Tlaxcala, Tlax; El diputado local Enrique Padilla Sánchez (PRI) presentó esta mañana la iniciativa para crear la Ley de Responsabilidades Administrativas, uno de los pilares normativos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que contiene las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y de particulares, así como las sanciones por sus actos u omisiones en el mal manejo de los recursos públicos.
“No hay que perder de vista que para que exista la corrupción se necesita de dos partes, es decir, el que se corrompe y el que corrompe, y si bien en México tenemos un marco normativo que rige la conducta de los servidores públicos y en el que se han realizado importantes avances en su implementación, también es cierto que no se han alcanzado los resultados que se esperan, de ahí la imperiosa necesidad de realizar cambios sustanciales, ya que el control de la corrupción es una condición indispensable para el correcto desarrollo del ejercicio público en todos los órdenes de gobierno”, dijo el diputado en la exposición de motivos.
La propuesta que dio a conocer este jueves en sesión ordinaria refiere que se impondrán sanciones económicas e indemnización contra personas físicas y morales y servidores públicos por actos de corrupción graves.
Respecto a las sanciones no graves se prevén la amonestación pública o privada, la suspensión o destitución del empleo y la inhabilitación para desempeñar empleos o cargos en el servicio público.
Para los casos de faltas graves las sanciones serían la suspensión o destitución del empleo, inhabilitación y sanciones económicas; en tanto que las sanciones para particulares o personas morales serían sanciones económicas hasta por dos tantos del beneficio obtenido, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones e indemnización por los daños.
Además de estas, en el caso de las personas morales, también destacan la suspensión de las actividades y la disolución de la sociedad.
La propuesta que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Información Pública para su análisis y dictamen, propone los términos y condiciones para las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses de los servidores públicos; así como un catálogo de faltas administrativas de particulares y funcionarios.
