Tlaxcala, Tlax.- Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno de la LXV Legislatura, diputadas y diputados del Congreso del Estado plantearon modificaciones relacionadas con la fiscalización de las cuentas públicas municipales y el fortalecimiento de las acciones de prevención y atención de las conductas suicidas desde los ayuntamientos.
La jornada también incluyó un pronunciamiento sobre la prevención del suicidio, en el que la diputada Sandra Aguilar llamó a reforzar la atención de niñas, niños y adolescentes y a generar espacios seguros para abordar la salud mental.
Bladimir Zainos propone ampliar plazo para revisar cuentas públicas
El diputado Bladimir Zainos Flores, de la bancada de Nueva Alianza presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de fortalecer la participación de las sindicaturas en la revisión y validación de las cuentas públicas municipales.
La propuesta plantea ampliar de tres a seis días hábiles el plazo mínimo para que las presidencias municipales pongan la cuenta pública a disposición de las sindicaturas, al considerar que el periodo actual resulta insuficiente frente al volumen de documentación y las limitaciones de personal especializado.
Zainos Flores señaló que desde el inicio del trienio municipal 2024-2027 más de diez municipios han omitido la firma de la persona titular de la Sindicatura en sus cuentas públicas.
La iniciativa también contempla que, cuando la documentación no sea entregada o se proporcione fuera del plazo establecido, la Sindicatura pueda informar al Órgano de Fiscalización Superior (OFS). En estos casos, el organismo tendría cinco días hábiles para realizar una revisión documental en la Tesorería Municipal y podría solicitar la intervención del Órgano Interno de Control para dejar constancia de los hechos.
Gabriela Hernández plantea prevención del suicidio desde los municipios
Por su parte, la diputada Gabriela Hernández Islas de Morena, presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala, con el propósito de fortalecer desde los municipios la prevención y atención de las conductas suicidas.
La propuesta plantea incorporar conceptos como conducta suicida, factores de protección, persona de primer contacto, prevención del suicidio, Ruta Municipal de Atención y señales de alerta, además de establecer protocolos diferenciados para la prevención y atención de estas conductas.
Como parte central de la iniciativa, la diputada enfatizó en crear un capítulo específico sobre prevención y atención municipal de las conductas suicidas, que contemple la elaboración y evaluación de programas municipales, así como una Ruta Municipal de Atención, capacitación para personas servidoras públicas de primer contacto y redes de agentes comunitarios.
Sandra Aguilar llama a reforzar prevención y atención de salud mental
Durante la sesión, la diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega del Partido Revolucionario Institucional utilizó el espacio para pronunciarse sobre la prevención del suicidio y cuestionó las acciones que se realizan frente al incremento de este fenómeno.
Ante el pleno, la legisladora señaló que la tasa de mortalidad por suicidio es de 6.7%, y sostuvo que el fenómeno representa una deuda de salud pública en la entidad.
Aguilar Vega destacó la importancia de intervenir antes de que ocurra una crisis, particularmente mediante la escucha, el acompañamiento y la atención del sufrimiento de niñas, niños y adolescentes. Como parte de las acciones que ha impulsado, refirió que su campaña de prevención y atención de salud mental ha llegado a más de 15 mil estudiantes y que brinda orientación psicológica gratuita en un Centro de Atención Ciudadana ubicado en Apizaco.
Así mismo, la diputada llamó a evitar minimizar o ignorar cuando una persona expresa pensamientos suicidas y subrayó la necesidad de sumar esfuerzos desde los hogares, las escuelas, los espacios laborales y las instituciones.
Con las dos iniciativas y el pronunciamiento presentado durante la sesión, la agenda legislativa colocó en el centro la fiscalización municipal y la prevención de las conductas suicidas, mientras los proyectos continuarán su análisis en las comisiones correspondientes.
Tlaxcala, Tlax.- A pesar de que la legislación estatal contempla multas, suspensión de obras, revocación de licencias e incluso demolición para desarrollos inmobiliarios que incumplan la normativa urbana, diversos fraccionamientos en Santa María Atlihuetzia continúan con sin cumplir con las responsabilidades y reparar los posibles daños tras la construcción de estos.
El reclamo de activistas y pobladores de esta comunidad originaria no se limita a imponer una sanción económica sino que se cumpla lo que, por ley corresponde. Y ante las posibles irregularidades relacionadas con estos fraccionamientos que operan como cartel inmobiliario, la reparación del daño podría plantearse mediante distintas vías, desde multas y regularización de las obras hasta la recuperación o donación de áreas verdes, así como del mejoramiento de infraestructura urbana o restitución de espacios que debieron quedar sujetos a las disposiciones del desarrollo urbano.
Por ello, Escenario Tlaxcala consultó diversas leyes estatales como la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y DesarrolloUrbano, así como la Ley de la Construcción, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa María Atlihuetzia, con el propósito de identificar las sanciones, responsabilidades y mecanismos de reparación que podrían resultar aplicables ante posibles irregularidades en materia de desarrollo urbano.
Hasta mil 500 UMA por irregularidades urbanas del Cartel Inmobiliario
De acuerdo con el artículo 230 de la Ley de Asentamientos Humanos, misma que se encuentra vigente y publicada en la legislación del Congreso del Estado de Tlaxcala, las infracciones relacionadas con obras, usos de suelo y servicios pueden generar multas de entre 50 y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la conducta; es decir, desde 5 mil 865.50 pesos hasta 175 mil 965 pesos, considerando el valor diario de la UMA para 2026, de 117.31 pesos.
Entre los supuestos se encuentra construir u operar con especificaciones o usos distintos a los autorizados, además de realizar determinadas modificaciones a la vía pública sin autorización u obstruir deliberadamente servicios públicos o servidumbres.
En algunos casos, la sanción puede alcanzar hasta 10 por ciento del valor de la obra ejecutada. La legislación también contempla una multa de 50 UMA por no proporcionar información requerida por la autoridad, hacerlo fuera del plazo o presentar información falsa.
Las multas son cobradas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado o por las tesorerías municipales, según corresponda, pero las consecuencias no se limitan al pago de una sanción, pues la legislación vigente permite a las autoridades estatales y municipales ordenar la suspensión de obras e instalaciones que no se ajusten a las autorizaciones correspondientes.
También puede ordenarse la demolición total o parcial de construcciones ejecutadas sin licencia que no sean regularizadas dentro del plazo legal, con los costos a cargo del infractor y sin derecho a indemnización.
Asimismo, los dictámenes de congruencia pueden ser revocados cuando se detecte falsedad en los datos proporcionados, modificaciones no informadas al proyecto o incumplimiento de las condicionantes establecidas. La misma legislación señala que determinados permisos, licencias, convenios o actos traslativos de dominio que contravengan las disposiciones urbanísticas pueden carecer de efectos jurídicos.
¿Qué pasa con los funcionarios?
El posible nivel de responsabilidad de los servidores públicos es distinto al de quienes ejecutan directamente una obra. La legislación estatal establece que quienes autoricen o propicien la ocupación irregular de predios o asentamientos en zonas de alto riesgo, polígonos de salvaguarda o derechos de vía pueden incurrir en responsabilidad administrativa, además de las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de sus actos.
Esto significa que la sola pertenencia a un Ayuntamiento o la ocupación de una presidencia municipal no determina por sí misma una sanción. Tendría que acreditarse la intervención concreta de cada servidor público, ya sea mediante una autorización, decisión, omisión o actuación que corresponda a sus atribuciones.
En este nivel se encuentran los actuales y anteriores presidentes municipales de Yauhquemehcan que forman parte del contexto de los fraccionamientos en Atlihuetzia, como David Vega Terrazas, actual edil; María Anita Chamorro Badillo, quien gobernó entre 2021 y 2024; así como Carlos Orlando Tamayo González, José Concepción Eucario Carmona Díaz, Felipe Morales y Francisco Villarreal Chairez, vinculados a administraciones anteriores.
Una situación similar ocurre con los integrantes del Cabildo. Entre los actores mencionados en trabajos anteriores se encuentran Raquel Tamayo, Emilio Ortiz, Marco Antonio Morales, Ana Rosa Gameros Ordoñes, Sandra Sochil Muñoz Manrique y Dulce Julieta Alvarado.
Autoridad comunitaria, otro nivel de participación
En un nivel distinto aparece Pedro Carmona, ex presidente de la comunidad de Atlihuetzia, cuya participación se encuentra relacionada con permisos de construcción y descargas en la zona.
En este caso, la eventual responsabilidad tendría que determinarse a partir de las facultades que ejerció como autoridad comunitaria, los documentos que haya emitido o gestionado y la relación concreta que estos tengan con las obras o actividades señaladas.
Desarrolladores y particulares
Otro nivel corresponde a quienes pudieron participar directamente en la propiedad, promoción, construcción o desarrollo de los fraccionamientos. Entre los particulares mencionados se encuentran Francisco Compean Sesin, Bernadette Sesin González, Guillermina Domínguez Carmona, Francisco Javier Espino Lozada y Zayra Fabiola Ruhane Simón Martínez.
Estas personas forman parte de los propietarios, desarrolladores o responsables de las obras en la comunidad de Santa María Atlihuetzia, pues las disposiciones urbanísticas y de construcción sí contemplan sanciones directamente relacionadas con la ejecución de obras que se encuentran fuera de la norma.
Por ejemplo, la Ley de la Construcción vigente establece, por ejemplo, multas de 5 a 50 UMA por diversas infracciones; de 51 a 100 UMA por otros incumplimientos, y una sanción equivalente al 25 por ciento del costo de la licencia de construcción cuando se realizan obras sin haber obtenido previamente la licencia o se violan estados de suspensión o clausura.
Para los D.R.O. y corresponsables, las multas pueden alcanzar entre 50 y 200 UMA por determinados incumplimientos y entre 75 y 250 UMA cuando no acaten normas técnicas o incumplan medidas necesarias para proteger la vida e integridad de trabajadores y terceros. Además, una obra puede ser suspendida o clausurada cuando carezca de licencia, no cuente con vigilancia de un D.R.O., incumpla el uso de suelo o el alineamiento autorizado o contravenga las normas técnicas.
No obstante, el marco legal establece, por tanto, distintos niveles de consecuencias. Por un lado, para propietarios, desarrolladores y responsables de obra, pueden existir multas directamente vinculadas con la construcción o ejecución de proyectos fuera de norma, además de medidas como suspensión, clausura, revocación de licencias o demolición.
En el caso de servidores públicos, la posible responsabilidad deriva de su actuación como autoridad y debe determinarse mediante los procedimientos correspondientes. La legislación contempla responsabilidad administrativa y deja a salvo posibles consecuencias civiles o penales.
Por ello, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su régimen de responsabilidad política, contempla como sanciones la destitución y la inhabilitación hasta por 10 años cuando un juicio político concluya con una resolución condenatoria. No obstante, este mecanismo no debe confundirse con las multas previstas para infracciones urbanísticas o de construcción.
El programa urbano remite a otras leyes
En el caso específico del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa María Atlihuetzia, el documento no establece un catálogo propio de multas económicas. Este instrumento contempla mecanismos de denuncia ciudadana para reportar anomalías o construcciones contrarias a sus disposiciones y remite a las autoridades municipales y a la legislación estatal para la atención de las irregularidades.
Entre sus disposiciones se encuentran restricciones al uso del suelo, particularmente en áreas destinadas a preservación y conservación ecológica, donde los usos urbanos se encuentran prohibidos. Así, cualquier eventual sanción relacionada con incumplimientos del programa tendría que sustentarse en el marco jurídico superior y en la conducta concreta que se logre acreditar.
Responsabilidades que aún deben acreditarse
Aunque las leyes contemplan sanciones que pueden alcanzar mil 500 UMA, hasta 10 por ciento del valor de una obra, suspensión, clausura o demolición, hasta ahora no puede asumirse que estas medidas hayan sido impuestas a las personas mencionadas.
Cada caso tendría que revisarse por separado, a partir de los permisos, documentos, decisiones y actuaciones que correspondan a cada funcionario, autoridad o particular durante el desarrollo de los fraccionamientos.
Mientras tanto, la pregunta que queda sobre la mesa en Atlihuetzia no solo es quién permitió o participó en estos desarrollos, sino también qué autoridad asumirá la responsabilidad de esclarecer los hechos y reparar las posibles afectaciones que dejaron a su paso.
Calpulalpan, Tlax.- El Colectivo 16 de Octubre cuestionó la falta de información sobre el manejo de residuos en Calpulalpan y rechazó que, bajo el argumento de atender las recientes dificultades en la recolección de basura, se tomen decisiones apresuradas sobre el territorio y se destinen recursos públicos a nuevos proyectos.
En su reciente posicionamiento, el colectivo exigió a las autoridades municipales y estatales aclarar qué ocurre actualmente con el basurero ubicado entre Calpulalpan y Nanacamilpa, así como informar sobre los proyectos relacionados con la disposición de residuos en la región.
El pronunciamiento ocurre luego de que, durante las últimas semanas, Calpulalpan y sus 13 comunidades enfrentaran problemas en la recolección de basura. Ante ello, el ayuntamiento anunció la construcción, en un plazo de 15 días, de un centro de transferencia de residuos, infraestructura que, de acuerdo con lo informado por el presidente municipal, sería construida por una empresa privada con recursos públicos y trasladaría posteriormente los residuos hacia Tetla.
Colectivo 16 de octubre advierte falta de planeación integral para el manejo de residuos
El colectivo sostuvo que el problema de la basura no comenzó con las actuales dificultades de recolección, pues se debe a una mala gestión de los residuos a nivel estatal y consideraron que la construcción de un centro de transferencia no constituye, por sí misma, una solución integral para el municipio.
Como antecedente, señalaron que durante este año distintos sitios de disposición de residuos en Tlaxcala han dejado de operar o enfrentado problemas, mientras el sitio ubicado entre Calpulalpan y Nanacamilpa continuó recibiendo residuos de diversos municipios.
También cuestionaron las versiones emitidas en julio sobre dicho basurero. Mientras el Gobierno del Estado informó inicialmente que había cerrado temporalmente por una falla mecánica y que los residuos serían trasladados a Atlangatepec, el Ayuntamiento de Calpulalpan anunció posteriormente un proceso de clausura definitiva para el 30 de julio. Tres días después, el Gobierno estatal señaló que se trataba de un cierre temporal por mantenimiento y que posteriormente se determinaría si podía reabrir.
Ante estas diferencias, el colectivo preguntó quién está tomando las decisiones sobre el sitio y cuál es el plan para resolver el manejo de residuos en la región.
Asimismo, afirmaron que desde hace meses han solicitado información a la Secretaría de Medio Ambiente sobre la operación de los sitios de disposición, contratos, permisos, empresas involucradas, funcionarios responsables y proyectos futuros, no obstante, la información recibida ha sido incompleta.
El colectivo también pidió aclarar una denuncia que hicieron llegar a ejidatarios de Puebla respecto a una presunta reunión en el Ayuntamiento de Calpulalpan, donde la representación ejidal habría sido presionada para aceptar un proyecto de instalación de un basurero en terrenos de Puebla.
De acuerdo con el pronunciamiento, se trataría de un proyecto que ya habría sido rechazado años atrás y que entonces estaba relacionado con la empresa Terza del Golfo. Por ello, demandan conocer quién promueve actualmente el proyecto y si existen contratos, permisos o autorizaciones.
Respecto al nuevo centro de transferencia, el Colectivo 16 de Octubre exigió información sobre su ubicación, superficie, permisos ambientales, empresa constructora, mecanismo mediante el cual fue seleccionada, monto de inversión, modificaciones al presupuesto municipal, capacidad y tiempo de permanencia de los residuos, además de las medidas previstas para prevenir contaminación, incendios, malos olores y lixiviados.
Finalmente, el colectivo rechazó que la atención a la emergencia de recolección derive en decisiones sin información pública y participación ciudadana, y demandó transparencia, respeto a los derechos de los ejidos y comunidades, así como participación en las decisiones que puedan afectar el territorio.
“Calpulalpan no es un basurero de nadie”, sostuvo el colectivo, al llamar a la población a sumarse a su organización y exigir respuestas a las autoridades municipales, estatales y, en su caso, federales.
Tlaxcala, Tlax.- La Tercera Sesión Ordinaria, realizada este 8 de septiembre ante el Pleno del Congreso del Estado, concentró una agenda de iniciativas relacionadas con los requisitos para ocupar secretarías estratégicas, la actualización del Poder Judicial, la protección de las mujeres, la seguridad en los trayectos escolares, la conservación ambiental y los derechos de las personas adultas mayores.
Durante la sesión fueron presentadas seis iniciativas, todas turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictaminación.
De estas, cuatro también fueron remitidas a comisiones adicionales como Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas; Movilidad, Comunicaciones y Transportes; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes.
Miriam Martínez y Sandra Aguilar proponen arraigo para secretarías y protección para mujeres
La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, de la bancada del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 67 de la Constitución local, a fin de establecer requisitos de residencia y experiencia para quienes encabecen las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Finanzas y Desarrollo Económico.
La propuesta plantea cinco años de residencia efectiva y cinco años de experiencia relacionada con el cargo para quienes encabecen las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico. Para la Secretaría de Finanzas, contempla además título y cédula profesional afines a las ciencias económico-administrativas y seis años de experiencia en la materia.
Martínez Sánchez señaló como antecedente la reducción, en 2023, del requisito de vínculo territorial para ocupar la Secretaría de Gobierno, que pasó de siete a tres años. Por ello, la propuesta busca establecer nuevamente un periodo de cinco años, bajo el argumento de que quienes encabecen áreas estratégicas deben acreditar conocimiento de la realidad estatal y experiencia relacionada con sus funciones.
Por su parte, la diputada priista Sandra Guadalupe Aguilar Vega presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala. La propuesta busca armonizar el ordenamiento con la estructura vigente de la Administración Pública Estatal, particularmente tras la creación de la Secretaría de las Mujeres mediante el Decreto número 5, publicado el 19 de septiembre de 2024.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra incorporar expresamente a esta Secretaría en acciones como la elaboración de diagnósticos sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, la asesoría a municipios para desarrollar políticas públicas y el monitoreo de zonas con violencia arraigada o feminicida. De acuerdo con la diputada, los cambios permitirían fortalecer la certeza jurídica y mejorar la coordinación entre las autoridades que integran el Sistema Estatal que Garantiza el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Madai Pérez y Noemi Bocardo buscan trayectos escolares más seguros y protección de áreas naturales
Por otra parte, la diputada Madai Pérez Carrillo, de Morena, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado para crear el Programa Estatal de Entornos y Trayectos Escolares Seguros. La iniciativa contempla que autoridades estatales, municipales, comunitarias y educativas coordinen acciones para identificar y atender riesgos en las inmediaciones de los planteles y en las rutas utilizadas diariamente por estudiantes.
Entre las medidas previstas se encuentran mapas de riesgo escolar, mejoras en señalización, iluminación, banquetas y accesibilidad, así como el ordenamiento de zonas de ascenso y descenso durante los horarios de entrada y salida.
Mientras tanto, la diputada independiente Soraya Noemi Bocardo Phillips presentó una iniciativa para reformar la Ley de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de convertir estos espacios en ejes para la conservación, educación, investigación y justicia intergeneracional.
Su propuesta plantea actualizar el marco jurídico frente a los retos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, además de establecer programas obligatorios de restauración ecológica con participación de instituciones educativas y centros de investigación.
También propone endurecer los criterios para actividades turísticas y recreativas dentro de estas zonas, promoviendo acciones de bajo impacto, como jornadas de reforestación y monitoreo, y prohibiendo aquellas que generen contaminación, fragmentación de hábitats o introducción de especies invasoras.
Gabriela Hernández y Héctor Ortiz plantean cambios al Poder Judicial y una vejez digna
La diputada Gabriela Hernández Islas presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala. El proyecto propone reconocer el derecho de las personas adultas mayores a envejecer con dignidad en el hogar y la comunidad, respetando su voluntad y preferencias para decidir dónde y con quién vivir.
Entre las medidas planteadas se encuentran los Planes Individuales de Permanencia en el Hogar y la Comunidad y un Programa Estatal para la Prevención y Atención de la Soledad No Deseada y el Aislamiento Social. La propuesta busca transitar de un modelo centrado únicamente en la asistencia hacia otro basado en derechos, autonomía y corresponsabilidad, además de establecer medidas para prevenir abandono, violencia, aislamiento y discriminación por edad.
En materia de justicia, el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, del PAC, presentó una iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el propósito de armonizar su organización y funcionamiento con la reciente reforma judicial.
El proyecto plantea fortalecer las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, adecuar las funciones del Órgano de Administración Judicial y eliminar referencias a figuras que dejaron de ser aplicables, como el Consejo de la Judicatura.
También propone incorporar a la Ley Orgánica el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, establecer disposiciones sobre su funcionamiento y personal, así como actualizar la organización de los juzgados penales y de justicia para adolescentes.
Las seis iniciativas continuarán su proceso legislativo en las comisiones correspondientes, donde serán sometidas a estudio, análisis y, en su caso, dictaminación antes de regresar al Pleno para su eventual discusión y votación.
El Gobierno reportó un aumento de 1,270% en los recursos para deporte; al cierre de marzo, el Instituto había ejercido 21.79 mdp de 121.2 mdp disponibles.
Tlaxcala, Tlax.- En días recientes, el Gobierno de Tlaxcala señaló que los recursos destinados al Instituto Tlaxcalteca del Deporte (IDET) deporte aumentaron 1,270% en los últimos cinco años, al pasar de alrededor de 12 millones de pesos en 2021 a cerca de 164 millones en 2026.
Ante este incremento, Escenario Tlaxcala realizó una revisión de los recursos asignados al IDET ante la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual mostró cómo comenzó a ejercerse el presupuesto durante los primeros tres meses del año, principalmente entre gastos de operación, pago de personal y ayudas sociales.
De acuerdo con el Analítico de Egresos del IDET correspondiente al periodo enero-marzo de 2026, el Instituto tenía un presupuesto inicial de 120 millones 412 mil 825 pesos, que aumentó en poco más de 834 mil pesos durante los primeros meses del año, hasta alcanzar 121.2 millones de pesos.
Al cierre de marzo, había pagado 21.79 millones de pesos, mientras que 99.45 millones permanecían pendientes de ejercer. El documento también reporta 668 mil pesos bajo el concepto de «Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio».
De los 21.79 millones de pesos que el IDET había pagado hasta marzo, los principales destinos fueron servicios generales, con 8.47 millones de pesos; servicios personales, con 6.26 millones, y ayudas sociales, con 6.23 millones. Estos tres conceptos concentraron la mayor parte del gasto realizado durante el primer trimestre.
El Gobierno reporta un aumento de 1,270% al IDET
La cifra anunciada mediante un boletín informativo documenta el aumento que la entidad ha brindado a esta institución, sin embargo, incluye recursos federales y estatales, por lo que no corresponde exclusivamente al presupuesto estatal del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET).
Al revisar únicamente los recursos estatales asignados al Instituto, Escenario Tlaxcala encontró que su presupuesto pasó de 22.3 millones de pesos en 2021 a 120.4 millones en 2026, lo que representó un incremento acumulado de 437.8%.
La diferencia responde, en parte, a la metodología utilizada por el Gobierno de Tlaxcala al considerar de manera acumulada recursos estatales y federales destinados al deporte, mientras que la revisión de Escenario documentó el presupuesto estatal asignado al IDET publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2021 a 2026. Así, el incremento reportado por el Gobierno supera en 832.2 puntos porcentuales al crecimiento registrado en el presupuesto estatal del Instituto.
Salarios representan 1.4 mdp mensuales para el IDET
El pago de personal representa uno de los principales gastos del Instituto. El registro de remuneraciones del primer trimestre contempla a 83 trabajadores, entre personal directivo, servidores públicos y trabajadores eventuales. Tras sumar cada uno de estos, la plantilla representa alrededor de 1.4 millones de pesos mensuales en percepciones brutas, y que, si estos se multiplicaran por los 12 meses correspondientes equivaldría a un total de 16 millones 906 mil pesos al año.
Entre los salarios registrados se encuentra el del director general, Daniel Moncayo Cervantes, con una remuneración mensual bruta de 43 mil 412 pesos, mientras que, para quienes ocupan una jefatura de departamento, el sueldo bruto mensual reportado es de 28 mil 311 pesos.
A nivel presupuestal, el IDET reportó 6.26 millones de pesos pagados en servicios personales durante el primer trimestre, un rubro que comprende las remuneraciones así como otras obligaciones relacionadas con sus trabajadores. Ante ello, el gasto generado por el personal se ubicó entre los tres principales destinos de los recursos ejercidos por el Instituto durante el primer trimestre de 2026.
Ayudas sociales concentran 6.2 mdp en el primer trimestre
El presupuesto actualizado para el concepto de “Ayudas sociales” era de 12.09 millones de pesos, por lo que durante el primer trimestre el IDET había destinado 6.23 millones de pesos, cantidad que representa poco más de la mitad del presupuesto inicial, mientras que 5.86 millones permanecen pendientes de utilizar. Sin embargo, el IDET no define con claridad qué comprende el concepto de “Ayudas sociales” ni a qué tipo de apoyos corresponde, por lo que no es posible identificar, a partir de este registro, el destino específico de estos recursos.
Este monto corresponde al conjunto de ayudas sociales registrado en el presupuesto del Instituto y no puede atribuirse exclusivamente al programa de becas para deportistas y entrenadores.
Por separado, el registro del Programa Estatal de Becas a Deportistas y Entrenadores reportó apoyos para 179 personas durante el mismo periodo, con montos diferenciados de acuerdo con cada beneficiario, ya sea deportista, entrenador o personal multidisciplinario.
¿Cuánto se destinó a becas durante el primer trimestre?
El Programa Estatal de Becas a Deportistas y Entrenadores registró durante enero-marzo de 2026 la entrega de 699 mil 200 pesos a 179 personas, de acuerdo con el padrón correspondiente a ese periodo. El documento vuelve a presentar el padrón para el periodo abril-junio, con las mismas 179 personas y los mismos montos individuales.
Los apoyos registrados ante el Portal de Transparencia van desde 800 hasta 20 mil pesos. Entre las cantidades más altas aparecen becas de 20 mil pesos para entrenadores y beneficiarios clasificados como multidisciplinarios, mientras que varios deportistas recibieron apoyos de entre 800 y 2 mil pesos.
Durante el primer trimestre, los deportistas fueron el grupo más numeroso, con 98 beneficiarios, quienes recibieron en conjunto 211 mil 700 pesos, equivalentes al 30.3% del monto distribuido.
Por su parte, 60 entrenadores y entrenadoras concentraron 275 mil pesos, lo que equivale al 39.3% del total, mientras que las 21 personas clasificadas como personal “multidisciplinario” recibieron 212 mil 500 pesos, otro 30.4% de los recursos.
La distribución también muestra diferencias en los montos individuales, pues 88 beneficiarios recibieron apoyos de hasta 2 mil pesos, grupo que concentró 18.7% de los recursos. En contraste, 17 personas recibieron becas superiores a 10 mil pesos, que en conjunto representaron 37.9% del dinero distribuido.
Así, los 699 mil 200 pesos corresponden al padrón de enero-marzo, mientras que los 1.39 millones de pesos resultan de sumar los apoyos registrados en ambos trimestres, enero-junio.
El presupuesto creció, pero no en la misma proporción
La diferencia entre ambos porcentajes no representa necesariamente una contradicción, sino que responde a que se están midiendo recursos distintos. Mientras la cifra del Gobierno considera el conjunto de recursos federales y estatales destinados al deporte, esta revisión se concentra exclusivamente en el presupuesto estatal asignado al IDET.
Y aunque el presupuesto destinado al Instituto ha aumentado de manera importante, el crecimiento presupuestal no significa que los recursos hayan sido ejercidos en su totalidad. Al cierre del primer trimestre de 2026, el IDET había pagado 21.79 millones de los 121.24 millones de pesos de su presupuesto actualizado, por lo que más de 99 millones de pesos permanecían sin ejercer.
Así, la revisión de los primeros meses del año muestra que el reto no está únicamente en cuánto ha crecido el presupuesto para el deporte, sino también en cómo se distribuyen y ejercen esos recursos. Durante el primer trimestre, el gasto se concentró principalmente en servicios generales, servicios personales y ayudas sociales, mientras una parte considerable del presupuesto permanecía todavía disponible.
Como parte del seguimiento al ejercicio de estos recursos, Escenario Tlaxcala mantiene en proceso dos solicitudes de información presentadas ante la Plataforma Nacional de Transparencia, identificadas con los folios 2041210626000004 y 2041210626000005, relacionadas con el destino de los recursos y los apoyos otorgados por el IDET durante 2026.
Tlaxcala, Tlax.- Las presiones heteronormativas y las desigualdades estructurales que enfrentan docentes LGBTQ+ en universidades de Tlaxcala han llevado a algunos a mantener un “armario simbólico”, como una forma de administrar su identidad que va más allá de decidir si “salen del clóset” y que también implica cuidar cómo hablan, se visten o se comportan dentro del ámbito profesional.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, el investigador Rey Jesús Cruz Galindo compartió avances de su investigación doctoral sobre diversidad sexual y heteronormatividad entre el profesorado de educación superior en la entidad. Entre los principales hallazgos, identifica prácticas de acoso laboral, falta de apoyo institucional y una constante exigencia de demostrar excelencia académica para evitar que los prejuicios relacionados con la orientación sexual afecten la trayectoria de las y los docentes.
Su interés por estudiar estas dinámicas tiene un componente académico que ha desarrollado durante su vida profesional y que lo llevaron a estudiar el doctorado en Antropología Social de la BUAP. Durante este tiempo, Cruz Galindo ya había investigado sobre el profesorado universitario, la diversidad sexual y la formación en sexualidad de futuros docentes.
La investigación que actualmente realiza documenta estrategias de resistencia mediante las cuales algunos docentes buscan generar espacios de confianza y cuestionar las normas tradicionales dentro de las universidades. Así, mientras el silencio puede convertirse en una estrategia para proteger sus empleos, otros espacios se transforman en lugares desde los cuales los docentes construyen redes de apoyo y cuestionan las mismas normas que condicionan su presencia frente al aula.
El “ideal heteronormativo del docente”
Las normas tradicionales de género y sexualidad también han moldeado las expectativas sobre quién puede estar frente a un aula y cómo debe comportarse. De acuerdo con la investigación de Cruz Galindo, existe una exigencia histórica para que los docentes sean considerados modelos o ejemplos para sus estudiantes; sin embargo, esta expectativa está atravesada por la heteronorma, la cual establece la heterosexualidad como norma socialmente aceptada.
Bajo este modelo, Cruz Galindo afirma que las instituciones educativas establecen, de manera explícita o implícita, características sobre cómo deben vestir, hablar y comportarse tanto profesores como profesoras. A partir de esta relación entre la figura docente y las normas tradicionales de género y sexualidad, el investigador plantea el concepto de “ideal heteronormativo del docente”.
Este planteamiento también surgió al realizar el “estado del arte”, donde descubrió que casi todas las investigaciones sobre diversidad sexual en el ámbito educativo se han enfocado de manera casi exclusiva en las experiencias de los estudiantes. Es en este punto donde identificó un borramiento y desexualización de los docentes LGBTQ+, que opera bajo la generalización de que “todos los profesores son heterosexuales”.
El clóset simbólico y el silencio estratégico
Durante la entrevista, Cruz Galindo explicó que, a diferencia de la noción coloquial o social del “clóset”, que suele entenderse como el momento en que una persona declara verbalmente que pertenece a la comunidad LGBTQ+, en el ámbito de la docencia este adquiere una dimensión simbólica y corporal. No requiere necesariamente de una verbalización, pues la orientación sexual puede ser asumida por el entorno a partir de distintos elementos.
El clóset se administra simbólicamente a través de elementos visuales y de comportamiento, como “la vestimenta, los accesorios, los ademanes, el tono de voz y la forma de pararse o conducirse” en el aula. Estos elementos son interpretados por estudiantes y colegas a partir de lo que socialmente se ha aprendido como “normalidad” en la expresión de género.
Cuando un docente es leído socialmente como no heterosexual, algunos integrantes de la comunidad escolar pueden sentirse con el “derecho” de cuestionarlo o tratarlo de manera distinta.
En este contexto, el silencio también puede convertirse en una estrategia de protección. De acuerdo con el investigador, este surge de manera sistemática frente a desigualdades estructurales, de vigilancia y acoso laboral. Para algunos docentes, mantener ciertos aspectos de su identidad en reserva es una decisión deliberada ante los riesgos que implica ser una figura pública dentro de la comunidad estudiantil.
Cruz Galindo detalla que, en las instituciones de educación superior de Tlaxcala, la discriminación hacia docentes de la diversidad sexual no suele manifestarse mediante agresiones explícitas u homofobia visible, sino a través de desigualdades estructurales que ocurren de manera cotidiana, sutil y sistemática.
Uno de los testimonios recopilados durante la investigación corresponde a un profesor al que no se le asignaron “estudiantes tutorados varones”. Aunque inicialmente no había manifestado su preferencia sexual, el investigador señala que “la gente supone que lo es por los temas que trabaja y por lo que representa simbólicamente en su escuela”.
Esta vulnerabilidad también alcanza a docentes LBGTQ+ contratados bajo el esquema de “hora clase”, quienes enfrentan una mayor precarización laboral frente a quienes tienen contratos de tiempo completo. Los registros recopilados durante la investigación documentan casos de docentes LGBTQ+ cuya asignación de grupos disminuyó de cinco o seis clases a solo una o dos.
Otro testimonio corresponde a un docente de psicología a quien, durante una entrevista de trabajo en una institución privada, le preguntaron explícitamente si su sexualidad representaría un “problema” para la institución. Para Cruz Galindo, este tipo de cuestionamientos evidencia cómo se asume prejuiciosamente que la orientación sexual puede interferir con la capacidad pedagógica.
El hostigamiento tampoco ocurre de manera directa. También puede manifestarse mediante una vigilancia constante sobre el comportamiento del docente y una sospecha permanente sobre la calidad de su trabajo, hasta generar condiciones que afecten su permanencia laboral.
Hacia la construcción de espacios de confianza
Frente a las presiones del sistema heteronormativo, Rey Jesús Cruz Galindo identificó durante su investigación distintas “líneas de fuga” y espacios de confianza construidos por docentes para generar cambios sin confrontar directamente a las instituciones. Estas estrategias aprovechan los propios espacios profesionales para introducir otras formas de abordar la diversidad sexual y cuestionar las normas tradicionales.
Una de ellas ocurre dentro del aula, mediante el uso del currículo y de asignaturas relacionadas con género, diversidad o interculturalidad. Los docentes aprovechan estos espacios para problematizar las normas sociales y dialogar con los estudiantes sobre estos temas. También recurren a marcos normativos como la Nueva Escuela Mexicana y el Tercer Artículo Constitucional, que respaldan el tratamiento de estas temáticas desde el ámbito educativo.
A estas estrategias se suman espacios de confianza, como los clubes de lectura, donde los estudiantes participan voluntariamente y pueden debatir sobre feminismo, sexualidad y problemas sociales sin la presión de una calificación o evaluación académica.
Cruz Galindo también identifica la empatía y la sensibilidad del profesorado como herramientas para construir vínculos de confianza. Estos espacios permiten que estudiantes que atraviesan dudas o conflictos personales puedan acercarse a sus docentes en busca de orientación o, simplemente, de alguien dispuesto a escucharlos.
La visibilidad como riesgo y resistencia
Para el investigador, la visibilidad de los docentes no heterosexuales representa una condición de doble filo. Por un lado, su presencia pública dentro de la comunidad escolar puede exponerlos a amenazas, calumnias, juicios morales o chantajes, incluso sin que exista una falta académica.
Esta vulnerabilidad también puede modificar su vida fuera de las aulas. Algunos profesores, según los testimonios recopilados, optan por evitar determinados espacios locales o trasladarse a otras ciudades, como Puebla o Ciudad de México, para desarrollar su vida social y sexual ante el temor de que una posible difamación termine afectando su empleo o su integridad.
Pero esa misma visibilidad puede convertirse en una forma de resistencia. Cuando un docente decide expresar abiertamente su orientación sexual y ejercer su profesión sin ocultarla, su presencia en el aula puede adquirir un significado político y convertirse en un referente para sus estudiantes.
Cruz Galindo destaca que esta representación puede tener un impacto positivo, particularmente en estudiantes LGBTQ+, quienes al encontrarse con un docente abiertamente diverso y plenamente profesional pueden cuestionar los prejuicios sobre la homosexualidad y reconocer en él un “ejemplo de lucha” frente a las hostilidades del entorno.
Así, las estrategias identificadas por la investigación no necesariamente parten de una confrontación directa con las instituciones, sino de la construcción cotidiana de espacios donde la diversidad pueda ser visible, escuchada y reconocida.
El pasado 17 de agosto fue inaugurado el Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala (CRIAT) en San Matías Tepetomatitlán, Apetatitlán. Se trata de una de las mayores inversiones realizadas en el estado de Tlaxcala en materia de atención a niñas, niños y adolescentes (NNA) con discapacidad y autismo, y me atrevería a decir, como uno de los proyectos con las mejores innovaciones para este ámbito. Sin embargo, su inauguración, también deja una inquietud que vale la pena aclarar: rehabilitar no es incluir.
Su apertura representa, sin duda, una oportunidad importante para favorecer el desarrollo de habilidades, la autonomía y el acceso a servicios especializados para la población en situación de discapacidad. Esto último no es algo menor puesto que se alinean con la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 26, donde establece que los Estados deben garantizar, ofrecer y fortalecer los servicios y programas de habilitación y rehabilitación con el propósito de favorecer la independencia y participación de las personas con discapacidad en la sociedad (Naciones Unidas, 2006).
Además, que es de reconocer que la atención busca generar facilidades económicas para quienes cuidan a la población atendida, puesto que, en México, el cuidado continúa profundamente feminizado: las mujeres constituyen el 76.4 % de las personas cuidadoras de entre 15 y 60 años y las madres son las principales cuidadoras de niñas, niños y adolescentes, así como de personas con discapacidad. Además, únicamente el 56.3 % de las mujeres cuidadoras participa en el mercado laboral, frente al 93.9 % de los hombres cuidadores (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos [CONASAMI], 2024).
Cabe destacar que se invirtió alrededor de 600 millones de pesos, cuenta con tecnología avanzada para la intervención terapéutica- rehabilitadora e incluso Fernando Landeros Verdugo, presidente de Fundación Teletón México lo reconoció como “el mejor centro de rehabilitación que hay en el país” (Coordinación de Comunicación, 2026). Lo que quiere decir que, el CRIAT representa un espacio especializado y de calidad para la población tlaxcalteca para atender hasta 1,150 niñas, niños y adolescentes al año (Coordinación de Comunicación, 2026).
Servicios anunciados
Rehabilitación física; hidroterapia; mecanoterapia; rehabilitación pulmonar; neurología infantil; ortopedia pediátrica; audiología; odontopediatría; terapia ocupacional; terapia de lenguaje; psicología; trabajo social; diagnóstico de autismo; tecnología robótica para marcha, movilidad y equilibrio.
Sin embargo, tanto en el boletín informativo como en la presentación realizada durante el Dialogo Circular las acciones institucionales específicamente dirigidas a la inclusión resultan menos claras. Y aquí comienza la discusión que considero necesaria.
Rehabilitación e inclusión no son sinónimos
La existencia de estos servicios no es un problema; por el contrario, su acceso constituye un derecho. Lo que llama mi atención es el uso reiterado de la palabra “inclusión” particularmente cuando aparece asumirse que la existencia del propio CRIAT, por sí misma, genera inclusión.
La rehabilitación puede contribuir a la autonomía de una persona, pero la inclusión requiere transformar las condiciones sociales que producen exclusión y es aquí cuando hablamos de dos perspectivas diferentes para mirar y acompañar a la población con discapacidad.
Mientras el modelo médico ha tendido a localizar la discapacidad fundamentalmente en la persona y a privilegiar el diagnóstico, tratamiento y modificación de sus condiciones funcionales, el modelo social (en donde surge la inclusión) desplaza la mirada hacia la interacción entre las características de las personas y las barreras físicas y sociales que restringen su participación (Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, 2011; Marks, 1997).
Desde esta segunda perspectiva, trabajar por la inclusión implica actuar también sobre el entorno: eliminar barreras de accesibilidad y comunicación, realizar ajustes razonables, combatir la discriminación, garantizar la participación social y comunitaria y generar condiciones de acceso a la educación, el empleo y otros espacios de la vida social. El modelo social, precisamente, propone desplazar la pregunta de cómo “arreglar” a la persona hacia cómo transformar una sociedad que produce barreras para su participación.
¿La inclusión es una intervención del CRIAT o podría ser una consecuencia esperada al momento de intervenir a la persona?
Inclusión y rehabilitación no son sinónimos; sin embargo, pueden y deben coexistir. De hecho, la propia Convención establece que los programas de rehabilitación deben apoyar la participación e inclusión de las personas con discapacidad en sus comunidades.
El problema aparece cuando esa coexistencia permite “palomear” como cumplidas dos acciones distintas que requieren objetivos, estrategias, recursos e indicadores específicos. Que la palabra inclusión aparezca tanto en el nombre como en los objetivos de una institución pública obliga también a preguntarnos cuáles son las acciones mediante las que pretende materializarla.
Fuente: Tomado de (Sistema de Transparencia, 2026).Fuente: Tomado de (Sistema de Transparencia, 2026).
Barreras que no desaparecen rehabilitando a la persona
Una niña puede recibir la mejor rehabilitación física disponible y aun así regresar a una escuela sin accesibilidad. Un niño autista puede recibir terapia de lenguaje durante años y continuar asistiendo a un salón de clases que no reconoce sus formas de comunicación. Una adolescente puede desarrollar mayor autonomía y seguir encontrándose con un transporte público inaccesible, espacios comunitarios que la excluyen o instituciones que no realizan ajustes razonables.
Ninguna de esas barreras desaparece rehabilitando a la persona. Por eso, cuando hablamos de inclusión, la pregunta deja de ser solamente ¿qué necesita desarrollar la persona con discapacidad? Y comienza a ser ¿qué necesitamos transformar como sociedad para garantizar su participación?
Referencias
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. (2024, 18 de julio). El 56.3% de mujeres cuidadoras participa en el mercado laboral, contra un 93.9% de los hombres cuidadores. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conasami/prensa/el-56-3-de-mujeres-cuidadoras-participa-en-el-mercadolaboral-contra-un-93-9-de-los-hombres-cuidadores?idiom=es&utm_source=chatgpt.com
Coordinación de Comunicación (2026). «CRIAT TLAXCALA ES EL MEJOR CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL PAÍS»: FUNDACIÓN TELETÓN. https://comunicacion.tlaxcala.gob.mx/index.php?catid=11&id=20411%3Acriat-tlaxcala-es-el-mejorcentro-de-rehabilitacion-del-pais-fundacion-teleton&view=article&utm_source=chatgpt.com
Gobierno del Estado de Tlaxcala. (2026). Diálogo Circular, con la SEDIF Tlaxcala para abordar temas relacionados con el CRIAT https://www.facebook.com/GobTlaxcala/videos/1046927761601112/
Marks, D. (1997). Models of disability. Disability and Rehabilitation, 19(3), 85–91. https://doi.org/10.3109/09638289709166831
Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. (2011). Informe mundial sobre la discapacidad. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241564182
Sistema de Transparencia. (2026). SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAXCALA. https://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/trans_qonsulta1.php?Itemid=187&dep=20&ejercicio=2026&fmt=216&id=2855&lin=2018&option=com_content&page=0&periodo=2026-0101&ret=%2Fsistemas%2Ftransparencia%2Ftrans_qonsulta1.php&view=article&utm_source=chatgpt.com
Tlaxcala, Tlax.- Una conferencia pública sobre derechos humanos y libertad de las mujeres, organizada por distintas instituciones y abierta a estudiantes, docentes y público en general, terminó registrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) como una capacitación dirigida al personal del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de Tlaxcala.
Se trata de la conferencia “La trayectoria de una agenda para la vida y la libertad”, impartida por la antropóloga, académica e investigadora Marcela Lagarde y de los Ríos en marzo de 2026. Aunque el encuentro no fue diseñado exclusivamente para el personal del CJM, la Fiscalía lo contabilizó como una capacitación para siete integrantes del Centro.
El caso es apenas una muestra de las particularidades encontradas por Escenario Tlaxcala al revisar la información entregada por la FGJE sobre la formación de quienes trabajan en este Centro, creado en 2017 para brindar atención especializada a mujeres víctimas de violencia.
Entre 2023 y mayo de 2026, la Fiscalía reportó 20 capacitaciones con 119 participantes, en temas relacionados con violencia contra las mujeres, perspectiva de género, violencia política, violencia vicaria, violencia digital, violencia obstétrica, derechos humanos y atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
Sin embargo, la información entregada por la propia Fiscalía presenta vacíos: cuatro perfiles de capacitadores no pudieron ser identificados plenamente, en algunos registros solo aparece el apellido de la persona ponente, los currículos solicitados no fueron proporcionados y únicamente una de las 20 actividades cuenta con evidencia pública de difusión.
Además, cuando se preguntó por los costos de las capacitaciones, la respuesta fue que no existe un recurso exclusivo para estas actividades, pues forman parte del presupuesto consolidado de la Fiscalía. Una respuesta que permite saber cómo se encuentra administrativamente integrado el Centro, pero que no permite conocer cuánto dinero público se destinó efectivamente a capacitar a su personal.
Un Centro que depende de la Fiscalía
El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) es un centro especializado que concentra servicios de atención integral e interinstitucional para mujeres y niñas, así como niños de hasta 12 años víctimas de violencia familiar y de género, con el objetivo de garantizar su derecho a una vida libre de violencia.
Su modelo de atención contempla servicios gratuitos de trabajo social, psicología, atención médica, asesoría jurídica, medidas de protección y acciones de empoderamiento, además de la intervención del Ministerio Público y órganos jurisdiccionales.
En Tlaxcala, el Centro forma parte de la estructura de la Fiscalía General de Justicia del Estado, dependencia responsable de la investigación y persecución de los delitos. Además, el CJM fue creado mediante acuerdo publicado en agosto de 2017, durante el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, y comenzó a operar ese mismo mes.
Desde entonces, su personal tiene entre sus funciones atender a mujeres que pueden encontrarse en situaciones de violencia familiar, sexual, psicológica, económica, política, digital o de género, entre otras.
Por ello, la capacitación de quienes trabajan en el Centro no es un asunto menor, pues se trata de servidores públicos que tienen contacto directo con víctimas y que deben contar con herramientas especializadas para brindar atención con perspectiva de género y derechos humanos.
Seis solicitudes para saber cómo se capacita al personal del CJM
Para conocer qué formación recibe el personal del Centro, Escenario Tlaxcala realizó seis solicitudes de información a la Fiscalía General de Justicia del Estado, dirigidas de manera concreta a la Coordinación General del Centro de Justicia para las Mujeres.
En las solicitudes se pidió conocer las capacitaciones y ponencias impartidas al personal del CJM, sus costos, origen de los recursos, número de participantes, perfiles de las personas capacitadoras y datos sobre el personal que integra el Centro. Las respuestas, sin embargo, no permitieron reconstruir de manera completa la capacitación del personal a lo largo de los años.
Para 2021 y 2022, las solicitudes con folios 2061213226000029 y 2061213226000030, respectivamente, tuvieron una respuesta particularmente reveladora, ya que la Unidad de Transparencia de la FGJE declaró que no contaba con información sobre las capacitaciones y ponencias impartidas al personal del CJM durante esos años.
La explicación proporcionada por la institución fue que el titular del Instituto de Capacitación y Servicio de Carrera Profesional, Pedro Molina Flores, no se encontraba en funciones y, por tanto, no se contaba con la información solicitada.
Imagen: Captura de pantalla de la solicitud de información 2061213226000029, en la que el CJM señala no contar con información sobre las capacitaciones impartidas a su personal.
De esta manera, aunque el CJM llevaba ya varios años de funcionamiento, la Fiscalía no pudo proporcionar registro alguno de las capacitaciones realizadas durante estos dos años, situación cambió a partir de 2023, aunque tampoco existe una reconstrucción completa de las capacitaciones.
20 capacitaciones y 119 participantes
Con la información proporcionada por la FGJE, el CJM documentó 20 actividades de capacitación entre 2023 y mayo de 2026, con 119 participantes registrados.
El número de actividades reportadas aumentó progresivamente, pasando de 2 capacitaciones en 2023, 5 en 2024, 7 en 2025 y 6 durante los primeros cinco meses de 2026. Con ello, en apenas cinco meses del vigente año, el Centro ya había registrado tres veces más actividades que en todo 2023, pese a que ese año solo se contabilizaron dos capacitaciones.
Los temas reportados incluyen violencia contra las mujeres, perspectiva de género, violencia política, violencia vicaria, violencia digital, violencia obstétrica, derechos humanos y atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
Sin embargo, los registros no permiten establecer con precisión si las 119 participaciones corresponden a 119 trabajadores diferentes, pues una misma persona pudo haber participado en más de una actividad.
Tampoco permiten determinar de manera completa qué áreas del Centro recibieron cada capacitación, qué cargos ocupaban las personas asistentes o si las actividades fueron diseñadas para todo el personal o para áreas específicas.
¿Quiénes capacitaron al personal?
La información entregada por la Fiscalía identifica a ocho mujeres, cuatro hombres y seis instituciones u organismos relacionados con las actividades. Entre las personas identificadas aparecen perfiles vinculados con la impartición de justicia, derechos humanos, seguridad y perspectiva de género.
Está Gerardo García Marroquín, actualmente incorporado al equipo de trabajo del ministro Hugo Aguilar Ortiz. También aparece Lucero Alejandra De Alba Peña, jueza del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala; Erika Galaviz Diéguez, visitadora general encargada de la Defensoría Número Uno de Tlaxcala; y Griselda Netzahual Cortes, con grado de Maestra en Estudios de Género.
Los registros incluyen además a Leticia Valera González, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; Israel Hernández Corona, identificado como especialista en violencia de género con enfoque en masculinidades no violentas; y Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga, académica, investigadora y política mexicana. También aparece un oficial de la Policía de Investigación adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.
Además de las personas identificadas, aparecen instituciones y organismos como responsables o participantes: el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Unidad de Género de la FGJE, el Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública (IFCSP), el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) y el Consejo Estatal de Población (COESPO).
Imagen: Captura de pantalla de la solicitud de información 2061213226000031, en la que se documentan las capacitaciones impartidas al personal del CJM Tlaxcala durante 2023.
Pero los registros tienen huecos. Cuatro perfiles no pudieron ser identificados plenamente, mientras que en otros casos la base proporcionada por la Fiscalía únicamente registra el apellido de la persona ponente, sin datos suficientes para establecer con precisión su identidad o trayectoria.
Los currículos que la Fiscalía no entregó
Para conocer si las personas encargadas de impartir los talleres contaban con la formación y experiencia relacionada con los temas abordados, Escenario Tlaxcala solicitó los currículos de los capacitadores en versión pública.
La información no fue proporcionada por la FGJE. La falta de estos documentos impide verificar de manera integral la preparación académica, experiencia profesional y especialización de quienes impartieron las actividades.
Esto adquiere relevancia debido a que entre los temas reportados aparecen asuntos especializados como violencia vicaria, violencia digital, violencia obstétrica, violencia política contra las mujeres, derechos humanos y atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
Sin los currículos solicitados, no es posible establecer de manera completa qué experiencia tenía cada persona para impartir el tema que le fue asignado. Así, aunque la Fiscalía proporciona algunos nombres y cargos, la información no permite conocer de manera integral el perfil de todas las personas capacitadoras.
Una conferencia pública aparece como capacitación
El caso más evidente es el de Marcela Lagarde y de los Ríos. Mediante la solicitud de información 2061213226000034, la FGJE registró el 8 de marzo de 2026 como fecha de la actividad y señaló la participación de siete integrantes del CJM.
Sin embargo, la conferencia “La trayectoria de una agenda para la vida y la libertad de las mujeres” se realizó el 9 de marzo de 2026, en el marco de actividades relacionadas con el 8M.
Imagen: Conferencia magistral de la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, realizada el 9 de marzo de 2026 en el Teatro Universitario/Redes sociales.
El encuentro tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y fue organizado con la participación de distintas instituciones, entre ellas la universidad y organismos públicos relacionados con derechos humanos y atención a las mujeres.
La actividad fue abierta a la comunidad universitaria y al público, por lo que no se trató de una capacitación diseñada exclusivamente para el personal del CJM. Aún así, la Fiscalía la incluyó dentro del registro de capacitaciones recibidas por sus trabajadores. La actividad es también la única de las 20 reportadas que cuenta con evidencia pública de difusión, equivalente al 5% del total.
El punto no es que el personal del Centro no pudiera asistir a una conferencia pública. El aspecto relevante es que una actividad interinstitucional y abierta al público fue contabilizada por la Fiscalía como parte de la capacitación de su personal.
Más personal, pero no más claridad
Entre 2021 y 2026, el CJM pasó de 17 a 28 trabajadores, un aumento de 11 personas, equivalente al 64.7%, no obstante, fue desigual. Mientras áreas como administración, jurídica, trabajo social y psicología incrementaron su plantilla, el área médica no registró personal entre 2021 y 2025 y fue hasta 2026 cuando apareció una persona en esa área.
Imagen: Captura de pantalla de la solicitud de información 2061213226000029, en la que se documenta la plantilla de personal del CJM en 2021.Imagen: Captura de pantalla de la solicitud de información 2061213226000034, en la que se documenta la plantilla de personal del CJM en 2026.
El dato permite dimensionar las 119 participaciones registradas en las capacitaciones, aunque no permite saber cuántos trabajadores distintos participaron en ellas ni cómo se distribuyeron las actividades entre las diferentes áreas.
De esta manera, el aumento de personal coincide con un incremento en el número de capacitaciones reportadas a partir de 2023, pero los registros disponibles no permiten establecer con precisión qué necesidades de capacitación tenía cada área ni cómo se definieron los contenidos.
El presupuesto está dentro de la Fiscalía
La pregunta sobre el presupuesto destinado a las capacitaciones también deja un vacío, puesto que en las seis solicitudes de información, este medio preguntó cuánto costaron las actividades, cuál fue el origen de los recursos y quién realizó los pagos. No obstante, la Unidad de Transparencia de la FGJE señaló como «No aplica» en el apartado correspondiente al origen del recurso.
Imagen: Fragmento de la respuesta del CJM, en la que se señala que no se destinó recurso alguno para las capacitaciones. Esta misma respuesta se repite en las seis solicitudes de información presentadas.
La explicación fue que el presupuesto para las ponencias se encontraba contemplado dentro del presupuesto consolidado de la Fiscalía General de Justicia del Estado.Es decir, el CJM no cuenta con un recurso exclusivo identificado para pagar sus capacitaciones. Sin embargo, las solicitudes fueron dirigidas a la propia Fiscalía, institución que debería contar con los registros necesarios para conocer el monto efectivamente ejercido y que tampoco transparentó el presupuesto destinado a estas capacitaciones.
La información solicitada no buscaba únicamente saber si existía una bolsa exclusiva para el Centro, sino conocer el costo de las actividades y el origen efectivo del dinero utilizado para realizarlas. Por ello, la respuesta deja sin resolver cuánto dinero público se destinó realmente a capacitación.
Para 2025, además, existe un recurso federal de 655 mil 623.06 pesos destinado específicamente a la operación del Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala, lo que confirma que existen recursos públicos identificables para su funcionamiento.
Casi nueve años de operación
El CJM fue creado en agosto de 2017, durante el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, y desde entonces forma parte de la política institucional de atención a mujeres víctimas de violencia en Tlaxcala. Su función implica atender casos que requieren intervención psicológica, jurídica, médica y de trabajo social, así como acompañamiento y medidas de protección.
A casi nueve años de su creación, la información obtenida por Escenario Tlaxcala permite observar un Centro con una plantilla mayor y un número creciente de actividades de capacitación, pero también una serie de vacíos documentales.
La información disponible, por tanto, no demuestra que el personal del CJM no haya sido capacitado. Lo que evidencia es que los registros institucionales entregados por la Fiscalía no permiten reconstruir con claridad qué se capacitó, quién capacitó, a quiénes, bajo qué criterios y cuánto dinero público se destinó a estas actividades.
Tlaxcala, Tlax.- Desde marzo de 2026, los pobladores de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe mantienen posiciones encontradas por un proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que pretende construir una Unidad de Medicina Familiar sobre terrenos destinados históricamente a actividades deportivas para ambas comunidades. Para los pobladores, la construcción de un hospital no es el problema, sino la forma en que las autoridades presentaron el proyecto, la falta de información y la toma de decisiones sobre unos terrenos que, aseguran, fueron otorgados por las propias comunidades con el propósito de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, por lo que ahora exigen transparencia en las decisiones sobre su uso.
Sin previo aviso, el pasado 13 de marzo, el Ayuntamiento de Chiautempan y Protección Civil del Estado comenzaron con el derribo de árboles para dar paso a la construcción de una Unidad de Medicina Familiar del IMSS en los campos de Guadalupe Ixcotla -un proyecto que originalmente estaba contemplado para Zacatelco- lo que generó inconformidad entre habitantes de la comunidad y posteriormente derivó en actos de violencia y dos detenciones. Pese a que se trata de un proyecto del propio instituto, hasta el momento, el IMSS no ha emitido una posición clara sobre la construcción ni ha asumido el papel de principal interlocutor con las comunidades.
En cambio, han sido el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Chiautempan quienes han defendido públicamente el proyecto y sostienen que las comunidades fueron consultadas y que existe respaldo para su construcción. Esta versión es cuestionada por los comités opositores, quienes aseguran que las reuniones no constituyeron consultas válidas y que los pobladores no contaron con información suficiente para tomar una decisión sobre el destino de los terrenos.
A esto se suma que, hasta el momento, los comités aseguran que no conocen públicamente una maqueta del proyecto ni estudios técnicos sobre las condiciones del terreno, suelo o drenaje, que permitan conocer con claridad qué se pretende construir y cuáles serían sus implicaciones.
¿Cómo llegó el proyecto a Guadalupe Ixcotla?
En julio de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la construcción de 14 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Tlaxcala, entre ellos proyectos contemplados para la capital tlaxcalteca, Apizaco, Huamantla y Chiautempan. El anuncio ocurrió después de la inauguración del primer CECI empresarial en la Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX-I), en Tetla de la Solidaridad.
Para enero de 2026, Zacatelco figuraba entre los municipios considerados para recibir uno de estos centros, mientras que también se había informado sobre la posibilidad de un segundo proyecto en territorio tlaxcalteca. Sin embargo, en ese momento todavía no existía información pública clara sobre la ubicación que tendría el proyecto posteriormente planteado en Chiautempan.
De acuerdo con el testimonio de Domingo Fernández, poblador de Guadalupe Ixcotla, la información sobre la llegada de la infraestructura médica a la comunidad no fue compartida inicialmente de manera abierta con los habitantes. Según su versión, el proyecto comenzó a conocerse mediante rumores y sin una comunicación directa entre las instituciones involucradas y las comunidades.
“Obviamente, todo surge de esta problemática. Sí hubo un tema de mala información desde el principio con las instituciones que empezaron a participar, primero de forma privada con quienes fueron electos como comité para ver el tema de los campos y con algunas comisiones de la comunidad”.
El poblador sostiene que, ante la falta de información, se conformó un comité para atender el tema de los campos deportivos y que, desde sus primeras reuniones, sus integrantes asumieron una postura de rechazo al proyecto.
Para la Dra. Parastoo Anita Mesri, el rechazo no es «un capricho», sino una defensa del territorio, el medio ambiente y la legalidad comunitaria, debido a que el proyecto ocuparía terrenos comunales destinados al deporte, se ubicaría en una zona ambientalmente vulnerable y, asegura, carece de transparencia sobre permisos e impacto ambiental. También denuncia la existencia de consultas simuladas, represión policial y contradicciones del Ayuntamiento, por lo que exigen que cualquier decisión se tome mediante asambleas abiertas y con participación comunitaria.
La primera intervención física que los pobladores identifican como parte del proyecto ocurrió el 13 de marzo de 2026, cuando maquinaria comenzó a trabajar en los terrenos deportivos y fueron derribados 13 árboles jóvenes. De acuerdo con los integrantes del comité, durante ese momento no habrían recibido información ni documentación sobre la obra y personal de las áreas de Protección Civil y Ecología del Ayuntamiento de Chiautempan se encontraba en el lugar, lo cual, aseguran, derivó en el descontento de la población de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe.
Desde ese momento, los comités organizados solicitaron conocer los documentos relacionados con la intervención, pero aseguran que estos no fueron presentados en ese momento. Al no tener una respuesta efectiva, comenzaron a organizarse comités para investigar el proyecto atribuido al IMSS y defender el uso de los terrenos deportivos, mismo que fue donado por habitantes de ambas comunidades en 1985.
¿A quién corresponde el predio?
Los antecedentes jurídicos de los terrenos constituyen otro de los puntos centrales de la disputa. De acuerdo con una primera nota realizada por Escenario Tlaxcala, durante la década de 1970 las comunidades de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe acordaron destinar al menos 50 mil metros cuadrados de la Barranca Briones para áreas verdes, deporte y esparcimiento.
En 1985, el predio fue expropiado por causa de utilidad pública y, posteriormente, el 11 de julio de 2001, se formalizó ante notario público la donación de los terrenos al IMSS.
Estos antecedentes forman parte de la discusión actual sobre el origen, destino y situación jurídica del predio, particularmente respecto a las facultades para modificar el uso de los terrenos, pues las personas que realizaron la donación, en su mayoría adultos mayores, aseguran no haber sido notificadas sobre estos cambios durante estos últimos meses.
De la tala de árboles a las denuncias ambientales
De acuerdo con Parastoo Anita Mesri, asesora jurídica del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla y el Comité Asignado para Investigar el Proyecto CECI, ubicado en el campo 5, las primeras acciones relacionadas con el proyecto ocurrieron el 13 de marzo, cuando personal del Ayuntamiento de Chiautempan derribó 13 árboles jóvenes en terrenos deportivos comunales de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe. A partir de entonces, las Asambleas Generales Comunitarias de ambas localidades acordaron conformar comités para investigar el proyecto atribuido al IMSS y defender los terrenos.
El 5 de julio comenzaron las excavaciones en la zona de la Barranca Briones, sin que, de acuerdo con los comités, las autoridades comunitarias hubieran sido notificadas previamente. Ante ello, integrantes de los comités acudieron al lugar para dialogar con las autoridades y conocer los permisos correspondientes a la obra.
Durante la intervención del campo número 5, los pobladores señalan que Manuel Alejandro Soledad Guzmán, funcionario de la Secretaría de Gobernación federal, no presentó documentación previa, pese a que se le reiteró que las asambleas comunitarias no habían aprobado el proyecto. La situación generó tensión entre los presentes y, de acuerdo con integrantes del comité, derivó en agresiones contra sus representantes, quienes denunciaron acciones de “desalojo violento”.
Los comités llevaron sus reclamos ante instancias estatales
Tras estos hechos, los comités comenzaron a recurrir a distintas instancias ambientales. El 22 de julio presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero la dependencia respondió que carecía de atribuciones para intervenir y señaló que el asunto correspondía a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.
El 4 de agosto, los integrantes del colectivo solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente estatal información sobre la existencia de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la obra, así como copias certificadas del documento y la suspensión definitiva del proyecto. Un día después, presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Medio Ambiente de Tlaxcala para solicitar una inspección en la Unidad Deportiva y determinar posibles responsabilidades por el derribo de árboles y otros daños ambientales.
Las gestiones llegaron nuevamente al ámbito federal el 18 de agosto, cuando los comités solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la MIA del proyecto, además de la suspensión y no aprobación de la obra. Ese mismo día acudieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar un estudio hidrológico e hidráulico y una inspección de la barranca.
Finalmente, el 25 de agosto, los comités hicieron públicas sus inconformidades y denunciaron el posible daño ambiental y la falta de información sobre el proyecto. Afirmaron desconocer estudios de suelo y drenaje, así como maquetas de la obra, y acusaron un presunto manejo mediático adverso y acoso moral contra quienes participan en el movimiento de resistencia.
Los comités buscan determinar la situación ambiental y jurídica de la barranca
En su denuncia ciudadana ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitida el 18 de agosto, los comités solicitaron una serie de documentos, inspecciones y estudios con los que buscan determinar qué características tiene el terreno intervenido, si forma parte de una zona federal y si la obra cuenta con los permisos necesarios para ejecutarse.
Entre las principales solicitudes se encuentra una copia certificada del plano oficial de la Barranca Briones, con la finalidad de establecer los límites del cauce y determinar si el área donde se realizan los trabajos corresponde a una zona federal. También pidieron a la dependencia verificar los permisos relacionados con el proyecto ejecutivo y las excavaciones iniciadas el 5 de julio.
“También solicitamos una copia certificada de los permisos para construcción para una supuesta obra en esta bajada de la Barranca Briones y una copia certificada del plano de la Barranca, por si alguien fuera a negar que es la barranca más famosa de Tlaxcala”, explicó la asesora jurídica del colectivo.
Los comités también solicitaron una inspección física del sitio y un estudio hidrológico e hidráulico, con los que buscan contar con elementos técnicos para determinar las condiciones de la zona, el comportamiento del agua y los posibles efectos de intervenir el terreno. Con ello, pretenden establecer si la obra es compatible con las características de la barranca y si las excavaciones realizadas cumplen con la normativa aplicable.
La denuncia incorpora además el derribo de árboles ocurrido el 13 de marzo, cuya legalidad buscan que sea revisada por las autoridades, así como la actuación de funcionarios municipales. En conjunto, las solicitudes pretenden documentar la situación ambiental y jurídica del predio y determinar si el proyecto cuenta con las autorizaciones y estudios requeridos.
Finalmente, los comités han solicitado conocer si existe una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y cuáles son los estudios técnicos que sustentan la obra. Mientras las autoridades realizan las revisiones correspondientes, los posibles daños ambientales y la viabilidad de la construcción permanecen como señalamientos del colectivo y no como hechos determinados por una autoridad competente.
Un acta que permanece fuera de la discusión pública
La asamblea de consulta y el alcance de sus acuerdos permanecen, sin embargo, como uno de los principales puntos sin resolver. Mientras los pobladores que respaldan el proyecto aseguran que en julio se realizó una votación a mano alzada y que existe un acta firmada por los representantes de la asamblea, los comités opositores sostienen que no hubo una consulta válida ni un acuerdo comunitario que autorizara modificar el uso de los campos deportivos.
Escenario Tlaxcala no tuvo acceso al acta referida por los habitantes que respaldan la obra, por lo que este medio no pudo verificar de manera independiente qué se discutió, quiénes participaron, cuál fue el resultado de la votación ni los términos del acuerdo que, según esta versión, quedó asentado en el documento.
A ello se suma que las distintas partes mantienen versiones encontradas sobre la situación jurídica del terreno, los permisos del proyecto y las condiciones bajo las cuales puede modificarse el uso de los espacios deportivos.
Así, el conflicto entre Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe no se limita a la construcción de una unidad médica. También plantea quién puede decidir sobre el destino de estos terrenos, qué valor tienen los acuerdos comunitarios y qué información recibieron los habitantes antes de que comenzaran los trabajos.
En medio de ambas posiciones permanece el mismo problema que, según los propios habitantes, marcó el inicio del conflicto, la falta de información clara sobre el proyecto, sus permisos, el destino del terreno y los alcances de la consulta comunitaria.
Sin acceso al acta de la asamblea y a los documentos que permitan contrastar las distintas versiones, Escenario Tlaxcala no pudo determinar qué acuerdos fueron efectivamente adoptados por las comunidades ni bajo qué condiciones. Por ahora, esa ausencia documental mantiene abierta la principal disputa, quién decidió sobre el destino de los terrenos y con qué respaldo comunitario.
Los pobladores aclaran que no se oponen a la construcción de una Unidad de Medicina Familiar, ante las limitaciones que enfrentan los servicios de salud en la región. Su inconformidad se centra en la falta de transparencia, la viabilidad ambiental del proyecto y el respeto a sus derechos como comunidades originarias, pues consideran que cualquier decisión sobre el destino de estos terrenos debe contar con respaldo comunitario y estar debidamente documentada.
“¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?” Esta es la pregunta con la que Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios mexicanos interpelan, este 26 de agosto, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades del país ante la persistencia de los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes.
En el marco de una movilización inédita, medios nacionales y locales publican simultáneamente esta alerta, acompañada de una lista de los periodistas asesinados en México. La organización y todos los medios participantes exigen al Estado una respuesta acorde con una violencia que no puede convertirse en la norma.
Este 26 de agosto, medios de todo México interpelan a la Justicia y al gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta del país desde octubre de 2024, con una pregunta que exige una respuesta, ¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?
Como telón de fondo del mensaje aparecen los nombres de los periodistas asesinados bajo la mirada de las autoridades del país, a un ritmo de uno por mes durante los primeros siete meses de 2026. En total, 17 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la presidencia de Sheinbaum.
“México no puede acostumbrarse a contar a sus periodistas asesinados. Cada nombre en esta lista representa una deuda del Estado con las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Cada asesinato también genera miedo, alimenta el silencio, amenaza el periodismo y vulnera el derecho de millones de personas a estar informadas. El hecho de que medios de distintas regiones del país se unen hoy para publicar estos nombres envía un mensaje inequívoco a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las más altas autoridades del país: esta situación es insostenible desde hace demasiado tiempo. México necesita una respuesta política a la altura de la gravedad de esta violencia. No queremos tener que seguir agregando nuevos nombres a esta lista. Sin embargo, esta falla no es inevitable: también refleja que este problema no ha sido una prioridad política, y no lo ha sido durante demasiado tiempo. Debe convertirse en una de las prioridades de la Justicia y de las políticas de protección de los derechos humanos», afirma Artur Romeu, director de RSF América Latina.
Detrás de cada nombre hay una persona, una historia de vida, una familia y una voz silenciada. Ylas consecuencias de esta violencia van mucho más allá de las víctimas directas. Cada periodista asesinado, amenazado o forzado a guardar silencio deja un vacío informativo. La violencia instala el miedo, alimenta la autocensura, debilita al periodismo local y priva a comunidades enteras de información de interés público.
La interpelación al Estado mexicano, publicada conjuntamente por medios de distintas regiones del país, no es solamente una pregunta y un recuento de las víctimas. También es una advertencia contra la normalización de una violencia que se ha vuelto estructural y evidencia la persistente incapacidad de los sucesivos gobiernos para contenerla.
Estos crímenes, atribuidos principalmente a grupos del crimen organizado, continúan impunes hasta el día de hoy.
Por un plan nacional de emergencia
Al inicio de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum asumió compromisos destinados a fortalecer la protección de los periodistas y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio libre y seguro del periodismo. Ante la continuidad de los asesinatos, estos compromisos deben traducirse ahora, con carácter urgente, en acciones concretas.
RSF llama al gobierno mexicano a:
Poner en marcha una respuesta nacional de emergencia frente a la violencia contra periodistas, movilizando de manera coordinada a los distintos niveles del Estado: autoridades federales y estatales, fiscalías y el Poder Judicial;
Garantizar medidas rápidas y eficaces frente a las situaciones de riesgo, fortalecer las investigaciones sobre los crímenes cometidos contra periodistas y combatir la impunidad, identificando y sancionando tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron los asesinatos;
Establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan identificar las deficiencias en materia de prevención, protección e investigación, corregirlas y evitar que vuelvan a repetirse.
