Tlaxcala, Tlax.- La noche del 13 de agosto, diversos medios de comunicación dieron a conocer que al interior del CERESO de Tlaxcala ubicado en Apizaco, se estaba llevando a cabo un operativo debido a las acusaciones de presuntas amenazas por parte de distintos funcionarios, un hecho que resulta engañoso, debido a que estos operativos corresponden a un operativo ordinario en donde se hallaron 63 bolsas con cristal y cinco teléfonos celulares.

El operativo realizado el pasado 13 de agosto ha generado diversas acusaciones y especulaciones en torno al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Apizaco durante la última semana. Según información difundida por distintos medios de comunicación en Tlaxcala, dicho operativo presuntamente estaría relacionado con las declaraciones hechas por Ventura N., un interno que, a través de un video, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de varios funcionarios y expresó temor por la seguridad de su familia.

No obstante, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su Área de Comunicación, informó a Escenario Tlaxcala que el operativo no fue motivado por dichas declaraciones. Afirmó que se trató de una intervención ordinaria, realizada como parte de las acciones periódicas que se llevan a cabo al interior de los centros penitenciarios.

Respecto a la frecuencia con la que se realizan este tipo de operativos, la SSC señaló que no hay fechas específicas, ya que, al ser acciones internas y contar con la participación de otras instituciones, no se difunden públicamente ni se dan a conocer con antelación.

Durante el operativo, se reportó la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), con el objetivo de observar y supervisar su desarrollo. En entrevista para Escenario TLX, la presidenta del organismo, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, confirmó que la comisión estuvo presente durante la intervención realizada la noche del 13 de agosto en el interior del CERESO de Apizaco, señaló también que el protocolo de la noche del 13 de agosto fue ordinario y no establece un horario específico, por lo que, los operativos pueden realizarse en cualquier momento del día. 

«A nosotros nos avisan una hora antes de que el protocolo se lleve a cabo… la mayoría se realiza por la tarde o noche, con duraciones de hasta ocho horas, esto de acuerdo a las mismas necesidades». – presidenta de la CEDHT

Ordóñez Brasdefer indicó que, en lo que va del año, la CEDHT ha participado en ocho operativos en los tres centros de reinserción social de la entidad. Explicó que estas revisiones están contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y son ejecutadas por personal penitenciario, mientras que corporaciones estatales o federales se encargan del resguardo de seguridad durante las acciones.

Asimismo, precisó que la participación del organismo se realiza a solicitud de las autoridades penitenciarias y tiene como finalidad fungir como observadores del proceso.

«Durante estas acciones, cada celda es revisada en presencia de la persona privada de la libertad que la ocupa, o de un representante en caso de ser compartida, además de un observador de derechos humanos». – Jakqueline Ordóñez

Por su lado, el medio de comunicación Cuarto de Guerra Tlaxcala, dio a conocer que durante el operativo se aseguraron cinco teléfonos celulares y 63 envoltorios de una sustancia con las características de cristal. Situación que fue confirmada por Ordoñez Brasdefer durante la entrevista.

Finalmente Ordóñez aseguró que este operativo fue de carácter general y no dirigido a un interno en particular. No obstante, el operativo documentado por diversos medios de comunicación, volvió a poner bajo la lupa al CERESO de Apizaco, debido a las presuntas irregularidades y señalamientos que han involucrado a varios de sus directivos en la última semana.

Aquí te contamos qué está pasando en el Cereso de Apizaco.

Caso Ventura N. lo que destapó una cloaca de diversas violaciones a Derechos Humanos en el CERESO de Apizaco, Tlaxcala

Un video grabado el 31 de julio y difundido en redes sociales el pasado 11 de agosto, el interno del CERESO Ventura N. denunció presuntas irregularidades y amenazas atribuidas a directivos penitenciarios.

Entre ellos el comandante Aristóteles Ortiz Conde, Elionaid P. Fernández y José Carillo; la licenciada Anayeli -se desconoce el apellido pero el preso señala que pertenece al área laboral-, así como otra persona del área laboral y Juan Antonio Martínez Guerrero, ex director del Cereso; quienes fueron señalados por la exigencia de pagos de $3,500 hasta 20 mil pesos mensuales para evitar castigos y «empleos» internos.

También señaló que fue trasladado a San Luis Apizaquito por amenazas de muerte refiriendo el caso de un ex interno conocido como “La Yegua”, a quien atribuyó haber sido asesinado por el comandante Elionaid P. Fernández.

Por lo que, el pasado 12 de agosto, la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala (SSC) separó del cargo al director del Cereso de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero. Señalando que la destitución fue con el objetivo de que el proceso de investigación se realice de manera transparente, objetiva y apegada a la ley por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La dependencia estatal, a través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, dio a conocer que se pusieron en marcha los procedimientos internos correspondientes para recabar información y verificar la veracidad de las acusaciones, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos tanto de las personas privadas de la libertad como del personal penitenciario.

Por lo que, durante una rueda de prensa el pasado 13 agosto el secretario de la SSC, Alberto Martin Perea Marrufo señaló que cuatro servidores públicos se encuentran bajo investigación tanto de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por el caso de presuntos actos de extorsión, amenazas y abrir la puerta a reos para salir a delinquir en el CERESO de Tlaxcala.

Agregó que los funcionarios «están dispuestos a cooperar con las autoridades para llegar hasta las últimas consecuencias». Garantizó que se esclarecerán los hechos y que se deslindarán responsabilidades, tanto de la persona privada de la libertad (PPL) que denunció las anomalías, como de los servidores públicos.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) informó que está realizando un expediente de queja derivado de la denuncia que hizo Ventura N..

Jakqueline Brasdefer, aseguró que el caso de Ventura N. ya estaba en conocimiento del organismo antes de la difusión del video en redes sociales. Detalló que los familiares del detenido presentaron una queja por presuntas violaciones a derechos humanos durante sus traslados penitenciarios, específicamente entre el CERESO de La Loma al de Apizaco, lo que dio origen a una investigación en curso. Por ello, explicó, no se hizo público de inmediato, ya que se estaban identificando posibles agravantes en el proceso.

«Familiares denunciaron algunas posibles violaciones de derechos humanos en cuanto a sus traslados, en cuanto a ciertas circunstancias muy específicas, también refiere haber presentado una denuncia ante la Fiscalía y nos solicita la intervención para el acompañamiento».

En cuanto a la protección de la familia de Ventura N., Jakqueline Ordóñez Brasdefer aseguró que la CEDHT emitió medidas cautelares —sin especificar cuáles— con el objetivo de garantizar la seguridad tanto del interno como de sus familiares. Estas medidas, señaló, ya fueron solicitadas a las autoridades competentes.

Sin embargo, Ordóñez Brasdefer evitó precisar si también tenía conocimiento de las demás acusaciones que Ventura hizo contra diversos funcionarios.

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Finalmente, recordó que la comisión ha emitido observaciones e informes derivados de operativos anteriores para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana considere y subsane las irregularidades detectadas, adaptando los procedimientos en futuras intervenciones.

En este contexto, el vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, puntualizó sobre el caso de Ventura N. que aplicaron el Protocolo de Estambul, instrumento que permite determinar si un interno sufrió actos de tortura, cuyos resultados serán informados públicamente, una vez que concluya la investigación.

Hasta el momento, ninguna de las instancias competentes en el caso dieron una fecha clara de cuánto tiempo podrían tomar dichas investigaciones, por lo que se espera que en las siguientes semanas se siga comunicando el proceso de dicha investigación para los 4 funcionarios, así como el estado del preso Ventura N. y su familia.

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