- Desde hace 10 noches, madres del colectivo Víctimas 10 de marzo permanecen en la plancha del Zócalo esperando que el presidente y la futura presidenta las reciban, pero hasta ahora nadie las ha atendido
Desde la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie
Por: Isabel Briseño / Pie de Pagina
CIUDAD DE MÉXICO.- La pregunta sigue siendo ¿Dónde están?. Es el letrero que, en la plancha del Zócalo, formaron con luces familiares de personas desaparecidas quienes mantienen encendida la esperanza de localizar a sus seres queridos.
Alrededor de las letras gigantes, un hombre y una mujer se turnan para dar vueltas cargando con las fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Solas y cercadas con rejas, como si estuvieran dentro de un corral, madres buscadoras de 5 estados y algunos otros familiares sostienen un campamento en el centro del país.
“Como familiares de personas desaparecidas estamos en una constante guerra con las autoridades”, dice de forma directa Delia Quiroa. A su espalda ondea la bandera nacional.
La intención de soportar las lluvias, el frío, los calores, y medio dormitar en casas de campaña improvisadas, es para que se visibilice que el gobierno sigue sin buscar, localizar y entregar a sus familiares.
“La bandera de México no debe ondear de noche en tiempos de paz, pero estamos en guerra, porque no buscan a nuestros familiares”, expresa Quiroa.
Están ahí porque quieren que las reciba la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedirle que las incluya en su agenda y acordar reuniones periódicas donde se aborden proyectos, datos y cosas que pueden ayudar a solucionar el problema de la desaparición en México. Pero hasta ahora, nadie las ha recibido.
“Es lamentable. Vemos que no le quieren dar importancia a lo que representa que la bandera ondee de noche”, lamenta Delia.
6 años de lo mismo
Para las madres que llevan buscando años a sus hijos, la falta de atención por parte de las autoridade es muestra de que vienen seis años más de lo mismo.
“No hay muestras de empatía por parte de la nueva presidenta. Vemos que nuestra lucha va a ser todavía más intensa, más fuerte, más difícil, porque no han querido salir, ni han mandado a nadie. No hay voluntad política”, reclama Delia.
Las madres buscadoras no quieren ser atendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, debido a que está a cargo de una persona que, dicen, es experta en urbanización y población, pero no en búsqueda de personas.
Las familiares tienen el currículum de la funcionaria por un amparo donde impugnaron su nombramiento. El amparo aún no se resuelve, pues el Poder Judicial está en huelga. De obtener una sentencia a su favor, las colectivas de búsqueda participarán en el nombramiento de la nueva persona titular de la Comisión.
Sin avances y sin protección
En el plantón están reunidas personas buscadoras de los estados de Oaxaca, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Veracruz. Todas con historias que reflejan la impunidad.
A las buscadoras de Sinaloa, son tres casos los que tienen a las madres de entre 50 y 70 años frente a Palacio Nacional.
Una historia es la de Ana Laura, de Sinaloa, quien dice tener pruebas de que su hijo ha sido cambiado de penal en por lo menos 3 ocasiones.
Otra es la de Ana María Maldonado, también de Sinaloa. En la desaparición de su hijo ya hay una persona juzgada, pero el delincuente salió libre por falta de pruebas y mala integración del expediente. Ahora ninguna Fiscalía quiere retomar el caso.
Maldonado busca a su hijo Carlos Palomares desde 2010, desaparecido el 22 de septiembre en la colonia Narvarte, de Ciudad de México.
“Se le pidió en su momento a Ernestina Godoy que mandara el caso a la Fiscalía de casos relevantes para que sigan buscando a Carlos, el hijo de Ana María”, reclama Delia.
En el caso de la señora Patricia de la Cruz, su hijo fue desaparecido en Tampico, Tamaulipas, por policías ministeriales. Patricia solicitó a la ONU que iniciara una acción urgente, pero la organización internacional no ha realizado ningún trámite.
Las buscadoras denuncian que no hay protección, ni para las víctimas ni sus familiares. Si ellas no presionan para que busquen a sus seres queridos, nadie lo hace.
Delia también señala que ya tenía programada una búsqueda y que a la última hora, no le depositaron el recurso.
“¿Cómo me voy a ir si no tenemos dinero y si nos metemos a trabajar nos corren. Los patrones no se tientan el corazón, ellos no respetan lo que dice la ley. La ley de víctimas dice que, si tú, por cuestiones de diligencias relacionadas con tu caso, y tienes que faltar al trabajo, el patrón te tiene que pagar, pero no lo hacen, te corren. ¿Entonces qué hacemos? Pues tenemos que pedirle al gobierno”.
También debe ser tiempo de las mujeres buscadoras
Lo que quieren las madres buscadoras es que el presidente escuche varias problemáticas que enfrentan de forma cotidiana.
“Lo que yo quiero es que me regresen a mi hijo porque ya fue localizado, y ellos mismos me lo tienen ya desaparecido. Ellos mismo me lo tienen secuestrado”, pide una mujer sentada en una andadera.
Ana Laura expone que su hijo Miguel Ángel Hernández Sánchez ha sido cambiado de Cefereso en Cefereso. El 25 de agosto se cumplieron cinco años sin que Ana Laura sepa algo de su hijo.
La señora, originaria de Reynosa Tamaulipas, dice tener papeles donde la fiscal de Tamaulipas, un estado severamente castigado por la violencia y lleno de fosas clandestinas, le dijo que ya había localizado a Miguel Ángel, pero con la llegada de la pandemia, la señora Sánchez ya no supo más del paradero de su hijo y no le dan razón de él.
“La señora Claudia Sheinbaum dice que es tiempo de mujeres, pues bueno como mujeres, le pido que se toque el corazón y me ayude a reunirme con mi hijo”.
Ana Laura se preocupa por su nieta de 8 años. Ella tenía 3 años cuando se llevaron a su padre.
“Hoy mi niña acaba de entrar a la escuela, va en tercero de primaria y no pude estar con ella, tengo que estar aquí pasando dificultades porque quiero localizar a mi hijo”, dice.
Miguel Ángel desapareció en Reynosa, Tamaulipas, el 25 de agosto del 2019. Lo localizaron en un Cefereso de Morelia, Michoacán, en diciembre de ese año. Las autoridades notificaron a Ana Laura el 17 de enero del 2020. Sin embargo, con la pandemia su caso se estancó. Desde entonces, Ana Laura constantemente ha dado vueltas en busca de respuestas, pero no ha obtenido ninguna razón más sobre el paradero de su hijo enfermero.
Además, añade, tampoco le han dicho por qué detuvieron a su hijo.
La madre buscadora dice tener testigos que han visto a su hijo. Pero cuando ubican al, las autoridades lo cambian a otro penal. “Lo traen para allá y para acá”, reprocha la madre.
Sánchez cuenta que su hijo, de profesión enfermero, iba a bordo de la ambulancia donde laboraba cuando un grupo de hombres armados le detuvo el paso. Lo bajaron a él, y a sus compañeros de trabajo, y se los llevaron.
“En ese entonces estaban desapareciendo a muchos doctores y enfermeros. Desgraciadamente me tocó a mí. Le tocó a mi hijo, y no entiendo por qué fue a parar a un Cefereso”, cuestiona la madre.
Avances y trabas
Delia Quiroa explica que en donde sí ha habido avances es en la construcción del Banco Nacional de Datos Forenses.
“Ahí sí ni digo nada, van bien, se está integrando bien esa herramienta. Nos citan, nos explican, nos enseñan cómo funciona la aplicación”, señala Delia.
El problema que observan es que la FGR tiene 70 mil perfiles de ADN de restos que se han recuperado, pero no hay con qué confrontarlos porque las fiscalías de los estados no les mandan los perfiles de las familias que están buscando a algún familiar.
“Si se identificaran los 56 mil restos que hay en Semefos, pues ya serían 126 mil, que son más de los 110 mil que había en el Registro Nacional, pero si ellos no se ponen de acuerdo y no trabajan como deben, ¿cómo nos los van a entregar?”, apunta Quiroa.
Las buscadoras quieren proponerle a Claudia Sheinbaum que instale reuniones periódicas y la designación de un interlocutor, que de preferencia sea un víctima, y que esa persona sea la encargada de llevar todas las peticiones de las familias de forma directa.
La finalidad, explica Delia, es que se tengan estadísticas respecto a las diversas necesidades de los familiares de acuerdo con el estado de búsqueda, pues las problemáticas son diferentes y la forma de desaparición también es diferente.
Otra de las peticiones es que se retome el modelo de reunión que usaba Roberto Cabrera Alfaro, el primer comisionado, donde también les brindaban capacitación. Esto, porque en ocasiones la falta de conocimiento durante la búsqueda puede perjudicar el proceso penal y los delincuentes pueden quedar en libertad si se contamina la evidencia.
“Si por causas de salud nos tenemos que retirar, pues ni modo, nos vamos porque las madres ya son mayores, pero si nos vamos sin ser atendidas, sirve para entender que vienen 6 años muy difíciles para nosotras”.
Finalmente Delia Quiroa pide a la sociedad estar al pendiente de lo que hacen los gobernantes:
“La gente, mientras no le pasa a una desgracia, no voltea a ver a un lado, y todo esto lastima el tejido social. Aunque sea tu vecino el que se llevaron, tarde que temprano te termina afectando. Hay que exigirles cuentas”, finaliza la activista.
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