- Desde la entrada de Georgina Palafox Daza a la Dirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios de Oficialía Mayor, se ha priorizado la contratación de empresas poblanas para proveer servicios al Gobierno de Tlaxcala, desplazando a empresas tlaxcaltecas de la lista.
TLAXCALA, Tlax., Para octubre de 2025, 17 empresas poblanas y una de la Ciudad de México operan actualmente como proveedoras del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, mientras las firmas tlaxcaltecas continúan siendo relegadas. El arrendamiento y la contratación de servicios fuera del estado se han vuelto una práctica recurrente que evidencia la centralización de decisiones en la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), instancia encargada de definir quién construye obra pública, vende productos o presta servicios en la entidad, dejando fuera a empresarios locales que denuncian falta de consideración y transparencia.
De acuerdo con una denuncia anónima, la Dirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios del Gobierno de Tlaxcala ha mostrado en los últimos meses una marcada preferencia por proveedores poblanos. La fuente atribuye esta tendencia a la llegada de Georgina Palafox Daza, quien asumió la titularidad del área en junio de este año y previamente ocupó cargos en la administración pública de Puebla.
Para verificar estas afirmaciones, se revisó documentación que confirma la existencia de diversos contratos otorgados a proveedores poblanos. Los registros muestran giros que abarcan desde servicios de publicidad, campañas en medios digitales y mercadotecnia, hasta consultorías en administración, trámites legales, contabilidad y auditoría. También se identificaron empresas dedicadas a bienes raíces, supervisión de obras de ingeniería civil y mantenimiento industrial, entre otros rubros.
A continuación, se presentan los nombres y tipos de giro comercial de las empresas que actualmente prestan servicios al Gobierno de Tlaxcala:
Con ello, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, utiliza proveedores poblanos para sus adquisiciones y servicios, lo que desplaza a empresas locales sin el incentivo de generar economía para la entidad, fortalecer las cadenas de proveeduría tlaxcalteca frente a la preferencia de la Dirección de Adquisiciones a empresarios de La Angelópolis.
De acuerdo con la fuente anónima -cuya identidad se resguarda por motivos de seguridad-, dentro de la institución existe una intención de continuar con esta dinámica de preferencia hacia proveedores poblanos, debido a que el pasado 16 de octubre, la Dirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios del Gobierno del Estado quedó a cargo de Jesús Guerrero Duarte, exfuncionario del gobierno poblano, que se desempeñó previamente como director de Adquisiciones tanto en el Gobierno del Estado de Puebla como en el Poder Judicial de esa entidad, cargos en los que fue señalado por favorecer a empresas cercanas a su entorno.
La denuncia también señala que, tras la llegada de Georgina Palafox Daza a Tlaxcala en julio, la funcionaria se habría rodeado de colaboradores cercanos que, de acuerdo con personal del Poder Ejecutivo, no están dados de alta en la nómina estatal ni cuentan con nombramientos oficiales, pero participan en procesos administrativos del gobierno.
Asimismo, la fuente anónima refirió que Palafox Daza arribó acompañada de personas vinculadas con empresas poblanas, algunas de las cuales fueron posteriormente beneficiadas con contratos, licitaciones e invitaciones restringidas, en procedimientos señalados por su falta de transparencia.
De esta manera, bajo su gestión en la Dirección de Adquisiciones, el Gobierno de Tlaxcala abrió el paso a compañías poblanas dentro del Padrón de Proveedores, lo que permitió que firmas cercanas a funcionarios obtuvieran contratos y servicios pagados con recursos públicos de la administración de Lorena Cuéllar Cisneros.
Aunado a ello, el personal de la Dirección de Adquisiciones en la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) denunció a este medio que se ha enfrentado a situaciones y casos de hostigamiento y acoso laboral con presiones para renunciar a sus actividades laborales, sin que existan acciones al respecto, toda vez que a pesar de la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y cuestionamientos oficiales, donde se plasmaron estas quejas no existió ninguna repercusión en contra de estos abusos.
Antes de la llegada de Georgina Palafox Daza, la Dirección de Adquisiciones estaba a cargo de Edna Oded Pérez García. No obstante, se señala que durante su gestión operaba sin la supervisión del Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Ramiro Vivanco Chedraui. Por tanto, con el arribo de Palafox Daza, varios trámites y procesos de compra en distintas dependencias fueron detenidos ante el presunto desorden e inconsistencias detectadas en los procedimientos administrativos, lo que apunta a posibles irregularidades.
Georgina Palafox Daza y Jesús Guerrero Duarte, quienes abrieron las puertas a empresas poblanas al Gobierno de Tlaxcala
La poblana Palafox Daza, llegó al gobierno del estado de Tlaxcala con una importante trayectoria en la administración pública, pues previo a este cargo en la entidad, fue Subdirectora de Enlace Administrativo en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP) de Puebla; directora de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Puebla (CEAVI) y subdirectora de Recursos Materiales y Tecnologías de la Información de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Estado de Puebla, además que en su perfil profesional es licenciada en derecho y Maestra en Auditoría Gubernamental, lo que representaba una vigilancia en los recursos y las acciones de compra y asignación a los proveedores beneficiarios.
Sin embargo, y pese a esta trayectoria su paso por la administración pública en Tlaxcala no fue amplia, pues fue remplazada en octubre de este año 2025, por Jesús Guerrero Duarte, otro poblano con trayectoria importante, dentro de los cargos que registra se encuentran ser director de Adquisiciones, Bienes y Servicios, de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Puebla; encargado del Despacho de la Subdirección de Licitaciones y Concursos (2020), así como director de Adquisiciones y Servicios, de la Unidad de Adquisiciones y Adjudicaciones del Bienes y Servicios de Obra Pública de la Secretaria de Administración (2022) y director de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Planeación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla (2023).
En su perfil profesional, Guerrero Duarte, tiene Diplomado de Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2019); Master of Business Administration en Finanzas (2015-2017) en la Universidad Tecmilenio y Maestría en Administración Financiera (2013-2015) por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Empresas tlaxcaltecas son desplazadas para proyectos de alto impacto
Dentro del padrón de proveedores del Gobierno de Tlaxcala figuran empresas dedicadas a la publicidad, mercadotecnia, manejo de redes sociales, despachos contables, firmas de auditoría, inmobiliarias y otros giros comerciales que bien podrían ser cubiertos por empresas tlaxcaltecas con experiencia y capacidad en el mercado local.
Entre ellas, resalta una empresa poblana dedicada a la construcción de viviendas multifamiliares, justo cuando la administración estatal impulsa el programa de “Viviendas del Bienestar”, que contempla más de 18 mil unidades verticales en la entidad. Esta coincidencia ha despertado suspicacias entre empresarios locales, quienes cuestionan la preferencia hacia firmas externas mientras ellos enfrentan trabas para acceder a los contratos públicos.
Este escenario revela cómo la Oficialía Mayor de Gobierno ha operado como un “filtro” o “embudo” que limita la participación de los tlaxcaltecas, mientras facilita el acceso y los beneficios para proveedores poblanos, consolidando un modelo de contratación que concentra las decisiones y reduce las oportunidades para el empresariado local.
Empresas poblanas operan en Tlaxcala sin sanciones pese a errores costosos
Bajo la gestión de funcionarios poblanos en la administración estatal, el gobierno de Lorena Cuéllar se ha visto envuelto en escándalos por trabajos publicitarios mal ejecutados que representaron un alto costo para el erario público. Uno de los casos más visibles fue la impresión de lonas monumentales para los festejos patrios de septiembre, contratadas a través de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), en las que se observaron evidentes errores como héroes nacionales con seis dedos, escudos modificados, un águila sin cabeza en el escudo nacional e incluso una águila calva norteamericana usada como símbolo patrio, y con un costo de $127,000 por unidad, representando una inversión total de más de medio millón por estos trabajos.
A estos desaciertos se sumaron errores en el uso de colores, como la bandera boliviana colocada detrás de la imagen de Ignacio Allende, lo que generó críticas y burlas a nivel nacional. Durante el Diálogo Circular del 10 de septiembre, el secretario de Turismo, Fabrizio Mena Rodríguez, señaló que la responsabilidad recaía en la empresa poblana “Grupo Atayde”, contratada para realizar los trabajos, la cual habría enviado un “render” de muestra a la OMG para su aprobación, distinto al resultado final impreso. Sin embargo, no precisó quién supervisó o autorizó el proyecto, ni se han dado a conocer medidas administrativas o sanciones para resarcir el daño económico al estado.
En esa misma declaración, Mena Rodríguez aseguró que se impondría una sanción a Grupo Atayde por los errores cometidos, aunque no se informó el tipo de sanción. Paradójicamente, la misma empresa fue la encargada de organizar el Festival Internacional de la Cultura Circense: Tlaxcala 500 Años en lo Más Alto, celebrado del 3 al 12 de octubre de 2025 en la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, como parte de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad.
De acuerdo con información oficial de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), hasta el tercer trimestre de 2025 no existen empresas sancionadas ni inhabilitadas como proveedoras del Estado. Bajo esta versión, ninguna firma ha sido excluida del Padrón de Proveedores por incumplimiento de contrato, falta de requisitos fiscales o irregularidades administrativas.
Sin embargo, la realidad contrasta con el discurso oficial. Empresarios tlaxcaltecas han denunciado que la centralización de decisiones en la OMG ha generado favoritismo hacia empresas poblanas, además de excesivos trámites y obstáculos burocráticos para integrarse al Padrón de Proveedores o al Registro Único. Aun cuando logran registrarse, esto no garantiza la asignación de contratos ni la compra de bienes o servicios, lo que ha derivado en subcontrataciones forzadas por parte de las empresas poblanas que, en muchos casos, no cumplen con los pagos y dejan deudas al retirarse del estado.
Caso Rodrigo N. evidencia las trabas que viven empresas tlaxcaltecas por parte de Oficialía Mayor para que estén en el padrón de proveedores del Estado
Rodrigo N., empresario local del sector construcción, aseguró que la administración de Lorena Cuéllar Cisneros ha favorecido a empresas de Puebla, Cuernavaca y otros estados, en detrimento de los proveedores tlaxcaltecas, quienes enfrentan obstáculos burocráticos y costos excesivos para ingresar al Padrón de Proveedores y al Registro Único, requisitos indispensables para poder contratar con el gobierno.
“Las trabas para obtener la hoja del Registro Único pueden tardar meses, y las multas, que van de 40 a 50 mil pesos aunque no tengas ingresos, afectan principalmente a los constructores locales”, explicó. Según el empresario, esta dinámica no solo limita la construcción, sino que impacta a todos los giros de proveedores en la entidad, generando compadrazgos, favoritismo y subcontrataciones que dejan a los tlaxcaltecas endeudados.
Rodrigo N. señaló que, a diferencia de gobiernos anteriores, ahora la Oficialía Mayor de Gobierno funciona como un filtro que bloquea a los proveedores locales. Aunque una empresa tlaxcalteca logre registrarse, no garantiza que se le asignen obras ni se le compre productos o servicios, mientras que las compañías foráneas frecuentemente se quedan con los proyectos y subcontratan a locales sin cumplir con los pagos, dejando deudas pendientes. Y aunque reconoció que este problema también estuvo presente en los gobiernos de los priistas Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena, no obstante, el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar la distinción es evidente.
Este fenómeno, explicó, afecta hasta un 90% de las empresas locales, tanto en el gobierno estatal como en los municipios, donde incluso programas como Peso a Peso obligan a los alcaldes a entregar recursos a constructoras elegidas por el Estado, generalmente foráneas. En algunos casos, añadió, los propios alcaldes se apropian de los proyectos a través de prestanombres, perpetuando la exclusión de los empresarios locales.
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