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Perros en calle, protestas y omisiones: Tlaxcala sin política clara de bienestar animal

  • En los últimos meses se han registrado accidentes, debates y distintas posturas en torno a los perros en situación de calle en Tlaxcala. Mientras algunos sectores se pronuncian a favor del sacrificio de estos animales, otros defienden sus derechos. Ambos grupos coinciden en un punto: la falta de políticas públicas para implementar la Ley de Bienestar Animal en el estado es evidente.

Tlaxcala, Tlax.- El pasado 5 de agosto, un video difundido en la cuenta de X del medio El Quinqué Digital, mostró a elementos de la Policía Municipal y de la Coordinación de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal del municipio de Tlaxcala capturando perros en el Zócalo de la ciudad. Según el mismo medio, alrededor de 15 canes fueron caputrados durante esta acción. En respuesta, el 6 de agosto, ciudadanos y activistas se manifestaron en la plaza principal para exigir la liberación de los animales y el respeto a sus derechos.

La acción emanada del Ayuntamiento de la Capital fue cuestionada por usuarios en redes sociales, quienes señalaron que se realizó sin previo aviso y sin un comunicado oficial posterior.

ANIMALES

Por su parte, el 6 de agosto, ciudadanas, ciudadanos y colectivos animalistas realizaron una marcha en defensa de los animales. Tras la protesta, el Ayuntamiento de Tlaxcala, la Coordinación de Bienestar Animal y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PROPAETLAX) emitieron comunicados en los que señalaron que las acciones forman parte de políticas públicas dirigidas al bienestar animal, que incluyen el control, atención y resguardo de animales en situación de calle. Sin embargo, señaló que esta acción corresponde a nivel municipal y no, a los reglamentos a nivel Estatal.

perros

Asimismo, el Gobierno Estatal reiteró que se están realizando acciones para atender casos de abandono y maltrato animal en Tlaxcala mediante la inauguración de la Clínica del Bienestar Animal en junio de 2025. La gobernadora, Lorena Cuéllar señaló que esta clínica ofrece servicios veterinarios integrales que atienden temas de salud pública y de protección a los animales de compañía.

Dentro de la clínica también opera la Unidad de Ayuda y Rescate Animal, encargada de brindar atención médica, realizar esterilizaciones, fomentar la adopción responsable, atender denuncias por maltrato y promover la concientización sobre el cuidado de los animales y su reconocimiento como seres sintientes.

No obstante, aunque esta unidad ha realizado acercamientos en distintos municipios, su alcance es limitado, ya que cada ayuntamiento tiene la obligación de contar con su propio reglamento en materia de bienestar animal. Y, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), al corte de junio del 2025 solo 50 municipios cuentan con dicho reglamento; sin embargo, que tengan este reglamento no significa su aplicación real.

Te recomendamos leer: Tras casi 3 años recibiendo presupuesto, la Coordinación de Bienestar Animal de Tlaxcala aún no cuenta con reglamento interno: OCPA

Por su parte, la Coordinación de Bienestar Animal ofrece servicios como consulta básica preventiva, corte de pelo, baño, paquete estético, esterilización, desparasitación, estudios de rayos X, ultrasonido y vacunación antirrábica, exclusivamente para animales de compañía con dueño, es decir, perros y gatos; por lo que no atiende directamente la problemática de los animales en situación de calle ni la concientización de tenencia en la población. 

En este sentido, la Unidad de Ayuda y Rescate Animal es la instancia encargada de atender a animales en abandono mediante su resguardo y posible adopción. Sin embargo, usuarios han denunciado la falta de atención telefónica para solicitar información o agendar citas. Escenario Tlaxcala realizó 4 llamadas telefónicas al número de atención del Bienestar Animal de Tlaxcala (241 417 6353) y en ninguna de estas llamadas atendieron.

La Clínica de Bienestar Animal representó una inversión de 35 millones de pesos y, según el Gobierno Estatal, brinda atención integral a los 60 municipios. A pesar de ello, ante la falta de cambios visibles en las calles y la ausencia de leyes y normas claras para resolver esta problemática, ciudadanas y ciudadanos han cuestionado la utilidad de destinar esa inversión a infraestructura, en lugar de enfocarla en campañas de esterilización o atención médica directa a animales en situación de calle.

La Ley de Bienestar Animal establece la importancia de promover la tenencia responsable de mascotas. Esta labor también se debe realizar desde los municipios, que tienen la responsabilidad legal de proteger y cuidar a los animales dentro de sus territorios.

Pero, ¿Cuánto cuesta el cuidado de los animales en el Bienestar Animal y en veterinario particular? 

De acuerdo con información proporcionada con el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), la Coordinación de Bienestar Animal gasta $284.7 por una esterilización de un perro promedio de 10 kg y por un gato con un peso promedio de 4 a 5 kg, es de $128.75. Asimismo, de acuerdo con la solicitud de información del OCPA, la Coordinación ha ejercido un presupuesto de $1,092,322.44 únicamente para insumos; y el número de cirugías realizadas de noviembre de 2023 a noviembre de 2024, es de 4,164. 

OCPA

Si bien, esta clínica favorece la economía de los dueños de los animales al reducir el precio de esterilización (una esterilización particular tiene un costo promedio de $300 A $2,000 y en caso de que la cirugía se complique se debe comprar un antibiótico con un precio de $400 por 10 tabletas de tratamiento de 5 días), no resuelve la problemática parcial de los animales en situación de calle. Misma que de acuerdo con el edil, Alfonso Sánchez García, es atendida al recibir 60 casos de denuncias ciudadanas.

Sin embargo, este dato es engañoso tras únicamente declarar 60 denuncias las cuales no señaló que estas corresponden a 60 perros, sino que podría ser a 60 denuncias que se hayan realizado por menos casos de perros en situación de calle. Pero, si así fuera, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Protección Animal, la esterilización de un perro promedio de 10 kilos cuesta alrededor de 284.7 pesos. Es decir, que le hubiera costado $17,000 a su ayuntamiento atender este problema.

En este contexto, mientras persisten las capturas nocturnas, las protestas ciudadanas y los comunicados oficiales, la discusión de fondo sigue abierta: ¿Qué medidas concretas se están tomando para atender de forma integral a los animales en situación de calle? La inversión en infraestructura, sin una estrategia clara de coordinación municipal, atención directa y políticas públicas sostenidas, deja en duda la efectividad de las acciones emprendidas hasta ahora.

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Tras 4 años de la iniciativa por la despenalización del aborto en Tlaxcala; aún no es real

Tlaxcala, Tlax.- Han pasado 4 años desde que los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Lorena Ruiz García y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, subieron al pleno la iniciativa para la despenalización del aborto en Tlaxcala, que hasta la fecha, no ha sido aprobada.

Y aunque en octubre de 2024 nuevamente la diputada Lorena Ruiz reiteró la iniciativa en el pleno del Congreso de Tlaxcala para garantizar el aborto seguro y legal en el Estado, quedó turnada a los diputados.

En diversas entrevistas la representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México en Tlaxcala (Ddeser), Rosario Texis Zúñiga, señaló que al menos 11 legisladores le han manifestado su respaldo a dicha iniciativa, pero el resto se reserva el tema. Una de las razones que retrasan a que las mujeres puedan tener acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.

En este sentido, el Congreso del Estado ha priorizado su agenda aprobando las iniciativas del ejecutivo; y no, las demandas sociales.

La despenalización del aborto no implica promoverlo, sino reconocer la realidad de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su maternidad y a recibir atención médica adecuada en caso de interrumpir un embarazo no deseado. Al respecto, Damara Itzel menciona:

«Las mujeres que acompañamos ya hemos hablado sobre la necesidad de garantizar el acceso a este derecho despenalizarlo es una urgencia. Las mujeres vamos a seguir abortado y vamos a seguir acompañando las decisiones de mujeres que a veces son la única o la primera decisión que toman en su vida. No legislar es negar la realidad, el Estado está obligado a mejorar las condiciones en las que las mujeres abortan y se merecen condiciones dignas y seguras. Legislar no implica obligar a las mujeres a abortar pero no legislar obliga a las mujeres a perpetuar el mandato de maternidad».

Y es que Tlaxcala es de los 10 Estados que aún no aprueban la despenalización del aborto en México, contrastando las cifras que señalan la urgencia de esta necesidad y derecho social. De acuerdo con Worldometer, en enero de 2024 se realizaron 2022 millones de abortos electivos, convirtiendo al aborto en la principal causa de muerte humana.

Y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha determinado que criminalizar el aborto es inconstitucional, los legisladores tlaxcaltecas no han priorizado este tema en su agenda política.

¿Dónde es legal el aborto en México?

21 estados han despenalizado y legalizado el aborto voluntario, mientras que en otros 10 estados sigue siendo criminalizado, aunque permitido bajo ciertas causales específicas.

Te recomendamos leer: Despenaliza la Corte el aborto en Chihuahua

  • Baja California Sur: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • Baja California: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • Sinaloa: Hasta las 13 semanas de gestación.
  • Coahuila: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • San Luis Potosí: Despenalizado por la SCJN.
  • Jalisco: Hasta las 12 semanas de gestación (desde octubre de 2024).
  • Colima: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • Michoacán: Hasta las 12.6 semanas de gestación.
  • Guerrero: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • Oaxaca: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • Chiapas: Hasta las 12 semanas de gestación (desde noviembre de 2024).
  • Quintana Roo: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • Veracruz: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • Puebla: Hasta las 13 semanas de gestación.
  • Ciudad de México: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • Estado de México: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • Hidalgo: Hasta las 12 semanas de gestación.
  • Chihuahua: Despenalizado por la SCJN en enero de 2025.
  • Zacatecas: Despenalizado por orden judicial.
  • Nayarit: Ordenado por un tribunal federal.
  • Yucatán: La SCJN ordenó la derogación de las normas que penalizan el aborto.
  • Aguascalientes: Hasta las 12 semanas de gestación (aunque en agosto de 2024 redujo el límite a seis semanas).

Estados donde el aborto sigue siendo penalizado (con excepciones):

  • Campeche: Permitido solo en casos de violación, aborto involuntario y riesgo para la salud física o psicológica.
  • Tabasco: Permitido solo en casos de violación, peligro de muerte o inseminación artificial no consentida.
  • Tlaxcala: Permitido solo en casos de violación, aborto involuntario, peligro de muerte, malformaciones fetales graves, riesgo para la salud física o psicológica e inseminación artificial no consentida.
  • Morelos: Permitido solo en casos de violación, aborto involuntario, peligro de muerte o malformaciones fetales graves.
  • Querétaro: Permitido solo en casos de violación o aborto involuntario.
  • Guanajuato: Permitido solo en casos de violación o aborto involuntario.
  • Tamaulipas: Permitido solo en casos de violación, aborto involuntario, peligro de muerte o riesgo para la salud física o psicológica.
  • Nuevo León: Permitido solo en casos de violación, peligro de muerte o riesgo para la salud física o psicológica.
  • Durango: Permitido solo en casos de violación, aborto involuntario o peligro de muerte.
  • Sonora: Permitido solo en casos de violación, aborto involuntario o peligro de muerte.

En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar el aborto en México. La decisión establece que ninguna mujer en el país puede ser perseguida penalmente por interrumpir su embarazo, y obliga a los congresos estatales a ajustar sus códigos penales en concordancia con este fallo.

Mujeres acomapañantas, fungiendo el papel del Estado

A pesar de que en Tlaxcala la interrupción legal del embarazo no sea un derecho, existen alternativas para que una mujer pueda acceder a un aborto de forma segura y a bajo costo. En el Estado, se encuentra la Red de Acompañantas de Tlaxcala, quienes brindan acompañamiento integral a mujeres que deciden no continuar su embarazo.

De acuerdo con Damara Itzel Juárez Michicol, integrante de la Red de Acompañantas de Tlaxcala, actualmente acompañan a un promedio de 15 a 20 personas por mes; y desde 2020 tienen un registro de 794 personas acompañadas en la entidad federativa.

En esa línea, la RADET compartió a este medio que al corte de abril de 2025, se ha dado acompañamiento en 46 de los 60 municipios del Estado. Siendo Tlaxcala, Apizaco, Chiautempan, Zacatelco, Huamantla, San Pablo del Monte, Totolac, Tlaxco, Papalotla y Panotla, los municipios con mayor incidencia de aborto autogestionado.

Ante este panorama, la urgencia de que la interrupción legal del embarazo sea una realidad en Tlaxcala se vuelve una prioridad de salud pública que el Congreso de Tlaxcala debe atender, y que se espera que la iniciativa sea votada al menos antes del 28 de septiembre, Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.

Tras casi 3 años recibiendo presupuesto, la Coordinación de Bienestar Animal de Tlaxcala aún no cuenta con reglamento interno: OCPA

  • Ante el próximo cambio en la titularidad de la Coordinación de Bienestar Animal (CBA) del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), analizó acciones realizadas por la CBA durante el último año; a la fecha no cuenta con su Reglamento Interno ni con Manuales.

Tlaxcala, Tlax.- Cabe recordar que, la predecesora de la Coordinación fue la Dirección de Bienestar Animal, que comenzó labores en abril de 2022; y fue hasta julio de ese mismo año que legalmente se conformó la CBA.

El primer año operativo de dicha dependencia, fue el 2023, al ya contar con presupuesto. Para obtener datos de un año de operación de la Coordinación, Jorge Ignacio Martínez Castro del OCPA, le dirigió como persona física una solicitud de información pública, del periodo de noviembre de 2023 a octubre de 2024; la cual fue respondida parcialmente, por lo que Martínez Castro interpuso la queja correspondiente ante el ahora extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, obteniendo en la resolución la información restante.

Bienestar Animal en Tlaxcala

En un año, la CBA realizó:

  •  3,367 cirugías de esterilización a animales de compañía (perros y gatos)
  • 4,010 consultas médicas preventivas básicas
  • 56 cirugías básicas de atención inmediata
  • 297 cortes de pelo, 158 baños, y 4,891 desparasitaciones internas y externas.

Con un presupuesto ejercido para insumos, de $1,314,170 y con 10 médicos veterinarios, también entregó en adopción a 125 animales de compañía y remitió 198 denuncias ciudadanas a las autoridades correspondientes.

Cabe señalar que, en total, el presupuesto asignado para la Coordinación de Bienestar Animal para el año 2023 fue de $7,804,373, para 2024 de $12,283,504 y para 2025 de $10,516,234 pesos.

Te recomendamos leer: Hay perros en situación de calle marcados últimamente en Tlaxcala; te contamos qué hay detrás

Es necesario mencionar que para poder medir la productividad y el cumplimiento de todas las acciones que le corresponden a dicha dependencia, lamentablemente el incumplimiento a la Ley de Bienestar Animal del Estado que se publicó en diciembre de 2022, continúa a la fecha, ya que la CBA no cuenta con el Reglamento Interno, ni con los Manuales de Organización y de Procedimientos.

OCPA llama al municipio de Tlaxcala a aplicar cabalmente el reglamento de Bienestar Animal

Este 6 de agosto, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) hizo un llamado al Ayuntamiento de Tlaxcala, para aplicar cabalmente el Reglamento Municipal de Protección y Bienestar de Animales de Compañía. En un escrito que le dirigió al alcalde, Alfonso Sánchez García, le señaló que aplicar el reglamento, no es solo reducirlo a la captura de animales en situación de calle.

Le recordó que dicho reglamento, establece que se debe priorizar el censo de perros y gatos, y el fomento de la tenencia responsable de animales. De acuerdo con el artículo segundo transitorio:

“El Municipio, en un lapso de 100 días hábiles a partir de la publicación del presente Reglamento, pondrá en marcha los planes y estrategias para cumplir con las disposiciones establecidas en el presente reglamento, ponderando el censo y la concientización en los diferentes niveles educativos, siempre y cuando exista el presupuesto correspondiente, esto a efecto de no afectar a los intereses del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala”.

Desde el 3 de marzo, el OCPA exhortó de manera pública a este ayuntamiento, para que, en el plazo que marca su reglamento, diera cumplimiento a las mencionadas disposiciones. Cabe recordar, que dicho término del inicio, feneció el 14 de julio; sin que la administración municipal cumpliera con lo dispuesto en el ordenamiento municipal, que se publicó el 21 de febrero de 2025.

Sumando así un mal precedente, al haber establecido los 100 días hábiles que ya transcurrieron, algo para lo que ningún municipio había dispuesto un plazo tan largo para comenzar a aplicar su respectivo reglamento, pues los demás fijaron 30 días naturales.

Además, es preocupante que solo Tlaxcala y Chiautempan hayan condicionado el cumplimiento a intereses de presupuesto; cuando la protección animal va más allá de la afinidad o no por los animales, su atención es urgente, porque la salud de las personas, los animales y los ecosistemas está estrechamente interrelacionada, y porque el maltrato animal es la antesala de la violencia social.

Transparencia para el Pueblo, el sustituto del INAI, niega información en 99.6% de recursos de revisión

Ciudad de México. A casi tres meses de haber iniciado funciones, el nuevo organismo Transparencia para el Pueblo, creado tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha generado alertas en materia de derechos humanos. Con un preocupante 99.6% de recursos de revisión reportados como desechados[1], este órgano desconcentrado evidencia un retroceso en la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país.

El 12 de mayo de 2025, Transparencia para el Pueblo inició oficialmente sus funciones, luego de un periodo de suspensión producto de su proceso de transición institucional. La institución quedó facultada para resolver los recursos interpuestos por personas que no recibieron respuesta a sus solicitudes de información por parte de dependencias federales. Los resultados han sido los siguientes: de los 2 mil 253 recursos recibidos, únicamente 457 han sido reportados resueltos y, de estos, el 99.6% han sido registrados como desechados[2]. Es preciso recalcar que esta información pudiera estar reflejada de forma incorrecta por parte de la propia institución, ya que algunos registros no corresponden a lo que señala el contenido de las resoluciones.

Sin embargo, las razones expuestas por Transparencia para el Pueblo para desechar la mayoría de los recursos de revisión han sido, en su mayoría, de carácter estrictamente formal. Entre los principales argumentos se encuentran el supuesto incumplimiento de requisitos legales o la falta de respuesta por parte de las personas solicitantes a los avisos o requerimientos emitidos durante el proceso. Estas justificaciones pueden consultarse en el portal oficial del organismo, en la sección Transparencia Para el Pueblo – Resoluciones de Acceso a la Información Pública, donde se detalla cada caso.

No obstante, este enfoque formalista y burocrático ha dejado en situación de total indefensión a las personas solicitantes, ya que el organismo no ha ofrecido mecanismos de orientación adecuados para que puedan subsanar los errores señalados y continuar con el proceso. En lugar de actuar con un enfoque garantista y accesible, Transparencia para el Pueblo ha optado por una interpretación rígida de la norma, desatendiendo su obligación de facilitar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. La autoridad revisora tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja, evitando desechamientos por razones formales y debiendo priorizar la garantía de los derechos de las personas, según lo señalan los artículos 148 y 169 de la propia legislación en la materia.

Mientras que el extinto órgano autónomo se caracterizaba por actuar con independencia del poder político y por adoptar decisiones orientadas a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, Transparencia para el Pueblo opera bajo la estructura del Poder Ejecutivo, lo que compromete gravemente su imparcialidad. Esta subordinación institucional no solo debilita su autonomía, sino que también limita su capacidad de actuar como contrapeso frente a las dependencias gubernamentales que niegan la información.

Como resultado, sus resoluciones han mostrado una tendencia preocupante a favorecer los argumentos de los sujetos obligados, en lugar de adoptar un enfoque pro persona y de interpretación progresiva de los derechos, como lo establece el marco constitucional y el sistema interamericano de derechos humanos. Esta lógica funcional, más alineada con los intereses del gobierno que con la protección de los derechos de la ciudadanía, no solo restringe el acceso a información pública, sino que profundiza la desconfianza institucional y viola los principios básicos de transparencia, rendición de cuentas y control democrático.

Esta preocupación se agrava al observar que, en al menos 23 estados del país, se han replicado esquemas similares al federal, transfiriendo las funciones de los órganos locales de transparencia a dependencias estatales como las Secretarías Anticorrupción o las contralorías de los Poderes Ejecutivos de los estados. Además, 13 entidades han incrementado las causales para reservar información, reforzando una tendencia peligrosa hacia la opacidad institucional[3].

El derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la vigilancia del poder público. Su debilitamiento representa no solo un retroceso democrático, sino una vulneración directa a los derechos humanos.

Las organizaciones y personas firmantes exigimos que las instituciones encargadas de garantizar este derecho actúen con imparcialidad, autonomía y compromiso con la ciudadanía. El acceso a la información no es una concesión del poder, es un derecho que debe ser protegido, no obstaculizado.

[1] López, Antonio, (2025). Sucesor del Inai niega datos del gobierno en 99.6% de los casos, El Universal. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sucesor-del-inai-niega-datos-del-gobierno-en-996-de-los-casos/

[2] Raphael, Ricardo, (2025). Opacidad para el gobierno, Milenio. Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/opacidad-para-el-gobierno

[3] Nogueda, Oscar, (2025). Estados replican “Transparencia para el Pueblo” y aumentan causales para reservar información, Animal Político. Disponible en: https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/estados-transparencia-pueblo-replica

Cronología: Promete el Segundo Tribunal Colegiado de Tlaxcala respuesta para el caso de Don Saúl el próximo 4 de septiembre

Tlaxcala, Tlaxcala.- Tras la urgencia de una respuesta por parte del Segundo Tribunal Colegiado de Tlaxcala, integrado por los magistrados José Luis Moya Flores, Francisco Ballesteros González (Ponente) y Alejandro Bernal Valdés; los familiares y amigos de Don Saúl cerraron el libramiento Apizaco Huamantla a la altura de Ciudad Judicial -por breves minutos-, para exigir su inmediata liberación.

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¡Don Saúl es inocente!”, “¡Presos por defender la tierra!” y “¡Libertad, libertad, libertad a los presos por luchar!”.

Durante la manifestación pacífica de este 5 de agosto en Ciudad Judicial, familiares y amigos exigieron la falta de atención que han obtenido por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala desde el 24 de marzo de 2024, fecha en la que Saúl Rosales fue señalado culpable por el linchamiento de un joven en la comunidad de Tlalcuapan.

Han pasado 3 años desde que Saúl Rosales fue privado de su libertad, y a pesar de que se han presentado pruebas a su favor en calidad de inocente, no se ha logrado llegar a una sentencia absolutoria, como la obtuvo su compañero Raymundo, quien también fue señalado por participar en este mismo linchamiento.

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Te recomendamos leer: Saúl Rosales, defensor del bosque, muestra cómo la Reforma Judicial retrasa la justicia en personas privadas de la libertad

Esta, no es la primera vez que amigos, familiares y la comunidad de Tlalcuapan se une para pedir justicia por Saúl. Sin embargo, la presión del cambio de magistraturas tras la Reforma al Poder Judicial compromete el trabajo de meses y años de las personas libertadas de la privacidad; a esto, se suma la pasada manifestación pacífica del 14 de julio en Ciudad Judicial.

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Por lo que, el acercamiento de Neftaly Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), con el Segundo Tribunal Colegiado de Tlaxcala fue de vital importancia tras esperar una respuesta concreta antes del 16 de septiembre, fecha en donde los magistrados que han llevado este caso, serán sustituidos por los nuevos magistrados, implicando el reinicio del caso de liberación de Saúl Rosales.

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En este sentido, desde las 8 de la mañana las personas cercanas a Don Saúl alzaron la voz y recorrieron Ciudad Judicial llegando al edificio principal. Durante el recorrido, destacó la presencia de una persona quien pidió a los medios de comunicación que se identificaran; sin que él dijera su nombre, ni se identificara. Fue hasta que las personas de la manifestación llegaron al edificio del Tribunal que dicha persona entró al edificio, por lo que se le identificó como trabajador.

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Persona de Ciudad Judicial que se burló de la comunidad tras sus exigencias.
Foto: Valeria Arroyo
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Persona de Ciudad Judicial que se burló de la comunidad tras sus exigencias.
Foto: Valeria Arroyo

Por su parte, una persona de la comunidad de Tlalcuapan se acercó a él al notar su burla y le preguntó su nombre a lo que él contestó:

«No te voy a decir, me mandaron a ver qué andan haciendo, me mandaron a reportar»

Asimismo, la presencia de elementos de seguridad resguardaron la zona a pesar de haber sido una marcha pacífica.

Tras estos hechos, las personas cercanas a Don Saúl tomaron el «micrófono de las voces» y compartieron anécdotas, señalaciones y sobre todo, reiteraron el apoyo comunitario que continúa a pesar de los años que han pasado tras el encarcelamiento de Saúl Rosales; mismo que se vio en la unión de las personas presentes, en los alimentos, en la bebida, en los colectivos como Las Hijas de las Matlalcueyetl, la Brigada San Pedrito y Casa cultural Tonantzin de San Pedro Muñoztla, la Comitiva de Calpulalpan y los centros de apoyo como el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C..

Finalmente, Neftaly Pérez, abogado (Centro Prodh) y doña Alicia, esposa de Don Saúl, salieron de la reunión con el Segundo Tribunal Colegiado de Tlaxcala, en donde informaron a la comunidad de Tlalcuapan que los magistrados del tribunal señalaron que a pesar de que tienen varios casos desde 2023 sin terminar, tomarán como prioridad el caso de Saúl por estar en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala (CERESO) agregaron, que esto a pesar de que su caso sea reciente (casi 3 años).

Por lo que, amigos, familiares y la comunidad de Tlalcuapan esperarán hasta el próximo 29 de agosto para que el tribunal colegiado de respuesta de la próxima junta del 4 de septiembre.

 

Nuevo Plan de Desarrollo Urbano atentaría aún más contra el agua en Atlihuetzia; los 5 nombres de la corrupción | Atlihuetzia: La sed de despojo. Parte 2

La sed de despojo en Atlihuetzia existe desde hace años, fraccionamientos sin la infraestructura mínima están comprometiendo el abasto de agua en la zona. Aquí, las autoridades no han respetado la organización comunitaria basada en usos y costumbres; misma que históricamente ha velado por el agua y no es respetada ante decisiones políticas de construcción.

El 4 de abril de 2024, habitantes del municipio entregaron al Ayuntamiento de Yauhquemehcan – durante el último año de gestión de María Anita Chamorro Badillo-, una solicitud para que no fuese aprobado el Nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. El documento, firmado por habitantes del municipio —entre ellos de Yauhquemehcan—, sostiene que el programa “no cumple con los procedimientos mínimos de certeza requeridos para su aprobación, y presenta múltiples inconsistencias de forma y de fondo”.

Entre los señalamientos presentados en el documento, se menciona que el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano —el órgano que avaló el programa el 28 de febrero de 2025— “carece de representación legal”, ya que no se difundió adecuadamente la convocatoria, no hubo toma de protesta en sesión de Cabildo, y no se firmaron documentos que acreditaran su cargo honorífico.

Las y los firmantes advirtieron que el programa aprobado no fue analizado con antelación por el Consejo, además de la distribución de dos ejemplares distintos del programa: uno con fecha de 2023 y otro de 2024 (ambos con el mismo título) pero con diferencias cartográficas.

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Señalaron que el documento también detalla inconsistencias de fondo. Por ejemplo:

  • En la cartografía del Plan se desconoce a las localidades del municipio, ya que las identifica como barrios, lo que contradice su organización basada en usos y costumbres,
  • También señalaron la ausencia de un estudio sobre disponibilidad de agua subterránea, comportamiento de recarga anual y restauración de mantos freáticos, así como la falta de un diagnóstico actualizado de saneamiento del agua,
  • Finalmente, sobre la propuesta de infraestructura, el documento cuestiona la viabilidad de varios proyectos, entre ellos la instalación de una planta de tratamiento de agua en Santa María Atlihuetzia, que ya existe pero no ha operado desde 2020 y que además actualmente presenta deterioro.
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Planta de Tratamiento de Agua en Santa María Atlihuetzia. Imagen tomada de Google Maps

En ese sentido, el texto solicita que se vote en contra del programa, que se reponga el procedimiento con participación efectiva de la comunidad y que se establezca un proceso público que integre el ordenamiento ecológico territorial y el Atlas de Riesgo Municipal, como lo mandata la reglamentación vigente.

Planta de Tratamiento de Agua en Santa María Atlihuetzia

Escenario Tlaxcala realizó una cobertura especial en la comunidad de Atlihuetzia el pasado 6 de junio con el objetivo de ubicar los fraccionamientos construidos, habitados y además, para documentar la situación actual de la planta tratadora de agua residual (PTAR) en la comunidad que, de acuerdo con los pobladores, funcionó durante menos de un año, y su instalación fue inconclusa. 

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Al no tener la tubería suficiente, el agua (que no es tratada) va directo al Río Zahuapan. Foto: Valeria Delgado

Luis Alberto señaló que la planta no cuenta con la tubería correcta para el drenaje de las aguas tratadas; agregó que además, la planta no está en función y al no generar el ciclo de tratamiento, el agua se descarga directamente al Río Zahuapan.

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De acuerdo con la arquitecta Ivonne Bagnis, habitante de Atlihuetzia y parte del grupo de defensa de la comunidad, la planta de tratamiento de la comunidad no funciona porque en la administración pasada (la del periodo 2021-2024 con María Anita Chamorro Badillo), se robó dos bombas de la planta y hasta la fecha, el municipio no las ha repuesto. Como resultado, el Barrio de Chimalpa y Tepoztlán descargan en la barranca de Apango, y el Barrio de El Llano descarga en la barrancas de Toro y Cuachichinilapa, llegando al Río Zahuapan.

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Detalles de las intalaciones de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) en Atlihuetzia que no ha estado en funcionamiento.

Aunado a ello, Luis Alberto Lobatón, integrante del Comité de Agua Potable, señaló que de los 12 fraccionamientos establecidos, 11 de ellos descargan directamente al Río Zahuapan.

2.2 Los 5 nombres en la cronología de la corrupción

O, ¿Cómo se han logrado concretar estos fraccionamientos?

Lobatón señaló que a lo largo de los años se han otorgado permisos para la concesión de pozos de agua, pero que ningún presidente municipal acepta quiénes los han dado; pero identifican que esto ha pasado desde la administración de José Concepción Eucario Carmona Díaz, pasando por Felipe Morales, el ingeniero Francisco Villarreal Chairez, María Anita Chamorro Badillo y actualmente David Vega Terrazas.

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Esta tabla muestra los nombres de los presidentes municipales, directores de obras y presidentes de la comunidad. Así mismo, a los diferentes Comités de Agua Potable que han defendido en cada administración el territorio.

A esto, se le suman las notarías e instituciones que a lo largo de los años han permitido y aprobado los permisos para que las construcciones se puedan realizar sin las constancias de determinación de obra.

Laboratorio de toxicología del C3 Tlaxcala no cohesiona tras desmantelamiento y autoritarismo

Tlaxcala.- Mientras el presupuesto del C3 aumenta cada año y se prepara una nueva licitación para insumos, el cargo de dirección ha cambiado en tres ocasiones desde el inicio del gobierno de Lorena Cuellar Cisneros. Actualmente, la directora del C3 es Columba Ibeth Sánchez García, quien ha enfrentado señalamientos de corrupción, manipulación de evaluaciones y abuso de poder por distintas denuncias anónimas.

En 2023, se rehabilitaron las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza (C3) para el retiro de material y escombro, pintura al interior y exterior del Centro, instalación de falso plafón, impermeabilización, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, trabajos de herrería, cancelería, tabla roca y obra externa, con el objetivo de que «las personas de seguridad pública, municipal y procuración de justicia que son sometidos a evaluaciones periódicas cuenten con instalaciones seguras durante su proceso.»

De acuerdo con una denuncia anónima a este medio, la empresa que realizó la remodelación del C3 fue la misma que entregó equipos nuevos para hematología en el C3; en este sentido, al ser equipos nuevos necesitaban que esta misma empresa fuera la que se encargara de proveer los reactivos para que ser compatibles con los nuevos equipos.

La remodelación del C3 contó con una supuesta licitación a nivel nacional, sin embargo, la denuncia anónima señaló que fue nula.

«eso es parte dentro de la ley de adquisiciones. no puedes reemplazar uno sin dar de baja el anterior y para darlo de baja necesitas dictámenes que acrediten la baja de esos equipos. Del equipo que adquirieron, nunca se dio de baja a los otros.»

En este sentido, la persona mencionó que los equipos que se tenían en el C3 eran equipos funcionales y contaban con el constante mantenimiento que requerían. Por lo que el cambio de equipos para hematología en el laboratorio de toxicología representó un gasto innecesario de un aproximado de $500,000.000 a $300,000.000.

Además, señaló que estos nuevos equipos consumen más del doble de químicos, lo cual no es rentable partiendo del hecho de que «las instituciones deben optimizar y reducir costos para mejorar un servicio respetando el presupuesto para la dependencia.»

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Este cambio se suma a que el C3 ha pasado por tres directivos desde que la gobernadora Lorena Cuéllar comenzó su gobierno: el primero fue Francisco Javier Carreto Gámez, licenciado en educación física, observado ante la Federación y despedido por no pasar sus controles de confianza. Después llegó el Doctor Rubén Alejandro Di Grazia Rao, quien fue observable tras ser psicólogo pero reubicado en el SEI; y actualmente, Columba Ibeth Sánchez García.

Contratación de laboratorios externos

El C3 ha solventado la necesidad de obtener las licencias colectivas a través de intermediarios como Laboratorios San Gabriel el cual, de acuerdo con la denuncia anónima, no tiene las condiciones ni las certificaciones al no contar con cadenas de custodia ni cartas de autorización para poder liberar estos resultados.

Para que Laboratorios San Gabriel pueda operar esas pruebas y tengan el valor jurídico de una evaluación de control de confianza, debe ser verificado y avalado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), quien certifica a los laboratorios para subrogación de pruebas.

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Fue entre el primer trimestre del 2024, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala licitó la realización de exámenes toxicológicos, cuyo proveedor ganador fue Laboratorios San Gabriel. Es allí donde se realizan los exámenes toxicológicos en orina para la licencia colectiva de los policías para la portación de arma.

De acuerdo con esta persona, a pesar de que la empresa reportó resultados positivos a estupefacientes, algunos a marihuana, otros a cocaína, anfetaminas y metanfetaminas tras realizar los exámenes toxicológicos a elementos de seguridad, los elementos aprobaron sus exámenes de confianza.

Si bien, el C3 tiene la capacidad para realizar más de 3000 evaluaciones de laboratorio y cuenta con los insumos necesarios, el denunciante se pregunta porqué laboratorio San Gabriel se encarga de los exámenes de orina. 

Nepotismo en el C3

Columna Ibeth Sánchez García llegó a la dirección del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) en enero del 2022 y su llegada al C3 ha sido señalada por nepotismo y violencia laboral. 

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Uno de estos señalamientos de nepotismo radican en el departamento de integración de resultados, con la titular Adarely Ávila Romero.

Adarely Ávila, tiene la licenciatura en Trabajo Social, por lo que de acuerdo con la denuncia anónima, su puesto como jefa de departamento/coordinadora técnica no corresponde a sus estudios.

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Asimismo, señaló que la amiga de la sobrina de Columna Ibeth, es la doctora del laboratorio de toxicología; por lo que Columna Ibeth tendría la facilidad de alterar los resultados de las que ha sido señalada. 

De acuerdo con el medio de comunicación Fórmulatlx, Columba Ibeth Sánchez ha utilizado su puesto para hacer negocios personales. Tras comprar computadoras, vehículos y propiedades a sobre costo y quedarse con una parte considerable de los fondos.

Además, algunos de estos bienes como las pantallas y computadoras no fueron colocados en el C3.

Señalan que también exige dinero a su personal para financiar regalos caros para la gobernadora, Lorena Cuellar; el «donativo» es obligatorio, y aquellos que se niegan enfrentan represalias laborales.

Regresan docentes acusados por acoso, nepotismo y cobros indebidos por titulación en FDAyA-UATx

  • Denuncias anónimas señalan que al interior de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), hay despidos injustificados, acoso laboral, violencia de género y cobros indebidos a estudiantes por trámites académicos.

Tlaxcala, Tlax.- Mediante una denuncia anónima a Escenario Tlaxcala, señalan múltiples irregularidades que han afectado tanto al personal docente como a los estudiantes, se han dado desde la llegada de Elvia Hernández Escalona.

Agresiones verbales, hostigamiento sistemático y represalias tras el seguimiento a denuncias estudiantiles por acoso, son, de acuerdo a la denuncia, parte de lo que se vive en la facultad; a esto, se suman cobros indebidos en procesos de titulación este 2025.

Denuncias estudiantiles

De lo que va la administración de la actual directora de la facultad, Elvia Hernández, los estudiantes han señalado presuntos actos de corrupción y la reintegración de docentes previamente despedidos por acoso sexual.

Fue en el pasado 8M del 2020 cuando el alumnado señaló a los presuntos agresores y acosadores docentes en distintas facultades de la UATx. 

A lo que la universidad respondió con el despido de algunos docentes como Emmanuel Alejandro Sánchez Martínez, Miguel Estrada Atemiz (a este docente le quitaron sus clases tras las señalaciones, sin embargo, cuando Elvia Hernández regresó a la dirección por segunda vez en julio de 2024, lo nombró encargado del proceso de titulación de la licenciatura en diseño textil, en donde actualmente pide dinero y continúa con el acoso a las alumnas), y Vicente Federico Hernández Huerta por acoso sexual a alumnas; sin embargo, se reintegraron tras la llegada de Elvia Hernández a la dirección en 2024.

En este sentido, tras un rastreo de verificación de información, en la página oficial de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura no se encuentra visible el personal académico.

Otro caso de omisión fue el pasado 1 de octubre del 2024 (Día del arquitecto), cuando alumnos de la Facultad se pronunciaron para pedir docentes más calificados e hicieron entrega de un pliego petitorio a las autoridades competentes:

Como respuesta, de acuerdo con la denuncia anónima, tres días después (el viernes 4 de octubre) se organizó un evento en las instalaciones de la facultad «para encontentar al alumnado con sus demandas» sin atender la demanda estudiantil por mejorar el cuerpo docente.

Anteproyectos

La denuncia anónima señaló cobros a alumnos -con materias retrasadas o que no alcanzaban la titulación automática- de hasta 12 mil pesos por supuestos trámites de titulación, sin que estos se reflejaran en la obtención formal de su título, sino únicamente en la entrega de constancias o mejor conocido como «protocolo de examen de titulación».

La persona señaló la venta de proyectos de titulación y que a cambio, se les pidió entregar dinero en efectivo para garantizar su aprobación en los exámenes de protocolo de titulación. 

Agregó que citaron a algunos alumnos en donde estuvo presente el coordinador Eleazar Meléndez Nava para pedirles material como: fabuloso, cloro, jabón, hojas blancas, etcétera para su reingreso al siguiente semestre.

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Material que fue pedido a los alumnos en su reingreso al próximo semestre en otoño. Foto: Denuncia anónima

Docentes

De acuerdo con el testimonio, se han registrado despidos masivos de docentes, especialmente mujeres, en cada cambio de semestre. Tan solo en los últimos periodos en los que ella ha sido directora, al menos siete docentes con más de cinco años de servicio fueron removidos sin explicación formal. La persona denunciante asegura que estos despidos responden a represalias políticas y a la exclusión de quienes no forman parte del círculo cercano de la directora o se oponen a las prácticas de las que ha sido señalada la UATx. 

Esto tiene como resultado las demandas que el alumnado señala tras la falta de profesores que ofrezcan clases incluyentes, productivas y con el perfil adecuado. Lo que traduce en perfiles impuestos como el de Jasiel Pérez Hernández, hijo de la directora, mismo que es señalado por los alumnos por su baja productividad laboral al no asistir a clases.

Señala que además de Jasiel Pérez, los docentes Lucía Santillana, Carlos Zárate, Claudia Juárez Sánchez, entre otros, son por lo general, los sinodales en los protocolos de examen de titulación en dicha facultad. Agregó que anteriormente, los alumnos podían elegir a sus sinodales y su director de tesis, pero actualmente sólo pueden elegir a dichos docentes.

Además, mientras se exige puntualidad y presencia en eventos institucionales a algunos docentes, otros —afines a la administración— no enfrentan consecuencias por ausencias reiteradas.

Dos más de la UATx

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Aunado a ello, a través del correo electrónico de Escenario Tlaxcala contacto@escenariotlx.com, llegó otra denuncia anónima que reporta que por indicaciones del rector, Serafín Ortiz, durante el mes de julio a los docentes que cuentan con salario por honorarios bajo contrato no se les pagará. Sin embargo, el correo señala que fueron convocados para realizar actividades. El remitente denuncia:

«Señor Rector, si usted se jacta en su discurso de que es una universidad inclusiva y humanista por su modelo educativo, que defiende la dignidad humana, ¿cuál dignidad?, ¿cuál inclusión? Si estos trabajadores no cuentan seguridad social, ni demás prestaciones correspondientes, ni de un sindicato que los respalde.

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El correo da cuenta de que el abuso de poder, el clientelismo político y la violencia de género forma parte del clima cotidiano; que hasta el momento, la universidad continúa ejerciendo.

Mientras tanto, el pasado 14 de julio el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) detectó irregularidades por más de 85 millones de pesos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

El retorno de machismo en el ciberespacio y en Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- Vivimos en una era de redes sociales que nos mantienen informados, nos permiten dialogar con personas de otros países en tiempo real y nos ponen al tanto de lo que pasa en nuestro entorno y en el resto del mundo. Pero, en este mismo espacio digital surgen fenómenos de discriminación y violencia hacia las mujeres que se van posicionando entre los espacios que frecuentan los hombres, hablamos de la manósfera o machosfera.

De acuerdo con ONU Mujeres, la manósfera hace referencia a las comunidades en línea que han promovido cada vez más definiciones reducidas y agresivas de lo que implica ser hombre… Estas comunidades promueven la idea de que el control emocional, la riqueza material, la apariencia física y la dominación, especialmente sobre las mujeres, son indicadores del valor de los hombres.

La manósfera es un medio a través del cual los hombres que se dedican a hacer influencers, validan prácticas machistas de otros hombres y está dirigida a audiencias masculinas que se encuentran en espacios digitales como redes sociales, podcasts, comunidades de gamers (jugadores de videojuegos), aplicaciones de citas, etc.

En la manósfera se dan discursos que insisten en despreciar a las mujeres que se dedican a la defensa de los derechos. Estás narrativas van tomando fuerza y en días recientes fuimos testigos y testigas de las declaraciones que hizo un futbolista profesional quien mencionaba que las mujeres “están fracasando” y que “tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad” y pide que las mujeres “encarnen su energía femenina cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para los hombres”. 

Este discurso refuerza la idea de que las mujeres deben ser sumisas ante los hombres, y que ellos son quienes debe tener el poder y control, también fomenta la posesión y la toma de decisiones sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. 

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Este tipo de pensamientos siguen tomando fuerza y fortalecen la perpetuación de la violencia hacia las mujeres. De acuerdo con datos oficiales que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, de enero a junio de 2025 en Tlaxcala existieron 3 feminicidios, 700 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, 29 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, 40 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual y 2,301 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja.

 machismo en el ciberespacio
Imagen: ONU

Respecto a la problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, vía acceso a la información, indicó que, de enero a junio de 2025, se abrieron 3 carpetas de investigación por el delito de trata con fines de explotación sexual, las víctimas son originarias del estado de Tlaxcala. La Fiscalía también indicó que se realizaron 8 denuncias anónimas, de las cuales no se abrió ninguna carpeta de investigación. 

La masculinidad machista se niega a ser modificada, a perder sus privilegios y para ello se vuelve más violenta o se disfraza de movimientos que parecen indefensos o que ofrecen alternativas a los hombres para ser diferentes, pero en el trasfondo lo único que buscan es  perpetuar la desigualdad, el control, el maltrato, la violencia y la promoción de comportamientos masculinos que contribuyen a seguir viendo a las mujeres como objetos que deben obedecer los mandatos masculinos o mercancías vendibles para satisfacer su placer sexual.

Así, la manósfera es una estrategia para seguir permitiendo que la violencia, incluidas la desaparición, la explotación de mujeres y el feminicidio, sigan siendo una realidad que viven las mujeres.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.