Tlaxcala, Tlax.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acumuló 520 denuncias ambientales en Tlaxcala por presuntos daños al medio ambiente en la entidad durante los últimos cinco años. Pese a ello, la dependencia no determinó ni una sola sanción relacionada con estos reportes y, en aproximadamente la mitad de los casos, se declaró incompetente para atenderlos, por lo que fueron remitidos a otras instancias.
A través de diversas solicitudes de información la PROFEPA dio a conocer que de 2021 a 2025, hubo un incremento sostenido en cuanto denuncias ciudadanas por daños al medio ambiente en la entidad, pasando de 73 a 125 expedientes lo cuál representó un incremento cercano al 76.7% durante este periodo, acumulando un total de 520 denuncias en cinco años. Además, esta tendencia reflejó una recurrencia ante el incremento de los conflictos ambientales y una ciudadanía con mayor disposición para reportar estos casos ante la autoridad federal.
Aunque la PROFEPA reportó que el 81.7% de las denuncias iniciadas entre 2021 y 2025 ya fueron resueltas, una revisión de la información realizada por Escenario Tlaxcala muestra que esa cifra no necesariamente implica la atención de los casos. De los 425 expedientes que el organismo reportó como concluidos, la resolución más recurrente fue la remisión de las denuncias a otras autoridades, esto ocurrió en 220 casos, es decir, más de la mitad de los expedientes cerrados.
De acuerdo con la Procuraduría, estas denuncias fueron canalizadas a otras instancias debido a que los hechos reportados no correspondían a su ámbito de competencia federal, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 191 y la fracción I del artículo 199 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Esto significa que una proporción importante de los casos cerrados no fue atendida directamente por la PROFEPA, sino canalizada a instancias estatales, municipales u otros organismos competentes. Sin embargo, en la solicitud de información con numero de terminación 65326 la PROFEPA no dio a conocer a qué instancias o dependencias remitió las denuncias.
En cuanto a las denuncias que aún no han sido concluidas, la PROFEPA informó que, hasta diciembre de 2025, 95 de las 520 denuncias presentadas en Tlaxcala permanecían activas. De ellas, 33 se encontraban en etapa de investigación y 61 continuaban en trámite, mientras que un expediente no contaba con información sobre su estatus.
Más de la mitad de las denuncias concluidas fueron remitidas a otras autoridades por falta de competencia federal
De las 520 denuncias registradas por la PROFEPA entre 2021 y 2025, un total de 425 expedientes han sido concluidos y, entre ellos, la resolución más frecuente fue la incompetencia de la autoridad federal, pues 220 casos fueron resueltos con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 191 y en la fracción I del artículo 199 de la LGEEPA, donde señala textualmente que:
«Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acusará de recibo al denunciante pero no admitirá la instancia y la turnará a la autoridad competente para su trámite y resolución, notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado.»
La remisión de los expedientes ocurrió cuando la PROFEPA concluyó que los hechos denunciados no eran de su competencia y debían ser atendidos por otras autoridades. No obstante, en la información entregada a Escenario Tlaxcala, la dependencia se limitó a citar las disposiciones legales aplicables, sin precisar los motivos concretos que la llevaron a declararse incompetente en cada denuncia.
En conjunto, este tipo de resoluciones representó el 51.76% del total de las denuncias concluidas durante el periodo analizado, es decir, más de la mitad de los expedientes que obtuvieron una resolución.
Por su parte, la PROFEPA informó que el 48.24 por ciento restante de las denuncias concluidas fue resuelto mediante inspecciones, actos de verificación, desechamiento de denuncias, procedimientos inconclusos y otros mecanismos de cierre de expedientes. Dentro de este grupo, las resoluciones derivadas de inspecciones realizadas por la propia Procuraduría representaron la categoría más numerosa, con 62 casos, equivalentes al 14.59 por ciento del total de expedientes concluidos.
No obstante, aunque la PROFEPA cuenta con facultades para iniciar procedimientos administrativos y actuar como autoridad inspectora y sancionadora en materia ambiental, la información proporcionada no detalla si estas inspecciones derivaron en sanciones, ni especifica la imposición de medidas como multas, clausuras temporales o definitivas, decomisos o la demolición de infraestructura construida en áreas naturales protegidas o zonas de jurisdicción federal.
Le siguieron 52 denuncias en las que la Procuraduría determinó que no existían contravenciones a la normatividad ambiental, una categoría que concentró el 12.24 por ciento de los expedientes concluidos. En tanto, otros 51 casos fueron desechados o quedaron inconclusos debido al incumplimiento de requisitos por parte de los denunciantes, lo que representó el 12 por ciento del total de denuncias resueltas.
En menor medida, las resoluciones obedecieron a la falta de interés de las personas denunciantes, con 18 expedientes (4.24%), así como a la imposibilidad material para continuar con el procedimiento, con 10 casos (2.35%). A ello se suman cinco denuncias declaradas improcedentes o infundadas (1.18%), además de cuatro expedientes clasificados en el rubro de «otros» (0.94%) y tres asuntos que fueron acumulados o concluidos mediante conciliación (0.71%).
Las resoluciones emitidas por la PROFEPA variaron según la materia de la denuncia. En el ámbito forestal se concentró la mayor diversidad de mecanismos de conclusión, fundamentados principalmente en las fracciones I, III y VII del artículo 199 de la LGEEPA. Estas determinaciones incluyeron desde la emisión de recomendaciones hasta la conclusión de procedimientos derivados de inspecciones realizadas por la propia autoridad.
Por su parte, las denuncias relacionadas con la atmósfera, es decir, con la calidad del aire; se resolvieron con mayor frecuencia mediante la aplicación del artículo 191, párrafo cuarto, de la LGEEPA y del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), vinculado a trámites incompletos.
En materia de fauna, las resoluciones presentaron una distribución más equilibrada entre el artículo 191, párrafo cuarto, de la LGEEPA y el artículo 57, fracción V, de la LFPA, relativo a la imposibilidad material para continuar un procedimiento.
La distribución de estas resoluciones muestra que una proporción importante de las denuncias ambientales no culminó en procedimientos sancionatorios federales, ya sea porque los hechos denunciados correspondían a otra autoridad, no se acreditaron afectaciones al ambiente o los expedientes no reunieron los elementos necesarios para continuar su trámite.
Denuncias forestales lideran los reportes ambientales, mientras crece el rezago en su resolución
De las 520 denuncias registradas durante el periodo ante PROFEPA, 230 estuvieron relacionadas con materia forestal, lo que representó el 44.23% del total de los expedientes iniciados ante esta autoridad federal.
De estas denuncias, 163 ya fueron concluidas y que equivalen al 70.87% de los casos en materia forestal, aunque ello no implicó necesariamente la imposición de sanciones o la acreditación de infracciones ambientales.
Las denuncias en materia forestal aumentaron de forma constante entre 2021 y 2025; sin embargo, el número de expedientes concluidos no creció en la misma proporción. Mientras que los reportes pasaron de 34 en 2021 a 61 en 2025, los casos resueltos fluctuaron entre 29 y 38 expedientes anuales. El contraste fue más evidente en los últimos dos años analizados: en 2024 se registraron 55 denuncias y se concluyeron 38 expedientes, mientras que en 2025 las denuncias ascendieron a 61, pero únicamente 31 casos fueron cerrados, lo que evidencia un rezago en la atención de los reportes forestales.
En este sentido, los datos reflejaron una brecha cada vez mayor entre las denuncias recibidas y los expedientes concluidos. Aún cuando en 2021 la Procuraduría logró resolver el 88.24% de las denuncias forestales presentadas, para 2025 ese porcentaje se redujo al 50.82% y en consecuencia, el 49.18% de los casos registrados durante el último año del periodo analizado permanecían en trámite o pendientes de resolución.
En materia atmosférica la PROFEPA recibió 125 denuncias entre 2021 y 2025, de las cuales 122 ya fueron concluidas, lo que representó un nivel de resolución del 97.60%. En contraste, únicamente tres denuncias permanecen en trámite al momento del corte de la información y que equivalen al 2.40% del total de los casos registrados en esta materia.
No obstante, las resoluciones emitidas por la institución federal no derivaron necesariamente en acciones directas por su parte. En 71 casos se declaró incompetente y remitió los expedientes a autoridades estatales o municipales; en otros 29 expedientes determinó que no existían contravenciones a la normatividad ambiental vigente, mientras que 12 fueron desechados por falta de requisitos, ausencia de información o falta de interés de quienes denunciaron.
Pese al alto nivel de resolución, más de la mitad de los casos terminaron canalizados a otras instancias, mientras que cerca de una cuarta parte concluyó sin que se acreditaran infracciones a la legislación ambiental.
Agua, fauna y suelo concentraron casi un tercio de las denuncias; la mayoría fue remitida a otras autoridades
De la información obtenida mediante solicitudes de transparencia dirigidas a la PROFEPA, se identificaron 165 denuncias agrupadas en materias distintas a las forestales y atmosféricas, las cuales representaron el 31.73% del total de los expedientes registrados. Dentro de este grupo, los asuntos relacionados con agua concentraron 49 denuncias, seguidos por fauna con 46 casos, suelo con 35 y residuos con 21.
Además, se registraron nueve denuncias en materia de impacto ambiental, tres relacionadas con flora, una por Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos y un expediente sin registro de clasificación.
Al igual que en las materias forestal y atmosférica, los datos mostraron un patrón recurrente en agua, fauna y suelo, una proporción importante de las denuncias concluidas terminó siendo canalizada a otras autoridades debido a cuestiones de competencia.
En el caso del agua, de las 49 denuncias registradas, al menos 27 fueron remitidas a otras instancias o concluyeron con una declaración de incompetencia por parte de la autoridad federal. Otras cinco derivaron en resoluciones emitidas tras procedimientos de inspección y cuatro concluyeron al no acreditarse contravenciones a la normatividad ambiental vigente.
Asimismo, 10 denuncias en materia de agua permanecen en etapa de investigación o trámite, principalmente aquellas registradas durante 2024 y 2025.
Por su parte, las denuncias relacionadas con fauna reflejaron una tendencia similar. Un total de 21 expedientes fueron turnados a otras autoridades competentes o concluyeron por incompetencia de la PROFEPA, mientras que 10 casos fueron cerrados por falta de requisitos o de interés por parte de las personas denunciantes. Además, en cuatro expedientes se determinó la inexistencia de infracciones ambientales, tres fueron cerrados por imposibilidad física o legal para continuar el proceso y dos concluyeron mediante una resolución formal derivada de una inspección directa.
Finalmente, tres denuncias en materia de fauna permanecen en investigación, una fue declarada improcedente y dos más no contaban con una descripción específica sobre su estatus de conclusión.
En materia de suelo, la resolución más frecuente fue la declaración de incompetencia de la PROFEPA o la remisión del expediente a otra autoridad competente, con 20 denuncias concluidas bajo este supuesto. Esta cifra representa aproximadamente el 57% de los casos registrados en esta materia.
En menor proporción, cuatro denuncias permanecieron en trámite o investigación y otras cuatro fueron concluidas por trámites incompletos o falta de información por parte de las personas denunciantes. Asimismo, tres expedientes derivaron en una resolución formal tras un procedimiento de inspección, tres más fueron cerrados por imposibilidad material para continuar el proceso y un caso concluyó tras determinarse que no existían contravenciones a la normatividad ambiental vigente.
Mientras que en materia de residuos y Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), se identificaron 22 denuncias durante el periodo analizado. Las resoluciones más frecuentes fueron la remisión de expedientes a otras autoridades o su acumulación, con seis casos, seguidas por cinco denuncias que concluyeron mediante una resolución derivada de un procedimiento de inspección.
Además, cuatro expedientes permanecían en trámite o investigación, dos fueron desechados por información incompleta y los cinco casos restantes concluyeron por incompetencia de la autoridad, falta de interés de la persona denunciante, imposibilidad material para continuar el procedimiento, inexistencia de contravenciones ambientales o improcedencia de la denuncia.
Denuncias ambientales en Tlaxcala; la capital lidera la lista
De acuerdo con la información emitida por la PROFEPA entre 2021 y 2025 se identificó que los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Tlaxco, San Pablo del Monte y Calpulalpan concentraron el mayor número de reportes ciudadanos por presuntas afectaciones al medio ambiente.
La capital del estado encabezó la lista con 63 denuncias, distribuidas principalmente en materia forestal con 19, atmosférica con14 y de fauna con 10 casos, aunque también registró casos relacionados con agua, suelo, residuos, flora e impacto ambiental. En segundo lugar se ubicó Apizaco con 32 denuncias, donde los problemas vinculados a la atmósfera dominaron los reportes al concentrar 14 expedientes, seguido de fauna con siete casos.
Por su parte, Tlaxco acumuló 31 denuncias, de las cuales 21 estuvieron relacionadas con temas forestales, convirtiéndose en el municipio con la mayor concentración de reportes vinculados a la protección de bosques y recursos maderables.
Mientras que San Pablo del Monte registró 29 denuncias, con una distribución encabezada por asuntos atmosféricos con 14 y forestales 9 registros, mientras que Calpulalpan sumó 28 expedientes, de los cuales 19 correspondieron a materia forestal.
Los datos muestran una diferencia en las problemáticas ambientales denunciadas según las características de cada municipio. Mientras que en zonas con mayor actividad urbana e industrial, como Apizaco y San Pablo del Monte, predominan las quejas relacionadas con emisiones a la atmósfera, en municipios con extensas áreas boscosas, como Tlaxco y Calpulalpan, las denuncias se concentran principalmente en la protección de recursos forestales.
¿Cómo denunciar un daño ambiental ante la PROFEPA?
Cualquier ciudadano puede presentar una Denuncia Popular mediante el Manual del Procedimiento de la Denuncia Popular de la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas de la PROFEPA cuando se detecten actividades que puedan afectar al medio ambiente o incumplir la legislación ambiental federal. El reporte puede realizarse de manera presencial en las oficinas de la dependencia, por correo electrónico, a través de internet o vía telefónica.
Para iniciar el trámite es necesario proporcionar una descripción clara de los hechos denunciados, la ubicación donde ocurren, así como los datos que permitan identificar a las personas, empresas o actividades involucradas. Además, la persona denunciante puede solicitar que su identidad permanezca reservada por motivos de seguridad. En caso de realizar el reporte por teléfono, éste deberá ratificarse por escrito en un plazo de tres días hábiles para que sea admitido formalmente.
Una vez recibida la denuncia, la PROFEPA evalúa si el asunto corresponde a su ámbito de competencia. Si los hechos denunciados son responsabilidad de otra autoridad, el expediente es canalizado a la instancia correspondiente. Cuando la información presentada es insuficiente, la dependencia puede requerir datos adicionales y, si éstos no son entregados, la denuncia puede ser desechada.
Si el expediente cumple con los requisitos, la Procuraduría inicia una investigación que puede incluir inspecciones, solicitudes de información y requerimientos a las partes involucradas. Finalmente, el procedimiento concluye con una resolución que puede derivar en acciones administrativas, la inexistencia de infracciones ambientales, la remisión del caso a otra autoridad o el cierre del expediente por falta de seguimiento de la persona denunciante.
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