Tlaxcala, Tlax. Hace unos días se concretó el Comité de Particiáción Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en Tlaxcala, cuyo fin será el de vigilar y sancionar todo acto ilegal entre funcionarios públicos, organismos descentalizados y autónomos en el estado mismos que suman 145 sujetos obligados; empero, otra lucha que deberán librar los integrantes del SEA es la confianza de la ciudadanía en las autoridades.
A nivel internacional, México se encuentra en el lugar 135 de 180 países con un puntaje de 29, esto acorde al ranking elaborado por Transparencia Internacional www.transparency.org.
En Tlaxcala se evalúa, por parte de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), que de una población de 501 mil 247, el 96.07 por ciento perciben corrupción ya sea muy frecuente, medianamente frecuente o poco frecuente según las categorías de INEGI, es decir cerca de 481 mil 596 personas.
Los más señalados fueron los partidos políticos, seguido por policías; diputados y senadores, Gobierno Federal y Gobierno Estatal en ese orden.
A nivel empresarial, cerca del 18.1 por ciento de afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Tlaxcala han experimentado corrupción en trámites públicos, es decir en dependencias estatales, de acuerdo al corte en junio 2018, siendo de los pocos estados con corrupción menor al 35 por ciento, a la par de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Querétaro y Veracruz, según información de Data Coparmex.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, en Tlaxcala se acumularon cerca de dos mil 800 quejas y/o sugerencias sobre servidores públicos, pero solamente 40 personas solicitaron acceso a la información pública a los municipios.
Por lo contrario solo se detectaron 58 anomalías, de las cuales dos fueron contra contraloría interna de las administraciones municipales, seis en la contraloría del estado; 34 en el Órgano de Fiscalización Superior (OFS); 14 contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF); dos contra la secretaría de la función pública.
