Tlaxcala, Tlax.- La antimonumenta colocada en el bulevar Guillermo Valle, en el municipio de Tlaxcala, fue retirada por segunda vez este lunes. Por lo que entre colectivas feministas y familiares de víctimas de feminicidio, cuestionan lo que pudiera volverse una constante.
En entrevista con Escenario Tlaxcala, Liz Montoya integrante de la Colectiva CyberPink, señaló que la estructura fue instalada el pasado 8 de marzo del 2025 como una forma de protesta y memoria social ante la violencia feminicida y la trata de personas en el estado.
«Es una forma de protesta, una forma de simbolizar, pero también de materializar la la necesidad de hacer posible el contexto de violencia extremo en el que vivimos y que esto deviene de una capacidad institucional muy débil por parte de los diferentes niveles de gobierno ante la violencia. (…) es también un ejercicio de exigencia y de verdad».
Liz Montoya señaló que la antimonumenta es una estructura metálica con el símbolo de lo femenino y la leyenda “No más feminicidios”. No es un monumento de celebración. Su instalación, busca visibilizar la violencia contra las mujeres en Tlaxcala y la falta de respuestas institucionales.
Pero no es la primera vez que se vandaliza la antimonumenta. La primera ocurrió durante el mes de abril, aproximadamente un mes después de su colocación. En esa ocasión, a través de la organización entre colectivas mediante WhatsApp, integrantes de la red feminista lograron reinstalarla el mismo día, en parte, debido a que en ese momento la estructura no estaba fija.
“Simplemente tiraron la antimonumenta y en conjunto con otra compañera fuimos a colocarla en su sitio”, relataron.
Tras ese incidente, señaló que se solicitó formalmente al gobierno del estado y al municipio su fijación permanente, lo cual fue aceptado con respaldo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Por lo que, en el retiro más reciente la estructura ya contaba con una colocación fija, sin embargo, la vandalización afectó el tubo base quedando doblada, por lo que el Ayuntamiento de Tlaxcala informó que no podría reinstalarse de inmediato, y que debería reforzarse su soporte antes de ser colocada nuevamente; la estructura fue resguardada por Elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del Municipio de Tlaxcala.
Además, aunque el municipio publicó en redes sociales que resguardó la estructura tras encontrarla caída, no ha habido comunicación oficial directacon las colectivas.
“No se nos ha comunicado de forma directa, es decir, mediante un correo electrónico o un oficio”, mencionaron.
Sin embargo, Liz Montoya agregó que la remoción de la antimonumenta representa un retroceso simbólico para el movimiento feminista local y un acto de indolencia frente a las exigencias de memoria y justicia, frente a los familiares de las víctimas, y a la sociedad tlaxcalteca que día a día vive violencia.
“El hecho de que alguien intente removerla nos habla de una indolencia profunda ante las exigencias legítimas que tenemos no solo como colectivos, sino como sociedad”, señaló.
Añadió que al ser la segunda ocasión en que esta estructura se vandaliza, considera que aún no se ha logrado insertar en la sociedad la importancia de tener estos espacios públicos.
Frente a quienes aún cuestionan la presencia de la antimonumenta, la integrante de la colectiva insisten en que no se trata de una confrontación, sino de una exigencia legítima.
“No es una falta de respeto que se le hace únicamente a quienes creemos en este movimiento, sino directamente a las víctimas y a sus familiares que han atravesado por una situación de violencia”, señaló. (…) Lo que se busca con este tipo de acciones […] es visibilizar la importancia del papel de la mujer en todos los contextos”.
Asimismo exhortó a la ciudadanía a informarse, romper con los estigmas y a acompañar la exigencia de justicia y memoria, incluso sin militar en el movimiento.
“Somos una comunidad y todas y todos formamos parte de ella. En ese sentido, no quedarse calladas ante las violencias cotidianas es importante para generar conciencia”.
Hasta el momento no se ha informado sobre presuntos culpables, videos o información extra.
En Tlaxcala, lo moral o lo que se entiende por moral pesa y sostiene discursos conservadores. El reciente «escándalo» de la Secundaria General Manuel Altamirano en Zacatelco es la prueba más reciente. Un video, viralizado con la velocidad de la hipocresía, muestra a Valeria Loretty, presidenta de comunidad, en el ojo del huracán por supuestamente ofrecer dinero a estudiantes para que se besaran en público.
La indignación, por supuesto, no se hizo esperar. Pero detrás del griterío, se esconde una verdad más incómoda: la de las omisiones cómplices, las agendas mediáticas carroñeras y, paradójicamente, la de una juventud que, sin quererlo, ha lanzado un puñetazo a la cara de una sociedad que se niega a mirarse al espejo.
Pero antes de señalar a los de siempre, hablemos de lo evidente. El video existe, y en él, Valeria Loretty, funcionaria pública, fomenta los besos entre menores, ofreciendo presuntamente una «remuneración» por el «abrazo más grande y el beso más largo». Y aunque no está claro el tema del ofrecimiento de dinero, no hay «sacado de contexto» que valga cuando se trata de la conducta de un servidor público.
Las cuotas de género, las cuotas LGBT, no son un salvoconducto para la irresponsabilidad. Un funcionario, sea quien sea, debe tener la formación y la decencia para conducirse con respeto y protocolo, especialmente cuando interactúa con niños y adolescentes. La investidura de un cargo público exige un estándar, y Loretty, como presidenta de comunidad, no está exenta de él. Su responsabilidad es innegable, y cualquier intento de diluirla es, francamente, una patada de ahogado.
Y aquí viene lo risible. Mientras la funcionaria se defiende con el manido argumento de los «ataques discriminatorios» por su identidad LGBTIQ+, un sector de la comunidad LGBT, con una madurez política digna de un berrinche infantil, ha salido a respaldarla, buscando exonerarla de toda culpa. ¿En serio? ¿Es esta la «agenda» que se busca? ¿Que la representación LGBT en cargos públicos signifique impunidad o un pase libre para conductas cuestionables?
Las cuotas de inclusión son para garantizar representación y derechos, no para crear una casta intocable. Exigir responsabilidad a una funcionaria trans no es discriminación; es exigir lo mismo que a cualquier otro funcionario. Pretender lo contrario es una afrenta a la seriedad de la lucha por la igualdad.
Ahora sí, volvamos a las omisiones que apestan. El video, ese que se viralizó con la velocidad de la carroña, ¿dónde estaban los demás adultos? ¿Las autoridades escolares? Los padres de familia de la Secundaria General Manuel Altamirano no tardaron en exigir explicaciones a la escuela. Pero la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) de Tlaxcala, tan pronta para abrir investigación contra la funcionaria trans, ¿dónde estaba su celo por el «interés superior de la niñez» cuando otros adultos en el evento guardaban silencio?
Al centrar su investigación únicamente en la funcionaria trans, la CDH no solo demuestra una ineficiencia alarmante al no observar la situación de forma integral, sino que, peor aún, pone el señalamiento sobre una mujer trans, desviando la atención de la ineficiencia generalizada y la complicidad del silencio que permea nuestras instituciones educativas y de gobierno.
Es la misma vieja historia: el escándalo se magnifica cuando el protagonista no encaja en el molde. Si el beso hubiese sido entre un hombre y una mujer, ¿alguien cree que se habría armado tanto revuelo? Por supuesto que no. El morbo y la indignación se disparan cuando la sexualidad diversa asoma la cabeza en un Tlaxcala que se niega a salir del clóset.
Pero en esta farsa, hay una luz. Los jóvenes. Esos estudiantes que, con sus besos, han puesto el dedo en la llaga de una sociedad hipócrita. En Tlaxcala, hablar de sexualidad, de afecto libre, de identidades diversas, sigue siendo un tabú. Un beso entre jóvenes, especialmente si desafía la heteronorma, es un escándalo de proporciones bíblicas. ¿Por qué? Porque desnuda la estrechez mental, el miedo a lo diferente, la incapacidad de aceptar que la juventud de hoy no encaja en los moldes rancios de ayer.
Estos besos, que la moral tlaxcalteca condena, son en realidad un acto de valentía en un estado que aún se resiste a salir del clóset. Han forzado una conversación que nadie quería tener, han expuesto la doble moral y la urgencia de construir espacios donde la expresión de la identidad y la sexualidad no sea motivo de linchamiento, sino de celebración.
Así que sí, hay una investigación en curso. La Fiscalía y la CDH, con su paso lento y burocrático, harán lo suyo y será insuficiente porque como siempre no terminan de ser contundentes en sus señalamientos. Pero la verdadera lección de Zacatelco no está en el expediente judicial, sino en el espejo que nos han puesto enfrente. Un espejo que refleja la ineficiencia institucional, la carroña mediática y, sobre todo, la necesidad imperiosa de que Tlaxcala, de una vez por todas, deje de vivir en el clóset y abrace la diversidad.
Los besos de Zacatelco no son el problema; son el síntoma de una sociedad que se niega a crecer. Y en esa negativa, la verdadera desgracia.
La reforma al Poder Judicial que entró en vigor tras las elecciones del 1 de junio de 2025 no solo reconfigura cargos, también amenaza con reiniciar procesos legales en curso, aplazando resoluciones urgentes y perpetuando injusticias. El caso de Saúl Rosales Meléndez, presidente de comunidad de San Pedro Tlalcuapan, es un ejemplo de ello.
Chiautempan, Tlax. Saúl Rosales Meléndez, defensor del bosque y autoridad comunitaria, fue sentenciado a 20 años de prisión por un delito que no cometió. El 24 de marzo de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala lo declaró culpable de homicidio calificado por su presunta participación en un linchamiento ocurrido en abril de 2022, cuando fungía como presidente de comunidad en Tlalcuapan, cargo otorgado bajo el sistema de usos y costumbres. Hoy, su situación legal pende de un hilo, ya que el equipo jurídico que lo acompaña dejará de operar el último día de agosto de este año, tras las elecciones al Poder Judicial.
Durante una manifestación pacífica realizada el pasado 14 de julio llevada a cabo en Ciudad Judicial—a tres años de su detención—, familiares y amigos reiteraron la exigencia de libertad para Saúl Rosales Meléndez. En ese contexto, Neftaly Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y representante legal de Rosales, señaló que la sentencia fue dictada sin considerar principios fundamentales como los derechos humanos y la perspectiva intercultural, elementos que —afirma— eran indispensables, dado que Saúl ejercía un cargo como autoridad comunitaria indígena reconocido bajo el sistema de usos y costumbres.
Tras la sentencia, el equipo jurídico de Saúl Rosales interpuso en diciembre de 2024 un amparo directo, con el objetivo de que su caso fuera revisado a nivel federal, como último recurso para impugnar la condena. Según Jacobo Rosales, hermano del Saúl, la defensa se vio obligada a acudir a instancias federales debido a las múltiples irregularidades que se presentaron durante el proceso judicial en Tlaxcala.
No obstante, han pasado más de siete meses y el Segundo Tribunal Colegiado —responsable de resolverlo— aún no emite una sentencia. De no hacerlo antes de septiembre, el cambio de magistraturas producto de la reciente elección judicial obligará a reiniciar el análisis desde cero, lo que implicaría atrasar aún más la liberación de Saúl Rosales.
Al respecto, el licenciado Neftaly Pérez externó:
«Es como si los nueve meses desde que se presentó el amparo directo no hubieran servido de nada. Es condenarlo a seguir en prisión de manera injusta»
Ante este contexto, sostuvieron una reunión con el magistrado ponente Francisco Ballesteros, quien se comprometió a presentar el proyecto de sentencia antes de que concluya agosto, a fin de que el tribunal —compuesto por tres magistraturas— pueda sesionar y votar a tiempo.
Para Neftaly Pérez, la reforma al Poder Judicial representa una amenaza directa para las personas privadas de la libertad, ya que los cambios de magistraturas derivados de las elecciones podrían alargar injustificadamente los procesos judiciales. Esto implica prolongar la reclusión de personas que no deberían estar en prisión, como es el caso de Saúl Rosales, o mantener en espera a quienes aún no reciben una sentencia definitiva.
Para el caso de Tlaxcala, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional dio a conocer al cierre de diciembre de 2024 que el 66.6 % de las personas privadas de la libertad en Tlaxcala no contaban con una sentencia.
A esto se suma que, de acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal (CNSIPEE-F) 2024 del INEGI, el 54.8 % de las personas sin sentencia en la entidad se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa, lo que implica que las personas acusadas de ciertos delitos considerados graves sean privadas de su libertad de forma automática, sin que un juez evalúe de manera individual si existen razones suficientes para mantenerlas en prisión mientras enfrentan su proceso.
Frente a este contexto, familiares y pobladores de Tlalcuapan han iniciado una campaña pública para exigir justicia y la liberación de Saúl Rosales, con la esperanza de que no pase un año más en prisión por un delito que, aseguran, no cometió.
Tlaxcala, Tlax.- ¡Tlalcuapan exige justicia y libertad para Saúl, presidente de comunidad! Esta fue una de las consignas que el 14 de julio de 2025, resonó al exterior del Edificio Sede Apizaco del Poder Judicial de la Federación (PJF), en Ciudad Judicial, a tres años de la detención arbitraria de Saúl Rosales Meléndez. Fue el 14 de julio de 2022, cuando detuvieron a don Saúl, quien es defensor de la montaña.
Al momento de su detención, desempeñaba el cargo de Presidente de Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, fue acusado falsamente de cometer el delito de homicidio calificado, por un linchamiento que se cometió cuando él ni siquiera se encontraba en el lugar. Pero, a pesar de eso, en marzo de 2024 fue condenado a 20 años de prisión.
De acuerdo con el último informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), A.C., la criminalización es uno de los mecanismos más utilizados en nuestro país, en su mayoría por agentes del Estado y empresas, para frenar o impedir la labor de la defensa de los derechos humanos ambientales e interrumpir los procesos de liderazgo y organización en las comunidades o incluso desintegrarlos.
Desde el 2019, don Saúl es parte del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, un grupo que surge por la creciente devastación del bosque de la Matlalcueyetl, provocado por el gusano descortezador, la tala clandestina y el saqueo de flora y fauna. Desde entonces el colectivo instó a las autoridades estatales y federales la atención inmediata de la montaña.
En noviembre de 2024, la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, expresó su preocupación sobre la criminalización de personas defensoras de los derechos en México, enfatizando el uso indebido del derecho penal contra los defensores indígenas.
La criminalización contra don Saúl es una muestra de lo informado por CEMDA y denunciado por Mary Lawlor. San Pedro Tlalcuapan es una comunidad indígena que se rige por usos y costumbres, y eso fue suficiente para que las autoridades judiciales justificaran la condena que le dieron, argumentado que los linchamientos son parte de los usos y costumbres de la comunidad, pero en realidad ese fue el primer linchamiento registrado en la comunidad, y nada tiene que ver realmente con los usos y costumbres.
La condena que enfrenta don Saúl en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, lleva a verificar que, firmar y ratificar acuerdos como el de Escazú, no es suficiente para el que se reconozcan, se promuevan, se protejan y se defiendan los derechos de las personas defensoras ambientales. Este caso es un ejemplo de la grave crisis en materia de derechos humanos que enfrentamos a nivel nacional y estatal, que nos lleva a exigir cambios y mejoras verdaderas en el sistema judicial, a luchar juntas y juntos para vencer la corrupción estatal y federal.
Sobre el proceso, actualmente existe una demanda de amparo en contra de la resolución de apelación, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. El 3 de marzo de 2025, el asunto fue turnado a la ponencia del Secretario en funciones de Magistrado Francisco Ballesteros González, quien deberá presentar el proyecto de sentencias ante tres magistrados que deberán emitir una sentencia. Este es el último recurso legal que don Saúl tiene para recuperar su libertad y si no resuelven su caso antes del 1° de septiembre, puede tardar meses, incluso un año, por el cambio de magistrados y magistradas del Tribunal por la reciente elección judicial.
Por lo anterior, es importante que se agilice el actual proceso, se juzgue con perspectiva de interculturalidad y se reconozca la inocencia de don Saúl Rosales Meléndez. Si no es así, se ratificará que la criminalización sigue siendo un mecanismo para impedir el trabajo de las personas defensoras del territorio y de los derechos ambientales, y que la justicia en México continua siendo una constante.
Tlaxcala, Tlax.- Tras una solicitud de información con el folio 292976625000011 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), identificamos que tan sólo de septiembre de 2024 al corte de julio de 2025, 7 plantas de tratamiento de aguas residuales en Tlaxcala dejaron de funcionar. Esto, contrapone el reconocimiento que se le ha dado a Tlaxcala como impulsor de tecnología tras la inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal el pasado 22 de marzo.
Pues, el pasado el pasado mes de marzo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum realizó una visita al Estado de Tlaxcala para la inauguración de la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal, el Eco-Parque “Federico Silva” y la Sala Inmersiva del Agua en el municipio de Tlaxcala. Allí señaló que la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Tlaxcala es una referencia nacional para delegaciones nacionales e internacionales por su tecnología y enfoque educativo.
De acuerdo con el INEGI, Tlaxcala es la cuarta entidad del país con el mayor número de plantas de tratamiento de aguas residuales (128 al corte de septiembre del 2024). Sin embargo, el hecho de que estas plantas estén instaladas no aseguran su funcionamiento, pues a través de una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con el folio 292976625000011, de las 128 plantas existentes, actualmente solo 36 funcionan, es decir, sólo el 28% del total.
Desde Escenario Tlaxcala, desarrollamos una base de datos propia (puedes consultarla en el siguiente enlace), para documentar el número de plantas de tratamiento de aguas residuales en Tlaxcala, cuántas están en funcionamiento, en dónde descargan y si esta descarga es directa o indirectamente a los ríos o barrancas; la información anterior fue tomada de la solicitud realizada a la PNT. Los datos proporcionados son al corte de septiembre del 2024.
Identificamos que Atlangatepec, Atlzayanca, Españita, Huamantla, Terrenate, Tlaxco, Xaltocan son los municipios que cuentan con mayor números de plantas residuales de agua, sin embargo, no todas se mantienen en función. Al corte de septiembre de 2024, los municipios han reducido las operaciones de estas plantas, por lo que de estos 7 municipios hay un total de 64 pero sólo 14 funcionaban.
Municipio
Total de plantas
En funciones
Atlangatepec
12
3
Atlzayanca
6
1
Españita
10
3
Huamantla
9
2
Terrenate
8
1
Tlaxco
14
4
Xaltocan
5
0
Asimismo, identificamos que los municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Yauhquemehcan, Atlangatepec, Panotla, Santa Cruz Quilehtla, Nativitas y Tlaxcala de Xicohtencatl (a excepción de las plantas ubicadas en La Trasquila, Atlangatepec, y Tlaxcala Xicotencatl) realizan su descarga directa de residuos al Río Zahuapan, el cual es el río que recibe mayores descargas de aguas residuales directas por parte de los municipios.
Sin embargo, de 16 cuerpos de agua la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala (CEAS) no nos proporcionó información en su respuesta sobre si su descarga es directa o indirecta.
Río Zahuapán
Apetatitlán de Antonio Carvajal, Yauhquemehcan,
Atlangatepec, Panotla, Santa Cruz Quilehtla, Nativitas,
Tlaxcala de Xicohtencatl
Directa (sólo 2 de las 8 plantas descargan de manera indirecta) La Trasquila Atlangatepec, y Tlaxcala Xicotencatl
Río Atenco
Tzompantepec,
indirecta
Barranca sin nombre
Atlangatepec (San Pedro Ecatepec), Atlzayanca (Santa maría Las Cuevas),
Calpulalpan (Mazapa), Emiliano Zapata, Españita
(Vicente Guerrero y álvaro Obregón), Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxco ( Casa Blanca).
S/I
Laguna de Atocha
Benito Juárez
S/I
Barranca Coecillo
Calpulalpan
S/I
Laguna de Atocha
Españita, Tetla de la Solidaridad, Huamantla, Tlaxco
S/I
Barranca Xalpatlahuaya
Calpulalpan, Huamantla,
S/I
Drenaje Buenos Aires
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros (Villa Mariano Matamoros)
S/I
Río Aguasanta
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros (San Antonio Atotonilco)
S/I
Colector que cruza la población de Papalotla hasta descargar al Río Zahuapan
Mazatecochco
S/I
Barranca Teopa
Muñoz
S/I
Presa Pozuelos
Ciudad De Nanacamilpa
S/I
Barranca El Conde
San Pablo del Monte
S/I
Laguna de Tochac
Francisco Villa
S/I
Barranca Zacuatitla
Sanctórum
S/I
Barranca Briones
Atlamaxac
Indirecta
Zanja
Buenavista
S/I
Suelo mediante infiltración
Tlaxco
S/I
Río Atoyac
Tepetitla ( Villa Alta, Tepetitla)
S/I
Arroyo Huactzinco
San Juan Huactzinco
Indirecta
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tlaxcala
En 1985 se construyó la Planta de Tratamiento Regional de Aguas Residuales Tlaxcala, ubicada en San Hipólito Chimalpa, considerada como la primera posible planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la entidad; actualmente, existen 128.
Gradualmente el costo por las PTAR han ido en aumento, pero esto también depende del tamaño, capacidad, tecnología utilizada, calidad del agua tratada, ubicación, terreno, mantenimiento, y su operación; pero sí se puede hablar de montos aproximados.
Por ejemplo, de acuerdo con el medio Coracyt Noticias, en 2011 la habilitación de dos plantas ubicadas en Ixtacuixtla tendrían una inversión de dos millones 706 mil 459 pesos y un millón 200 mil pesos, respectivamente, por lo que este es el precio estimado que el gobierno estatal ha destinado para las plantas tratadoras de agua en Tlaxcala.
El 19 de mayo, Coracyt Noticias informó que se construirá una nueva PTAR en la zona sur de Tlaxcala con una inversión de 299 mil euros, es decir $6,513,042.25 pesos mexicanos; señaló que los recursos que serán donados por la Unión Europea y el Gobierno de España, como parte de una cooperación internacional.
En 2023, el costo para el tratamiento de este tipo de aguas fue de 277.6 millones de pesos, lo anterior de acuerdo con las Cuentas Económicas y Ecológicas de México. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que en 2022, los 5 estados con más plantas de tratamiento enoperación fueron: Sinaloa (282), Oaxaca (186), Jalisco (143), Tlaxcala (138) y Guanajuato (127).
Al corte de septiembre del 2024, había 43 plantas de tratamiento de aguas residuales en Tlaxcala en funcionamiento ubicadas en los municipios de:
Municipio
Número
Apetatitlán de Antonio Carvajal
1
Tzompantepec
1
Yauhquemehcan
1
Atlangatepec
3
Atlzayanca
1
Benito Juárez
2
Calpulalpan
2
Emiliano Zapata
1
Españita
3
Huamantla
2
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
2
Mazatecochco de José María Morelos
1
Muñoz de Domingo Arenas
1
Nanacamilpa de Mariano Arista
1
Nativitas
1
Panotla
1
San Pablo del Monte
1
Sanctórum de Lázaro Cárdenas
3
Santa Cruz Quilehtla
1
Tepetitla de Lardizábal
2
Tepeyanco
1
Terrenate
1
Tetla de la Solidaridad
2
Tetlatlahuca
2
Tlaxcala
1
Tlaxco
4
San Juan Huactzinco
1
Total
43
Río Zahuapan y las enfermedades en la población tlaxcaltecas
Aunado a ello, el Gobierno estatal señaló que la instalación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Tlaxcala, tienen como objetivo sanear el agua residual generada por la población y diversas actividades (como las industriales) para garantizar la salud pública.
En este sentido, Tlaxcala es uno de los principales estados en presentar problemas de Enfermedad Renal a nivel nacional, esto se debe a diversos factores, entre ellos, la contaminación ambiental que se da tras la presencia de las industrias, mismas que han sido señaladas como contaminantes del Río Zahuapan; paralelo a los graves índices de contaminación en la Cuenca Atoyac-Zahuapan.
De acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés, parte de estas problemática se debe a las actividades económicas que han cambiado los ecosistemas naturales.
«DURANTE ESTOS AÑOS, EN EL ESTADO SE HAN ASENTADO MILES DE EMPRESAS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE SE HAN CONVERTIDO, JUNTO CON LA AGRICULTURA, EN LAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES GENERADORAS DE EMPLEO EN EL TERRITORIO. ESTE CAMBIO EN LA
COMPOSICIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS HA GENERADO, ADEMÁS DE UN
IMPULSO IMPORTANTE PARA EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y LA URBANIZACIÓN EN LA ENTIDAD,
UNA FUERTE PRESIÓN Y EFECTOS IMPREVISTOS Y NO DESEADOS SOBRE LOS ECOSISTEMAS NATURALES, LA POBLACIÓN, LA BIODIVERSIDAD, LOS BOSQUES Y LOS CUERPOS Y CORRIENTES DE AGUA DE NUESTRO ESTADO».
En este sentido, de acuerdo con el análisis de mortalidad por ERC en la CAA, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Mazatecochco de José María Morelos, San Francisco Tetlanohcan, Teolocholco, Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo (municipios que se encuentran cerca del paso del Río Zahuápan), presentan las relaciones más significativas entre tasas elevadas de mortalidad por ERC en la entidad, remarcando la urgencia de contar con centros hospitalarios que brinden atención oportuna a enfermos.
Por lo que, a la falta de una real acción para frenar la contaminación y atender la Cuenca del Alto Atoyac en Tlaxcala, también se suman los costos altos de operación y mantenimiento que al ser absorbidos por los municipios no pueden pagarse. Por este motivo varias plantas de tratamiento, después de ser construidas, se han dejado en el abandono, lo anterior de acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés.
Sin embargo, y a pesar de las enfermedades que se generan tras la contaminación ambiental, el gobierno no ha adoptado sanciones concretas a los sujetos obligados, como lo son los municipios y empresas para que se apeguen a las leyes de medio ambiente y sus respectivas sanciones.
Tlaxcala, Tlax.- El gobierno estatal de Tlaxcala inició el proceso de clausura de los sitios de disposición final de Panotla y Huamantla, tras recibir la instrucción directa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). La medida responde al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece los criterios para el diseño, operación y cierre de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.
Durante rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino Alvarado señaló el cierre de cuatrositios de disposición de residuos comenzando por el de Panotla, y un aproximado de 40 millones de pesos por cada sitio para su clausura bajo lo que establece la norma.
La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las condiciones para la disposición final de residuos sólidos municipales (estos pueden provenir de los hogares, comercios, industrias y actividades en la vía pública). Además de asegurar que los sitios de disposición final (como los tiraderos a cielo abierto), incluyendo rellenos sanitarios, cumplan con estándares de infraestructura y operación para evitar daños ambientales.
Foto: Redes sociales
En entrevista para Escenario Tlaxcala, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, explicó que los espacios en Panotla y Huamantlano son considerados rellenos sanitarios, ya que fueron construidos antes de la existencia de normas ambientales en los años ochenta, y han operado como tiraderos a cielo abierto.
🛣 Atiende Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala afectaciones en caminos del relleno sanitario en Panotla
La dependencia informó que emplea maquinaria especializada para mejorar las condiciones del terreno para restablecer las operaciones en el sitio. pic.twitter.com/k6YcqcK9l4
— Coracyt Noticias (@CoracytNoticias) June 5, 2025
Asimismo, el Gobierno de Tlaxcala consideró la creación de rellenos sanitarios como solución para la disposición de residuos sólidos a partir de la creación del Sistema para el Control de Residuos Sólidos del Estado de Tlaxcala (SICORT) en 1990.
Por lo que, un relleno sanitario es una instalación diseñada para la disposición segura de residuos sólidos y la minoración de los impactos ambientales y de salud, mientras que un tiradero a cielo abiertoes un lugar donde se depositan residuos, sin necesariamente contar con las medidas de control y protección ambiental de un relleno sanitario.
Por lo que, señaló que la clausura no se debe a una falta de capacidad, sino al modelo de operación que ya no es compatible con los estándares actuales, los cuales exigen condiciones como:
Cobertura impermeable para evitar filtraciones.
Captación de lixiviados.
Sistemas de venteo para gases.
Estabilidad estructural de las celdas.
Rellenos sanitarios autorizados
Actualmente, Tlaxcala cuenta con tres rellenos sanitarios autorizados para residuos de manejo especial (industriales), ubicados en:
Atlancatepec (dos sitios).
Calpulalpan (uno).
Además, el gobierno estatal administra cuatro sitios de disposición final de residuos municipales:
Los camiones recolectores de basura de Panotla recogen en un aproximado de 30 municipios, Huamantla a 6 municipios, Atlancatepec a 18 municipios, Nanacamilpa a 6 municipios aproximadamente.
Los dos últimos seguirán en operación mientras se implementan nuevos modelos de gestión de residuos. Mencionó que la distribución depende de factores geográficos y logísticos, por ejemplo, Panotla recibe residuos de hasta 30 municipios, mientras que otros sitios atienden menos municipios, pero algunos con mayor volumen, como Huamantla.
Agregó que no existe una ruta, o lugar establecido por municipio en donde la basura se deje, cada uno de los sitios de disposición final de residuos municipales pueden recibir los residuos de cualquier municipio; pero, por logística y tiempo, los camiones recolectores suelen dejar la basura en el sitio más cercano.
«(…) En realidad ellos pueden ir libremente al que quieran. Nosotros como secretaría tenemos los cuatro sitios, libremente pueden ir al que quieran, pero la realidad es que es por cercanía».
Generación de residuos en Tlaxcala: ¿Cuánta basura se genera en el Estado?
El volumen de residuos sólidos urbanos en el estado varía de acuerdo con los municipios y los hábitos de consumo. Aquino Alvarado señaló que la entidad tlaxcalteca genera aproximadamente 750 toneladas diarias de basura, montopor debajo del promedio nacional de 1,300 toneladas.
El secretario reconoció que «todas las actividades humanas contaminan», por lo que todos los sitios de disposición generan impactos, incluidos los que cumplen la norma. Entre los más comunes están:
Emisión de gases como metano.
Contaminación del entorno por residuos expuestos.
Acumulación de lixiviados.
Sin embargo, señaló que uno de los principales factores de contaminación es el gas metano, el cual debe salir del suelo mediante el saneamiento.
Pero entonces, ¿Cómo podríamos generar cambios positivos en el medio ambiente todas las actividades humanas contaminan?. Si bien, Tlaxcala genera menos basura del promedio nacional y, de acuerdo con el secretario de medio ambiente, la mayoría de estos residuos son orgánicos. Toca pensar en el hecho de que las vocaciones económicas (tipo de trabajo) influyen en el tipo de basura (orgánica o inorgánica).
Asimismo, con datos del Censo Económico de 2019, el 54.9% (1,077) de las empresas encuestadas (1,961) en Tlaxcala realizaron su separación de basura bajo la lógica de papel, plástico, metal, desechos orgánicos, vidrio, madera, textiles y otros desechos. Sin embargo, aunque exista esta separación de residuos, en los camiones recolectores de basura no existe tal separación. Por lo que se debe repensar en un modelo de recolección adecuado donde se pueda realizar el reciclaje de distintos tipos de desechos.
El secretario mencionó que actualmente se consideran nuevos modelos de soluciones ambientales, como es el caso de Chiautempan:
«Ya no pensemos en la solución clásica de tener un relleno sanitario donde vayamos a enterrar la basura, sino que como en Chiautempan, ya podamos estar trabajando en nuevos modelos, en nuevos tipos de instalaciones en las que ya no se entierre, sino que se que transforme como parte de de la famosa economía circular».
Asimismo, señaló que hay otros municipios donde existen centros de formación, y otros donde hay centros de acopio, por ejemplo, en Cuapiaxtla y Huamantla hay algunos centros donde hacen transformación de residuos orgánicos.
A esto, se deben señalar los residuos que son reciclados por personas dedicadas al reciclaje en la entidad, que, aunque se desconoce la cantidad de residuos, se sabe que esta acción contribuye a dicha economía circular.
De acuerdo con el medio El Sol de Tlaxcala, la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) otorga permisos por año a las personas que se dedican a esta labor con un costo de $1,500 pesos; lo anterior no para brindarles salario o seguridad social, sino para evitar que la policía los detenga por circular. Lo que dejaría abierta una oportunidad de una regulación no solo económica, sino para considerarles de manera integral en las estrategias del manejo de residuos.
¿Qué pasará con este espacio tras su clausura?
El secretario de medio ambiente señaló que de acuerdo con el artículo 115 constitucional, el manejo de los residuos sólidos urbanos, que son los de generación municipal, le corresponden al municipio. Sin embargo, han apoyado a los municipios en el cumplimiento de sus funciones.
«Nosotros ya estamos trabajando con los municipios, hemos venido trabajando con ellos y con independencia del cambio de administración».
Por lo que, como parte de los requisitos de clausura de los rellenos sanitarios, se realizarán estudios de daño ambiental, instalación de sistemas de venteo y seguimiento técnico durante al menos 20 años, y una vez pasados esos años (como mínimo) de acuerdo con la normatividad, se podría considerar estos espacios para alguna construcción.
Agregó que pese a que es obligación de los municipios de tener un relleno sanitario, en el caso de Tlaxcala es innecesaria dicha inversión tras no contar con una población de un millón de personas, cifra en la cual se podría considerar el relleno tras la posible cantidad de basura que generarían.
Por lo que, señaló que esa logística es innecesaria y costosa por la maquinaria de operación como una maquina de compactación, un camión de volteo, una máquina cargadora, una báscula, una caseta, personal, el terreno y la operación diaria.
Finalmente, señaló que la NOM-083 señala que un relleno sanitario no se puede instalar a menos de 500 m de una de un centro de población, no puede estar dentro de un área natural protegida, ni estar a menos de 15 km de un aeropuerto, ni estar a cierta distancia de un pozo de agua o de un cuerpo de agua natural.
«¿Dónde encontramos un terreno de 80 hectáreas? Que no pase una barranca, que no pase un río, que no hay un pozo, que no esté cerca de una población, que no esté cerca de un aeropuerto y otras restricciones de suelo. Por ejemplo, en Apizaco».
No obstante, de acuerdo al volumen de residuos que genera el Estado, el Secretario aseguró que el número actual de rellenos sanitarios es suficiente, y que incluso podrían haber menos.
Tlaxcala, Tlax.- Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, en automático nuestra mente evoca golpes, gritos, insultos, y no es para menos, pues la realidad en el país es devastadora para las mujeres y niñas, de acuerdo con el informe que entregó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio al Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) ante la décima evaluación al estado mexicano, indica que en promedio, son asesinadas 10 mujeres diariamente en nuestro país.
De2015 a abril de 2025, se han registrado 34,715 asesinatos de mujeres, adolescentes y niñas, y lo más alarmante es que solo el 24.6% de estos casos se investigan como feminicidio, a pesar de que la ONU la describe como «una forma devastadora de violencia de género».
El #ComitéCEDAW (@CedawUn) publicó sus observaciones finales a #México tras evaluar la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Compartimos las recomendaciones para atender la violencia persistente hacia mujeres defensoras de #DDHH, #Periodistas y #Buscadoras📢
A estas cifras se suman actos de crueldad extrema, como las 3,354 mujeres que en 12 años han sido ingresadas al hospital por quemaduras con sustancias corrosivas, casi siempre a manos de hombres y en el país cerca de 20,000 niños y niñas son víctimas de delitos como la explotación sexual, y aunque instituciones como la SECTUR estiman el total de víctimas entre 50,000 y 500,000, según la Agenda Integral de Política Pública, Acceso a la Justicia, Reparación del Daño y Restitución de Derechos de las Personas Sobrevivientes a la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, las carpetas de investigación de 2017 a 2024 apenas suman 5,271.
Además de estas violencias graves, se suman aquellas que se encubren y pasan desapercibidas, pero que también generan un impacto alto en la vida de quien la recibe, nos estamos refiriendo a los micromachismos. Estas sutilezas cotidianas que se ven como inofensivas; son violencias que facilitan y normalizan la desigualdad entre mujeres y hombres y allanan el camino para las violencias más brutales.
El Psicólogo Luis Bonino Méndez fue quien acuño el término micromachismos y hace referencia a que existen prácticas y mecanismos sutiles de dominación que ejercen principalmente los hombres hacia las mujeres, prácticas de violencia que surgen en la vida cotidiana y que son naturalizados, legitimados e invisibilizados, que se realizan de manera consciente o no.
Para ir reconociendo las prácticas de micromachismo que se reproducen, pondremos algunos ejemplos: un hombre interrumpe constantemente a una mujer al hablar, minimizando su voz, en una relación de pareja el hombre le dice a su compañera “si me pongo celoso es porque te quiero, porque me importas”, o el clásico comportamiento que sucede cuando se vive la friendzone, concepto que se utiliza para describir una situación donde una persona, (generalmente hombre), siente atracción por alguien y le hace una propuesta para tener una relación sentimental, pero ella (generalmente una mujer), lo único que quiere es tener una amistad, pareciera que aquí hay un comportamiento inofensivo, pero el micromachismo se ejerce en el momento en que se culpa o menosprecia a la mujer por no corresponder a la propuesta que el hombre le hizo, originando que el hombre se victimice por haber sido rechazado, este comportamiento viene a reforzar la idea de que el deseo que tiene o siente el hombre debe ser atendido y respondido por las mujeres sin detenerse a pensar en que la otra persona también tiene derecho a decidir y elegir.
Para desmontar los micromachismos se necesita el aporte de varios actores, una sociedad que visibilice y nombre los micromachismos y evite coludirse; hombres que tomen conciencia de sus propios comportamientos, que reaprendan formas distintas de relacionarse; hombres que aprendan a relacionarse como pareja de una manera sana, sin ejercer presión; autoridades que prevengan, sensibilicen, eduquen y transformen estructuras de desigualdad.
El sistema escolarizado es una oportunidad ideal para poder integrar programas que vayan a la raíz de la violencia, por ello se vuelve pertinente y urgente integrar un programa de prevención de la violencia desde la educación básica, que integre un enfoque de masculinidades del buen trato, para que de esta forma se coloque en el imaginario que es posible relacionarnos de una manera sana, igualitaria y con respeto.
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
Tlaxcala, Tlax.- En Tlaxcala, la violencia no comienza con el crimen, sino mucho antes. De acuerdo con la investigadora Yossadara Franco Luna, esta se construye desde lo cotidiano, cuando dejamos de cuestionar lo que parece «normal». La escuela, el Estado y la comunidad, con frecuencia reproducen ideas que legitiman relaciones de poder desiguales y formas de agresión que rara vez se nombran como violencia, y esa normalización tiene consecuencias.
El Colectivo Mujer y Utopía ha documentado esas consecuencias. En los últimos cinco años, Tlaxcala ha registrado oficialmente 46 carpetas de investigación por feminicidio, frente a las 172 muertes violentas de mujeres que el colectivo ha identificado como posibles feminicidios. Esta brecha revela la subclasificación de los casos y el proceso de desgaste institucional que enfrentan las familias. Pocas de esas carpetas llegan a sentencia, y cuando lo hacen, enfrentan reclasificaciones, juicios largos y condenas sin reparación del daño. Además, muchos de estos feminicidios se relacionan con otros delitos como desaparición, violencia familiar o trata, que rara vez son reconocidos en los fallos judiciales.
Y, mientras las estadísticas oficiales minimizan el problema, las familias atraviesan un sistema judicial que no garantiza justicia ni claridad, y las condiciones que permiten y sostienen la violencia siguen reproduciéndose.
Tal fue el caso del activista Efrén López, quien tras años en busca de justicia tras el feminicidio de su hija Cecilia N. en 2021 (actualmente la defensa aún tiene 7 años para poder ampararse en contra de la sentencia condenatoria por 55 años), señala que el sistema protege a los culpables y criminaliza a las víctimas.
¿Pero cuánto cuesta una vida?, ¿Cómo podría medirse la reparación del daño?, ¿Realmente se puede reparar? De acuerdo con el Colectivo Mujer y Utopía (CMyU), la reparación del daño no ha sido abordada de forma integral en Tlaxcala. Las sentencias se han limitado a establecer años de prisión y en ocasiones sanciones económicas, pero estas se destinan a las instituciones, no a las familias.
«Si la familia decide contemplar otras medidas como reparación del daño, es otro procedimiento. En Tlaxcala no se han establecido medidas reparatorias que sean integrales, que sean más allá de estas dos formas. es algo que hay que dejar claro, que cuando ponen, por ejemplo, una multa es para las instituciones, las autoridades, no para la familia. Entonces, El único pedacito de justicia que están dando a la familia son las penas, los años de prisión».
Por lo que no se contemplan medidas como apoyo psicológico, garantía de no repetición o acciones de memoria pública. Los costos asociados a estos procesos incluyen peritajes, honorarios legales, traslados, alimentación, cuidados familiares y descuentos laborales, los cuales se acumulan durante años. Sin mencionar las afectaciones a la salud física y emocional de familiares directos, sin acompañamiento institucional adecuado.
Desde una mirada sociológica, la violencia no puede limitarse a cifras. Así lo plantea, la Doctora Franco Luna, quien sostiene que la violencia debe entenderse como «todo aquello que transgrede a la persona, que la limita, que la puede nulificar y que le quita sobre todo, la dignidad de persona». En entrevista, explicó que la violencia se origina cuando:
«El otro no me ve como persona, sino como cosa».
Franco Luna expone dos posturas clásicas para comprender el fenómeno: una Socrática, donde “el hombre ignorante yerra” y, por tanto, la violencia surge por desconocimiento; y otra Hobbesiana, en la que “el hombre es malo por naturaleza y necesita un contrato con otros para limitar esa maldad”. En ambos casos, el Estado juega un papel clave, ya sea como regulador o como portador del monopolio de la violencia.
Hasta mayo de 2025, el Secretariado reportó tres feminicidios en Tlaxcala, mientras que el CMyU identificó 12. Esto indica una persistente diferencia entre los casos reconocidos oficialmente y los registrados por organizaciones civiles y medios de comunicación.
Desde su análisis, Franco Luna menciona que el Estado es el primer actor social que reproduce y permite la violencia:
«Las cosas importantes de la vida no son solo sumas y restas. Hay un cometido más importante: aprender a pensar».
Pues, a través del sistema educativo, el Estado define los contenidos y, por lo tanto, sus omisiones tienen consecuencias; por lo que, pensar críticamente es la única vía para romper los ciclos de violencia reactiva:
“La persona violenta no puede ver, no puede distinguir entre si algo es problema o no lo es, solo es reactivo. (…) En la escuela se nos tiene que enseñar a distinguir entre lo que es un problema y lo que no es. Eso nos ayudaría a dejar de ser tan reactivos».
Machismo y estructuras heredadas
“Es obvio que cuando te casas te toca lavar la ropa. Si la escuela te ayudó a desobviar lo obvio, te preguntarías: ¿me toca?”.
En cuanto al machismo, la investigadora define como “una serie de lecciones aprendidas, un deber ser”, que se reproduce cuando la escuela no enseña a cuestionar. Y mencionó que estas ideas heredadas —como las que justifican la violencia machista— no se problematizan porque son simples, básicas, y se introyectan fácilmente. Por eso, el pensamiento machista no distingue clases sociales.
En este sentido, en entrevista con la directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMyU), Edith Méndez Ahuactzin señaló que el colectivo identificó que uno de los principales obstáculos para obtener una sentencia por feminicidio es la falta de personal judicial con perspectiva de género, el machismo y la dilación procesal (retraso injustificado en la tramitación de un proceso judicial, ya sea por acción u omisión de las partes o del órgano judicial)—con periodos de hasta un mes entre audiencias— y el desgaste económico y emocional para las familias.
Señaló que la mayoría de estas muertes violentas no son reconocidas como feminicidios, sino que se clasifican como homicidios dolosos, culposos, suicidios o accidentes, además de que esta reclasificación se ha vuelto una práctica común que impide el acceso a la justicia, afirmó.
Citando el trabajo periodístico de Lydiette Carrión, La fosa de agua: Desapariciones y feminicidios en el río de Los Remedios donde se describe la limitación de las instancias pertinentes en las investigaciones, persecuciones y sanciones de los feminicidios, también se muestra un panorama en donde los funcionarios, ministeriales y policías no cuentan con un panorama de perspectiva de género y ejercen con ideas machistas, como estas:
«Señora si su hija fuera realmente buena, estaríamos buscándola en una iglesia», «Seguro se fue con el novio», «Seguro regresa en 3 días… y hasta con premio», «Seguro estaba embarzada y por eso se fue», «Es más fácil que una mujer se cuide que un hombre».
En comparación con otros estados, Tlaxcala se ubica entre las entidades con menos sentencias por feminicidio. A pesar de que la Ley General de Transparencia establece que las sentencias deben hacerse públicas, el Poder Judicial de Tlaxcala solo ha difundido una. Un caso, de los tres feminicidios en Tlaxcala registrados por el Secretariado de enero del 2025 al corte de mayo del mismo año.
Méndez Ahuactzin mencionó que estas sentencias son públicas pero que al respetar la protección de datos, es difícil identificar si las sentencias contemplan o tienen perspectiva de género, si contemplan de manera adecuada todo el contexto de las víctimas o si hubo por violaciones en el proceso, lo que contrarresta el acceso a la información y el derecho a la justicia.
Asimismo, señaló que es importante pensar en las condiciones de inseguridad, como el acceso a armas, de vulnerabilidad que viven las niñas, la misoginia, el machismo en los hombres desde la familia (primos, padres), la pareja, la expareja, etcétera.
«Existe una presencia de relación con la víctima y lo que hay a su alrededor es lo que ha favorecido para que se cometa el feminicidio. No hablaría de los patrones individuales de los feminicidas, sino de los patrones institucionales, culturales, sociales y del contexto que hay en Tlaxcala».
Méndez Ahuactzin señaló que de los 46 feminicidios investigados desde 2019, solo 10 han llegado a una sentencia condenatoria entre 2020 y 2024. Dos de estos casos fueron resueltos por procedimiento abreviado, con penas promedio de 35 años de prisión. Las demás sentencias fluctúan entre 26 y 73 años, con los castigos más altos cuando la víctima era menor de edad o existía alguna agravante como embarazo o violencia sexual.
Finalmente, señaló que la realización del programa estatal “Programa de apoyo integral para niñas, niños y adolescentes, para sus familias y las víctimas indirectas de feminicidio”, no fue socializado con familiares, víctimas ni organizaciones, limitando el enfoque de protocolario desde la experiencia. Por lo que señaló la carencia de acciones que realmente comprendan la problemática desde la raíz.
Añadió que la reciente reforma al Poder Judicial representa un riesgo, debido a que varios perfiles que asumieron cargos carecen de formación en derechos humanos y género. Lo que podría agravar las condiciones de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.
Los espacios Obesigénicos como los Oxxos generan mayor apertura al incremento de obesidad en la población… ¿Aún crees que un yogurt líquido es saludable o es parte de los alimentos ultra procesados?.
Tlaxcala, Tlax.- La infancia mexicana está creciendo entre botanas, refrescos y alimentos ultra procesados. Así lo señaló la nutrióloga Dayana Pineda, además de mencionar los efectos de estos productos en la salud de niñas y niños, desde enfermedades crónicas como la obesidad o el cáncer, hasta impactos inmediatos en la conducta y el sistema inmunológico. El consumo frecuente de alimentos ultra procesados representa un riesgo que comienza desde los primeros meses de vida.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, Dayana Pineda mencionó los entornos obesigénicos, el papel de la mercadotecnia y las herramientas que pueden emplear padres, madres y escuelas para fomentar una alimentación más saludable.
Explicó que hay estudios que han demostrado que el consumo frecuente de productos ultra procesados en la infancia conduce a la malnutrición y está vinculado a enfermedades como la depresión, el cáncer de colon y mama, y enfermedades cardíacas, enfatizando la importancia de establecer horarios de alimentación y de que los cuidadores identifiquen las señales de hambre y saciedad.
¿No alcanza? En México el 37% de los niños padece obesidad, sin embargo, hay críticas a la prohibición de comida chatarra ya que, según algunos, son una variante económica y rápida. Alejandra Contreras (@NutAleContreras), doctora en nutrición, da alternativas.#RadioFórmula con… pic.twitter.com/W44E5Vusob
Mencionó que la deficiencia de micro nutrimentos contienen «calorías vacías», por lo que desplazan el consumo de alimentos naturales y pueden contribuir al sobrepeso y la obesidad.
Imagen: Redes Sociales
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 93% de los niños consume bebidas azucaradas, incluyendo refrescos, tés azucarados, leches azucaradas y yogures bebibles; el 58% de los niños consume botanas dulces y postres, y el 55% consume cereales dulces, incluyendo galletas y pan dulce modificado. Finalmente, el 18% de lasinfancias consumen carnes procesadas y el 16% comida rápida y antojitos fritos.
Períodos Críticos
Dayana Pineda identificó que la alimentación complementaria (durante los seis meses y los dos primeros años de vida) es la edad ideal para que los niños conozcan los sabores naturales. Por lo que, si se introducen alimentos ultra procesados en esta etapa, los niños desarrollan un gusto por ellos, lo que dificulta la adopción de hábitos saludables más adelante. Además de que los hábitos alimenticios de la madre durante el embarazo también influyen en las preferencias de sabor del bebé al nacer.
Agregó que los alimentos ultra procesados afectan el sistema inmunológico al alterar la microbiota intestinal, lo que puede llevar a problemas como el asma, ya que el cuerpo detecta muchos de sus ingredientes como agentes externos. Además de que el consumo de estos productos provoca picos de energía seguidos de cansancio, aburrimiento y distracción.
Sin embargo, señaló que el cansancio, el aburrimiento y distracción, están vinculados con la sensibilidad en la alimentación.
«Cuando estamos cansados, comemos. Cuando estamos tristes comemos, cuando estamos alegres comemos. Entonces realmente lo que pasa es que muchas de de las emociones no la sabemos desfogar de otra manera que no sea comiendo, Entonces muchas veces tu cuerpo te da señales. (…) Andamos en un ajetreo total y a veces confundimos: estoy con sueño, pues duermo, o sea, eso es lógico, ¿no? Pero en la vida dices, «tengo sueño, me voy a echar un refresco de cola.»
Entornos Obesigénicos
La nutrióloga describió los entornos actuales como «obesigénicos», refiriéndose a la facilidad de acceso a productos ultra procesados que ofrecen establecimientos como los Oxxos.
¿Qué había antes en los portales, ¿Cuáles eran las tiendas que habían?
Explicó que señales como el dolor de cabeza o el vacío en el estómago ya son tardías, lo que lleva a consumir cualquier cosa rápidamente sin elegir alimentos saludables.
— Actúa por la salud (@actuaporlasalud) July 10, 2025
Lo anterior, aunado a que el «antojo» a menudo es una señal de hambre disfrazada debido a la falta de horarios de alimentación establecidos, especialmente en los niños. Por lo que señaló que es importante tener horarios fijos de alimentación para regular el cuerpo y a evitar la confusión entre hambre y antojo, lo que facilita el consumo de alimentos más saludables.
Finalmente, señaló la estrategia«Vive saludable, vive feliz»por su enfoque integral que involucra a todos los actores educativos, incluyendo material para maestros y directrices sobre la prohibición de venta de alimentos ultra procesados en las escuelas. Mencionó que la estrategia está vinculada con los libros de texto y proyectos comunitarios, y enfatizó la necesidad de verificar su implementación en cada estado y escuela.
Mencionó que la ley contempla la creación de comités de alimentación con participación de padres de familia y la comunidad, que tienen la función de observar y actuar ante la venta de productos no saludables, tanto dentro como fuera de las escuelas. Además, explicó que existen sanciones para quienes incumplan los lineamientos relacionados con la preparación y distribución de alimentos ultra procesados, y sugirió que los comités pueden establecer denuncias ante autoridades como COFEPRIS.
Tlaxcala, Tlax.- ¿Sabías que los compuestos inorgánicos están presentes en la vida cotidiana? El doctor, José Luis García Zamora, Itzel Arroyo y Nancy Wence señalaron las afectaciones a la salud tlaxcalteca por los usos cotidianos de compuestos inorgánicos y cómo se propagan sin que nos demos cuenta, en el videopodcast Ciencia con Incidencia.
El doctor José Luis García explicó que los compuestos inorgánicos son aquellos que en principio, no tienen átomos de carbono enlazados a hidrógeno, común en los seres vivos y en muchas cosas naturales.
Cuando algo sí tiene carbono unido a hidrógeno, normalmente forma parte de lo que llamamos “orgánico”, como los alimentos, el cuerpo humano o una planta. Pero si no tiene esa combinación, como en el caso del agua, la sal o algunos metales, se le llama inorgánico.
Aunque hay excepciones como el dióxido y el monóxido de carbono. Aclaró que no todos son dañinos:
“El agua es un compuesto inorgánico y no necesariamente es malo”.
A lo que detalló tres características que hacen peligrosos a ciertos compuestos inorgánicos, especialmente los metales pesados como el plomo, cadmio y arsénico:
Toxicidad, son dañinos incluso en concentraciones mínimas,
Bioacumulación, se almacenan en el cuerpo humano y en los organismos vivos, y,
La persistencia, no se degradan fácilmente y pueden mantenerse en el ambiente.
Además, señaló que estos compuestos están presentes en la vida cotidiana como el metal y el amoniaco que suelen encontrarse en los sartenes.
“Algunos limpiadores de piso contienen sales de amonio”- Señaló
García Zamora indicó que los contaminantes inorgánicos, especialmente los metales pesados, están asociados principalmente a la actividad industrial en la región, como la industria metalúrgica, textil, y agroquímica.
Explicó que estos metales pueden encontrarse en agua, suelo, aire y sedimentos de ríos, y entrar al cuerpo humano por distintas vías: ingestión, inhalación o contacto dérmico.
En cuanto a la salud en Tlaxcala, advirtió que estos compuestos están relacionados con problemas como dolores de cabeza, enfermedades respiratorias, daño hepático y renal, leucemias y daños neurológicos. Señaló que
“En zonas con menor actividad industrial hay menos incidencia de estas enfermedades”,
lo que confirma la relación entre la contaminación y los problemas de salud.
Concluyó que los metales pesados, al entrar en la cadena alimentaria, pueden acumularse y multiplicar su efecto a medida que pasan de organismo a organismo hasta llegar a los humanos, afectando la vida en la Cuenca del Alto Atoyac en múltiples niveles.
Actualmente, la Cuenca del Alto del Río Atoyac es reconocida como una región de emergencia sanitaria y ambiental en Tlaxcala, esto, de acuerdo con Centro Fray Julián Garcés.
En este sentido, de acuerdo con el análisis de mortalidad por Enfermedad Renal Crónica (ERC) en la Cuenca del Alto Atoyac, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Mazatecochco de José María Morelos, San Francisco Tetlanohcan, Teolocholco, Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo, presentan las relaciones más significativas entre tasas elevadas de mortalidad por ERC en la entidad.
