Tlaxcala. Ante la publicación de la convocatoria para la renovación de la Presidencia y del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tlaxcala, se han presentado postulaciones que son susceptibles a cuestionamientos como es el caso de Arturo de Casa Vega, quien también busca ocupar un cargo como Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Aquí te explicamos cuáles son las controversias de su postulación con base a la convocatoria de la CEDH y su poca experiencia laboral en materia electoral.
El presidente de la CEDH no sólo debe ser un técnico en derechos humanos, sino una figura autónoma, ética, preparada y con vocación social. Por eso, es clave blindar el proceso de designación, evitar cuotas políticas y garantizar perfiles comprometidos con los derechos y no con los partidos.
Con base en la convocatoria, los requisitos para aspirar a la Presidencia incluyen:
Ser mexicano y tlaxcalteca por nacimiento o con residencia comprobada de al menos cinco años.
Contar con título y cédula profesional en Derecho o carreras afines.
Tener experiencia mínima de cinco años en actividades de protección, observancia o promoción de derechos humanos.
- No haber sido Gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado, Diputado Local, Senador, Diputado Federal o Presidente Municipal, durante un año previo a su designación.
Aprobar un examen de conocimientos, mismo que se realizará el próximo 15 de mayo.
- En caso de ser seleccionado, no debe ser servidor público de la Federación, del Estado o del Municipio al momento de la designación.
Controversias en la postulación de Arturo de Casa Vega
Las controversias surgen a partir de una nota publicada por El Sol de Tlaxcala, en donde el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Jaciel González Herrera, menciona que en esta contienda «habrá piso parejo para todos los candidatos«. Sin embargo, hay candidatos que ya cuentan con un cargo público.
Los requisitos antes mencionados son parte de la controversia ante la postulación de Arturo de Casa Vega, actual presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP). El cargo que actualmente ocupa no forma parte de un servidor público de primer nivel, pero en caso de que sea seleccionado deberá renunciar a este cargo para no violentar los requisitos de elegibilidad.
En lo que respecta al perfil que se requiere para ocupar la Presidencia se menciona en la convocatoria que debe ser una persona que cuente con la carrera en Derecho o una licenciatura afín.
De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, Arturo de Casa Vega sólo cuenta con Licenciatura en Mercadotecnia, por ende, no cuenta con formación jurídica ni humanista esencial para ocupar cargos como defensor de derechos humanos, salvo que cuente con formación adicional específica en Derecho o Derechos Humanos. No obstante, de acuerdo con su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos, su experiencia profesional no es afín al trabajo en materia de Derechos Humanos.
Actualmente, Arturo de Casa Vega también se encuentra participando en el proceso del Instituto Nacional Electoral (INE) para renovar una consejería del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). Y aunque la controversia en redes sociales se ha suscita por el doble proceso de selección que está llevando en la CEDH y en el ITE, las convocatorias no precisan que haya un impedimento para participar en ambas.
Hemos buscado en diversas fuentes de información, como en el Registro Nacional de Profesionistas, pero no encontramos información de su formación jurídica adicional. Es importante que el Presidente de la CEDH tenga una formación sólida jurídica, ya que será el encargado de proteger, promover y defender los derechos humanos frente a abusos o violaciones por parte de autoridades.
Tampoco encontramos información que respalde la solidez de sus conocimientos en materia electoral, tal como: Derecho electoral, derecho constitucional, ciencia política, administración pública, relaciones internacionales, sociología, comunicación política, estadística o áreas afines a los procesos democráticos.
Un consejero electoral debe contar con estos conocimientos porque su función no es sólo operativa, sino también estratégica, jurídica y ética con el objetivo de asegurar que los procesos electorales en Tlaxcala sean transparentes, confiables y justos.
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