Tlaxcala, Tlax.- En Tlaxcala, la violencia no comienza con el crimen, sino mucho antes. De acuerdo con la investigadora Yossadara Franco Luna, esta se construye desde lo cotidiano, cuando dejamos de cuestionar lo que parece «normal». La escuela, el Estado y la comunidad, con frecuencia reproducen ideas que legitiman relaciones de poder desiguales y formas de agresión que rara vez se nombran como violencia, y esa normalización tiene consecuencias.
El Colectivo Mujer y Utopía ha documentado esas consecuencias. En los últimos cinco años, Tlaxcala ha registrado oficialmente 46 carpetas de investigación por feminicidio, frente a las 172 muertes violentas de mujeres que el colectivo ha identificado como posibles feminicidios. Esta brecha revela la subclasificación de los casos y el proceso de desgaste institucional que enfrentan las familias. Pocas de esas carpetas llegan a sentencia, y cuando lo hacen, enfrentan reclasificaciones, juicios largos y condenas sin reparación del daño. Además, muchos de estos feminicidios se relacionan con otros delitos como desaparición, violencia familiar o trata, que rara vez son reconocidos en los fallos judiciales.
Y, mientras las estadísticas oficiales minimizan el problema, las familias atraviesan un sistema judicial que no garantiza justicia ni claridad, y las condiciones que permiten y sostienen la violencia siguen reproduciéndose.
Tal fue el caso del activista Efrén López, quien tras años en busca de justicia tras el feminicidio de su hija Cecilia N. en 2021 (actualmente la defensa aún tiene 7 años para poder ampararse en contra de la sentencia condenatoria por 55 años), señala que el sistema protege a los culpables y criminaliza a las víctimas.
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¿Pero cuánto cuesta una vida?, ¿Cómo podría medirse la reparación del daño?, ¿Realmente se puede reparar? De acuerdo con el Colectivo Mujer y Utopía (CMyU), la reparación del daño no ha sido abordada de forma integral en Tlaxcala. Las sentencias se han limitado a establecer años de prisión y en ocasiones sanciones económicas, pero estas se destinan a las instituciones, no a las familias.
«Si la familia decide contemplar otras medidas como reparación del daño, es otro procedimiento. En Tlaxcala no se han establecido medidas reparatorias que sean integrales, que sean más allá de estas dos formas. es algo que hay que dejar claro, que cuando ponen, por ejemplo, una multa es para las instituciones, las autoridades, no para la familia. Entonces, El único pedacito de justicia que están dando a la familia son las penas, los años de prisión».
Por lo que no se contemplan medidas como apoyo psicológico, garantía de no repetición o acciones de memoria pública. Los costos asociados a estos procesos incluyen peritajes, honorarios legales, traslados, alimentación, cuidados familiares y descuentos laborales, los cuales se acumulan durante años. Sin mencionar las afectaciones a la salud física y emocional de familiares directos, sin acompañamiento institucional adecuado.
Desde una mirada sociológica, la violencia no puede limitarse a cifras. Así lo plantea, la Doctora Franco Luna, quien sostiene que la violencia debe entenderse como «todo aquello que transgrede a la persona, que la limita, que la puede nulificar y que le quita sobre todo, la dignidad de persona». En entrevista, explicó que la violencia se origina cuando:
«El otro no me ve como persona, sino como cosa».
Franco Luna expone dos posturas clásicas para comprender el fenómeno: una Socrática, donde “el hombre ignorante yerra” y, por tanto, la violencia surge por desconocimiento; y otra Hobbesiana, en la que “el hombre es malo por naturaleza y necesita un contrato con otros para limitar esa maldad”. En ambos casos, el Estado juega un papel clave, ya sea como regulador o como portador del monopolio de la violencia.
¿Y cómo cambiar este monopolio si desde el Estado se niega la realidad?. Tan sólo en los últimos cinco años, el Colectivo Mujer y Utopía (CMyU) ha documentado 172 posibles feminicidios en Tlaxcala, una cifra que contrasta con los 46 casos investigados oficialmente bajo ese tipo penal. En el Mapa de los Otros Datos puedes encontrarlos, da clic aquí para abrirlo.
Hasta mayo de 2025, el Secretariado reportó tres feminicidios en Tlaxcala, mientras que el CMyU identificó 12. Esto indica una persistente diferencia entre los casos reconocidos oficialmente y los registrados por organizaciones civiles y medios de comunicación.
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El papel del Estado y la escuela
Desde su análisis, Franco Luna menciona que el Estado es el primer actor social que reproduce y permite la violencia:
«Las cosas importantes de la vida no son solo sumas y restas. Hay un cometido más importante: aprender a pensar».
Pues, a través del sistema educativo, el Estado define los contenidos y, por lo tanto, sus omisiones tienen consecuencias; por lo que, pensar críticamente es la única vía para romper los ciclos de violencia reactiva:
“La persona violenta no puede ver, no puede distinguir entre si algo es problema o no lo es, solo es reactivo. (…) En la escuela se nos tiene que enseñar a distinguir entre lo que es un problema y lo que no es. Eso nos ayudaría a dejar de ser tan reactivos».
Machismo y estructuras heredadas
“Es obvio que cuando te casas te toca lavar la ropa. Si la escuela te ayudó a desobviar lo obvio, te preguntarías: ¿me toca?”.
En cuanto al machismo, la investigadora define como “una serie de lecciones aprendidas, un deber ser”, que se reproduce cuando la escuela no enseña a cuestionar. Y mencionó que estas ideas heredadas —como las que justifican la violencia machista— no se problematizan porque son simples, básicas, y se introyectan fácilmente. Por eso, el pensamiento machista no distingue clases sociales.
En este sentido, en entrevista con la directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMyU), Edith Méndez Ahuactzin señaló que el colectivo identificó que uno de los principales obstáculos para obtener una sentencia por feminicidio es la falta de personal judicial con perspectiva de género, el machismo y la dilación procesal (retraso injustificado en la tramitación de un proceso judicial, ya sea por acción u omisión de las partes o del órgano judicial)—con periodos de hasta un mes entre audiencias— y el desgaste económico y emocional para las familias.
Señaló que la mayoría de estas muertes violentas no son reconocidas como feminicidios, sino que se clasifican como homicidios dolosos, culposos, suicidios o accidentes, además de que esta reclasificación se ha vuelto una práctica común que impide el acceso a la justicia, afirmó.
Citando el trabajo periodístico de Lydiette Carrión, La fosa de agua: Desapariciones y feminicidios en el río de Los Remedios donde se describe la limitación de las instancias pertinentes en las investigaciones, persecuciones y sanciones de los feminicidios, también se muestra un panorama en donde los funcionarios, ministeriales y policías no cuentan con un panorama de perspectiva de género y ejercen con ideas machistas, como estas:
«Señora si su hija fuera realmente buena, estaríamos buscándola en una iglesia», «Seguro se fue con el novio», «Seguro regresa en 3 días… y hasta con premio», «Seguro estaba embarzada y por eso se fue», «Es más fácil que una mujer se cuide que un hombre».
En comparación con otros estados, Tlaxcala se ubica entre las entidades con menos sentencias por feminicidio. A pesar de que la Ley General de Transparencia establece que las sentencias deben hacerse públicas, el Poder Judicial de Tlaxcala solo ha difundido una. Un caso, de los tres feminicidios en Tlaxcala registrados por el Secretariado de enero del 2025 al corte de mayo del mismo año.
Méndez Ahuactzin mencionó que estas sentencias son públicas pero que al respetar la protección de datos, es difícil identificar si las sentencias contemplan o tienen perspectiva de género, si contemplan de manera adecuada todo el contexto de las víctimas o si hubo por violaciones en el proceso, lo que contrarresta el acceso a la información y el derecho a la justicia.
Asimismo, señaló que es importante pensar en las condiciones de inseguridad, como el acceso a armas, de vulnerabilidad que viven las niñas, la misoginia, el machismo en los hombres desde la familia (primos, padres), la pareja, la expareja, etcétera.
«Existe una presencia de relación con la víctima y lo que hay a su alrededor es lo que ha favorecido para que se cometa el feminicidio. No hablaría de los patrones individuales de los feminicidas, sino de los patrones institucionales, culturales, sociales y del contexto que hay en Tlaxcala».
Méndez Ahuactzin señaló que de los 46 feminicidios investigados desde 2019, solo 10 han llegado a una sentencia condenatoria entre 2020 y 2024. Dos de estos casos fueron resueltos por procedimiento abreviado, con penas promedio de 35 años de prisión. Las demás sentencias fluctúan entre 26 y 73 años, con los castigos más altos cuando la víctima era menor de edad o existía alguna agravante como embarazo o violencia sexual.
Finalmente, señaló que la realización del programa estatal “Programa de apoyo integral para niñas, niños y adolescentes, para sus familias y las víctimas indirectas de feminicidio”, no fue socializado con familiares, víctimas ni organizaciones, limitando el enfoque de protocolario desde la experiencia. Por lo que señaló la carencia de acciones que realmente comprendan la problemática desde la raíz.
Añadió que la reciente reforma al Poder Judicial representa un riesgo, debido a que varios perfiles que asumieron cargos carecen de formación en derechos humanos y género. Lo que podría agravar las condiciones de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.
