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Viviendas del Bienestar en Tlaxcala apuestan por el crecimiento vertical, no basta con garantizar un derecho, debe garantizarse una vivienda digna.
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Tlaxcala, Tlax.- Tlaxcala forma parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, que busca construir 12 mil viviendas durante este sexenio a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Este proyecto abarca diversos municipios y contempla el crecimiento vertical como una opción para responder al aumento en la demanda habitacional, una propuesta respaldada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTYV).
Sin embargo, especialistas como la urbanista Dafne Lucina Borromeo Badillo advierten que el crecimiento vertical, si bien puede aumentar el acceso a la vivienda, no garantiza la dignidad ni la calidad de vida para los habitantes, pues muchas veces se ignoran factores clave como la ubicación, los servicios básicos y el respeto a las comunidades locales.
Los alcances logrados en esta administración
El pasado 10 de septiembre durante el Diálogo Circular, el titular de la SOTIV, David Guerrero Tapia, informó sobre las acciones de vivienda que el Gobierno del Estado realiza en los 60 municipios. En su participación remarcó que en lo que va de esta administración, se han realizado 4 mil 300 acciones acumuladas, beneficiando a más de 15 mil personas, con una inversión acumulada de 442 millones de pesos (mdp).
Además, anunció que en coordinación con el Gobierno Federal y el Programa de Vivienda para el Bienestar, se programa construir en Tlaxcala 12 mil viviendas, divididas entre la CONAVI y el INFONAVIT. La meta anual es la construcción de 3 mil viviendas, 2 mil para la CONAVI y mil para el INFONAVIT. Hasta este momento, se ha avanzado con el 63.36 por ciento de la validación del suelo para su construcción.
Sheinbaum anuncia más viviendas a construir en Tlaxcala
Aunque el gobierno estatal anunció la construcción de 12 mil viviendas en para la entidad, el 12 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Tlaxcala para presentar su Primer Informe de Gobierno y dar a conocer los avances de proyectos en cada estado del país, informó que la cifra se incrementará a 18 mil viviendas destinadas a familias con ingresos menores a dos salarios mínimos.
De estas, 6 mil formarán parte de créditos de la CONAVI para ciudadanos que no estén inscritos en INFONAVIT, en tanto, 12 mil viviendas serán para derechohabientes de este fondo con créditos accesibles.
Asimismo, anunció que tras un decreto presidencial se reducirán las deudas hipotecarias de créditos adquiridos antes del año 2018 con el INFONAVIT y el FOVISSSTE, créditos que destacó han afectado a la población al convertirse en adeudos que nunca han disminuido a pesar de los años que los mexicanos han pagado sus viviendas, sobre esta ley refirió que 38 mil familias se verán favorecidas con esta medida.
Los avances y expectativas para Tlaxcala
Guerrero Tapia, refirió que existe la necesidad de ordenar a las comunidades en materia de construcción de vivienda e infraestructura social, por lo que este programa inició con la validación técnica, entre la que se incluyen los accesos a servicios, cambios de uso de suelo, dictaminación de Protección Civil, impacto ambiental, de vialidad de transporte e instrumentos necesarios para cumplir con los parámetros normativos.
En Tlaxcala informó, se tienen programados inicialmente tres desarrollos de construcción de vivienda; dos en la capital del estado a cargo del INFONAVIT y uno más por la CONAVI en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, en tanto, el resto de proyectos se desarrollarán en otros municipios por lo que están en la etapa de validación de predios y de suelos.
Según explicó, los terrenos para estos proyectos serán aportados por el Gobierno del Estado y los municipios, e incluso con el Gobierno Federal; como en es el caso del esquema que se tiene planeado en el municipio de Terrenate, donde a través del Programa Vivienda para el Bienestar se pretende construir en una propiedad federal del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE).
Asimismo, se tiene proyectada la participación de la Iniciativa Privada (IP) en proyectos de construcción, aunque no específico dónde y que tipo de construcciones se tienen contempladas con estos empresarios inmobiliarios, empero explicó, que los desarrolladores están generando las aportaciones de suelo para lograr el objetivo del Gobierno federal de un millón de viviendas que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció para el país.
Los proyectos de desarrollo para la entidad
Para los desarrollos de construcción de vivienda en Tlaxcala capital y Santa Cruz Tlaxcala, Guerrero Tapia, informó que los predios a ocupar son donaciones de propiedades catalogadas en el inventario del Gobierno del estado, para una causa de utilidad.
En tanto, abundó que este programa de construcción de vivienda, el gobierno local ha realizado convenios con 28 municipios, mismos que inicialmente consideraron la aportación de predios, a los que se sumaran los del Gobierno del Estado, de ahí que tendrán que generar temas administrativos para cumplir con esos objetivos.
Pese a iniciar con 28 municipios, la aportación de predios sigue abierta para el resto de los municipios que deseen integrarse y que se vean beneficiados con este programa de Vivienda para el Bienestar.
Para iniciar este proyecto, solo se tiene contemplado los municipios de Santa Cruz Tlaxcala y Terrenate, este último con un predio de 6 hectáreas, que pudiera utilizar la CONAVI, mientras que se avanza con la validación de predios en otros municipios como Chiautempan, San Pablo del Monte, San José Teacalco, Tlaxcala capital y Huamantla.
Tras reconocer, que los criterios de planificación en el estado de Tlaxcala no siempre han existido y que han llevado a afectaciones en el crecimiento desordenado como en el municipio de Yauhquemehcan, hoy analizan la definición de densidades por el tema de la sobrepoblación de los espacios, la dotación de servicios, entre otras necesidades que no fueron planeadas y que hoy se ven rebasados los gobiernos, por lo que es necesario un ordenamiento municipal.
Asimismo, evidenció que el Diagnóstico de ordenamiento se ve rezagado, sobre todo en las dos zonas metropolitanas Puebla-Tlaxcala y Tlaxcala-Apizaco, por lo son necesarias las actualizaciones y atención.
Caso Terrenate y relación con el Polo de Desarrollo en Huamantla
Sobre el predio de Terrenate, que se encuentra contemplado dentro del programa federal «Vivienda para el Bienestar», hasta el momento es el único territorio aprobado, toda vez que es catalogado como de utilidad pública por ser una propiedad federal del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), por lo que la Federación ha llevado a comprometerlo para la CONAVI a partir de la validación correspondiente de estas seis hectáreas, en las que se pretenden construir viviendas, de las cuales no se ha informado más al respecto sobre sus características y datos generales, aunque el funcionario estatal, evidenció que busca vincularse con las necesidades de vivienda del próximo Polo de Desarrollo de Tlaxcala en Huamantla.
“Terrenate y el predio particular, esta situado de manera equisdistante con el Corredor Industrial Xicohténcatl (CIX-I), con el Corredor Industrial Xicohtencatl (CIX-III) de Tlaxco y con el Nuevo Polo de Desarrollo, de ahí resulta interesante, el primer momento para la CONAVI de poder desarrollar vivienda, y también el INFONAVIT ha generado estos acercamientos.»
En esa misma línea, aseguró que con el Nuevo Polo de Desarrollo se buscará que haya empleos formales con acceso a a los beneficios del INFONAVIT.
«Porque el empleo formal derivado del nuevo Polo de Desarrollo, todos estamos muy comprometidos en generar lo necesario, va a generar empleos formales que van a tener acceso a los beneficios del INFONAVIT, por lo pronto el CONAVI ha beneficiado este proceso en este predio y el INFONAVIT lo está analizando”.
Sobre el predio ejidal de Terrenate, Guerrero Tapia explicó que la utilización de este tipo de terrenos resulta complicado pero que existen ventajas para ceder derechos y territorio para el bien común. Por lo que refirió, es necesario entender que Tlaxcala es el estado más pequeño de la república con una superficie territorial reducida, por lo que se tiene que generar el crecimiento vertical
Crecimiento vertical y urbanismo: La propuesta de Gobierno de Tlaxcala para el acceso a la vivienda
Para David Guerrero Tapia, titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, el crecimiento vertical en Tlaxcala representa un paso necesario y estratégico frente a los retos actuales de expansión urbana y escasez de suelo disponible en el estado.
El funcionario ha señalado que, si bien este modelo aún enfrenta cierta resistencia cultural entre la población, es fundamental comenzar a impulsarlo, especialmente en un estado con las dimensiones territoriales más pequeñas del país.
“También el crecimiento vertical, nos cuesta trabajo como tlaxcaltecas entender ese tema, pero hay que asumir el ser el estado más pequeño de la república e ir provocando también el crecimiento vertical, claramente con el respeto de nuestros centros históricos, de nuestros tesoros materiales e inmateriales, tenemos que generar un respeto a nuestra historia, pero el crecimiento vertical claramente tiene que ser una opción como aumento de las necesidades”.
Guerrero Tapia subrayó que el desarrollo urbano debe planearse con una visión de largo plazo, mediante programas de ordenamiento que definan con precisión las zonas urbanizables y no urbanizables, para evitar el crecimiento desordenado y preservar el equilibrio territorial.
Además, defendió el papel del suelo ejidal como un elemento clave para contener la expansión urbana. Aclaró que, lejos de ser un obstáculo, el ejido contribuye tanto a la seguridad alimentaria como al ordenamiento territorial.
“El ejido que en algunos momentos se ha visto administrativamente como el enemigo a vencer porque genera restricciones del uso de suelo, también claramente y adicionalmente a la producción agrícola y a la seguridad alimentaria, también en términos territoriales nos ayuda en contención del crecimiento urbano, entonces no es el enemigo a vencer, incluso en términos urbanísticos el ejido nos permite contener el crecimiento urbano, es por eso que no estamos considerando que no podemos construir una vivienda en un predio ejidal”.
Para sustentar la construcción de viviendas verticales, ha señalado que existen familias de escasos recursos que viven en terrenos ejidales y, por su estatus legal, no pueden acceder a programas de vivienda. Por ello, planteó la necesidad de buscar alternativas urbanísticas, como la recuperación de lotes baldíos y el aprovechamiento de predios subutilizados dentro de zonas urbanas.
“Es por eso buscar otros preceptos urbanísticos, aprovechar lotes baldíos, provocar el crecimiento acumulado en núcleos urbanos, porque hay una especulación muy grande, entonces tenemos predios vacíos que los propietarios están especulando en el crecimiento monetario de su costo por metro cuadrado, pero también buscar, aunque no es la lógica de crecimiento que se tenía en la década de los 80 y 90 cuando se actualizaron la mayoría de los últimos programas de ordenamiento municipal”.
Crecimiento vertical no garantizará el acceso a una vivienda digna
Aunque la estrategia del Gobierno Estatal y Federal busca ampliar el acceso a la vivienda para la población tlaxcalteca, la urbanista ambiental Dafne Lucina Borromeo Badillo advierte que la construcción de viviendas verticales no garantiza condiciones de dignidad. Señala que diversos casos han demostrado que este modelo habitacional, lejos de ser accesible, suele excluir a amplios sectores de la población.
Borromeo Badillo señaló que la vivienda es un derecho fundamental, y que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar su acceso de manera digna. Sin embargo, advirtió que en Tlaxcala, al igual que en el resto del país y en gran parte de Latinoamérica, persiste una crisis habitacional que se arrastra desde hace más de 30 años.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, explicó que desde la década de los 80, el Estado dejó de construir vivienda pública y transfirió esa función a la Iniciativa Privada (IP), lo que transformó el enfoque, pues las empresas comenzaron a priorizar la rentabilidad por encima del cumplimiento de un derecho. Esta lógica -sostuvo-ha llevado a que la vivienda se conciba como una mercancía, no como un bien social, lo que ha derivado en desarrollos que responden más al interés económico que a las necesidades reales de la población.
Agregó que, tanto las inmobiliarias como los gobiernos -federal o estatal- suelen adquirir terrenos bajo el argumento de la expropiación por utilidad pública, o bien compran espacios a bajo costo en zonas periféricas carentes de servicios. Estos predios, en su mayoría, tienen uso agrícola, forestal o incluso ejidal, y no son aptos para el desarrollo habitacional. Como resultado, las viviendas se construyen en lugares que no cuentan con las condiciones mínimas para ser habitados, donde los compradores se enfrentan a la falta de servicios básicos como agua potable, drenaje, transporte público, vialidades, centros de trabajo, escuelas y unidades de salud cercanas.
Las viviendas construidas en Morelos a través del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la CONAVI, ejemplifican lo señalado por Dafne Lucina Borromeo. En la imagen expuesta se puede observar que se han levantado edificios habitacionales en zonas con características similares a las que la urbanista considera no aptas para el desarrollo habitacional, como terrenos de uso agrícola o ejidal, sin condiciones mínimas de habitabilidad ni acceso a servicios básicos.
Por lo que construir viviendas en estos espacios trae como consecuencia que vivir sea muy caro, debido a los costos de desplazamiento para la salud, trabajo y abastecimiento. Esto implica que la vida se empiece a encarecer, y el derecho a la vivienda que tiene que ser accesible, culturalmente adecuada y digna, ya no se cumpla.
“Construir por construir no es brindar el derecho a la vivienda, eso pasa en muchos lugares que adoptan ese discurso de sí vamos a hacer vivienda porque la gente lo necesita pero realmente la visión está un poco equivocada, porque en si lo que buscan es cumplir con ciertos programaciones y metas y los gobiernos lo justifican y hacen algún tipo de negocio, porque es muy fácil hacer negocio en una construcción, porque quién va a saber si utilizaste una tonelada de cemento o utilizaste media, entonces es muy fácil la corrupción en la construcción”.
Respecto a los casos de corrupción en el ámbito habitacional, Borromeo Badillo señaló que la construcción de vivienda vertical puede facilitar ciertas prácticas irregulares por parte de las inmobiliarias. Explicó que, en busca de reducir costos y maximizar ganancias, algunas empresas recurren a materiales de baja calidad, reducen dimensiones en los terrenos adquiridos y, aun así, aumentan el número de viviendas construidas en un solo espacio.
Aunque crecer hacia arriba puede ser una alternativa para aprovechar mejor el suelo disponible y aminorar costos, la urbanista advirtió que esta lógica también impacta directamente en el tamaño de las viviendas, que suelen ser pequeñas e inadecuadas para las necesidades de las familias, como las que se muestran en el prototipo de vivienda que se presentó en Estado de Hidalgo para el programa de Vivienda para el Bienestar.
Finalmente, Borromeo Badillo señaló que, cuando se introducen otras formas de vivienda, como departamentos o casas dúplex -tipologías comúnmente utilizadas en programas gubernamentales-, se trata de viviendas muy pequeñas, sin espacio para la siembra ni para la integración vecinal. Explicó que este tipo de construcción fomenta una vida individualizada y, además de alterar el paisaje cultural y rural de una zona, también rompe con las formas tradicionales de cohesión comunitaria.
Los casos conocidos y la especulación
Para ejemplificar lo que puede suceder cuando las construcciones verticales no se planean adecuadamente, como podría ocurrir en municipios tlaxcaltecas como Terrenate y Santa Cruz Tlaxcala, Dafne Borromeo Badillo expuso dos casos concretos.
El primero se ubica en San Andrés Cholula, Puebla, donde se impulsó una estrategia de densificación del territorio a través de la edificación masiva de viviendas. Sin embargo, datos del Censo de Vivienda revelan una gran cantidad de casas deshabitadas. Esta contradicción, señaló, pone en evidencia que muchas de estas viviendas no responden a necesidades reales, sino a fines meramente comerciales.
“Se construyen casas como negocio, pero se quedan vacías porque son muy caras o porque carecen de servicios básicos”, explicó.
El segundo caso corresponde a las zonas de Coronango y Cuautlancingo, también en Puebla, donde el crecimiento habitacional fue impulsado por la presencia de la planta Volkswagen. Ahí, la especulación del suelo provocó un desarrollo acelerado, sin la infraestructura adecuada. Algo similar ocurre con el nuevo Complejo Universitario de Ciudad Universitaria II, ubicado en las afueras de la ciudad. A raíz de su apertura, se generó un mercado de terrenos alrededor, donde comenzaron a levantarse viviendas sin agua, drenaje e incluso sin municipalización.
Según Borromeo Badillo, estos ejemplos deben servir como advertencia de los riesgos de replicar este tipo de modelos en Tlaxcala, sin una planeación urbana integral ni la garantía de servicios básicos para las y los habitantes.
La construcción vertical no es la solución si no hay servicios ni respeto al territorio
Para entender en qué consiste la construcción vertical, Dafne Lucina Borromeo Badillo explicó que una vivienda vertical se considera tal desde el momento en que cuenta con tres niveles o más. Este modelo surge como respuesta al problema de la expansión urbana horizontal, que continúa extendiéndose sin control, desplazándose constantemente hacia nuevas áreas.
Indicó que este enfoque comenzó a tomar fuerza en la década de los 80, con el concepto de Ciudades Compactas, que proponía densificar los espacios urbanos y favorecer el crecimiento hacia arriba, pero siempre acompañado de servicios e infraestructura. Si bien en algunos lugares esta estrategia fue viable, en otros no lo fue, ya que su aplicación depende en gran medida del contexto urbano.
Borromeo Badillo advirtió que la viabilidad del crecimiento vertical se limita principalmente a zonas urbanas consolidadas y centros de ciudad, donde existen redes de servicios y conectividad. En cambio, implementarlo en zonas periféricas rompe con el equilibrio urbano, ya que carecen de condiciones adecuadas para sostener este tipo de desarrollo habitacional.
Una construcción, ya sea vertical u horizontal, así como los complejos inmobiliarios que concentran a grandes cantidades de personas en un solo sitio, pueden alterar los ciclos naturales del territorio y llevar a las ciudades al colapso por la falta de recursos e infraestructura suficiente para sostener esa densificación.
En este contexto, Tlaxcala, al formar parte de la zona metropolitana de Puebla, ha comenzado a atraer la atención de desarrolladores inmobiliarios. Dafne Borromeo menciona que por su cercanía con una ciudad en expansión y la disponibilidad de suelo todavía libre la convierten en un objetivo para proyectos de vivienda.
Sin embargo, esta presión urbana está impulsada más por intereses económicos que por una planeación integral, lo que pone en riesgo tanto el equilibrio ecológico como la calidad de vida en la región si no se toman decisiones responsables y sustentables.
Borromeo Badillo señaló que, si bien no duda que algunos de estos proyectos puedan traer beneficios a la población, es fundamental exigir información clara y oportuna antes de su implementación. Consideró necesario saber qué tipo de viviendas se construirán, por qué se están promoviendo y a quién estarán dirigidas. Además, insistió en que se deben conocer datos básicos sobre la población local y sus necesidades.
Recordó que, históricamente, los pueblos originarios tienen derechos preferenciales sobre el uso del territorio, lo que implica que las decisiones sobre estos proyectos deben priorizar primero a las comunidades locales antes de abrir las puertas a nuevos habitantes. Advirtió que en grandes ciudades como Puebla, Ciudad de México o Guadalajara, ya se enfrentan las consecuencias de procesos de gentrificación, donde el encarecimiento del suelo y la vivienda ha obligado a muchas personas a desplazarse hacia las periferias para poder mantener sus formas de vida.
San Bernardino Tlaxcalancingo, el lugar donde triunfó la construcción vertical ignorando las necesidades comunitarias
Uno de los pueblos de Cholula que más ha resentido el avance del sector inmobiliario, especialmente a través de construcciones verticales, es San Bernardino Tlaxcalancingo. Esta comunidad indígena ha sostenido una lucha constante por defender su autonomía frente a las imposiciones gubernamentales, las cuales -según denuncian- han favorecido los intereses de las inmobiliarias por encima de los derechos colectivos del territorio.
Erick Coyotl, habitante del pueblo de Tlaxcalancingo en San Andrés Cholula y comunicador indígena, expresó que los desarrollo inmobiliarios, mejor conocidos como Ciudades Compactas, se visualizan en espacios donde ya ha habido un impacto de desarrollo urbano, donde los cambios de uso de suelo han transitado de campos de actividades campesinas o ganadera a suelos que ahora están desatinados a la urbanización y a mayores densidades.
Sin embargo, en casos como el de San Bernardino Tlaxcalancingo, en Cholula, Puebla, las lógicas de urbanización no han respondido a los modos de vida, ni a las formas de producción y reproducción social de las comunidades locales. Como resultado, han enfrentado graves afectaciones, entre ellas la pérdida de territorio y acceso a la tierra y al agua, además de un incremento en la contaminación.
A ello se suman desarrollos carreteros impulsados bajo declaratorias de utilidad pública, con el objetivo de conectar ciudades y ofrecer servicios pensados para un estrato socioeconómico ajeno a la población originaria, profundizando así las desigualdades. En entrevista, Coyotl Lozada, puntualizó:
«Las autoridades municipales hacen modificaciones en un instrumento llamado Programa Municipal de Desarrollo Urbano, y es ahí donde comienza el juego del uso de suelo, que abre las puertas a los desarrollos inmobiliarios e incluso a la instalación de industrias y otros proyectos de equipamiento urbano, como hospitales, escuelas, universidades, entre otros.»
Erik Coyotl señaló que el caso de Cholula es un claro ejemplo de cómo operan las inmobiliarias y el gobierno bajo el discurso de que la vivienda es un derecho. Explicó que Cholula pasó de ser una reserva ecológica a una zona urbanizada, con hospitales y universidades de prestigio nacional como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac y la UDLA, donde la población local rara vez estudia. Además, cuenta con áreas de alta plusvalía, como el Hospital Ángeles y campos de golf como el Country Club de Angelópolis, que utilizan agua potable para mantener praderas y fuentes en extensas hectáreas habitadas por pocos. Todo esto provoca segregación y un desplazamiento silencioso, ya que las tierras aumentan su plusvalía y su costo económico.
«Las inmobiliarias, en el caso de Cholula, compraron terrenos de vocación campesina y desplazaron a las familias; las obligaron a vender y, quienes no lo hicieron, enfrentaron el problema de no poder escriturar debido al costo en una zona de alta plusvalía. Además, fueron acorraladas por empresarios que adquirieron espacios a su alrededor y sin acceso. Las familias originarias, que antes tenían una vida autosostenible mediante actividades campesinas, pasaron a ser autoempleadas en esos complejos inmobiliarios; en esas tierras que fueron suyas, ahora trabajan como jardineros o empleadas domésticas sin seguridad social.»
Erick agregó que estas poblaciones, especialmente las indígenas, han ido perdiendo su identidad, su lengua y sus modos de vida tradicionales. Esto ocurre con la llegada de personas externas que se establecen en estos lugares y complejos habitacionales. Ante esta “invasión”, los municipios se ven obligados a regular las actividades económicas para proteger a los recién llegados, implementando políticas públicas que no consideran a quienes han habitado estos territorios por años, e incluso siglos.
“Y por eso da una lectura a que hay que voltear la mirada a este tipo de viviendas a través de este programa federal, donde la pregunta es si nos acerca al derecho a la vivienda o es una política urbanista que lleva a deteriorar a las poblaciones en diferentes contextos”.
Para la urbanista Dafne Lucina Borromeo Badillo, la construcción de viviendas debe abordarse desde una perspectiva integral que vaya más allá de considerarla simplemente como un derecho. Es fundamental pensar en los lugares donde se desarrollan estos proyectos, los costos asociados, las condiciones reales para habitar esos espacios y, sobre todo, garantizar que la vivienda sea digna y culturalmente adecuada. Construir sin un análisis profundo de estos factores puede derivar en proyectos que, aunque aumenten el acceso numérico a viviendas, terminen generando exclusión, desplazamiento y pérdida de identidad comunitaria. Por ello, es imprescindible que las políticas públicas y los programas de vivienda prioricen no solo la cantidad, sino la calidad y sustentabilidad de los desarrollos, respetando las particularidades sociales, económicas y ambientales de cada territorio.
Mientras tanto, la construcción e inauguración del proyecto Educa UATx: Torre de Rectoría, un edificio de 12 pisos y 55 metros de altura, marca el inicio de una nueva visión de edificación vertical en Tlaxcala. Este desarrollo busca ganar espacio hacia arriba y promover un modelo de urbanismo moderno que contrasta fuertemente con la imagen colonial del centro histórico monumental de Tlaxcala y su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad, una identidad que durante siglos ha definido a la entidad y la que David Guerrero Tapia comprometió preservar el pasado 10 de septiembre en el Diálogo Circular.
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