Tlaxcala, Tlax.- Tras la difusión del reportaje de Louise Callaghan y ante la solicitud de réplica del gobierno estatal, el jueves 18 de junio el vocero del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, defendió las acciones emprendidas por la actual administración frente a la problemática de trata de personas en Tlaxcala.
Durante el Diálogo Circular, la codirectora de Escenario Tlaxcala, Paola Torres, cuestionó a Martínez Velázquez sobre la efectividad de las medidas implementadas para combatir la trata, sin que este respondiera de manera puntual a los señalamientos.
Asimismo, se le preguntó sobre la ausencia de un posicionamiento por parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien hasta el momento no ha fijado una postura directa, pese a que en el programa Sin Aliento, de la escritora Sabina Berman, durante la entrevista con la periodista Callaghan, se le señalaron presuntos actos de omisión frente a este fenómeno.
En sus respuestas, Antonio Martínez aludió a que el gobierno presume la reapertura de expedientes; sin embargo, a la fecha persisten denuncias y no existen indicadores claros que den seguimiento a la medición del fenómeno, lo que mantiene abierta la discusión sobre su vigencia.
Mientras tanto, sociedad civil y organizaciones sociales han cuestionado la narrativa oficial y la efectividad del actual gobierno frente a esta problemática que continúa afectando tanto a nivel regional como nacional.
Ante cuestionamientos sobre trata, Antonio Martínez respalda acciones, pero no detalla resultados
Al ser cuestionado por el equipo de Escenario Tlaxcala, el vocero de gobernación, Antonio Martínez Velázquez, sostuvo que en la actual administración no existe una política de negación por parte de los funcionarios en turno de cara a la problemática de trata de personas en Tlaxcala y que, por el contrario, la postura oficial se ha basado en el reconocimiento del problema como punto de partida para su atención.
A la par, el coordinador de la Comisión de Comunicación del Estado rechazó de manera explícita la idea de una negación institucional, señalando que desconocer la existencia de este fenómeno implicaría «abandonar a las víctimas y renunciar a la responsabilidad institucional», y asegurando que esto no forma parte de la postura actual del gobierno en turno.
No obstante, al ser cuestionado por las cifras oficiales que tanto el Secretariado Ejecutivo de Seguridad en el Estado de Tlaxcala como instancias correspondientes, señaló que existen datos oficiales que reportan «cero» casos en distintos periodos entre 2021 y 2025, argumentando que estos datos responden a una «capa de complejidad» asociada a múltiples factores, entre ellos la «falta de denuncias formales».
Además, destacó que la gobernadora del estado instruyó la reapertura de carpetas de investigación, mismas que han permanecido «congeladas» durante más de 7 y 10 años, y aseguró que, tras esta tarea, se habrían cumplido al menos 28 órdenes de aprehensión.
Argumentó que el gobierno constituye una estructura más amplia que los temas particulares defendidos por la sociedad civil, y que esta complejidad ha permitido una respuesta organizada a través de la Secretaría de la Mujer, encargada de la atención especializada e involucrada en la estrategia de combate; así como de comités y direcciones que posibilitan la operatividad de las políticas públicas.
Además, precisó que, desde su perspectiva, al haber formado parte de la sociedad civil, entiende que en ocasiones se espera que las acciones gubernamentales giren en torno a un solo tema o causa específica. En ese sentido, señaló que:
“a veces quisiéramos que todo se tratara de nuestro tema, o sea, que el gobierno gire en torno al tema que defendemos; yo como asesor de Derechos Humanos quisiera que todo se tratara de la mujer. no todo se trata de eso, el gobierno y las acciones que tiene son más grandes”
A un año del cierre de administración, programa contra la trata de personas en Tlaxcala presenta bajo cumplimiento
El gobierno de Tlaxcala presentó el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022–2027 como el principal instrumento de política pública para atender esta problemática. Sin embargo, de acuerdo con documentos de evaluación del Centro Fray Julián Garcés A.C. y su reciente pronunciamiento derivado de la postura estatal, informó la existencia de una brecha entre el diseño del programa y su ejecución.
A menos de un año de que finalice el gobierno de Lorena Cuéllar, el programa mantiene un rezago significativo en el cumplimiento de sus metas. Los registros oficiales muestran que los objetivos e indicadores previstos apenas alcanzan un avance del 11.1%, muy por debajo de lo proyectado para esta etapa de la administración. Mientras que el 44.4% está en proceso de revisión y otro 44.4% permanece sin respuesta de las autoridades responsables.
En el eje de prevención, se reportan acciones como la campaña «Se Trata de Todas y Todos. Cuidemos la libertad» y la realización de al menos 11 operativos de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No obstante, el Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la situación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala, publicado en 2017 ha reconocido la ausencia de un estudio integral sobre la trata en el estado.
A ello se suma el pendiente de la Secretaría de Educación para la implementación de un programa educativo en escuelas básicas, señalado por el Centro Fray Julián Garcés como un componente clave en materia de prevención, y que fue entregado el 28 de abril a las autoridades educativas, además de estar sostenido por al menos 42 organizaciones, colectivos, grupos comunitarios y redes nacionales e internacionales que han investigado el tema.
El eje de atención y asistencia es el que presenta mayores rezagos, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado ha confirmado que no existen refugios especializados administrados por el gobierno ni casas de medio camino para la reintegración de víctimas, además de que no se han consolidado modelos de atención integral fuera del ámbito judicial.
En el eje de investigación y judicialización, los protocolos de investigación y canalización de víctimas continúan en fase de revisión técnica, mientras que la capacitación multidisciplinaria fue proyectada hasta marzo del presente año.
En cuanto al financiamiento, se reporta la asignación de más de 2 mil 163 millones de pesos para el periodo 2023–2025 destinados al combate de la trata. Sin embargo, el destino de estos recursos ha sido cuestionado, al señalarse que no se habrían aplicado directamente al programa, sino a actividades ajenas.
También te puede interesar: Embarazo subrogado en Tlaxcala: «Propuesta de Héctor Ortíz incita a la trata de personas»
