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Erradicar la trata de mujeres implica enfrentarlo más allá de lo judicial y de acciones aisladas

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El pasado 27 de enero del presente año, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros participó en el Conversatorio “Esfuerzos de México y Estados Unidos contra la Trata de Personas”, en el evento comentó que la trata de personas es “un fenómeno que de manera clandestina se ha practicado por muchos años”. La información sobre la trata de mujeres en Tlaxcala es más que conocida.

De acuerdo con la sistematización del seguimiento hemerográfico que realizamos en el Centro Fray Julián Garcés de enero de 2009 a diciembre de 2020, identificamos a 115 tratantes detenidos, los cuales son originarios de los municipios de Ayometla, Tenancingo, Contla de Juan Cuamatzi, San Pablo del Monte, Zacatelco, Papalotla de Xicohténcatl, Teolocholco, Axocomanitla de Miguel Hidalgo, San Juan Huactzinco, Santa Cruz Quiléhtla, San Francisco Tetlanohcan, El Carmen Tequexquitla, Mazatecochco, La Magdalena Tlaltelulco, Acuamanala y Chiautempan. Recordemos también que, en el Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, elaborado por el Centro Fray Julián, la ciudadanía identificó 40 municipios afectados por este problema social. Además, los puntos de explotación en el estado están a la vista de todas las personas.

Estos son algunos ejemplos, sobre los datos, pero, sí hablamos de investigación, a la fecha existen al menos 13 investigaciones académicas y de la sociedad civil que explican el origen y las causas de la trata de mujeres, la forma de operar de las redes de tratantes tlaxcaltecas, las debilidades gubernamentales para su atención y las propuestas de políticas públicas necesarias y urgentes de aplicar.

La gobernadora no debería utilizar este tipo de argumentos, no reconocer que existe bastante información sobre la problemática es una actitud asumida por otras administraciones que ha impedido un avance real en la aplicación de las leyes y las políticas públicas; por ejemplo, que a la fecha no exista un Programa Estatal contra la Trata de Personas. Por lo cual, no existen políticas públicas coordinadas para atender el problema.

Otra de las cosas que mencionó la gobernadora fue que esta “abriendo cada uno de los expedientes para armar estrategias frente a este tema”. Uno de los grandes problemas en la erradicación de la trata de personas y en especifico la trata con fines sexuales que se desarrolla en Tlaxcala, es la manera en como la conciben las autoridades; es decir, desde una visión netamente punitiva, sabiendo que la cifra negra del delito alcanza hasta el 99%, como lo ha señalado el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

A través de los medios de comunicación se ha anunciado que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha detenido en 2021 a 9 tratantes. Pero no se ha hecho pública la sentencia condenatoria firme de ninguno de ellos. Eso nos sigue hablando de lo lentas que son las investigaciones y sanciones de tratantes.

La impunidad es otro problema de la estrategia punitiva ante la trata de mujeres. Recordemos que en el periodo de Marco Antonio Mena Rodríguez (2017-2021), sólo una de las 50 denuncias radicadas en el periodo señalado alcanzó sentencia condenatoria firme. Eso significa que tuvieron que pasar 4 años para emitirse, y que el 98% de las carpetas de investigación abiertas en ese periodo quedaron en la impunidad. Frente al gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros cabría preguntarse: ¿cuántos años tardarán en emitir las sentencias a los tratantes que han sido detenidos? Si solo se considera como un delito, la acción se enfocará a investigar y detener a tratantes, cometiendo los errores que ya han cometido sus antecesores, dejando de mirar las causas profundas que generan la explotación sexual de mujeres y niñas, así como los mecanismos mediante los cuales dicha explotación se reproduce y adapta socialmente para no ser castigada.

La gobernadora no hizo ninguna mención sobre las políticas púbicas dirigidas hacia los hombres, a pesar de que diversos estudios ya han determinado con claridad que la trata de mujeres y niñas es resultado de una cultura patriarcal donde la responsabilidad directa es de los hombres; ya sea como tratantes o como quienes generan la demanda. Si la sociedad civil ya hemos planteado propuestas para impulsar procesos reeducativos que transformen estas lógicas, no se explica la razón por la que la gobernadora no tiene una sola política pública en este sentido.

Se señaló como logro de la presente administración la instalación del Consejo estatal contra la trata de personas (Consejo), es importante recordar que este Consejo existe desde el año 2011 y es una obligación establecida en el artículo 40 de la Ley contra la trata de personas. La existencia del Consejo en sí misma no puede considerase un logro; pues, no garantiza una acción eficaz ante la trata de mujeres con fines sexuales, como puede comprobarse con los gobiernos anteriores. El actual Consejo, a pesar de que, desde septiembre de 2021, la sociedad civil y la academia le hicimos llegar una propuesta de Programa estatal contra la trata de personas, a través de la Coordinación General de Políticas Públicas e Inversión, a la fecha no ha aprobado el programa estatal, violando así el artículo 44 de la ley contra la trata de personas.

Cabe decir que el Programa estatal contra la trata es el documento que “…definirá la política y estrategia” sobre está problemática social. Por tanto, las acciones que mencionó la gobernadora en el Conversatorio son acciones aisladas, que no irán a las causas ni abordan el problema de manera integral.

La gobernadora afirmó que esta “tocando este tema (trata de personas) con mucha responsabilidad”; pero, no gobernadora, en la práctica no lo está demostrando.

Marisol Flores Garcia

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C.


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