendía, de golpe, a resguardarse.
Guevara Martínez describe esta última ruptura del Cártel de Sinaloa como la más sanguinaria, superando por mucho la batalla entre Joaquín “El Chapo” Guzmán y los Beltrán Leyva, iniciada en 2008. La violencia también comenzó a exhibirse de otras formas. Los cuerpos de las víctimas son colgados, mutilados, desollados o abandonados en lugares públicos. Después, las imágenes circulan a través de las redes sociales y llegan a miles de teléfonos.
“Sabemos que hace mal a la gente, pero la gente lo quiere ver, se quiere enterar, quiere casi casi ser testigo de esos sucesos, a pesar del impacto que puede tener en ellos, el impacto negativo”, señala el investigador.
2 mil llamadas de auxilio: la herida que no se ve
En los últimos dos años, las personas no sólo llaman a los números de emergencia para reportar hechos delictivos. Algunas también lo hacen para pedir ayuda. Hay quienes entran en crisis nerviosas después de escuchar disparos. Otras llaman después de haber visto un cadáver en la calle. Ante esta situación, las autoridades habilitaron un número de atención psicológica que posteriormente se convirtió en la Línea de la Salud Mental.
Durante su primer año de funcionamiento se recibieron 2 mil 199 llamadas: mil 504 fueron realizadas por mujeres y 695 hombres, con edades de entre 9 y 65 años, de acuerdo a un resumen ejecutivo obtenido a través de una solicitud de información pública.
El 58 por ciento de las llamadas se realizaron desde Culiacán, seguido de Mazatlán y Navolato, los tres municipios con más altos índices de violencia en el estado. Algunas personas hablaban para recibir primeros auxilios psicológicos; otras requerían intervenciones breves y atención de emergencias.
Ese primer año, 450 amas de casa llamaron a la Línea de la Salud Mental. También lo hicieron 188 estudiantes, como Vanessa; por ejemplo. Los principales diagnósticos detectados fueron trastornos de ansiedad y depresivos. Cerca de la mitad de estas personas atendidas dio seguimiento a su atención y pudo ser dada de alta.
Sin embargo, “las personas están enfrentando sin herramientas adecuadas sus trastornos de salud mental. La mayoría de los hablantes no cuentan con un tratamiento psicológico, médico ni psiquiátrico, lo que dificulta evolucionar con buen pronóstico en el padecimiento de cualquier trastorno de la salud mental o por adicciones”, se concluye en el resumen ejecutivo de la Línea de la Salud Mental.
En otro informe, con información más detallada sobre las llamadas recibidas, muestra que durante los primeros meses de 2026 la línea continuaba registrando una alta demanda y que los diagnósticos de ansiedad y depresión seguían predominando. Durante el primer trimestre del año se detectaron 14 personas con riesgo de dañarse a sí mismas o a terceros. Para el primer semestre, alrededor de 170 personas tenían ideación suicida.
Guevara Martínez insiste en que el problema puede ser mucho mayor porque hay personas que enfrentan estos síntomas sin recibir atención. A dos años del recrudecimiento de la violencia, considera necesario conocer cuál ha sido el verdadero daño emocional entre la población.
También plantea que las universidades deberían brindar atención psicológica relacionada específicamente con la violencia, tanto a estudiantes como a la sociedad, pues recibir terapia representa un gasto que muchas familias no pueden asumir.
“Se puede pasar de la situación psicológica a un daño fisiológico”, advierte.
Unos días antes de hablar con Vanessa, habían matado a una persona enfrente de su escuela. Los disparos se escucharon hasta su salón. Pocos minutos después, su teléfono comenzó a sonar. Era su madre tratando de averiguar cómo estaba.
“No me preocuparon los balazos, pero me sentí insegura. Estaba en la escuela y a un lado eso (un muerto)”, recuerda.
No era la primera vez que la violencia ocurría tan cerca de ella. Meses antes observó a un grupo de hombres armados mientras intentaba privar de la libertad a una persona.
Por eso, cada vez que Vanessa sale de su casa, su madre intenta protegerla como puede. La acompaña hasta la parada del transporte público llevando un bat de béisbol, dispuesta, si fuera necesario, a enfrentarse incluso a criminales armados.
La familia ya tomó una decisión más drástica con uno de sus hermanos adolescentes, enviándolo fuera de Sinaloa. Lo que era una decisión temporal, ahora parece una situación permanente, pues ha debido continuar sus estudios en otra entidad. Vanessa, en cambio, se resiste a marcharse, a pesar de la violencia
“La verdad no quiero dejar mis raíces, donde he vivido toda la vida, por eso no me quiero ir de Culiacán. Estoy esperando que se recupere la tranquilidad que teníamos antes”, confiesa.
Prefiere soportar las restricciones, seguir compartiendo su ubicación, enviar fotografías para demostrar dónde se encuentra y regresar temprano a casa. Todo antes de abandonar la ciudad donde ha crecido.
Toque de queda sin decreto: Culiacán perdió sus noches
Ese miedo domina las mentes de la mayoría de las personas que habitan en Culiacán. La presencia de las fuerzas federales en las calles no ha sido suficiente para borrar el temor de la ciudadanía.
Armando, cuyo nombre también fue modificado a petición suya, lo percibe cada vez que mira el reloj antes de salir o al calcular cuánto tiempo le tomará regresar a casa. Extraña algo que antes parecía sencillo: poder andar por la ciudad sin pensar en la hora. Desde el recrudecimiento de la violencia, dice, esa parte de la vida cotidiana se terminó.
Reconoce que en los últimos meses ha percibido una leve mejoría, pero no la suficiente para volver a sentirse cómodo. No importa dónde se encuentre ni qué esté haciendo, sabe que debe regresar temprano. La posibilidad de quedar en medio de un ataque a balazos o de un enfrentamiento todavía es latente.
“Es que ya no puedes salir tranquilamente. Sí te produce cierta ansiedad o cierta preocupación el pensar que tengo que trasladarme y ya pasan de las 10, 11 de la noche. Vas con preocupación, vas con incertidumbre de no saber qué va a pasar”, relata.
El temor aumenta al tener que trasladarse durante la madrugada. A esas horas, Armando encuentra una ciudad distinta a la que recuerda: calles solas, negocios cerrados y una vida nocturna que parece terminar antes de tiempo. Recientemente acudió a una fiesta que comenzó a las seis de la tarde. A las once de la noche ya había terminado.
“Las fiestas antes eran hasta que saliera el sol, eso ya no se puede. Y si lo haces, lo hacen encerrado en tu casa y ya no salen hasta la mañana”, lamenta.
Lo que Armando describe no es una percepción aislada. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de junio de 2026, el 90.8 por ciento de las personas consultadas reconocieron sentirse inseguras en la capital de Sinaloa.
En abril de 2024, tres meses antes de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el 39.3 por ciento de los habitantes de Culiacán decía sentirse inseguro. Después, con el inicio de los ataques entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, la percepción cambió drásticamente hasta colocar a la capital sinaloense como la ciudad con mayor percepción de inseguridad en México, y en junio de 2026 aún ocupó el segundo lugar nacional.
Las cifras oficiales cuentan otra historia. El 7 de julio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó una reducción del 44 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos respecto a junio de 2025. Atribuyó el resultado a la Estrategia Nacional de Seguridad y al reforzamiento permanente de la seguridad en Sinaloa, donde se mantenía un estado de fuerza de 16 mil 440 elementos. Desde el Gobierno Federal se aseguró que los conflictos entre grupos criminales estaban siendo contenidos y que los niveles de violencia comenzaban a disminuir.
Pero entre las cifras oficiales y lo que ocurre en las calles todavía existe una distancia considerable. Sinaloa llegó a registrar cifras de homicidios dolosos por debajo de la media nacional y Culiacán incluso salió de los listados de las ciudades más violentas del mundo, recuerda Javier Llausás Magaña, presidente de Culiacán Participa IAP.
Para esta organización, dedicada a transformar la conversación pública, elevando la comprensión social sobre la seguridad y la justicia para construir paz duradera, resulta indispensable que las autoridades reconozcan que todavía están lejos de terminar con el problema.
Uno de los obstáculos, considera Llausás Magaña, es que la estrategia continúa concentrada en el enfrentamiento de dos facciones del crimen organizado, mientras detrás permanece una estructura criminal mucho más amplia, alimentada por el mercado de sustancias ilegales y la complicidad de las autoridades.
“La corrupción ha llegado a tal grado de que ciertas partes del gobierno protegen a delincuentes y así es muy difícil”, explica.
Mientras las autoridades hablan de contención y reducción de la violencia, Armando sigue haciendo cálculos antes de salir de casa: qué hora es, por dónde regresar, cuánto tardará y si vale la pena permanecer más tiempo fuera. La violencia y la incertidumbre se han prolongado tanto que por su mente ha pasado la idea de abandonar Culiacán. Hasta ahora se resiste por no dejar su vida y lo que ha construido. Pero la posibilidad permanece.
“Esa parte de la incertidumbre de vivir con estrés, de vivir con ansiedad, de no saber si sales y si vas a regresar, genera cierta psicosis, cierto miedo”, explica.
Si la situación no cambia, Armando y su familia también podrían mudarse fuera de Culiacán. Han analizado opciones y una de ellas podría ser la ciudad de Los Mochis, una ciudad al norte de Sinaloa, donde sólo un 31.2 por ciento de sus habitantes dice sentirse inseguro, aunque esa cifra subió desde 21.1 por ciento en apenas tres meses.
Guerra en tiempo real: cuando al silencio oficial lo llenan los rumores
Querer estar informado de todo lo que ocurre en la ciudad ha traído consecuencias para algunas personas: el miedo y los estragos a la salud mental son algunas de ellas, pues no todo lo que consumimos en redes sociales es verdad. El teléfono celular se ha convertido en una herramienta para intentar saber qué ocurre realmente en las calles: un mensaje, una fotografía, un audio o una alerta pueden modificar las decisiones de las personas.
En estos dos años, una gran parte de los hechos de alto impacto ocurrieron en espacios públicos. La ciudadanía necesitaba saber qué estaba pasando antes de salir de casa, tomar una avenida o trasladarse de un sector a otro. En ese contexto han aparecido numerosos grupos y cuentas dedicados a difundir información casi en tiempo real; informaban sobre balaceras, bloqueos, persecuciones o zonas consideradas de riesgo.
Kevin Chicuate, periodista y administrador del canal Alerta-Familia, explica que las noticias falsas logran propagarse rápidamente ante la necesidad de la ciudadanía de conocer qué está sucediendo y aumentan al no tener información oficial o la sospecha de que la puedan estar ocultando.
“Cuando hay una falta de información, esa falta de información o esa laguna de información siempre se va a llenar con algo: una especulación, con una versión mal contada, con lo que sea, pero siempre la falta de información hace que las personas necesiten o busquen llenar eso”, asegura.
La ausencia de las autoridades deja zonas en las que no se puede realizar coberturas periodísticas. Iniciativa Sinaloa presentó un informe llamado “Voces en resistencia: libertad de expresión y zonas silenciadas en Sinaloa”, después del primer año de la violencia, revelando que en 9 de los 20 municipios había silencio informativo. Condiciones ideales para la desinformación.
En los municipios de Concordia, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Navolato, Escuinapa, Cosalá, Rosario y Sinaloa, el periodismo está limitado por la violencia criminal. Mientras las ciudades mantienen cierto nivel de pluralidad, las comunidades rurales y serranas permanecen invisibilizadas, concluye la investigación.
Para un número importante de periodistas, el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos ha sido su primera cobertura de violencia, y pocos imaginaron que podría extenderse tanto tiempo, reconoce Jesús Verdugo, quien ha informado cada detalle desde sus inicios.
Por adentrarse en zonas silenciadas por el crimen organizado, a pesar de que, en su percepción, los periodistas no han sido blanco directo de los grupos delincuenciales en este conflicto criminal, intentar estar en todos los hechos de alto impacto los dejó expuestos en más de una ocasión.
“Nos encontrábamos con retenes de civiles armados que nos decían regrésate, así de plano”, reconoció.
Eso los obligó a modificar -por un tiempo- sus jornadas laborales. Periodistas y medios dejaron de acudir a hechos delictivos; algunos restringían sus coberturas a las 7 u 8 de la noche. Entonces, se buscaron otras estrategias para continuar informando lo que ocurría en Culiacán.
“Se documentaba cómo se podía, a final de cuenta había mucha información gráfica en los grupos de WhatsApp, en los grupos de los mismos reporteros que formamos, fluía mucho material gráfico y a partir de ahí construimos la información con nuestras fuentes”, detalló.
En este punto, Chicuate comenzó a notar que algunas publicaciones en algunos de esos grupos informales parecían construidas desde la narrativa de uno u otro grupo criminal. Fue una de las razones por las que surgió Alerta-Familia. La intención, explica, era ofrecer una alternativa para informarse de manera imparcial.
“Había canales que parecía que estaban inclinados a ciertos grupos criminales y nosotros lo que buscábamos era darles precisamente a las personas una comunidad totalmente neutral. Enterarse de lo que estaba pasando, pero sin ningún tipo de sesgo”, explica.
El canal comenzó a funcionar también como una comunidad de prevención, con unos 35 mil miembros a finales de agosto de 2026. Las personas consultaban los reportes antes de tomar decisiones. Con el paso de los meses también tuvieron que establecer límites sobre aquello que publicarían.
“Nosotros entendimos que no podíamos ser un canal que se convirtiera en vocero de la criminalidad, entonces comenzamos a evitar poner fotos de los cuerpos expuestos, empezamos a evitar poner los mensajes que había en las cartulinas. Eso era muy importante, el no convertirse en vocero”, recuerda. La decisión les costó seguidores, pero les permitió construir una comunidad digital más limpia.
Algunas de las otras páginas y comunidades permanecen y ahora se valen de la inteligencia artificial para crear contenidos, demostrando que su objetivo es construir sus propias narrativas ligadas a grupos delincuenciales, logrando infundir miedo en la sociedad.
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Esta investigación periodística fue desarrollada en colaboración con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), a través del Fondo Resiliencia y el Observatorio para América del Norte. Su contenido fue producido de manera independiente y no refleja necesariamente las opiniones o posiciones de GI-TOC, del Fondo Resiliencia ni del Observatorio para América del Norte.
A pesar de que la PROPAET informó que Textiles Tenexac está abandonada, Escenario Tlaxcala contactó a la fábrica y un representante comercial confirmó que continúa su operación. Para el Centro Fray Julián Garcés, estas acciones representan simulación e impunidad, pues las inspecciones aisladas, sin diagnóstico público, coordinación institucional ni medidas de restauración, no responden a un plan integral de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac.
Papalotla, Tlax. La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) informó este 27 de octubre, a través de sus redes sociales, que realiza inspecciones en el Parque Industrial de Papalotla de Xicohténcatl para dar seguimiento a la situación ambiental de las empresas. Como parte de estos recorridos, señaló que revisó las condiciones actuales de la fábrica Textiles Tenexac, S.A. de C.V.
En su publicación, la dependencia aseguró que el establecimiento se encontraba en abandono y que realizó un recorrido para verificar que ya no estuviera en operación. Sin embargo, Escenario Tlaxcala llamó a la empresa y el contacto comercial ofreció telas al mayoreo, al señalar que se trata de una fábrica que vende sus productos por volumen.
Por su parte, el Centro Fray Julián Garcés ha cuestionado las acciones impulsadas por la PROPAET frente a la contaminación industrial en la cuenca del Alto Atoyac, al advertir que pueden constituir una simulación y perpetuar la impunidad.
“Vendemos a mayoreo, porque somos una fábrica”
Desde Escenario Tlaxcala realizamos una llamada telefónica a Textiles Tenexac, haciéndonos pasar por un pequeño maquilero interesado en comprar tela para elaborar playeras. Durante la conversación, el contacto comercial describió los tipos de tela que venden. Entre los productos mencionados estuvieron el cuadrillé, con un precio de 47 pesos más IVA por metro, y el yute, a 15 pesos más IVA. La persona indicó que el pedido mínimo era de mil metros.
Al preguntarle si también vendían por menudeo, la respuesta fue: “Vendemos a mayoreo, porque somos una fábrica”. La oferta comercial emitida por la empresa, contrasta con la publicación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), encabezada por Iván García Juárez, donde aseguró que Textiles Tenexac se encontraba en abandono. Durante la llamada, la representante comercial aseguró que la atención al cliente es de lunes a viernes, con un horario de atención de 9am a 5pm.
Por su parte, Ángeles Rugerio, habitante de Panzacola e integrante del grupo CÍHUATL, sostuvo que la fábrica continúa en operación. Al referirse a la fotografía difundida por la dependencia, la calificó como una farsa y explicó que el sitio visitado corresponde a la fachada de las instalaciones del sindicato de la empresa, mientras que detrás se encuentran naves industriales donde, afirmó, continúa la actividad textil.
La imagen satelital disponible en Google Maps permite observar el conjunto de instalaciones identificado como Textiles Tenexac, con varias naves industriales dentro del predio. La ubicación aparece a pocos metros del sitio cuya fachada, según Ángeles Rugerio, fue revisada por la PROPAET.
Las inspecciones forman parte de una estrategia más amplia
Las revisiones a Textiles Tenexac forman parte del programa “Tlaxcala sin Descargas Ilegales”. El 13 de octubre, durante el Diálogo Circular, el titular de la PROPAET, Iván García Juárez, informó que la dependencia había realizado 178 inspecciones entre 2022 y 2026, de las cuales 20 correspondían a una etapa reciente de verificaciones por descargas irregulares.
En ese encuentro, García Juárez señaló que el Ayuntamiento de Papalotla entregó un padrón de ocho empresas que descargan aguas residuales al drenaje municipal y que las revisiones se ampliarían al corredor industrial de Xicohtzinco y a las ciudades industriales del estado. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado públicamente si Textiles Tenexac está incluida en ese padrón ni cuáles fueron los resultados específicos de su inspección.
El funcionario explicó que la campaña surgió ante el aumento de denuncias por descargas irregulares. Sin embargo, uno de los antecedentes recientes ocurrió en Apetatitlán, donde la PROPAET suspendió temporalmente las actividades de una textilera tras detectar descargas de aguas residuales provenientes de procesos de teñido hacia la red de drenaje.
El caso estuvo precedido por denuncias y presión en redes sociales por la contaminación del río Zahuapan, que exigían la intervención de las autoridades ambientales. Durante la inspección, la dependencia señaló que el establecimiento no acreditó contar con la documentación ambiental correspondiente ni con un sistema o planta de tratamiento de aguas residuales.
Simulación e impunidad, eso representan para el Fray las acciones de la PROPAET
Para Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, las inspecciones anunciadas por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) dejan en duda si estas acciones realmente forman parte de un plan de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac. En entrevista con Escenario Tlaxcala, cuestionó que las autoridades promuevan denuncias ciudadanas para identificar descargas ilegales, en lugar de utilizar la información que pueden solicitar a otras instituciones.
Flores consideró que trasladar esta responsabilidad a la población puede servir como justificación para la falta de investigaciones y sanciones, si las autoridades argumentan que no existen denuncias.
“Me resuena mucho en las cuestiones como de trata, como las víctimas no denuncian, no hay averiguaciones previas”.
Por su parte, Adriana Martínez, integrante del Centro, sostuvo que las inspecciones no constituyen por sí mismas un plan de saneamiento, pues antes de realizarlas tendría que existir un diagnóstico que identifique las fuentes de contaminación, las empresas que operan y los problemas que deben atenderse. También cuestionó que las dependencias no compartan información, pese a que cuentan con facultades para solicitar registros sobre concesiones, descargas y actividad industrial.
“No hay coordinación interinstitucional a pesar de que parte de la información sí la tienen”.
Martínez señaló que la visita a una empresa que presuntamente ya no opera evidencia la falta de coordinación entre instituciones y de una verificación previa de la información disponible. Sostuvo que un plan de saneamiento debe partir de un diagnóstico, incluir monitoreo y establecer acciones de restauración, en lugar de limitarse a inspecciones y sanciones. También cuestionó que no se haya hecho pública una metodología que permita conocer los criterios de evaluación de las inspecciones y medir sus resultados.
“Eso es lo que nos indica es que el plan de saneamiento que están ejecutando, en realidad, ni es un plan”.
Flores agregó que la responsabilidad de la PROPAET no termina cuando constata que una fábrica dejó de operar, pues también debe identificar posibles afectaciones ambientales y riesgos para la salud de quienes permanecen en el lugar. Ambas integrantes del Centro cuestionaron que se presente la denuncia ciudadana como una forma de participación social sin aclarar qué garantías de seguridad existen para quienes reportan la contaminación.
Para el Fray, sin diagnóstico, coordinación entre dependencias y medidas de restauración verificables, las inspecciones corren el riesgo de convertirse en acciones aisladas que no resuelvan el problema de fondo.
La textilera Textiles Tenexac aparece en el inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales no municipales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 2019, dentro de la cuenca del río Alto Atoyac. Aunque ese registro no confirma que la planta siga operando ni que actualmente trate aguas residuales, constituye un antecedente documental que podría orientar la revisión de las autoridades.
Del río Atoyac a la Laguna de Acuitlapilco, de los bosques de la Malintzin a la defensa de los espacios públicos y los territorios comunitarios, colectivos y organizaciones han sostenido durante años luchas para proteger el agua, la biodiversidad y la vida. Hoy, el reto también es sumar a más ciudadanía a sus causas. Conoce cómo defender el medio ambiente en Tlaxcala.
Tlaxcala, Tlax. En Tlaxcala, la defensa del medio ambiente tiene una historia construida por comunidades que se han organizado para proteger aquello que consideran indispensable para la vida: el agua limpia, los bosques, las lagunas, los espacios públicos y el derecho a decidir sobre sus territorios.
Estas luchas no surgieron de la nada. Se han desarrollado en un estado transformado por la industrialización, el crecimiento urbano y distintos proyectos de infraestructura y aprovechamiento del territorio. Mientras se promueven nuevas inversiones y modelos de desarrollo, habitantes de diversas regiones han denunciado contaminación, deterioro ambiental y decisiones que, desde su perspectiva, ponen en riesgo sus comunidades y ecosistemas.
Defensa del territorio en Tlaxcala · 1977-2026 · Haz clic en un punto para ocultar o mostrar
Agua y humedalesBosques y MalintzinTerritorio y espacio públicoComunidad y participaciónDerechos humanos y mujeres
1977
1977
Política de industrialización de Tlaxcala
Antecedente del desarrollo industrial y sus impactos territoriales
Territorio y espacio público
2001
2001
Centro Fray Julián Garcés
Derechos humanos, agua y salud
Derechos humanos y mujeres
2003
2003
Coordinadora por un Atoyac con Vida
Río Atoyac, agua limpia y salud (2003-2004)
Agua y humedales
2018
2018
Patos Verdes al Rescate A.C.
Laguna de Acuitlapilco y humedales
Agua y humedales
2019
2019
Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzin
Bosques y restauración forestal
Bosques y Malintzin
2019
Movimiento Solidario Tlaxcalteca (MST)
Economía solidaria, comunidad y ambiente
Comunidad y participación
2019
Brigada San Pedrito
Conservación de la Malintzin
Bosques y Malintzin
2020
2020
Colectivo 16 de Octubre
Monte Malpaís y defensa del territorio frente al proyecto Nueva Xcala
Territorio y espacio público
2020
Colectivo 4 de Octubre
Bosques de la Malintzin y extracción de materiales pétreos
Bosques y Malintzin
2020
Pueblos Unidos por la Montaña Malinche
Bosques, conservación forestal y territorio comunitario
Bosques y Malintzin
2021
2021
Pobladores Unidos Matlalcueyetl
Bosques y defensa de la montaña
Bosques y Malintzin
2021
Grupo Cíhuatl
Agua, contaminación y aguas residuales en Panzacola y Papalotla
Agua y humedales
2021
Mujeres Colibrí Colectiva LesBica Indígena
Derechos de mujeres indígenas y defensa del territorio
Derechos humanos y mujeres
2022
2022
Colectivo en Defensa del Territorio de Tlaltelulco (COLDETT)
Territorio y uso del suelo
Territorio y espacio público
2022
Tlaltelulco en Resistencia
Territorio y decisiones comunitarias
Territorio y espacio público
2022
Hijas de la Matlalcueyetl
Bosques y territorio comunitario
Bosques y Malintzin
2023
2023
Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida (UPCO-LAV)
Laguna de Acuitlapilco y saneamiento del agua
Agua y humedales
2023
Movimiento No al Libramiento Calpulalpan
Tierras agrícolas, biodiversidad y zonas de recarga de agua
Territorio y espacio público
2023
Asamblea Socioambiental Comunitaria de Tlaxcala
Defensa socioambiental y participación ciudadana
Comunidad y participación
2025
2025
Alianza Lagunera por un Ambiente Sano (A.L.A.S.)
Agua, humedales y calidad ambiental
Agua y humedales
2025
Salvemos al Parque de la Juventud
Áreas verdes, arbolado y espacio público
Territorio y espacio público
2026
2026
Comités en Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe
Campos deportivos y espacios comunitarios
Territorio y espacio público
2026
Frente Ciudadano San Pedro Ecatepec y Comunidades
Territorio y prevención de posibles impactos ambientales del PODECIBI
Territorio y espacio público
2026
Brigada Ambiental en Defensa de San Pedro Ecatepec
Defensa ambiental y del territorio de San Pedro Ecatepec
Territorio y espacio público
Durante años, muchas de estas resistencias han tenido que abrirse paso para que sus demandas sean escuchadas. Han organizado movilizaciones, documentado afectaciones, impulsado acciones legales, convocado a jornadas comunitarias y exigido que las autoridades respondan a los problemas que enfrentan.
Pero sus historias también muestran que la defensa ambiental no depende únicamente de detener un proyecto o denunciar un daño, implica también sostener procesos organizativos, recuperar espacios deteriorados, generar información, exigir políticas públicas y construir alternativas para cuidar el territorio.
De la industrialización a la defensa del territorio: cómo crecieron las luchas ambientales en Tlaxcala
Desde la segunda mitad del siglo XX, Tlaxcala apostó por la modernización económica y la industrialización. Durante el gobierno de Emilio Sánchez Piedras (1975-1981), la creación del Instituto para el Desarrollo Industrial y Turístico de Tlaxcala, en 1977, impulsó la instalación de empresas y parques industriales en distintos municipios. En las décadas siguientes, la apertura económica y la llegada de capital extranjero profundizaron la transformación del territorio. Mientras los gobiernos promovían la inversión y el empleo, la contaminación del agua y el deterioro ambiental comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante en las denuncias comunitarias.
Durante los gobiernos de Alfonso Sánchez Anaya (1999-2005) y Héctor Ortiz Ortiz (2005-2011), el tratamiento de aguas residuales formó parte de las respuestas institucionales a los problemas de contaminación. Sin embargo, la construcción de infraestructura no garantizaba por sí misma el saneamiento de los ríos: también se requerían mantenimiento, operación continua y vigilancia de las descargas industriales y municipales.
Una de las primeras luchas ambientales organizadas que alcanzó relevancia pública se articuló alrededor del río Atoyac. En noviembre de 2001 surgió el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, que acompañó a comunidades preocupadas por la contaminación y sus posibles efectos en la salud. Entre 2003 y 2004, habitantes de distintas localidades consolidaron la Coordinadora por un Atoyac con Vida, para denunciar las descargas contaminantes y exigir que las autoridades atendieran el problema como una cuestión de salud y derechos humanos.
La lucha continuó durante el gobierno de Mariano González Zarur (2011-2016). En julio de 2011 se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y en marzo de 2017, ya durante el gobierno de Marco Antonio Mena, la Comisión emitió la Recomendación 10/2017 por violaciones relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano, el saneamiento del agua y el acceso a la información. El reconocimiento institucional no significó que el río quedara saneado, pero dio mayor alcance a una exigencia sostenida durante años por las comunidades.
La defensa del Atoyac no fue el único proceso organizativo. Con el tiempo, las preocupaciones ambientales se extendieron a otros cuerpos de agua, bosques y territorios, en ocasiones frente a proyectos específicos de inversión e infraestructura.
En 2018, durante el gobierno de Marco Antonio Mena (2017-2021), comenzó una de las luchas por la defensa del agua en Tlaxcala. El 1 de febrero de ese año, Patos Verdes al Rescate inició formalmente sus actividades para proteger la Laguna de Acuitlapilco y denunciar su deterioro. Su organización se convirtió en un antecedente de las articulaciones posteriores para exigir la conservación y el saneamiento de este cuerpo de agua.
En 2019 comenzó a trabajar el Movimiento Solidario Tlaxcalteca (MST), con iniciativas vinculadas con la economía solidaria, la educación, la organización comunitaria y el ambiente. Su trayectoria se suma a los esfuerzos que buscan fortalecer la participación social y construir alternativas frente a los problemas que afectan a las comunidades originarias.
La defensa de los bosques también dio lugar a procesos organizativos propios. En ese mismo año, en San Pedro Tlalcuapan, el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzin sumaron esfuerzos para la conservación de los bosques de la Malinche, ante la aparición del escarabajo descortezador. Ese mismo año, pobladores de la comunidad San Pedro Muñoztla se sumaron a través de la Brigada San Pedrito se sumó a las iniciativas comunitarias vinculadas con el cuidado de la montaña.
Un año después, durante el mismo sexenio, las disputas por el territorio también se hicieron visibles frente a proyectos energéticos. En Calpulalpan, el proyecto fotovoltaico Nueva Xcala, asociado con la empresa transnacional ENGIE, generó cuestionamientos sobre el uso de la tierra y los posibles impactos en el entorno de Monte Malpaís. En 2020, el Colectivo 16 de Octubre hizo pública su defensa de esa zona y sus recursos naturales.
Por su parte, alrededor de 2020 surgió el Colectivo 4 de Octubre, en San Francisco Tetlanohcan, ante la preocupación por la tala de árboles, la extracción de materiales pétreos y el deterioro de la Malintzin.
En 2020 también se articuló de manera más formal Pueblos Unidos por la Montaña Malinche, movimiento que reúne a habitantes de comunidades de Tlaxcala y Puebla preocupados por la conservación del bosque, la tala y el manejo del parque nacional. Su organización se sumó a una historia de defensa comunitaria de la montaña que antecede a su articulación formal.
En 2021, el Grupo Cíhuatl participó en denuncias relacionadas con la contaminación y las aguas residuales en la región de Panzacola y Papalotla. A estas luchas se suma Mujeres Colibrí Colectiva LesBica Indígena en Tetlanohcan, que ha participado en espacios de articulación y pronunciamientos en defensa del territorio.
Durante el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros (2021-2027), las organizaciones ambientales ampliaron sus articulaciones y surgieron nuevas disputas por el uso de la tierra y los espacios públicos. En 2022, en San Pablo del Monte, un grupo de mujeres se organizó para defender el bosque y el territorio, dando origen al colectivo Hijas de la Matlalcueyetl. Desde entonces, el movimiento ha destacado por su labor en la protección de los bienes naturales del sur de Tlaxcala. Actualmente, sus integrantes se mantienen en resistencia frente al proyecto del Ecoparque Tlalli Malinche, impulsado por el gobierno de Puebla, ante las posibles afectaciones al entorno natural y al territorio que defienden.
En ese mismo año, en el municipio de la Magdalena Tlaltelulco, las controversias por los límites municipales y el uso de la tierra se relacionaron con procesos de defensa territorial. En ese contexto nació el Colectivo en Defensa del Territorio de Tlaltelulco (COLDETT) con la exigencia de que las decisiones sobre el territorio consideren la participación de sus habitantes.
En año después, en 2023, el Movimiento No al Libramiento Calpulalpan se opuso al proyecto de infraestructura por las posibles afectaciones a tierras agrícolas, biodiversidad y zonas de recarga de agua. Esta lucha debe distinguirse de la impulsada por el Colectivo 16 de Octubre frente al proyecto fotovoltaico Nueva Xcala, pues se trata de proyectos y conflictos diferentes.
En enero y febrero de 2023, Patos Verdes al Rescate impulsó la unión con otras organizaciones en defensa de la Laguna de Acuitlapilco, de la que surgió la Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida (UPCO-LAV), respaldada por colectivos feministas y organizaciones vinculadas con la defensa de la montaña. En 2025, sus integrantes anunciaron el cierre de un ciclo organizativo. Aunque la articulación logró interlocución con autoridades para la atención de la laguna, el proceso se fragmentó y dio paso a otras formas de organización.
En 2023 se articuló la Asamblea Socioambiental Comunitaria de Tlaxcala, un espacio de organización ciudadana que surgió en medio de las preocupaciones por iniciativas que, desde la perspectiva de sus integrantes, amenazaban el acceso al agua y el territorio. Entre los temas que impulsaron su organización estuvieron la propuesta de una nueva Ley de Agua para la entidad, que cuestionaban por el riesgo de privatización del recurso, y el proyecto de construcción de un autotrén en la zona centro de Tlaxcala. Su conformación refleja cómo las luchas por el agua, los bosques y el territorio comenzaron a encontrar nuevos espacios de articulación y acción colectiva.
En 2025, el anuncio de la transformación del Parque de la Juventud en la llamada Ciudad de la Juventud generó inconformidad entre personas usuarias del espacio y sectores que cuestionaron las intervenciones proyectadas. Esa situación dio vida al Movimiento «Salvemos al Parque de la Juventud» el cuál ha dado a conocer las posibles afectaciones a las áreas verdes y al arbolado de la zona urbana de la entidad.
A la par se conformó la Alianza Lagunera por un Ambiente Sano (A.L.A.S.), que reúne a agrupaciones como Yaocalli Centro de Estudios y Acción Social, Xilonen Grupo Ambiental y Libélula Viajera. Sus actividades incluyen estudios sobre la calidad del agua, reuniones comunitarias y exigencias de saneamiento a la Laguna de Acuitlapilco.
En marzo de 2026, los Comités en Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe exigieron preservar terrenos de uso comunitario ante planes de infraestructura. Sus demandas se relacionan con la protección de espacios destinados al deporte, la convivencia y la vida colectiva.
Ese mismo año, en San Pedro Ecatepec, la Brigada Ambiental en Defensa de San Pedro Ecatepec y el Frente Ciudadano San Pedro Ecatepec y Comunidades expresaron su rechazo al Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), ante preocupaciones por la falta de información y los posibles impactos ambientales. La organización comunitaria puso en el centro la exigencia de participar en las decisiones sobre el territorio.
En agosto de 2026, a través de la Asamblea Socioambiental Comunitaria de Tlaxcala, diversos colectivos y organizaciones articularon sus demandas en un pronunciamiento regional. El documento reunió distintas luchas por la defensa del territorio: desde las exigencias de saneamiento del río Atoyac y la conservación de la Laguna de Acuitlapilco y la Malintzin, hasta la protección del Parque de la Juventud y los campos deportivos, así como el rechazo a proyectos que consideran perjudiciales para sus comunidades. Esta articulación evidenció los puntos de encuentro entre las distintas luchas socioambientales de Tlaxcala.
La trayectoria de estos colectivos dan muestra de cómo la defensa ambiental en Tlaxcala se ha ampliado: de las primeras denuncias por contaminación del agua a una diversidad de luchas por los bosques, la tierra, los espacios públicos y el derecho de las comunidades a participar en las decisiones sobre su territorio.
No todas las organizaciones nacieron en el mismo sexenio ni responden a las mismas causas, sin embargo, su convergencia evidencia que los conflictos ambientales forman parte de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo, sus impactos y las responsabilidades de las autoridades.
¿Por qué sumarse a estas luchas?
La defensa de un río, una laguna, un bosque o un espacio público no depende solamente de quienes viven cerca. También necesita una sociedad informada, dispuesta a escuchar y capaz de colaborar.
Las personas pueden sumarse a través de jornadas de restauración, actividades educativas, difusión de información, investigación, documentación de problemas ambientales o apoyo a las iniciativas que cada organización considere prioritarias.
No todos los colectivos necesitan lo mismo. Por eso, acercarse a ellos, conocer sus demandas y preguntar cómo colaborar es una manera de reconocer su trabajo sin sustituir la voz de las comunidades.
El mapa interactivo de Escenario Tlaxcala busca facilitar ese acercamiento. Reúne las luchas, los territorios que defienden y sus principales causas para que estudiantes, investigadores y ciudadanía puedan conocerlas y encontrar vías de contacto autorizadas.
Estas resistencias forman parte de la historia viva de Tlaxcala. Conocerlas permite entender qué se ha defendido durante años; acercarse a ellas puede ayudar a que esa defensa no recaiga siempre en las mismas personas.
