Tlaxcala, Tlax. Privación grave de la libertad, tortura y desaparición forzada son parte del ataque sistemático contra la población del estado de Coahuila que Los Z y las autoridades estatales han provocado, coordinado y permitido desde 2009.
Los casos como La Masacre de Allende, los crímenes realizados en la Cárcel de Piedras Negras y las 300 personas desaparecidas en 2011, constituyen crímenes de lesa humanidad, reporta el informe “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”.
La Corte Penal Institucional encontró que en el periodo de 2011 a 2016 las autoridades estatales responsables de la seguridad y Los Zetas cometieron crímenes de lesa humanidad, en un contexto innegable de colusión después de que esta banda criminal se consolidó en gran parte del territorio durante el espacio temporal de los sexenio locales de Humberto Moreira Valdés y los federales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabilizó 151 mil 233 personas asesinadas entre 2006 y 2015, de los cuales 116 mil están relacionados con la lucha contra el crimen organizado. Del mismo modo, las quejas por tortura ascendieron de 300 a 900 de 2005 a 2014.
La situación no ha sido otra con el cambio de las administraciones locales y federales, la droga continúa subiendo a los Estados Unidos y las armas regresan a México desde el norte para engrosar las filas de los carteles.
La ecuación del miedo que emplean los grupos criminales se resume en: “A más salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades, más silencio en los medios y, aunado a ello, un control incontestable del territorio donde operan”, todo esto al referirse al modo en el que se ejecuta la violencia de pesadilla en Coahuila.
El informe detalla que la delincuencia organizada entregó dinero a Humberto Moreira Valdés, “recibió cantidades millonarias en dólares americanos de los Zetas”. Además, el gobernador implementó una serie de reformas con el supuesto objetivo de luchar contra la creciente violencia y al mismo tiempo nombró y aumentó los poderes de actores públicos que facilitaron los crímenes cometidos por Los Zetas, a veces en colaboración de la fuerza pública.
Estructura podrida
El informe “Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio Texas”, realizado por Human Rights Clinic, evidencia que la estructura de procuración de justicia, desde las presidencias municipales hasta procuradores federales y estatales y centros penitenciarios están controlados por Los Zetas. Los testimonios analizados refieren además de la influencia sobre funcionarios públicos.
La Masacre de Allende dejó al menos 300 asesinados como represalia de la huida de integrantes del cartel para testificar en su contra en las cortes de los Estados Unidos en 2011; a esta se suma la masacre de Piedras Negras en 2011, asesinatos y desapariciones reportados desde 2006 a 2017.
